"Historia del Partido Comunista de España", Versión abreviada

La Conferencia llamó a la unidad de todas las fuerzas obreras y democráticas en la
lucha por la paz, por la defensa de los intereses de los trabajadores, por el progreso y
la renovación de la democracia.
La Conferencia de Roma consideró que uno de los deberes de las fuerzas obreras y
democráticas era incrementar su solidaridad con la lucha del pueblo español y llamó a
intensificar la acción internacional en pro de la amnistía para los presos
antifranquistas.
«La causa de los pueblos de España y de Portugal así como la del pueblo de Grecia,
decía el llamamiento de los 17 partidos, es la causa común de todos los hombres
libres».
También en la situación interior de España se habían producido cambios sensibles.
La crisis cíclica del capitalismo, iniciada en el mundo en los años 1957-1958, adquirió
en nuestro país mayor agudeza que en otras partes. Todas las consecuencias nefastas
de la política económica que había venido practicando la dictadura durante veinte
años en beneficio de la oligarquía [277] se exacerbaban entonces. El mercado interno
se contrajo aún más, las reservas de divisas se agotaron, la desconfianza en el régimen
provocó la huida de capitales y el retraimiento de las inversiones. Al borde del colapso
económico, el Gobierno franquista concertó en Washington, el 17 de julio de 1959, los
convenios de estabilización, aceptando todas las condiciones licitadas por los
monopolios internacionales. El plan de estabilización, que comenzó a ser aplicado
inmediatamente, comportó el ingreso de España en la Organización Europea de
Cooperación Económica (OECE) y la probable perspectiva de integración en el Mercado
Común. Mediante este plan, el capital monopolista pretendía echar sobre los hombros
del pueblo las consecuencias del caos económico que ese mismo capital había
provocado e impedir que la bancarrota virtual de la política económica de la dictadura
desembocara en una quiebra declarada.
En el curso de pocos meses, dicho plan había lesionado gravemente a todas las capas
de la población, descontando a los grupos oligárquicos que eran sus promotores.
Habían sido suprimidas las horas «extra», las primas y los pluses para la mayoría de los
obreros, lo que implicaba un descenso de los salarios del 40 al 50 por 100. Decenas de
miles de trabajadores, sobre todo los «eventuales», habían sido despedidos; la
amenaza del paro se generalizaba. La situación de una parte de la burguesía no
monopolista se hacía cada vez más difícil.
A las calamidades económicas se unían los fenómenos de descomposición aguda de la
dictadura. Ya no se trataba sólo de que la Falange y el mismo «Movimiento», de
hecho, habían dejado de existir. La descomposición afectaba ahora a los órganos
vitales del Estado.