DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZOSO EN COLOMBIA

DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZOSO EN COLOMBIA
PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y POLÍTICA PÚBLICA
Ana Carolina Ramírez B. *
El objetivo de este ensayo es hacer un balance general de la producción académica e
institucional que se ha realizado en el país sobre diferentes dimensiones del problema del
desplazamiento en Colombia. Inicialmente el documento aborda el debate político y
jurídico alrededor de los principios rectores del desplazamiento, afirmando su
obligatoriedad. En segundo lugar, se realiza un estado del arte sobre la producción teórica
del fenómeno del desplazamiento forzado, teniendo como valor agregado una clasificación
de los estudios según sus énfasis temáticos. En la última parte, se visualizan las propuestas
y alternativas sobre políticas públicas que han realizado los estudios, para proyectar
finalmente, los retos que tiene la investigación sobre esta problemática.
La evolución del conflicto armado que vive el país, sus flujos y reflujos, su regionalización
y la irrupción de nuevos intereses geopolíticos, ha acrecentado la problemática del
desplazamiento forzado, que por sus características y dimensiones se ha convertido en un
tema obligado en la producción académica e institucional del país.
El desplazamiento actual como fenómeno sociológico, humanitario y tema de interés para
los medios de comunicación, a penas se visibiliza a mediados de los años noventas a raíz de
la primera misión de observación a Colombia del Representante del Secretario General de
las Naciones Unidas para los Desplazamientos Internos. Desde entonces se empieza a
hablar que por su magnitud y sus efectos desestructurantes, el desplazamiento forzado
constituye una verdadera catástrofe humanitaria.
El desplazamiento fractura el tejido social, genera cambios en la estructura social y
productiva del país, fragmenta el territorio, cambia los conceptos de ruralidad y ciudadanía,
atomiza a las comunidades y crea un nuevo tipo de individuos que luchan por su
supervivencia particular, sin ser incluidos en los proyectos de nación. Todos estos cambios
dramáticos para la sociedad colombiana son suficiente razón para explicar la prolija
producción de ensayos, ponencias, talleres, libros y eventos que tratan temas relacionados
con el desplazamiento. Sobre esta producción intelectual y básicamente sobre los estudios
de mayor difusión, se elabora este mapa conceptual y bibliográfico.
2. La discusión básica internacional sobre el tema
El fenómeno del desplazamiento forzado de población a causa de conflictos armados o
catástrofes naturales fue contemplado hasta hace poco por la doctrina internacional. El
vacío jurídico sobre el tema se evidenció a penas a principios de los años noventas cuando
*
Estudiante de Economía, Universidad Nacional de Colombia. Documento corregido y complementado por
Angel Libardo Herreño Hernández.
1

al interior de las Naciones Unidas surgió la inquietud de que en los desarrollos doctrinarios
respecto a otros fenómemos de movilidad humana como el refugio, el derecho de asilo o en
el estatuto de los trabajadores migrantes, no se encontraban las bases adecuadas para
regular y prestar protección a las personas afectadas por el desplazamiento forzoso dentro
de un territorio nacional. La Comisión de Derechos Humanos solicitó al Secretario General
de las Naciones Unidas el nombramiento de un representante especial para estudiar las
causas y consecuencias de los desplazamientos internos (1992), establecer el estatuto
jurídico de las personas internamente desplazadas, el grado de protección derivado de los
marcos institucionales existentes y la forma de mejorar su protección y asistencia, incluso a
través del diálogo con los gobiernos y otros órganos competentes.
El esfuerzo por encontrar un marco normativo e institucional apropiado para la protección
de los derechos de las personas desplazadas se concretó en parte con la presentación en
1998 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 1 , realizada por el Señor
Francis Deng, a la Comision en su 54 período de sesiones.
“Los Principios Rectores tienen por objeto tratar las necesidades específicas de los
desplazados internos de todo el mundo, determinando los derechos y garantías necesarios
para su protección. Los Principios reflejan y no contradicen la normativa internacional de
derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Reafirman las normas aplicables
a los desplazados internos, que se encuentran sumamente dispersas en los instrumentos
existentes, esclarecen las ambigüedades que puedan existir y tratan de colmar las lagunas
identificadas en la compilación y análisis. Se aplican a las diferentes fases de los
desplazamientos, ya que conceden protección contra los desplazamientos arbitrarios,
proporcionan acceso a la protección y asistencia durante los desplazamientos y garantías
durante el regreso o el asentamiento y la reintegración sustitutorios” 2 .
Las dificultades de tipo formal que conllevan la elaboración de un tratado o declaración de
la ONU, entre las cuales pueden mencionarse, por ejemplo, la necesidad de convenir con
los Estados el contenido del convenio y la condición de que el instrumento debe ser
ratificado por un número mínimo de Estados para su entrada en vigencia, llevó a que el
Representante Deng optara por presentar los Principios Rectores como la sistematización
de un conjunto de normas contenidas en diversos instrumentos del derecho internacional
de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho de
refugiados, aplicables por analogía a la situación de las personas en situación de
desplazamiento forzado, con lo cual los Estados quedarían prácticamente comprometidos
con su aplicación.
1 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Principios Rectores de los Desplazamiento Internos. Distr.
GENERAL E/CN.4/1998/53/Add.2 11 de febrero de 1998.
2 Ibid, p. 3.
2

Los Principios tienen una genealogía relacionada con los principales instrumentos de
Derechos Humanos y del Derecho Humanitario 3 . Incorporan preceptos contenidos entre
otros documentos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en el Estatuto de Refugiados; en la Convención contra la
Discriminación Racial; en la Convención contra la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; en el Convenio 169 de la OIT; en los Cuatro Convenios de
Ginebra y en sus Protocolos Adicionales.
Este carácter de documento sistematizador de normas incorporadas en el derecho
internacional, le permitió a la Corte Constitucional señalar que a pesar de que los Principios
Rectores no fueron aprobados mediante un tratado internacional, al ser el reflejo de lo
establecido en diversos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el
Estado colombiano, deben ser tenidos como pautas que los poderes públicos deben seguir
en el diseño e interpretación de las políticas que se desarrollen para atender la problemática
del desplazamiento forzado, más cuando tales principios adoptan preceptos que reiteran
normas ya incluidas en tratados internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario aprobados por Colombia y que gozan de rango constitucional,
como lo señala el artículo 93 de la Constitución (Sentencia SU-1150/00 con ponencia del
Eduardo Cifuentes Muñoz).
Un argumento que ha sido utilizado en el debate jurídico para defender el carácter
vinculatorio que tienen los Principios Deng para los Estados, así éstos no se hayan
formalizado mediante la figura de un tratado internacional, es que tales Principios Rectores
por contener normas ya ratificadas a través de otros instrumentos de derechos humanos y
del derecho humanitario son de obligatorio cumplimiento para los Estados por serles
aplicables también los principios básicos del derecho internacional público que tienen que
ver con el cumplimiento de los tratados como el principio de la buena fe o pacta sunt
servanda y aquellos derivados de las normas humanitarias que protegen a la población civil
distinguiéndola de los combatientes en conflictos armados internos.
El principio de buena fe en el cumplimiento de los deberes contraídos por los Estados al
firmar pactos o tratados internacionales (Carta ONU art. 2 párr. 2; Convención de Viena
art. 26), busca asegurar la seriedad y la observancia de cada una de las obligaciones
libremente aceptadas por los Estados evitando el engaño y la simulación en las relaciones
internacionales. Las obligaciones que impone este principio a los Estados, no sólo se
refieren a aquellos deberes incorporados de manera explícita en los instrumentos pactados,
sino además los deberes que se derivan de los mecanismos de seguimiento de los pactos,
entre ellos, los impuestos por instancias convencionales y extraconvencionales de las
Naciones Unidas o de los sistemas regionales.
3 Un análisis de la genealogía de los Principios Rectores y del debate sobre su obligatoriedad puede
consultarse en la ponencia presentada por el Programa de Derechos Humanos del Instituto Latinoamericano
de Servicios Legales Alternativos –ILSA- en el lanzamiento de la “Guía para la Aplicación de los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos” (Julio, 2002) preparada por ONU, OCHA y The Brookings
Institution, titulada “Validez de los Principios Deng sobre Desplazamiento Forzado en el ordenamiento
jurídico colombiano”. Bogotá, diciembre de 2002. www.ilsa.org.co
3

Se consideran obligaciones de tipo convencional aquellas proferidas, por ejemplo, por los
comités de monitoreo de los pactos, que profieren recomendaciones a los Estados para
avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Entre los deberes surgidos de
mecanismos extraconvencionales pueden anotarse las recomendaciones o resoluciones
profereridas por diferentes intancias y organismos adoptados por el sistema universal o por
los sistemas regionales de derechos humanos, como por ejemplo, por la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, por las comisiones temáticas, agencias
especializadas, relatores especiales o misiones de expertos.
Las obligaciones derivadas de mecanismos extraconvencionales son igualmente vinculantes
para los Estados por aplicación del principio pacta sunt servanda. El Principio pacta sunt
servanda (Carta ONU, Preámbulo; Convención de Viena, art 26; Carta OEA, art. 17),
procura que los Estados cumplan los tratados tal y como los convinieron, lo que indica que
el contenido de lo pactado resulta superior a la voluntad de los contratantes. Los Estados
tienen la obligación jurídica de respetar no sólo la letra, sino el espíritu de los tratados
internacionales, absteniéndose de ejecutar actos que desvirtúen su genuino sentido o que
contraríen lo pactado, por lo cual el legislador no puede introducir modificaciones ni
derogaciones a los tratados internacionales. En consecuencia, si una norma de un tratado
legalmente convenido por un Estado, se encuentra recogida por los Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos, no podría un Estado disculparse válidamente de cumplirla
por que éstos no constituyen un instrumento legal ratificado.
Los mecanismos extraconvencionales son considerados un desarrollo lógico y natural de
los de tratados de derechos humanos acogidos por la comunidad internacional, se busca
asegurar igualmente la plena vigencia de los instrumentos convenidos y el cumplimiento de
las obligaciones contraidas. Siendo los Principios Rectores el resultado de la adopción por
parte de las Naciones Unidas de un mecanismo extraconvencional como es el
nombramiento de un Representante Especial para los Desplazamientos Internos, en este
sentido, debe considerárseles de obligatorio cumplimiento para los Estados. Lo mismo
puede decirse de las recomendaciones para la atención de las personas víctimas del
fenómeno del desplazamiento forzado, formuladas durante las misiones de seguimiento
realizadas por este Representante del Secretario General de la ONU 4 .
Para algunos doctrinantes del derecho internacional público, fuentes jurídicas como las
resoluciones o las recomendaciones de tipo extraconvencional no pueden percibirse como
simples deseos políticos para que los Estados evalúen su cumplimiento, se trata de
verdaderas obligaciones exigibles en el orden internacional. No obstante, por no poseer la
forma de reglamentos jurídicos positivos, en la realidad su eficacia se torna muy debil dado
que finalmente terminan dependiendo de la voluntad expresada por las contrapartes para
que produzcan los efectos jurídicos que persiguen 5 .
En el marco de la ONU se presentó una evolución fundamental sobre la obligatoriedad
concedida a las recomendaciones y resoluciones proferidas por diferentes instancias de la
Organización. Originalmente se consideró que estos pronunciamientos no eran obligatorios
4 E/CN.4/1995/50/Add.1; E/CN.4/2000/83/Add.1
5 MONROY, Cabra Marco Gerardo. Derecho Internacional Público. Temis. Bogotá, 1995, p. 51.
4

