Julio 2011 - Universidad Católica de Córdoba

No obstante ello, el actor interpuso acción de amparo a fin de que se le garantizara la
estabilidad absoluta en su cargo, por entender que el inciso f) del artículo 67 de la ley
nº 26206 así lo prescribe, cuando reza que los docentes poseen derecho al
“mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio
de conformidad con la normativa vigente”.
Al ser rechazada la pretensión por la Cámara 8ª Civil y Comercial, acudió por vía
casatoria ante el TSJ.
El alto cuerpol, integrado por Domingo Sesin, María Cafure de Battistelli, Aída Tarditti,
Luis Rubio, Armando Andruet (h), Mercedes Blanc de Arabel y Carlos García Allocco,
señaló que por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional “sólo los empleados
públicos gozan de estabilidad absoluta”, aclarando que también se encuentran bajo
una modalidad especial “los trabajadores con tutela gremial”.
Sin embargo, se destacó que .por el contrario. “los empleados privados tienen
reconocida la denominada estabilidad impropia esto es, un régimen de protección
contra el despido arbitrario, el que instituye la obligación del pago de una
indemnización establecida legalmente a los fines de desalentar al empleador y reparar
el daño ocasionado al trabajador”.
En esa dirección, se puntualizó que la ley nº 26206 (de Educación Superior), establece
que las universidades privadas “constituyen personas jurídicas públicas no estatales,
desde que si bien persiguen un fin público, no integran los cuadros de la
administración ni su patrimonio pertenece al Estado; rigiéndose preponderantemente
por normas de derecho privado, salvo en lo que hace esencialmente a la finalidad
pública que persiguen y en virtud de la cual obtienen la autorización estatal”.
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