"Historia del Partido Comunista de España", Versión abreviada

En febrero de 1956, el PCE volvió a dirigir un llamamiento a los trabajadores
aconsejándoles prepararse a utilizar la huelga general si el Gobierno no otorgaba un
aumento de salarios.
La idea de la huelga fue tomando cuerpo y extendiéndose por el país. Ante el temor de
que se repitieran las [254] manifestaciones y protestas de 1951, el Gobierno decretó
en marzo de 1956 un aumento de salarios de un 16 % prometiendo otro del 6% para el
otoño. Estas decisiones no daban satisfacción a los trabajadores. El 9 de abril, los
obreros de Pamplona se declararon en huelga exigiendo un salario mínimo de 75
pesetas. La huelga se generalizó en la capital navarra y se corrió a varios pueblos de la
provincia y después a Guipúzcoa, Barcelona y Valencia, abarcando a 140.000 obreros.
El movimiento huelguístico tuvo repercusiones en otras provincias.
En el verano de 1956 cobraron una amplitud inusitada las acciones reivindicativas, lo
que obligó al Gobierno a encargar a los sindicatos verticales una encuesta sobre el
«problema salarial». Muchas secciones sindicales respondieron planteando la
necesidad de establecer el salario mínimo vital.
Al mismo tiempo, una gran parte de los trabajadores católicos participaba en la
protesta. El ambiente que se respiraba en fábricas y talleres llegó a preocupar
profundamente a la Iglesia; en una declaración hecha pública el 15 de agosto, los
arzobispos españoles reconocían que los obreros vivían en la mayor indigencia y que
tenían derecho a un salario más elevado.
El 1º de octubre de 1956, el Partido dirigió a los trabajadores un tercer llamamiento
sobre el problema de los salarios. En él se decía que los comunistas no eran partidarios
de la huelga por la huelga, pero que cuando los trabajadores veían cerrados todos los
cauces para realizar sus aspiraciones, la huelga era legítima y necesaria.
Haciendo eco al llamamiento del Partido se levantaba por todo el país una marejada
de acciones reivindicativas, de protestas, de reclamaciones, de recogida de firmas, a la
que los sindicatos no podían substraerse.