para los Estados y se los concebía sólo como sanciones puramente políticas o morales, a
excepción de aquellas recomendaciones provenientes del Consejo de Seguridad, revestidas
de fuerza jurídica por mandato del artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas. Sin
embargo, la Asamblea General determinó que algunas recomendaciones relacionadas con la
práctica del apartheid no eran consejos de buena voluntad para los Estados si no mandatos
imperativos que debían cumplirse puesto que su propósito era superar situaciones que
violaban los reglamentos positivos de la ONU. Esta interpretación fue acogida por analogía
para hacer exigibles recomendaciones atinentes a otros asuntos y propósitos que inspiran el
mandato de las Naciones Unidas y, en la misma lógica, puede servir para argumentar a
favor de los Principios Rectores y de las recomendaciones que se hagan para la protección
de las personas desplazadas en cualquier país.
De otro lado, la vinculatoriedad que tienen los Principios Deng derivada del Derecho
Internacional Humanitario se explica porque tal normativa recoge principios jurídicos
esenciales positivizados en los 4 Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos
Adicionales, todos ellos suscritos y ratificados por Colombia 6 .
Entre los principios humanitarios aplicables al desplazamiento forzado, como quiera que éste
se define como resultado particular de un conflicto armado interno, de situaciones de violencia
generalizada o de violaciones masivas a los derechos humanos, pueden señalarse: el principio
ius cogens derivado de prácticas consuetudinarias que no admiten acuerdo en contrario por
parte de los Estados 7 ; el principio de no reciprocidad; el principio de distinción entre
combatiente y no combatiente y entre objetivo militar y objetivo no militar; el principio de
limitación de las partes en conflicto para elegir métodos y medios de guerra; el principio de
neutralidad de la asistencia humanitaria; el principio de normalidad de la vida de la población
civil en lo máximo posible en el marco de un conflicto armado; el principio de protección por
parte del Estado de las personas que habitan en su territorio; el principio de los derechos
humanos, según el cual las exigencias militares y el mantenimiento del orden público serán
siempre ser compatibles con la dignidad persona humana, entre otros.
3. Desarrollo académico sobre el tema del desplazamiento interno en Colombia
A partir de la primera misión de seguimiento realizada al país por el Representante del
Secretario General para los Desplazamientos Internos, Señor Francis Deng, en 1994 y de la
6 Ley 5 de 1960 por la cual se aprobaron los cuatro Convenios de Ginebra de 1949; Ley 11 de 1992, que
aprueba el Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los
tratados internacionales; Ley 171 de 1994, por la cual se aprueba el Protocolo II Adicional a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin
carácter internacional.
7 La Corte Constitucional al respecto expresó: "(...) su fuerza vinculante (del DIH), proviene de la universal
aceptación y reconocimiento que la comunidad internacional de estados en su conjunto le ha dado al adherir a
esa axiología y al considerar que no admite norma o práctica en contrario. No de su eventual codificación
como norma de derecho internacional… De ahí que su respeto sea independiente de la ratificación o adhesión
que hayan prestado o dejado de prestar los Estados a los instrumentos internacionales que recogen dichos
principios. El Derecho Internacional Humanitario es, ante todo, un catálogo axiológico cuya validez absoluta
y universal no depende de su consagración en el ordenamiento jurídico". Corte Constitucional. Sentencia
N.TI-574/92, 28 de oct. de 1992. M.P. Ciro Angarita.
5

acusiosa labor de un grupo de instituciones no gubernamentales, académicas y humanitarias
para lograr la visibilización de la problemática del desplazamiento forzado interno a causa
del conflicto armado, surge un creciente interés en el medio académico de las ciencias
humanas y sociales para abordar el análisis de este fenómeno desde variados enfoques
conceptuales y metodologías de investigación.
Aunque somos concientes de que toda elaboración de tipologías que busquen clasificar los
estudios sobre un fenómeno social es problemática por su incompletud y por la inevitable
carga de subjetividad con que el intérprete encuadra los análisis en una matriz predefinida,
nos permitiremos presentar la producción académica sobre el tema del desplazamiento
forzado en Colombia, a través de una clasificación -no taxativa- que sólo tiene la pretensión
de armar un mapa conceptual preliminar sobre el estado del arte en la materia que nos
ocupa.
Antes de abordar la descripción de la producción académica, creemos conveniente hacer
algunas observaciones previas. Primero, los artículos, obras y análisis que se comentarán en
adelante no sólo son autoría de académicos, académicas o investigadores asociados a
centros de educación superior, se recogen también en esta sistematización, la producción de
investigadores de instituciones públicas, de consultores independientes, de organizaciones
sociales y no gubernamentales que han aportado a la comprensión de la problemática del
desplazamiento, por lo mismo, debe entenderse la acepción “producción académica” en el
más amplio sentido posible. Segundo, para facilitar la aproximación a la amplia producción
teórica existente sobre el fenómeno del desplazamiento, hemos clasificado los artículos,
obras y análisis según el énfasis temático en que se centran y no en los enfoques ni en las
metodologías con base en los cuales se escribieron. Tercero, este mapa conceptual está
abierto a complementaciones y ajustes pues aunque se hace el esfuerzo de incluir los
estudios de mayor divulgación en materia de desplazamiento, la verdad es que la
producción teórica se ha vuelto tan abundante que seguramente no conocemos u omitimos
estudios que deberían necesariamente reseñarse.
3.1. Estudios sobre desplazamiento interno de tipo analítico-estructural centrados en
el conflicto armado y en el conflicto agrario 8
Dada la íntima relación entre el desplazamiento y el conflicto armado interno, los analistas
no dudan en situar este último como una causa determinante de las continuas migraciones
que presenta la población rural. La amplia trayectoria en los estudios sobre las violencias
sociopolíticas en Colombia, ha facilitado que el tema del desplazamiento haya sido
asumido por importantes analistas tanto desde un punto de vista general del conflicto
armado como en estudios que tienden a la comprensión regional de las dinámicas de la
guerra y de sus efectos estructurales.
En el primer tipo de estudios, es decir, en aquellos que asumen la guerra en términos
genéricos como la causa exclusiva del desplazamiento, se encuentran ciertas explicaciones
8 No separamos aquí los estudios centrados en el conflicto armado de aquellos centrados en el conflicto
agrario porque ambos conflictos se encuentran estrechamente relacionados, pudiéndose afirmar que uno es
causa y consecuencia del otro.
6

de la migración forzada en éstos términos: el desplazamiento se deriva de las relaciones
directas que desarrollan las personas civiles con los actores armados, ya sea siendo activos
potenciales para los ejércitos, actuando como informantes, colaboradores o siendo
simplemente habitantes en territorios de tradicional control de algún grupo armado, lo que
hace que la irrupción de un nuevo actor del conflicto genere desplazamiento pues los civiles
deben huir tratando de salvar su vida; por otro lado, la huída se puede originar por la
necesidad de los civiles de buscar nuevas condiciones de vida y bienestar en sitios libres del
terror y del hostigamiento que se experimentan en las zonas de conflicto. 9 Estos análisis,
aunque no son reduccionistas, dejan de lado otras posibles causas y el carácter complejo del
fenómeno del desplazamiento.
Los aportes teóricos que tienden a la regionalización son muy importantes porque permiten
identificar matices tanto del fenómeno del desplazamiento como del conflicto armado, que
se desarrolla en múltiples espacios y en tiempos paralelos 10 . Teniendo en cuenta que la
guerra posee una gran dinámica de cambio, la regionalización ayuda a encontrar
percepciones menos lineales de aquellas que atribuyen el desplazamiento como una
consecuencia exclusiva del conflicto, para analizar otras causas relacionadas con las
estructuras socio-económicas de cada lugar, la presencia de capitales de distinto origen, las
estructuras de poder históricamente consolidadas o en proceso de consolidación y sus
factores asociados, entre ellos la tenencia de la tierra.
En estos análisis más detallados surgen hipótesis como aquella que sostiene que el
despazamiento es una estrategia de intereses privados, relacionados muchas veces con la
geopolítica, ajustados al manejo del territorio y de la población que habita en regiones
geográficas determinadas. El control estratégico ejercido sobre ciertos zonas por los actores
armados y la consecuente expulsión de sus territorios de comunidades indígenas,
afrocolombianas 11 y campesinas, se explica o bien por ser corredores de tránsito, zonas de
9 Ver: Rojas, Jorge E. (1998), “Violencia y desplazamiento interno: el drama continúa” en Revista Foro N° 34
Junio de 1998; recopilación de boletines CODHES-UNICEF (1999), Un país que huye: desplazamiento y
violencia en una nación fragmentada. Bogotá, 1999; Revista Éxodo (1996-2001), Boletín sobre
desplazamiento interno en Colombia. También Reyes, Posada Alejandro. “Violencia y desplazamiento
forzoso en Colombia”. IEPRI. Universidad Nacional de Colombia, 1993. Vargas, Alejo. Conflicto armado
interno y desplazamiento forzado. Ponencia presentada en el Seminario Desplazamiento Forzado y Conflicto
Social en Colombia. Universidad Nacional. Bogotá, 1997.
10 Alejandro Reyes Posada ha problematizado el tema de la tenencia de la tierra y el desplazamiento forzado,
para lo cual ha regionalizado sus estudios e incorporado un trabajo de cartografía para detectar las relaciones
entre desplazamiento y concentración de la propiedad rural. En: “Territorios, regiones y sociedades”. IEPRI.
Bogotá, 1994; Reyes, Alejandro. “Compra de tierras por narcotraficantes”. En: Thoumi, F.; Uribe, S.; Rocha,
R. Drogas Ilícitas en Colombia, su impacto económico, político y social. Bogotá. PNUD. Ministerio de
Justicia y del Derecho. Dirección Nacional de Estupefacientes. 1997.
11 AFRODES. Afrodesplazados: “Forjamos la Esperanza”. Publicaciones ILSA. Bogotá, junio de 2001. Estas
memorias del Primer Encuentro Nacional de Afrocolombianos Desplazados hacen un análisis de las causas de
expulsión de comunidades afrocolombianas en diferentes zonas del país, asociando este desplazamiento con
el control territorial por parte de los actores armados de zonas estatégicas para las acciones militares y por ser
territorios donde se proyectan importantes megaproyectos de desarrollo.
7

