CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del máximo fijado en la ley para
el delito que origine el proceso.
En toda pena de prisión impuesta por una sentencia, se computará el tiempo de la detención.
Las garantías previstas en las fracciones V, VII y IX también serán observadas durante la
averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las Leyes establezcan; lo
previsto en las fracciones I y II no estará sujeto a condición alguna.
En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a recibir asesoría
jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el ministerio
público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando lo requiera y los demás que
señalen las Leyes.
REFORMADO P.O. 31 MAR. 1983.
REFORMADO P.O. 21 NOV. 1983.
REFORMADO P.O. 18 ENE. 2011.
ARTÍCULO 29.- La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas
de la Autoridad Judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía
Judicial del Estado, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la
autoridad administrativa el castigo de las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía,
que consistirá únicamente en multa o arresto hasta por 36 horas. Si el infractor fuese jornalero,
obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de
un día. La multa impuesta a los trabajadores no asalariados no excederá del equivalente de un día
de su ingreso.
ARTÍCULO 30.- Quedan prohibidas la pena de muerte, las de mutilación y de infamia, la marca, los
azotes, los palos, el tormento de toda especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y
cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
REFORMADO P.O. 31 MAR. 1983.
SEGUNDO PÁRRAFO DEROGADO P.O. 02 MAR. 2011.
CAPITULO II
DE LAS GARANTÍAS SOCIALES
Capitulo derogado en el Periódico Oficial del Estado el día 30 de julio de 2013
REFORMADO P.O. 21 FEB. 2013.
ARTÍCULO 31.- La organización y desenvolvimiento de la familia revisten un objeto particular de
tutela, para el orden jurídico del Estado.
Es derecho correlativo a la calidad de padres, la determinación libre, informada y responsable,
acerca del número y espaciamiento de los hijos. Constituirá su especial incumbencia el deber de
procurarles los cuidados y educación adecuados. El poder público dispondrá, según el caso, los
auxilios pertinentes para suplir las deficiencias en la asistencia de sus progenitores, tanto como
para ofrecer orientación conveniente a los menores desprotegidos.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo su participación y la de los Municipios, así
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Toda persona tiene derecho a gozar individual y colectivamente de un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo en beneficio de las generaciones
presentes y futuras.
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