amenaza_pirateria.pdf

A pesar de que la mayoría de documentos publicados por el servicio de
guardacostas estadounidense sigue las recomendaciones propuestas por la
industria naviera y organizaciones internacionales, como Intertanko, BIMCO
o el International Maritime Bureau, en este caso parece que existe un desencuentro.
En respuesta a la nueva normativa norteamericana, la organización de
armadores BIMCO declaró a Lloyd´s List el 16 de junio de 2009 su oposición a
la presencia de guardias armados a bordo. Sin embargo, admitió la presencia
de personal armado si el buque es lento o tiene un bajo francobordo. En ese
caso, según BIMCO, el armador debería negociar con el Estado bajo cuya
bandera navega el buque para que le proporcionase dicho personal de seguridad
y solo si eso no fuera posible, debería contratarse con una empresa de
seguridad privada. También en junio de 2009 Bahamas, Liberia, Panamá e Islas
Marshall (países que representan un 43% del tonelaje mundial, según Lloyd´s
List) firmaron una declaración en la que se negaron a apoyar la presencia de
armas de fuego a bordo. En todo caso, y como cabía prever, las recomendaciones
aparecidas en la nueva norma estadounidense pronto fueron adoptadas
por otros países, abriéndose una oportunidad de negocio para las firmas de
seguridad privada especializadas en protección y seguridad de barcos. Entre
esos países, se encuentra España.
En efecto, también fue el secuestro de un barco, en este caso, el pesquero
Alakrana, el 2 de octubre de 2009, el detonante de los cambios legislativos que
permitirían embarcar equipos de seguridad privados con armas de fuego en
barcos de pabellón español. En realidad, el secuestro aceleró unos cambios
que ya había apuntado el Ministerio de Defensa, por medio de una entrevista
de la ministra a la Cadena Ser el 9 de septiembre de 2009. En la misma aseguró
que su Ministerio y el del Interior se habían puesto a trabajar para permitir
que los pesqueros «jurídicamente puedan llevar protección privada», aunque
ellos «todavía no han tomado una decisión». Ante la propuesta de los armadores
de contar con infantes de Marina en los barcos para disuadir a los piratas
y evitar los abordajes y secuestros, siguiendo el modelo francés, la Ministra lo
descartó porque «la ley francesa es distinta« 22 . Julio Morón, director gerente de
la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores
(OPAGAC) llegó a afirmar, según recoge un artículo de El País del 26 de septiembre
de 2009, que «lo de subir a hombres tipo Blackwater nos parece peligrosísimo,
contratar a piratas para defendernos de los piratas» 23 . Ese mismo día
la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), junto con las dos asociaciones
de atuneros ANABAC y OPAGAC, terminaron una ronda de contactos con los
grupos políticos a los que les facilitaron sendos informes jurídicos según los
cuales no existe impedimento legal ni conforme a la legislación internacional
ni al derecho interno, para que infantes de Marina puedan embarcarse en atuneros
españoles que operan en aguas del Índico. Afirmaron que ellos mismos
asumirían el coste de su embarque. «Negarse supondría una dejación de funciones
por parte del Gobierno, al dejar en manos de mercenarios a sueldo la
22 «Un atunero vasco elude un nuevo ataque de piratas en Somalia», El País, 9 de septiembre
de 2009.
23 «Los atuneros no han sufrido «ataques piratas reales», según el mando de la UE», El País, 26
de septiembre de 2009.
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