etaguardia o avanzada de los grupos armados o por poseer recursos naturales
(biodiversidad, agua dulce, yacimientos de hidrocarburos, carbón, gas natural, oro, platino
o cultivos de uso ilícito) cuyo control es definitivo en un escenario de guerra.
Sin abandonar el conflicto armado como marco en el que se desatan diversas situaciones de
desplazamiento forzoso, existen autores que pretenden extraer variables que sean
determinantes dentro de la complejidad de la guerra. Es así como se plantean posiciones
que sitúan los intereses en términos de geopolítica y manejo del territorio, teniendo como
base conceptual la correlación presente entre territorio y poder. Se habla de la valorización
de la tierra al llegar megaproyectos, explotaciones petrolíferas o en áreas ricas en recursos
no renovables, emergencia de zonas de cultivos ilícitos, entre otros.
Dentro de esta literatura se relacionan las estructuras socio-económicas de los municipios
expulsores con los receptores. Las variables de los distintos análisis que convergen son:
número de ataques y masacres, producción local de regalías, nivel de activismo político y
social. La conclusión es clara en que los municipios expulsores de población aunque
obtienen cuantiosas regalías petroleras, poseen los índices más altos de pobreza y que los
municipios receptores se caracterizan por condiciones de alto nivel de activismo político
resaltando que si bien se pierde en términos de capital social, se progresa en términos de
cultura política. 12
Además de este tipo de estudios, existen los que se enfocan en la propiedad de la tierra y
todas las relaciones socio-políticas que se generan alrededor de ésta.
A saber, los analistas procuran la pertinencia de la coyuntura pero también el recorrido
histórico del latifundio y la correlación de fuerzas emergida de allí 13 , describiendo así la
dinámica que caracteriza a la propiedad territorial contrastada con los desplazamientos
forzados, incorporando la expropiación de áreas colonizadas mediante la explotación
maderera, siembra de pan coger, y pequeña ganadería, para establecer en ellos ganadería
extensiva y, eventualmente, siembra de pastos y agricultura mecanizada.
Se reconoce la importancia que resulta de estos procesos de migración en la medida en que
se amplía la frontera agraria, la colonización aumenta desmesuradamente y el uso de la
tierra cambia, así como la comercialización de sus bienes o cultivos, etc. Sin embargo,
finalmente no cambian las estructuras de acceso y tenencia de la propiedad, erradicándose
la vieja figura del terrateniente y la pequeña burguesía agraria apegada a la propiedad y
recelosa del capital, no por la esencia de su valorización sino por los excesos de este en su
12 Dentro de la literatura con este análisis se resaltan los trabajos de: Pérez, Luis Eduardo. “Desplazamiento
forzado en Colombia, 1995-1999: Una aproximación empírica a las relaciones entre desplazamiento, conflicto
armado y desarrollo”. Tesis de grado de maestría en Economía, Universidad Nacional de Colombia. 2001.
Fernando Medellín. “Los desafíos de la política de reasentamiento”, en: Reasentamiento en Colombia. Red de
Solidaridad Social-ACNUR. Tercer Mundo Editores. Bogotá, 2000.
13
Fajardo, Montaña Dario. Tierra, poder político y reformas agraria y rural. Cuadernos Tierra y Justicia No.
1. ILSA. Bogotá, agosto de 2002.
8

proclividad a la competencia desigual y a la concentración de la riqueza 14 , para dar paso a
actores, casi siempre armados, con intereses económicos y políticos actuando a favor de
multinacionales, grupos económicos poderosos o de su propio proyecto de poderío
regional.
Se habla, entonces, de “relatifundización regresiva”, “contrarreforma agraria” 15 y
“colonización armada”, todas estas inscritas dentro de la crisis rural, atadas por la
ampliación de la frontera agraria representada en un proceso de recomposición violenta de
la tierra que subyace al conflicto armado y planteando la expulsión y exclusión masiva de
cada vez más colombianos.
Infiriendo el cambio de actores más no de relaciones de poder y dominación sobre la
población rural que se ejerce desde hace ya bastantes décadas, este enfoque encuentra una
de las raíces del problema dentro de la tenencia y usufructo de la tierra, pero más allá de
esto, dentro del acceso a la propiedad 16 .
En otra perspectiva se plantea que la solución al problema de los desplazamientos violentos
pasa por asumir una nueva concepción de la ruralidad en el país, que se fundamente más en
conceptos amplios de desarrollo rural, trabajo y políticas de mejoramiento de la calidad de
vida que en los tradicionales conceptos de reforma agraria redistributiva, frente a la cual
existen pocos resultados positivos; propuestas de reforma rural y desarrollo territorial son
más acordes con la solución al problema de la expulsión violenta de los campesinos,
aunque requieren necesariamente la decisión política para erradicar los factores de
violencia y de la guerra 17 .
14 Ramírez Tobón, William. “Colonización armada, poder local y territorialización privada” en: Exodo,
patrimonio e identidad. Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Museo Nacional de Colombia.
Bogotá, 2001.
15 Mondragón, Báez Héctor H. “Lo que Colombia necesita. Estudio que dundamenta una estrategia alternativa
al Plan Colombia. Bogotá, abril de 2000. Esta noción de “contrareforma agraria” también ha sido utilizada en
los informes de Naciones Unidas sobre desplzamiento forzado en Colombia: E/CN.4/2000/83/Add.1 párr. 23;
E/CN4/1998/16, párr. 98. Lo mismo puede encontrase en: Osorio, Flor Edilma; Lozano, Fabio. “Horizontes
de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia (1995-1997)”. Boletín
CODHES Informa. No. 22. Bogotá, diciembre 18 de 1998; en Rojas, Jorge. Ponencia: “Desplazados: lógicas
de guerra incertidumberes de paz”, presentada en el Seminario Internacional Conflicto, Paz y Desarrollo
convocado por CODHES en mayo de 2000.
16 Ver: Fajardo, Darío. “Los circuitos de los desplazamientos forzados en Colombia” en: Exodo, patrimonio e
identidad. Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Museo Nacional de Colombia. Bogotá, 200;
Ramírez Tobón, William. “Colonización armada, poder local y territorialización privada” en: Exodo,
patrimonio e identidad. Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Museo Nacional de Colombia.
Bogotá, 2001.; Fabio Lozano y Flor Edilma Osorio, Horizontes de comprensión del desplazamiento en
Colombia” en: Un país que huye: desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. CODHES-
UNICEF. 1999
17 En este sentido ver la propuesta de Absalón Machado en la ponencia: “Reforma agraria, desarrollo rural y
desplazados”, presentada en el Seminario Internacional Conflicto, Paz y Desarrollo convocado por CODHES
en mayo de 2000.
9

Un buen espectro de los análisis que se ocupan del desplazamiento y la crisis en el campo,
lo ocupan aquellos estudios que buscan explicar las relaciones entre la guerra, el problema
de los cultivos de uso ilícito y la expulsión forzada de colonos y campesinos. La
comprensión de estas dinámicas del conflicto interno, generalmente se hace en el marco de
aplicación de políticas internacionales de persecución al narcotráfico y en particular en
desarrollo del Plan Colombia.
En el contexto del conflicto armado las actividades ligadas al narcotráfico, entre ellas los
cultivos de uso ilícito, se perciben por el Estado con una doble connotación, por un lado, de
ellas depende la financiación de los actores armados ilegítimos (antes sólo se atribuía el
usufructo a la guerrilla) y, segundo, la fuerza de los grupos alzados en armas se deriva de la
intermediación que hacen del capital del narcotráfico que les permite el control de las zonas
cultivo, por lo cual el tratamiento que se considera más adecuado es de tipo militar,
incluyendo las fumigaciones de las áreas de cultivo y la criminalización de los pequeños
productores.
La lucha antinarcóticos planteada en estos términos provoca efectos perversos Uno es que
estimula una degradación y escalamiento del conflicto armado pues las exigencias de la
guerra llevan a los diversos actores armados a ejercer estrategias de control territorial, en
las cuales se termina sacrificando a las comunidades puestas a merced de caudillos
militares que menosprecian a los civiles no combatientes; dos, se producen daños
ambientales irreparables que ponen en peligro la seguridad alimentaria y la salud de
colonos y campesinos afectados por la fumigaciones indiscriminadas y, tres, se modifica el
mapa de la guerra con la movilidad, mudanza y extensión geográfica que alcanzan los
cultivos 18 .
3.2. Estudios sobre desplazamiento interno de tipo descriptivo-estructural centrados
en las implicaciones socio-económicas
Este análisis se centra en los efectos que pueden tener las dinámicas del desplazamiento
dentro de toda la población 19 , a nivel de prestación de servicios públicos domiciliarios,
18 Reyes, Alejandro. “Compra de tierras por narcotraficantes”. En: Thoumi, F.; Uribe, S.; Rocha, R. Drogas
ilícitas en Colombia, su impacto económico, político y social. Bogotá. PNUD. Ministerio de Justicia y del
Derecho. Dirección Nacional de Estupefacientes. 1997. Vargas, Meza Ricardo. Ponencia: “Cultivos ilícitos,
políticas antidrogas y procesos de paz en Colombia”, presentada en el Seminario Internacional Conflicto, Paz
y Desarrollo convocado por CODHES en mayo de 2000. También García, Vargas Mary; Mejía, García Nubia.
Impacto de la fumigaciones áreas. En: Estrada, Jairo (Editor). Ensayos Criticos Plan Colombia. Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá, 2001; González, Posso Darío. Artículo “Armas químicas y biológicas en el
Plan Colombia: interrogantes sobre la estrategia antinarcóticos”. Revista II Seminario Internacional de Planeta
Paz y III Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas de INDEPAZ. Documentos No.11. Bogotá, 2002.
19 Son ejemplos de este estilo de análisis: Pérez , Casas Luis Guillermo Los campesinos, distribución y
utilización de la tierra en Colombia, violencia y desplazamiento forzado KO’AGA ROÑE’ETA se.vii (1996);
compilación de boletines CODHES-UNICEF (1999), Un país que huye: desplazamiento y violencia en una
nación fragmentada Bogotá, 1999; Ferro, Molina Juan Guillermo (Universidad Javerina): “Reflexiones en
torno al caso colombiano”. Comentaruios a la ponencia de Jean Daudelin: Land and violence in post-conflict
10

