amenaza_pirateria.pdf

las autoridades keniatas) se han encontrado, en ocasiones, con problemas para
reunir pruebas suficientes para fundamentar su acusación. Otras cuestiones, no
menores, son la falta de taquígrafos en los tribunales, que obligan a un registro
manual de las declaraciones, con el consiguiente retraso en los procedimientos,
así como la ausencia de instalaciones forenses en Mombasa que permitan un
adecuado tratamiento de las pruebas o la superpoblación carcelaria (Chatham
House, 2009).
Además, se han oído voces (en particular, de Human Rights Watch) que advierten
de la falta de garantías del sistema judicial keniata. También se acusa a
Puntlandia por las penosas condiciones de sus prisiones, así como por permitir
fugas de presos (Middleton, 2009).
Otros acuerdos se han firmado con Seychelles y Yibuti, aunque con la cortapisa
de que ambos países solo aceptan a piratas apresados en sus aguas,
cuando en realidad, lo más operativo para la flota internacional es que un
país de la región acepte enjuiciar a los sospechosos arrestados en cualquier
lugar del Índico. En 2010 Tanzania modificó su legislación para incluir una
disposición que permita el enjuiciamiento de los piratas que sean detenidos
en aguas del país. A principios de 2011 Seychelles firmó tres acuerdos con el
Gobierno Federal de Transición (GFT) y las autoridades somalíes de Puntlandia
y Somalilandia, en relación con la entrega de presos somalíes a Somalia para
cumplir el resto de sus condenas. En julio de 2011 la Unión Europea firmó, asimismo,
un acuerdo con Mauricio que establece las condiciones para la entrega
de supuestos piratas capturados por efectivos de la operación EU NAVFOR/
Atalanta a dicho país. Según este acuerdo, Mauricio investigará y enjuiciará a
los ciudadanos somalíes sospechosos. Por otra parte, Mozambique y Sudáfrica
firmaron en junio de 2011 un acuerdo por el que ambos países desarrollarán
patrullas conjuntas en el canal de Mozambique. El acuerdo incluye también el
intercambio de información e inteligencia.
El único país europeo que ha aceptado enjuiciar a piratas somalíes es
Montenegro, pero el traslado de los detenidos hasta la nación balcánica resulta
poco operativo para las marinas presentes en la zona de operaciones.
Haines (2009) ha señalado cuatro alternativas en lo referente a la entrega
de los presuntos piratas a las autoridades correspondientes para su procesamiento.
La primera es que los propios efectivos militares de los navíos transfieran
a los detenidos a los tribunales de su propio Estado. Esto supone que,
incluso aunque se use un avión militar para agilizar el traslado al país que
los enjuiciará, durante un cierto tiempo dicha aeronave no podrá ejercer las
labores de patrulla marítima que le son propias, perdiendo así la flota naval
internacional parte de sus efectivos. La segunda es entregar a los acusados
a las autoridades de Somalia y Puntlandia, pero dada la situación en tierra no
parece considerarse dicha posibilidad en serio. La tercera opción es entregar
a los acusados a otro Estado de la región. Es lo que se ha hecho con Kenia
hasta que denunció los acuerdos firmados y lo que se intenta lograr en la actualidad
con otros países del Cuerno de África. La cuestión de los derechos
humanos de los detenidos y de la corrupción imperante en Kenia permanecen
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