DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZOSO EN COLOMBIA

la falta de coordinación interinstitucional y a la ineficacia en las medidas sobre prevención,
protección, atención humanitaria y estabilización de la población desplazada.
Se constata igualmente la falta de participación de los desplazados en el diseño, ejecución y
evaluación de la intervención estatal frente al problema que los afecta. Sus organizaciones
no son tenidas en cuenta como interlocutores de las autoridades responsables de llevar a
cabo las políticas sociales en esta materia, por lo cual las relaciones entre ambos actores son
de tipo conflictivo, y de parte de las organizaciones de desplazados se desarrolla una lógica
de acción en términos de resistencia política y de exigibilidad social y legal de los derechos
de las víctimas.
Pese a que la intervención estatal se presenta como ejecución de una política pública
técnicamente concebida, los estudios advierten, sin embargo, que no existe una voluntad
política dirigida a abordar el problema desde sus causas estrechamente ligadas al conflicto
armado, ni una acción pública con criterios de cobertura, universalidad y eficiencia, bajo
enfoques diferenciales por género, generación, etnia, discapacidades y opción sexual, entre
otros.
Frente a estos avances y debilidades de los estudios sobre el desplazamiento, la academia y
la producción teórica institucional tiene la responsabilidad de buscar “líneas de fuga” para
avanzar en la comprensibilidad del fenómeno y encontrar soluciones novedosas y viables al
mismo. Se trata de salirse del núcleo duro de los análisis vigentes, que han recaído en
explicaciones reiterativas, para introducir nuevas perspectivas analíticas, temáticas y
metodológicas que renueven el mapa conceptual sobre el desplazamiento. Algunos retos en
este sentido son:
-Dado que las principales víctimas del desplazamiento forzado son sectores sociales ligados
de manera existencial y cultural a la tierra y a la territorialidad, y que el fenómeno se
encuentra ligado a la estructura agraria conflictiva del país, en un primer plano, los nuevos
análisis deberían preocuparse por determinar el estado social, económico y jurídico de las
tierras abandonadas por los desplazados. Estos análisis deben dar cuenta entre otros
aspectos de:
a) La nueva configuración en materia de usos y tenencia del suelo en las regiones y
territorios donde ha habido expulsiones forzadas de población;
b) Las estructuras y mecanismos institucionales mediante los cuales se consolidan
legalmente los despojos y el tránsito entre las distintas formas de titularidad de los bienes
inmuebles.
c) Las estructuras de poder y los intereses que están implicados en las nuevas formas de
configuración de la tenencia de la tierra tras el proceso histórico de desplazamiento forzado,
así como sus relaciones con propuestas de ordenamiento territorial del país y planes de
desarrollo regional.
d) Los cambios en la estructura productiva del país y las maneras cómo deben garantizarse
el acceso a la propiedad rural y el derecho a la soberanía alimentaria.
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