salud, educación, empleo y datos demográficos en cuestión de edad y género. Se acierta
que la población desplazada genera o acentúa problemas de orden económico y social como
el desempleo en las pequeñas y medianas ciudades, y las tendencias en vivienda (formas
precarias de albergue) y participación local movimientos que se generan dentro de las
comunidades desplazadas).
La razón de estos estudios es la constante necesidad de perfilar la situación del desplazado
en el momento pos-desplazamiento, para saber las deficiencias en cuestión de cobertura y
de condiciones iniciales de la población específica, como el grado de alfabetización o salud,
y así poder diseñar las propuestas de política pública que se adaptan a las necesidades de la
población objetivo y que el Estado, en su defecto, desarrollaría. 20
Sin embargo, hasta el momento estos estudios no han profundizado sobre los impactos
socio-económicos en el sector rural y se han enfocado al impacto en las ciudades, sin tener
en cuenta que muchos de estos desplazamientos se hacen intra-sectorialmente, es decir, van
de lo rural a lo rural. Se puede entonces decir, que existe un vacío en este tipo de análisis ya
que no encuentran trascendencia en los posibles y casi seguros cambios que genera el
desplazamiento dentro del mismo sector rural. Como ejemplo: aunque es cierto que la
mayoría de familias y personas desplazadas se ubican finalmente en las ciudades, los
cultivos ilícitos practicados en la frontera agraria y zonas de colonización como último
recurso y principal fuente de trabajo deben traer consigo una cantidad de impactos que no
se han estudiado a profundidad.
Valdría la pena resaltar que el tema del desplazamiento se ha ido abriendo paso dentro del
currículo de algunas facultades de ciencias humanas y ciencias aplicadas en diferentes
universidades del país. Por ejemplo, en la Universidad Nacional sede Bogotá, se posiciona
desde hace varios años una línea de trabajo con programas de extensión hacia comunidades
desplazadas, a la comunidad universitaria y al público en general para la atención,
seguimiento y sensibilización frente a esta problemática. Estas actividades derivan en un
número considerable de trabajos de tesis e investigación en diferentes disciplinas sobre el
tema del desplazamiento, algunas de las cuales han procurado medir los efectos del
fenómeno en algunos regiones del país.
Entre estas investigaciones de carácter regional se destaca sin dudas la llevada a cabo en la
Universidad de Antioquia en el 2001 21 . Como contribuciones de esta investigación se
encuentra la identificación de los perfiles del desplazamiento en una región particular como
Antioquia y el análisis de las dimensiones, modalidades y ciclos específicos de los eventos
situations. Regional Workshop on Land Issues in Latin America and the Caribbean. Pachuca, México. Mayo
de 2002.
20 Ver: Boletín N° 12 CODHES informa. “Un país que huye: desplazamiento y violencia en una nación
fragmentada”. CODHES-UNICEF. Bogotá, 1999; “Desplazamiento forzado interno en Colombia”.
Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID. N°12 Septiembre de 2002.
21 Uribe, María Teresa. Desplazamiento Forzado en Antioquia. Universidad de Antioquia. Medellín, mayo de
2001.
11

del fenómeno en el departamento, calculando sus impactos y las necesidades de la
población afectada con el fin de proponer políticas adecuadas de atención.
3.3. Estudios sobre desplazamiento interno centrados en informes descriptivos de tipo
cuantitativo
Existe una serie de boletines e informes periódicos que monitorean con base en estadísticas
el fenómeno del desplazamiento interno en Colombia. La información producida sobre el
desplazamiento por los diversos sistemas que aportan cifras ha sido problemática tanto a
nivel de la caracterización misma del fenómeno como del aporte de cifras confiables y
comparables que permitan adelantar políticas públicas con coberturas reales para la
población afectada.
La información disponible sobre población en situación de desplazamiento la aportan
actualmente entidades estatales y no gubernamentales. Las dependencias oficiales que
estiman y registran estadísticas son las Alcaldías, la Procuraduría, las Personerías, la
Defensoría del Pueblo y la Red de Solidaridad Social. Entre las organizaciones no
gubernamentales que procesan y registran datos sobre el fenómeno se cuentan la
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
y la Conferencia Episcopal.
Los sistemas que funcionan actualmente caracterizan cada uno el fenómeno del
desplazamiento desde ángulos, metodologías y universos diversos como grupo objetivo 22 .
Así por ejemplo, las cifras divergen de acuerdo con el tipo de fuentes consultadas por las
22 Las cifras aportadas divergen entre los diferentes sistemas por los métodos de recolección de información y
de medición que utilizan. El Sistema Único de Registro (SUR) que opera la Red de Solidaridad Social, con
una periodicidad mensual, sólo da cuenta de la población desplazada a causa del conflicto armado (Ley 387
de 1997, art. 1) que reposa en un registro administrativo de conteo simple, para el cual existe un período de un
año desde el momento del desplazamiento para que las personas afectadas puedan hacer su inscripción. El
SUR posee información desde 1995, pero sólo se consolida el sistema a partir del año 2000, su objetivo es
medir y caracterizar a la población desplazada.
El Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDES-CODHES) aporta
cifras trimestralmente y tiene como fuentes de consulta los medios de comunicación, las instituciones de
atención y las encuestas de hogares. El método de investigación que práctica es tipo estimación y viene
operando desde 1985. El sistema registra personas desplazadas por causas como las amenazas, ataques aéreos,
torturas, asesinatos, miedos, etc. y su objetivo básico es medir.
El Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia (RUT), operado por el Secretariado
Nacional de Pastoral Social Sección de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Colombia,
también tiene una periodicidad trimestral y se apoya en información obtenida de parroquias según el método
de muestreo. Funciona desde 1997 y el objetivo es caracterizar a la población desplazada.
El Sistema de Estimación de Fuentes Constrastadas a cargo de la Unidad Técnica Conjunta de la Presidencia
se apoya igualmente en información de fuentes secundarias (medios de comunicación e instituciones de
atención de desplazados). Funciona trimestralmente con base en un método de estimación que tiene como
propósito establecer la magnitud total del fenómeno. Véase DANE. Dirección de Censos y Demografía. “El
desplazamiento forzado en Colombia”. Bogotá, junio de 2003.
12

entidades que manejan estadísticas, mientras unos sistemas se basan en informaciones
obtenidas de los registros que reposan en las alcaldías municipales sobre población
expulsada o atendida, otros sistemas se apoyan en entrevistas a las víctimas, en informes
parroquiales, en información de prensa, en registros oficiales, etc. El Departamento
Administrativo Nacional de Estadística recientemente analizaba como una debilidad de los
diferentes sistemas que las cifras se acumulaban en el tiempo sin poderse establecer cortes
temporales previos o actuales a partir de los cuales fijar pautas de comparabilidad 23 .
Actualmente, se presentan inconvenientes en la medición del número de desplazados
debido a dos problemas básicamente: el primero es la disparidad entre las cifras
contrastadas de los distintos sistemas de estimación y registro existentes; y el segundo, es la
cifra gris que aparece dentro de este conjunto de datos.
El primer problema, se argumenta en que los distintos sistemas están ligados a diversos
objetivos, misiones institucionales, instrumentos de recolección de la información,
cobertura, calidad, fiabilidad y disponibilidad de la información primaria, lo que hace
difícil comparar los datos y arrojan cifras divergentes. Por ejemplo, mientras el número de
personas desplazadas desde 1996 hasta 2002 para la Red de Solidaridad Social (RSS) fue
de 566.734, para el mismo período CODHES estimó que 1.783.479 personas fueron
desplazadas 24 .
El segundo, se refiere a la limitación de los sistemas para detectar o contabilizar como
desplazadas a las personas que lo fueron hace mucho tiempo o por segunda vez dada la alta
movilidad, velocidad y repetición con que se presenta la dinámica de las migraciones. Esto
sin contar el caso de dispersión y evasión de la ayuda humanitaria por miedo a la
estigmatización. Entonces, la cifra gris es aquella que representa el sub-registro o el sobreregistro
de la población desplazada. 25
Es preocupante la imprecisión y contradicción entre las cifras que arrojan los sistemas de
información en cuanto son la base de la política pública para la atención de la población
afectada, considerada por la mayoría de los informes institucionales de seguimiento y
evaluación a la problemática del desplazamiento, como insuficiente por su baja cobertura,
débil impacto y carácter asistencialista.
Los estudios con énfasis en la cuantificación del desplazamiento sí bien no explican la
complejidad del fenómeno, son una herramienta indispensable a la hora de empezar a
investigarlo. Las estadísticas ayudan a comprender las tendencias y el horizonte de este
23
DANE. Dirección de Censos y Demografía. “El desplazamiento forzado en Colombia”. Bogotá, junio de
2003.
24
“Desplazamiento forzado interno en Colombia”. Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID. N°12
Septiembre de 2002.
25 Secretariado Nacional de Pastoral Sociales. “Aproximaciones teóricas y metodológicas al desplazamiento
de población en Colombia”. Editorial Kimpres. Bogotá, 2001.
13

