PGOU - Oropesa del Mar

Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar
LEY 8/2.007, de 8 de mayo, de suelo.
Esta Ley incorpora nuevos aspectos al urbanismo, algunos de los cuales estaban
recogidos en la legislación valenciana:
Primero, ya no es la propiedad del suelo la que tiene el derecho exclusivo a la actividad
urbanizadora, sino que se abre a otros agentes como son los ciudadanos y la iniciativa
privada, la legislación valenciana con la figura del agente urbanizador fue pionera en este
sentido.
Segundo, la Ley regula una nueva línea de desarrollo amparada en el urbanismo
sostenible y el derecho a la vivienda.
Tercero, la Ley define un nuevo régimen urbanístico del suelo, diferenciando dos nuevos
estados básicos de este: el rural y el urbanizado.
En cuanto a los criterios de ordenación que afectan directamente a la redacción del Plan:
Desaparece el carácter del suelo urbanizable de la Ley del Suelo de 1998 como residual
por no encontrarse protegido.
La reserva de vivienda sujeta a algún tipo de protección pública (art. 10.b) será
determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, y como mínimo
comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial
prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en las
actuaciones de urbanización. La disposición transitoria primera permite minoraciones del
porcentaje en las actuaciones de urbanización no dirigidas a atender la demanda de
primera residencia. En el caso de Oropesa esta disposición es de plena aplicación por el
histórico carácter turístico del municipio.
LEY 16/2.005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística
Valenciana.
A la vista de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, apartado primero de la
LUV, y puesto que cuando entró en vigor esta Ley no había sido expuesto al público el
Plan General, este deberá ajustarse en su totalidad a lo establecido en la LUV.
Esta Ley regula por primera vez en el ámbito de la Comunidad Valenciana uno de los
problemas que más conflictos ha generado en las relaciones jurídicas entre el urbanizador
y los propietarios de suelo, las edificaciones consolidadas que se ven afectadas por la
aprobación y posterior ejecución de programas de actuación integrada. La LUV ha
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