PGOU - Oropesa del Mar

Memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Oropesa del Mar
diseñado para tales situaciones un especial régimen jurídico destinado a mantener la
integridad del patrimonio inicial de tales propietarios, minorando los costes de
urbanización de manera que tales propietarios sólo tendrán que hacer frente al coste
derivado de las mejoras y de los nuevos servicios implantados con la ejecución del
programa.
La LUV establece que los planes definan la necesidad de prever la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, conforme determine la
conselleria competente en vivienda. La importancia de generar suelo para vivienda de
proyección pública es manifiesta, tanto es así que, la fijación de porcentaje mínimo de
edificación con destino a vivienda de protección pública tiene la consideración de
ordenación estructural (art. 36.1.i)
La LUV (art. 6.6) obliga a los ayuntamientos a establecer cauces de participación de los
ciudadanos, además de los trámites de información pública, en las decisiones que afecten
a la ordenación y ejecución de los planes y proyectos que incidan en el territorio, cuya
promoción les corresponda.
Otra modificación que introduce la LUV, y tiene una importante repercusión en la
tramitación de la revisión del Plan de Oropesa, es la posibilidad de la tramitación por
fases desagregadas para cada clase de suelo (art. 93.2).
LEY 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje, esta ley es anterior a la redacción del Concierto Previo pero no sus
modificaciones:
LEY 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión
Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat (Capitulo XXII).
Toda clasificación de suelo no urbanizable en suelo urbanizable, conllevará la obligación
de ceder gratuitamente a la administración suelo no urbanizable protegido
LEY 16/2.005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística
Valenciana. (Disposición Adicional Octava).
La implantación de usos residenciales, industriales, terciarios, agrícolas u otros que
impliquen un incremento del consumo de agua, requerirá la previa obtención de informe
del organismo de cuenca competente, o entidad colaboradora autorizada para el
suministro, sobre su disponibilidad y compatibilidad de dicho incremento con las
previsiones de los planes hidrológicos, además de la no afectación o menoscabo a otros
usos existentes legalmente implantados.
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