fenómeno, a caracterizar a la población víctima del mismo y a evaluar los impactos sobre la
estructura social y económica del país. 26
3.4. Estudios sobre desplazamiento interno centrados en la fenomenología e impactos
psicosociales
Una tendencia en los estudios sobre el desplazamiento forzado en Colombia es aquella que
pone énfasis en la descripción del fenómeno y de la experiencia misma del desplazamiento.
La fenomenología consiste precisamente en el interés de comprender la dinámica y
estructura del fenómeno como problema temporal y problema objetivo, tratando de decifrar
su significado; se debe tener presente que en la sociedad la construcción de significados es
una experiencia relacional e intersubjetiva.
Por esta razón, los estudios que se ubican en esta tendencia procuran la descripción del
fenómeno del desplazamiento a partir de diversas aproximaciones a la realidad de las
personas y comunidades desplazadas como problemas en sí mismos. ¿Quién es el
desplazado?, ¿qué sucede en la vida del desplazado?, ¿qué efectos provoca la experiencia
del desplazamiento en los individuos, en la familia y en las comunidades?, son preguntas
que apuntan a precisar el contenido, la esencia y la consistencia del fenómeno.
Ocupan un lugar importante en este tipo de análisis las investigaciones que tratan de
describir los cambios en las identidades de las personas, familias y colectividades víctimas,
antes y despues de los eventos que originaron el éxodo forzado 27 . En estos estudios es
manifiesta la preocupación por mostrar las pérdidas materiales y simbólicas que se
producen en el desarrollo de las migraciones y reasentamientos, la pérdida de la condición
de la ciudadanía, la discriminación, las transformaciones sociales en el mundo rural, las
vivencias, la memoria colectiva, la determinación de las formas y redes de resistencia y
solidaridad que se generan a raíz del desplazamiento forzado durante sus diferentes
etapas 28 .
26 Si se desea conocer las cifras se debe remitir a: Boletínes CODHES Informa, RUT, Informes RSS, Informes
del CICR. Además, se pueden encontrar interpretaciones de las cifras en: Revista Éxodo; Informes Anaules
sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia elaborados por el Grupo de Apoyo a Organizaciones de
Desplazados (GAD: 1996-2001); Informe Defensorial sobre Desplazamiento Forzado por la Violencia en
Colombia No. 1 (Bogotá, abril de 2002); Mesa de Trabajo sobre “Desplazamiento Forzado en Bogotá”.
Boletines 1 al 8. Editados por la Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo –MENCOLDES-.
Bogotá, 2002-2003, entre otros. Un análisis que combina las variables de manejo de estadísticas,
regionalización y mapas de flujos migratorios es el presentado por el Grupo Temático de Desplazamiento:
“Estado de sitaución del desplazamiento”. Enero a Diciembre de 2001. ACNUR, OCHA. Bogotá, mayo de
2002.
27 Bello, Martha Nubia. Ponencia “Identidad, dignidad y desplazamiento forzado: repercusiones sobre el
bienestar emocional”. Presentada en el Seminario Internacional Conflicto, Paz y Desarrollo convocado por
CODHES en mayo de 2000.
28 Son indicativos de este tipo de estudios: Franco, Andrés. “Los desplazamientos internos en Colombia: una
conceptualización política para el logro de soluciones a largo plazo”. En: Colombia Internacional No. 42,
abril-junio. Centro de Estudios Internacionales. Universidad de los Andes. Bogotá, 1998. Lozano, Fabio;
Osorio, Edilma. “Población rural desplazada por la violencia en Colombia”. En: Revista Cuadernos de
Desarrollo Rural No. 36, primer semestre. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Instituto de
Estudios Rurales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 1996; Lozano, Fabio. La relación entre la
14

Dentro de estos análisis se tocan puntos primordiales a la hora de perfilar la población
objetivo para el diseño de política pública, como la participación política, la interacción
entre desplazados y la población residente, la posibilidad de acción colectiva y formación
de movimientos sociales, la aceptación, la transmisión de la violencia dentro de la familia,
y en general la prospectiva de la comunidad desplazada inserta en la sociedad colombiana.
Por otra parte, se resaltan estudios sobre la formación de la nueva comunidad con personas
desplazadas que han perdido su identidad y mucho de su cultura al intentar adaptarse a las
nuevas dinámicas, trayendo consigo nuevos elementos a las estructuras políticas y sociales
de cada lugar de reasentamiento, sin dejar de mencionar el carácter profundamente amplio
que adquiere esta situación al verse desde una escala alta como lo es “la sociedad
colombiana y su caracterización”. Estos estudios son denominados “efectos psico-sociales
del desplazamiento” y vinculan al individuo y/o la familia con el contexto social en el que
se comienza a desenvolver, además de analizar su grado de identidad nacional, patriotismo
y pertenencia para ver si se vincula con el proyecto nación existente.
Otros estudios pueden ser los que se enfocan en el desarrollo netamente psicológico de cada
víctima, logrando examinar los cambios en sus actitudes, su forma de ver el futuro, sus
imaginarios, la apreciación de sí mismo y de sus seres queridos, la aceptación de una nueva
vida, entre otros.
Dentro de esta tendencia de análisis se desarrolla básicamente el impacto del trauma sufrido
por el/los desplazados dentro de una comunidad receptora. Muchos son los documentos
publicados sobre este tema: ingreso a las ciudades, formación de barrios, conflictos entre
receptores y recién llegados, desplazamientos dentro de las mismas ciudades, etc., pero en
este trabajo se mencionan los que conciernen específicamente al entorno rural.
Los estudios hechos son bastante descriptivos y tratan de perfilar la población desplazada,
se identifican sus imaginarios y perspectivas de futuro, con lo cual se intenta encontrar la
forma como se adapta a nuevos medios y cómo éstos la reciben. 29
mentalidad religiosa y los procesos de violencia y paz. Investigación a partir del caso de los desplazados de
Tierralta, Córdoba. Trabajo de Grado Maestría en Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá,
1998; Medina, Elda. Proceso de desplazamiento-reubicación de los campesinos de la hacienda Bellacruz,
Cesar. Trabajo de Grado Maestría en Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 1998;
Osorio, Flor Edilma. “Mujer desplazada: violencia y discriminación”. En: CODHES Informa. No. 7.Bogotá,
febrero de 1997; Osorio, Flor Edilma; Lozano, Fabio. Procesos de reconstrucción vital de la población
desplazada por la violencia en Colombia. Algunas reflexiones. En: Revista Humanistas. Pontificia
Universidad Javeriana. Bogotá, 1998; Osorio, Flor Edilma. “El desplazamiento forzado por la violencia.
Reflexiones desde la perspectiva del desarrollo local de municipios rurales en Colombia”. En: Revista
Cuadernos de Desarrollo Rural. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Instituto de Estudios
Rurales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 1998; Rodríguez, Luz Eugenia. Procesos colectivos y
familiares de acomodamiento y generación de estrategias de vida de la población desplazada. Dos estudios de
caso. Trabajo de Grado Maestría en Desarrollo Rural. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 1996.
29 Ver: Bello, Martha Nubia, Martínez, Elena. “Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento”.
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2000; Naranjo, Gloria Helena. “Reinvención de la identidad.
Implicaciones del desplazamiento forzado en las culturas locales y nacional” en: Exodo, patrimonio e
15

El perfil es, en general, una población campesina que pertenece a una cultura tradicional
con una fuerte relación con la tierra y la naturaleza, y una fuerte red de relaciones
construidas alrededor de la organización para la producción, la distribución y el consumo
de productos, en su mayoría agrícolas; la distribución de roles está claramente establecida y
delimitada, además de los comportamientos frente al trabajo, la sexualidad, la religión. No
existen muchas alternativas en los modelos de comportamiento, es tal vez por esta razón
que la comunidad rural goza de una identidad social y personal que se choca con la falta de
identidad de los habitantes de la ciudad. 30
Se interpreta que las personas campesinas desplazadas forzosamente a ciudades con una
amalgama de culturas caracterizadas por la deslocalización y con orientaciones
profundamente individualistas, sufren profundos cambios en sus concepciones de
socialización y en sus percepciones frente a la vida y la cotidianidad, lo que se manifiesta
en situaciones de plurivalencia y fragmentación.
Se revela la inexistencia de la noción de ciudadano dentro de los campesinos, lo que los
coloca en una situación de subordinación y desconfianza no sólo frente a la población
receptora, sino también frente a las entidades a las cuales deben acudir para solicitar ayuda.
Esta ruptura de la cotidianidad crea crisis comunitarias y pérdidas inestimables de la
dimensión simbólica colectiva. Las identidades adquiridas en los procesos de socialización
en tiempos y lugares definidos son rápidamente afectadas en medios culturales diferentes y
casi siempre hostiles, frente a los cuales es díficil ganar un sentido de pertenencia. Todo
esto tiene efectos en cadena que hace que esta población se pierda en un mundo
individualista, sin buscar oportunidades de integración, sin exigir derechos fundamentales,
a causa de la estigmatización y la desconfianza.
Aunque algunas instituciones que siguen de cerca procesos con colectividades desplazadas
exponen casos de integración a la comunidad receptora, la proporción en comparación con
las familias desplazadas atomizadas es muy pequeña, ya que casi siempre el éxito de estos
procesos tiene mucho que ver con la estabilidad económica que ellas logren, y en el caso de
regresar a sus lugares de origen, depende tanto de la estabilidad económica, como de la
seguridad que pueda brindar el Estado en esos lugares. Se expone además, que en la gran
mayoría de los casos las personas no quieren ser parte de procesos de inclusión política y
formación de movimientos sociales, sino de proyectos productivos de estabilización
económica que para el común de las víctimas es la prioridad.
identidad. Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Museo Nacional de Colombia. Bogotá, 2001;
Vasco Uribe, Luis Guillermo. “Desplazamiento forzado y reconstitución cultural”. En: Exodo, patrimonio e
identidad. Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Museo Nacional de Colombia. Bogotá, 2001;
Jimeno Santoyo, Gladis. “Éxodo e identidad” en: Exodo, patrimonio e identidad. Cátedra Anual de Historia
Ernesto Restrepo Tirado. Museo Nacional de Colombia. Bogotá, 2001
30 Bello, Martha Nubia. “Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento” en: Efectos psicosociales y
culturales del desplazamiento. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2000. Pg. 113.
16

Se ha utilizado con frecuencia como método de investigación en los estudios de impactos
sico-sociales las llamadas historias de vida y el análisis de casos, que facilitan el acceso a la
información y seguimientos diferenciados de las personas desplazadas. Se han utilizado con
frecuencia metodologías como las narraciones, la etnografía y las cartografías sociales que
se construyen a partir de la interacción con los desplazados.
Existen otros estudios con un perfil más de tipo psicológico que enfatizan en la estabilidad
emocional de la persona o de familia desplazada, describen la sintomatología que se
presenta después de vivir una situación dedesplazamiento y hacen recomendaciones para la
recuperación emocional de las víctimas. Estas manifestaciones son negativas cuando
revelan sentimientos de desesperanza e ira, lo que impide la adaptabilidad del desplazado y
los avances dentro de sus metas personales; son positivas cuando a pesar del daño sufrido,
intentan reinsertarse en la sociedad y crean nuevas aspiraciones de acuerdo a su nuevo
contexto. 31
El individuo atraviesa por procesos sicológicos como el duelo por pérdidas familiares y
materiales, esto requiere de una recuperación emocional y de la superación de sentimientos
como la depresión, agresividad y ansiedad. Hay que tener en cuenta que el desplazado no es
un objeto de la violencia, sino sujeto de ella, se asume como un actor social que debe
reconstruir su vida.
Este tipo de eventos, aunque causa fuertes daños en las identidades individuales y
colectivas, son considerados también, como una experiencia de aprendizaje de nuevos
recursos personales y nuevas formas creativas de relacionamiento social para la
construcción individual y de la sociedad.
Los estudios psicosociales y psicológicos tratan de analizar el fenómeno; reconocen
factores de riesgo o protección para determinar el impacto y para considerar medidas de
intervención psicosocial.
Las manifestaciones psicosociales que muestran las personas en situación de
desplazamiento en la fase de impacto inicial dependen de factores como: el tipo del hecho
violento que provoca el éxodo, la pérdida familiar en el evento previo al desplazamiento; la
composición de la familia desplazada y la distribución de roles familiares; el carácter
abrupto u organizado del desplazamiento; los rasgos de la comunidad receptora o de la red
social de apoyo. Luego, viene una fase de confrontación con la realidad en el sitio de
llegada que revela entre otras conductas posibles: situaciones de dependencia, dificultad
para aceptar el nuevo medio, capacidad e iniciativas para lograr la estabilización o
desestabilización emocional del individuo.
De acuerdo con estos comportamientos, los estudios sugieren que se adelante la evaluación
del estado emocional de las personas y con base en ellos se decida qué acompañamiento es
el más aconsejable para la recuperación del sentido humano y de la condición de ciudadanía
31 Ver: Bello, Martha Nubia. Martí, Elena. “Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento”.
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2000.
17

de las personas y colectividades afectadas por el desplazamiento. Es importante dentro de
los diagnósticos que se hagan analizar los significados social e individualmente construidos
sobre el desplazamiento, tanto en los imaginarios de las víctimas como de las comunidades
receptoras y de los organismos de ayuda humanitaria, si se percibe el fenómeno como una
huida, como un desastre, como una salida o eventualmente como una oportunidad. Para el
trabajo terapéutico, es primordial ver más allá de los síntomas y recoger información acerca
de los significados que ellos les atribuyen.
3.5. Estudios sobre desplazamiento interno centrados en el análisis jurídico del
fenómeno
Un primer bloque de estudios de este tipo muestran interés por comprender el fenómeno del
desplazamiento en el marco del cumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas del
derecho internacional de los derechos humanos, de las obligaciones impuestas por el
derecho internacional humanitario y por el orden jurídico interno 32 . Se destacan los debates
sobre la catástrofe humanitaria que significa el desplazamiento y la atribución de
responsabilidades en su ocurrencia; lo mismo las discusiones entorno a los deberes que
tiene el Estado en los procesos de prevención del desplazamiento, de atención y de
reincorporación de las víctimas a la vida social y económica. Ha sido central también en
otros estudios la interpretación sobre la responsabilidad estatal en el diseño y aplicación de
políticas públicas que no responden a la magnitud del fenómeno, la divulgación de la
jurisprudencia, las críticas a la legislación existente y a las incoherencias que tiene el
sistema integral de atención a la población desplazada 33 .
Otros escritos han debatido problemas atinentes al acceso a la justicia de las víctimas, el
derecho a la verdad y a la reparación de las personas y colectividades afectadas. Se ha
hablado adicionalmente del derecho a no ser desplazado argumentando que se desprende de
otros derechos esenciales de los ciudadanos como el derecho a la vida, a la integridad
psicofísica, a la libertad individual, a la seguridad personal, a la libre movilización, entre
otros. De acuerdo con esto, el derecho a no ser desplazado sería fundamental y por tanto
objeto de protección jurídica inmediata en caso de su vulneración.
32 Dentro de los análisis relacionados con el tema se destacan: Revista Éxodo (1996-2001), Boletín sobre
desplazamiento interno en Colombia; “Su defensor”, boletín informativo de la Defensoría del Pueblo; Human
Rights Watch. “Guerra sin cuartel: Colombia y el Derecho Internacional Humanitario”. Octubre de 1998;
ACNUR. “Balance de la política de atención al desplazamiento interno forzado en Colombia 1999-2002”.
Bogotá, 2002; CODHES-UNICEF. “Un país que huye: desplazamiento y violencia en una nación
fragmentada”. Bogotá, 1999.
33Ver: ACNUR. “Balance de la política de atención al desplazamiento interno forzado en Colombia 1999-
2002”. Bogotá, 2002; Partridge, William. “La respuesta institucional al desplazamiento forzado en
Colombia”, en: Reasentamiento en Colombia. Red de Solidaridad Social-ACNUR. Tercer Mundo Editores.
Bogotá, 2000. CODHES Informa. Desplazamiento forzado y políticas públicas: entre la precariedad del
Estado y el asistencialismo. Boletín No. 18. Bogotá, julio de 1998. Informes Anuales sobre Desplazamiento
Forzado 1996 a 2001 del Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados (GAD). Informe Defensorial
sobre Desplazamiento Forzado por la Violencia en Colombia No. 1. Defensoría del Pueblo. Bogotá, abril de
2002; Boletines de la Mesa de Trabajo sobre “Desplazamiento Forzado en Bogotá”. Números 1 al 8. Editados
por la Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo –MENCOLDES-. Bogotá, 2002-2003.
18

Un segundo conjunto de estos aportes teóricos tiende a la cuantificación de las violaciones
en materia de derechos humanos y de infracción al derecho humanitario que han originado
hechos de desplazamiento forzado, unos son generales y otros periódicos. Se destacan entre
las instituciones que verifican el cumplimiento de estas normas y de hacer seguimiento
estadístico a las violaciones las organizaciones no gubernamentales nacionales, CODHES y
la Comisión Colombiana de Juristas 34 . Entre los organismos internacionales que cumplen el
mismo papel se pueden encontrar Informes de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos (OACDH) además de los informes publicados en el mismo sentido
por organizaciones no gubernamentales internacionales como Human Rights Watch y
Amnistía Internacional 35 , entre otras.
De acuerdo con la información que acopian y proporcionan estas organizaciones, el
desplazamiento una problemática en la cual se violan todos los derechos a las personas,
tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales.
Argumentan la ocurrencia del desplazamiento en la trasgresión masiva de los derechos
humanos por causa del conflicto armado que vive el país. En los estudios se utilizan
criterios de análisis que ilustran situaciones de desplazamiento a nivel nacional, regional y
también casos específicos; se detalla en varios el número de víctimas según el derecho
quebrantado, los actores responsables, los lugares de expulsión y de recepción.
La utilidad de estos reportes se refleja en la identificación y sistematización de las
violaciones a los derechos humanos asociadas a los éxodos. En ocasiones muestran la
inoperancia de las políticas de prevención, las responsabilidades de los actores armados en
los hechos y señalan alternativas que tienen el gobierno y las comunidades para enfrentar
las amenazas 36 .
Un tercer conjunto de aportes para el análisis jurídico del desplazamiento puede encontrarse
en los pronunciamientos que han hecho los jueces y tribunales sobre los derechos de las
personas en situación de desplazamiento. La importancia de la jurisprudencia radica en la
definición y clasificación de los derechos de la población desplazada; en las precisiones
que ha realizado en torno a la condición jurídica de la persona desplazada, de la obligación
34
Comisión Colombiana de Juristas. Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia.
Informes de avance: 2000 y 2001.
35 Grupo Temático de Desplazamiento. ACNUR, OCHA. Estado de situación del desplazamiento. Enero a
Diciebre de 2001. Bogotá, mayo de 2002. Informes sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia
presentados en los años 1995 y 2000 por el Representante del Secretario General sobre Desplazados Internos.
E/CN.4/1995/50/Add.1; E/CN.4/2000/83/Add.1. Mary Robinson. Alta Comisionanada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. Informes de la situación de Derechos Humanos en Colombia:
E/CN.4/1999/8 y E/CN4/2002/17 numerales 223 a 242, recomendaciones 15 a 19. Amnistia Internacional:
“¿Qué debemos hacer para seguir viviendo?. Los desplazados internos en Colombia: desposeídos y exiliados
en su propia tierra”. Octubre de 1997; Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercer Informe sobre
la situación de derechos humanos en Colombia. Febrero de 1999.
36 CODHES Informa.Alerta temprana. Boletín No. 15. Bogotá, mayo 7 de 1998.
19

estatal del registro, del deber de protección integral a cargo del Estado, así como también
sobre el lugar y estatus jurídico que corresponde a los Principios Rectores del
Desplazamiento.
Dentro de los pronunciamientos jurisprudenciales más importantes en relación con el
desplazamiento forzado por la violencia en nuestro país, se pueden citar 37 :
Sentencias Corte Constitucional
sobre los derechos de la población desplazada
Referencia Tema Principal
T-227 de 1997 Obligación de las autoridades territoriales de brindar medidas de
protección y seguridad a la población desplazada y evitar su
discriminación.
SU-1150 de 2000 Criterios que deben regir la atención a la población desplazada,
para garantizar la vigencia de sus derechos fundamentales.
T-1635 de 2000 Obligaciones recíprocas del Estado y la población desplazada.
T-258 de 2001 Límites a la discrecionalidad en la determinación acerca de la
calidad de desplazado de un docente.
T-327 de 2001 Presunción de buena fe en el trámite de inscripción en el registro
nacional de desplazados y la importancia de los principios rectores
como parte del bloque de constitucionalidad.
T-1346 de 2001 Obligación de los municipios de construir el Comité para la
Atención, a fin de establecer mecanismos de reubicación y
estabilización socioeconómica para la población desplazada.
T098 de 2002 Reitera la jurisprudencia acerca de la protección de los derechos
de los desplazados a la educación. La vivienda, el trabajo y la
salud.
T-215 de 2002 Contenido del derecho a la educación de los menores desplazados.
Sentencias Consejo de Estado
sobre desplazamiento forzado
Referencia Tema principal
ACU-573 de 1999 Procedencia de la acción de cumplimiento para exigir el
acatamiento de normas la ley 387/97 que permiten la
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados.
ACU-0080 de 2001 Procedencia de la acción de cumplimiento frente a normas de la
ley 387/97 que establecen gastos a favor de los desplazados.
Sentencia de Tutela Competencia del Estado para brindar protección militar a los
1378 de 2001 desplazados.
ACU-4279 de 2001 Aplicación de normas del D.I.H. al caso de los desplazados
forzados por la violencia.
ACU-1762 de 2001 Garantía de acceso a los desplazados a los programas y subsidios
37 Nos apoyamos en la compilación y sistematización de las “Jurisprudencias sobre Desplazamiento Forzado”
elaborada y coeditada en el año 2002 por la ACNUR y la Defensoría del Pueblo.
20

otorgados por el Gobierno Nacional.
Respecto a las medidas para la protección para los desplazados se han desarrollado los
siguientes fallos:
T-327 de 2001 Los derechos que se derivan de la condición de desplazado.
T-098 de 2002 Los derechos de los menores desplazados.
T-258 de 2001 La protección del derecho a la vida.
SU-1150 de 2000 Al trato especial por razones de indefensión.
SU-1150 de 2000 Al albergue provisional.
T-227 de 1997 A la permanencia en el territorio nacional.
T-227 de 1997 A la protección de los derechos fundamentales.
T-227 de 1997 A la libertad de locomoción y domicilio.
T-098 de 2002 Al urgente trato preferente.
T-098 de 2002 A la unidad familiar.
T-098 de 2002 Al acceso a los servicios de salud.
T-098 de 2002 A la adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda a
través de subsidios.
T-098 y T-215 de 2002 Al acceso a la educación.
Sentencia de T-1378 A la protección militar.
de 2001
ACU-0080 de 2001 A la consolidación socioeconómica.
T-327 de 2001 Al trato digno en el trámite de la declaración e inscripción en el
registro.
SU-1150 y T-1635 de La violación de los derechos fundamentales.
2000
T-1346 de 2001 La falta de gestión de las autoridades genera una vulneración a los
derechos fundamentales.
Los providencias constitucionales que clarifican asuntos entorno al papel que debe
cumplir el Estado frente al problema del desplazamiento forzado son:
SU-1150 de 2000 La responsabilidad y obligaciones del Estado.
T-227 de 1997 El deber de protección a los desplazados por parte de las
autoridades.
T-227 de 1997 El deber de solidaridad estatal y ciudadano con los desplazados.
T-258 de 2001 Límite a la potestad discrecional de las autoridades.
T-098 de 2002 La importancia de la Red de Solidaridad Social.
T-098 de 2002 La validez de los acuerdos suscritos entre el gobierno y los
desplazados.
T-327 de 2001 La importancia del registro único de población desplazada.
T-327 de 2001 La presunción de buena fe en el trámite de la declaración del
desplazamiento.
21

T-327 de 2001 La dificultad de la prueba de la causa del desplazamiento.
SU-1150 de 2000 La obligación de acatar los lineamientos de la Corte
Constitucional.
T-227 de 1997 La necesidad de promover los Derechos Humanos.
Entre los fallos que precisan la obligatoriedad de las normas internacionales sobre derechos
humanos y derecho humanitario por aplicación del bloque de constitucionalidad en el tema
de desplazamiento, se encuentran:
ACU-4279 de 2001 La primacía de DIH sobre el derecho interno.
T-1635 de 2000 La adopción del bloque de constitucionalidad para la defensa de
los derechos de los desplazados.
SU-1150 de 2000 La importancia de los principios rectores del desplazamiento.
ACU-4279 de 2001 Normas legales Vs. Valores y principios constitucionales.
Sobre la procedencia de la acción de cumplimiento en la exigibilidad de los derechos de la
población desplazada son relevantes los siguientes pronunciamientos judiciales:
ACU-573 de 1999 Exigibilidad de los artículos 17 y 32 de la ley 387/97
ACU-0080 de 2001 Procedencia de la acción de cumplimiento respecto a normas que
establecen gastos.
Las siguientes sentencias tocan los aspectos más importantes sobre la acción de tutela y los
derechos fundamentales de las personas desplazadas:
T-1635 de 2000 La procedencia de la acción de tutela para la protección de los
derechos de los desplazados.
T-1346 de 2001 Por medio de la acción de tutela no se pueden controvertir las
decisiones de otros jueces.
T-098 de 2002 El cumplimiento de los compromisos institucionales es exigible a
través de la acción de tutela.
T-098 de 2002 Cómo hacer efectiva una orden de tutela.
3.6. Estudios sobre desplazamiento interno basados en análisis diferenciales de género,
generacionales y étnicos
Una constatación que se ha venido haciendo a partir de los avances en el conocimiento del
fenómeno del desplazamiento es que éste tiene impactos diferenciales en las vidas de las
personas y en las colectividades golpeadas por los éxodos forzosos, surgidos de las
diferencias basadas en el género, en lo generacional o en la pertenencia a un grupo étnico o
22

cultural determinado 38 . No tener en cuenta tales distinciones en las explicaciones y
diagnósticos que se hacen del fenómeno del desplazamiento provoca informaciones
parciales e incompletas, que si se llegan a usar para proyectar políticas públicas y acciones
humanitarias pueden incluso causar vulneraciones a los derechos específicos de las
personas destinatarias, pues resultarían inadecuadas y no responderían a sus verdaderas
necesidades.
De esta manera han surgido estudios que a partir de la categoría y del enfoque de género
han analizado tales efectos diferenciales del desplazamiento en la vida de las mujeres y han
destacado igualmente el papel que cumplen en las diversas etapas del éxodo. Uno de los
objetivos es comprender las diferencias y los condicionamientos particulares que gravitan
sobre mujeres y hombres en situaciones diversas o en contextos de análisis donde sea
necesario focalizar una población para el desarrollo de proyectos socio-económicos,
políticos y culturales 39 .
Estos trabajos destacan que las mujeres y las niñas pobres de origen rural representan uno
de los grupos más afectados por este problema, al lado de indígenas y afrocolombianos.
Las estimaciones sobre las desplazadas en Colombia apuntan a un porcentaje que oscila
entre el 49% y el 58% del total de la población desplazada. Además, la suma de las
mujeres, los niños y las niñas se acerca al 74% de la población desplazada. Las cifras
referentes a mujeres cabeza de familia varían entre el 34% y el 49,7%; de hecho para
muchas mujeres el desplazamiento implica asumir la jefatura del hogar, dado el elevado
número de viudas de la violencia, el desarraigo y los efectos de la fragmentación familiar, y
en otros casos el abandono del hogar por parte del marido 40 . También, evitar el
reclutamiento del hijo por grupos armados es causa relativamente habitual del
desplazamiento.
38 Meertens, Donny. Encrucijadas urbanas. Población desplazada en Bogotá y Soacha: una mirada
diferenciada por género, edad y etnia. Informe de consultoria para ACNUR. Bogotá, 2002.
39 Sobre este tema ver: Duque, Haydi. “Mujeres en situación de desplazamiento. Una experiencia de
reinversión social, desde la perspectiva de género en contextos urbanos” en: Bello, Martha Nubia. Martí,
Elena (comp.). “Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento”. Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, 2000; Lima, Leila. “El desplazamiento forzoso en Colombia, el impacto en las mujeres”. Revista
Refugiados. N°114. 2002; Meertens, Donny. “Mujer y violencia en los conflictos rurales”. Análisis Político
N° 24. Enero-Abril de 1995; Meertens, Donny. “Victimas y sobrevivientes de la guerra: tres miradas de
género”. Revista Foro N°34. Junio de 1998; Segura Escobar, Nora. “Desplazamiento en Colombia:
perspectivas de género”. Revista Foro N°34. Junio de 1998. Informes de la Mesa deTtrabajo “Mujer y
Conflicto Armado” (2002-2003), particularmente “Conversaciones en la Mesa”. Bogotá, julio de 2003;
Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres Desplazadas en Colombia. Boletín No. 2. Bogotá,
febrero de 2003; Rueda Pilar. Informe de resultados. Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres
Desplazadas en Colombia, Confluencia Nacional de Redes de Mujeres y Corporación Sisma Mujer. Bogotá,
2003.
40 Véase a propósito los análisis e informes sobre cifras que incluyen la preocupación por detectar diferencias
de género y generacionales en: CODHES Informa. Mujer desplazada, violencia y discriminación. Boletín No.
Bogotá, 7 de febrero de 1997; CODHES Informa. Niños y niñas en siituación de desplazamiento: violencia y
desarraigo. Boletín No. 14. Bogotá, marzo de 1998.
23

Las mujeres rurales no poseen una gran movilidad geográfica, ni experiencia social y
política. Pero las oportunidades parecen invertirse: el impacto del desplazamiento se
concentra para los hombres en el desempleo, situación que los despoja del papel de
proveedor económico; ésta es incluso una de las causas más frecuentes de abandono de sus
familias. En contraste, las mujeres parecen mejor preparadas para continuar las rutinas de
las labores domésticas. 41
El papel desempeñado por las mujeres en las labores asociadas con la huída es
fundamental, la organización para movilizar rápidamente la familia, el diseño del itinerario
que debe seguirse, la forma y los medios para transportarse y quizá lo más importante, la
manera como organizan su instalación en las ciudades y la supervivencia física y emocional
de las personas a su cargo; son ellas las que se presentan a solicitar la ayuda de los
organismos gubernamentales y no gubernamentales y quienes logran más rápidamente un
trabajo remunerado en las ciudades, por lo general en el empleo doméstico.
Las mujeres campesinas son las más afectadas en su identidad por la pérdida de su mundo
rural y son las menos preparadas cultural y socialmente para el hábitat urbano; se vuelven
cabeza de familia y tienen que enfrentarse a situaciones de despojo y desarraigo y
responder por la crianza y el mantenimiento de sus hijos en condiciones de máxima
dificultad.
Los estudios han demostrado también que el índice de indocumentación entre las
desplazadas es muy superior al de los hombres y al de la población colombiana. Como
consecuencia, tienen mayores dificultades para obtener la propiedad de la tierra, el crédito,
la vivienda y los servicios de educación y salud.
Por lo general, los programas de atención humanitaria son “planos” y no contemplan las
diferentes necesidades de hombres y mujeres. En el caso de las desplazadas, los servicios
de salud tampoco son integrales, sino que tienden a concentrarse en su función
reproductiva. 42
En el caso de los niños, se presentan bajas tasas de escolarización, altos índices de trabajo
infantil y, por barreras culturales, las niñas se hacen responsables del cuidado de los
hermanos y de la casa cuando sus padres salen a trabajar. Aunque, por ley, la educación
para los niños desplazados en primaria es gratuita y en secundaria garantiza cupos y becas
el primer año, en la realidad los colegios se niegan a recibir los muchachos en muchos
casos; ellos solos deciden desertar del colegio debido a la estigmatización, o debido en
otras ocasiones, al carácter productivista que se les enseña en el hogar, que los empuja a
trabajar desde muy pequeños.
41
Lima, Leila. “El desplazamiento forzoso en Colombia, el impacto en las mujeres”. Revista Refugiados.
N°114 2002.
42
Lima, Leila. “El desplazamiento forzoso en Colombia, el impacto en las mujeres”. Revista Refugiados.
N°114. 2002.
24

Respecto a los grupos étnicos desplazados, donde también el género cumple un rol
diferencial, algunas comunidades en la región de Urabá y Chocó, de origen afrocolombiano
e indígena, con el ánimo de proteger sus territorios, recibieron sus títulos de propiedad
colectiva. Sin embargo, en ambos casos, se ha podido comprobar que no fueron
adecuadamente asegurados los derechos de acceso a la tierra de las mujeres. Una de las
características específicas de estas poblaciones es que normalmente tienen una alta rotación
de las parejas; si el derecho a la explotación de la tierra colectiva se registra o asigna sólo a
nombre del barón, la mujer y sus hijos quedan en una situación de absoluta precariedad con
relación a la tierra cuando se produce el abandono o la separación de la pareja. 43
Así, en Colombia tres de cada diez hogares desplazados tienen jefatura femenina, seis de
cada diez personas desplazadas son mujeres, las niñas desplazadas asumen
responsabilidades y vivencias de adultas, los niños dejan de asistir a la escuela para ir a
trabajar; en fin, todas estas situaciones implican una transformación de tradicionales
relaciones de desigualdad y sumisión dentro de los géneros y las generaciones y, el
conjunto de relaciones sociales en la Nación. De este modo, de un lado se gana autonomía y
participación y de otro lado se adquieren nuevas y extensas responsabilidades.
Por otro lado, en contraste con la cada vez más nutrida produción teórica basada en estudios
de género, son pocos los estudios que interpretan desde un enfoque étnico la experiencia
del desplazamiento. El desplazamiento de las comunidades étnicas, especialmente
afrocolombianas e indígenas, estuvo invisibilizado hasta comienzos del año 2002 cuando
algunos sistemas estadísticos empezaron a reportar datos sobre este tipo de desplazamiento;
alguna organizaciones gubernamentales y sociales contribuyeron en este esfuerzo de
visibilización organizando encuentros con comunidades étnicas desplazadas 44 , para
empezar a acopiar información sobre las características y efectos especiales que entraña el
éxodo forzado en comunidades con un apego especial a su territorio y con una cultura
diferente.
Durante el año 2000 el desplazamiento de población afrocolombiana representó el 33% del
total de la población expulsada en Colombia, es decir, 83.650 personas de este grupo étnico
fueron afectadas por el fenómeno. La tasa de expulsión de las comunidades de esta etnia es
un 20% superior a la del resto del país. En el caso de los pueblos indígenas, las personas
desplazadas representan el 5% de los desplazados del país en el mismo año, lo que significa
que 12.649 personas fueron sometidas al destierro por los actores armados 45 . En suma,
cerca del 40% de las víctimas del desplazamiento en el país, pertenecen a un grupo étnico.
La indagación de las causas que precipitan la expulsión de las comunidades étnicas de sus
territorios ancestrales, indica que este desplazamiento se encuentra relacionado con la
disputa y ocupación que ejercen los actores armados sobre esas tierras, que resultan
estatégicas por los recursos naturales, por la posibilidad de la implementación de
43 Ibid.
44 AFRODES. Afrodesplazados: “Forjamos la Esperanza”. Publicaciones ILSA. Bogotá, junio de 2001.
45 CODHES Informa. “La otra guerra: destierro y repoblamiento”. Boletín No. 44. Bogotá abril de 2003.
25

megaproyectos económicos y por ser importantes para el desarrollo de la guerra. El
desplazamiento de las comunidades étnicas deintegra a las comunidades, produce la pérdida
de los territorios colectivos y pone en riesgo la supervivencia de las culturas ancestrales.
Los Principios Rectores ordenan de manera específica la protección de las comunidades
étnicas frente a desplazamientos forzados, por ejemplo, el Principio 6.2.a. prohibe los
desplazamientos arbitrarios basados en políticas de apartheid, “limpieza étnica” o prácticas
similares cuyo objeto o cuyo resultado sea la alteración de la composición étnica, religiosa
o racial de la población afectada; el principio 7.3 c declara que se recabará el
consentimiento libre e informado de los futuros desplazados cuando su traslado sea
inevitable y, finalmente, el principio 9 que dice: “Los estados tienen la obligación
específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de grupos indígenas,
minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su
tierra o un apego particular a la misma” 46 .
Muy próximo al problema de los desplazamientos de comunidades étnicas se encuentra el
tema de los refugiados colombianos en zonas de frontera. Este desplazamiento comenzó a
ser monitoreado a penas en el año 2001 como consecuencia de la implementación del Plan
Colombia en el departamento del Putumayo y en la zona del Catatumbo, así como a raíz de
la intensificación de las acciones bélicas en la región del Darién 47 .
4. Contrastes entre la producción académica y las políticas públicas sobre
desplazamiento
Las magnitudes alcanzadas por el fenómeno del desplazamiento en la última década y los
efectos estructurales que está provocando, como la fragmentación del tejido social que se
46 Se constata en los análisis sobre este tipo de desplazamiento que si bien inicialmente la tendecia de las
comunidades étnicas amanazadas, hostigadas o víctimas de asesinatos selectivos de sus líderes o de masacres
sus miembros era al abandono de los territorios ancestrales, ahora las comunidades se resisten al
desplazamiento y conciben que su permanencia en los territorios es una forma de impedir la desaparición
como pueblos y culturas. En la dinámica de la guerra, los actores armados han implementado la estrategia del
“emplazamiento” a través de la cual además del control territorial que ejercen, someten a la población civil
que se resiste al desplazamiento a un severo control a nivel del tránsito de personas, alimentos y
medicamentos, llegando incluso a impedir, en algunos casos, la ayuda humanitaria. Ver Arias, Jaime
Enrrique. “El territorio como elemento fundamental de la resistencia al desplazamiento forzado de los pueblos
indígenas”. En: Varios Autores. Destierro y Desarraigos. Memorias del II Seminario Internacional
Desplazamiento: Implicaciones y Retos para la Gobernabilidad, la Democracia y los Derechos Humanos.
CODHES; OIM. Bogotá, mayo de 2003. En la misma compilación, el artículo de Suárez, Harbey Danilo:
“Aplazados y desplazados: violencia, guerra y desplazamiento. El trasfondo cultural del destierro y la
exclusión”.
47 Las estimaciones sobre el refugio hablan que cerca de 15.000 colombianos y colombianas cruzaron la
frontera en busca de protección en el año 2000, aproximadamente 12.000 lo hicieron en el año 2001 y 22.000
a lo largo de 2002: Cfr. CODHES. Informe anual del observatorio sobre desplazamiento forzado, conflicto
armado y derechos humanos en Colombia, 2001; CODHES Informa. La otra guerra: destierro y
repoblamiento. Boletín No. 44. Bogotá, abril de 2003. Otros reportes sobre refugio pueden observarse en: Red
de Solidaridad Social. Desplazamiento Forzado: Protección y Refugio en Zonas Fronterizas de Colombia.
Febrero de 2000. Grupo Temático de Desplazamiento: “Estado de situación del desplazamiento”. Enero a
Diciembre de 2001. ACNUR, OCHA. Bogotá, mayo de 2002
26

experimenta a lo largo y ancho del país, ha precipitado una serie de respuestas
institucionales de diferente orden que de manera coyuntural resuelven las necesidades más
apremiantes de la población afectada y diferentes retos que el problema interpone.
El conjunto de respuestas institucionales ha configurado un modelo de política pública de
atención a las personas desplazadas al que, en general, se le critica que adolece de
efectividad, coordinación, recursos y voluntad política para enfrentar una problemática que
se ha convertido en una verdadera calamidad y crisis humanitaria para la sociedad
colombiana . La mayoría de los informes que se conocen sobre seguimiento del fenómeno
de desplazamiento han producido críticas de fondo a las políticas estatales y formulado
recomendaciones para su mejoramiento 48 .
Los límites que comunmente se detectan en la acción estatal frente a la atención del
desplazamiento forzado se manifiestan en las siguientes circunstancias:
a) No se ha reconocido por parte de las autoridades la magnitud del fenómeno;
b) No se enfrentan por parte del Gobierno las causas bélicas y sociales del fenómeno. El
desplazamiento por efecto de la acción militar de los grupos en contienda, a juicio del
Defensor del Pueblo, implicaría una responsabilidad estatal por falla en el servicio de
protección debida, sea por omisión o por acción de las autoridades, dado que no se
protege la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos;
c) El desplazamiento no es un tema prioritario en la agenda pública. No se incluyó en la
agenda de paz del Gobierno de Pastrana, ni tiene un lugar adecuado dentro del
Presupuesto General de la Nación en el actual Gobierno.
d) Existe una incoherencia de la política fiscal del Gobierno y una dependencia a la
financiación externa para atender a la población desplazada (Plan Colombia,
cooperación internacional);
e) La respuesta estatal en cuanto a la asistencia humanitaria y a la reintegración de las
víctimas se reduce al asistencialismo de emergencia (art. 15, parágrafo, Ley 387);
48 Entre los informes más recientes y generales que formulan criticas y recomendaciones frente a la política
pública sobre el desplazamiento pueden consultarse: Informes sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia
presentados en los años 1995 y 2000 por el Representante del Secretario General sobre Desplazados Internos.
E/CN.4/1995/50/Add.1; E/CN.4/2000/83/Add.1; Documento “Aspectos críticos de la política pública de
atención a la población desplazada 1998-2002”. Este documento fue elaborado por la Asociación Nacional de
Ayuda Solidaria (ANDAS), Corporación de Apoyo a Víctimas de la Violencia Sociopolítica Pro
Recuperación Emocional (AVRE) Comisión Colombiana de Juristas, Fundación Menonita Colombiana para
el Desarrollo (MENCOLDES), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
Secretariado Nacional de Pastoral Social Sección de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de
Colombia y Servicio Jesuita a Refugiados. Publicado en el Boletín No. 4: Desplazamiento Forzado en Bogotá.
MENCOLDES, Septiembre de 2002; ACNUR. “Balance de la política de atención al desplazamiento interno
forzado en Colombia: 1999-2002. Bogotá, octubre de 2002.
27

f) La reglamentación de la Ley 387 de 1997 tiene un carácter puramente técnico, sin
participación de las víctimas y reducida a hacer ajustes institucionales, dado que la
coordinación delegada en la Red de Solidaridad Social del Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia no es efectiva. Las
decisiones de la Red de Solidaridad Social no son vinculantes para las demás
autoridades que no conciben la acción frente al desplazamiento como una cuestión de
política pública sino sólo como una contingencia.
g) Otro hecho que refleja la inconsistencia de la política pública sobre desplazamiento, es
el incumplimiento de muchas de las recomendaciones de la ONU, formuladas por el Sr.
Francis Deng, Representante del Secretario General de Naciones Unidas para los
Desplazados Internos, en 1994 y a principios del 2000, por ejemplo, no existe
protección y prevención contra el desplazamiento, lo que se demuestra con el hecho de
que el fenómeno se sigue incrementando año a año.
h) No existe un sistema de alertas tempranas 49 eficaz o las autoridades no las atienden
oportunamente. No se respeta por parte de los actores del conflicto ni la seguridad
física ni la vida de los desplazados, tampoco se ha tenido respeto por las
organizaciones humanitarias, nacionales o internacionales, impidiendo sus buenos
oficios y obstaculizando en muchos lugares el acceso a las ayudas humanitarias. Se
incumple tanto por el Estado colombiano como por los Estados vecinos el derecho de
asilo y el derecho de los refugiados.
i) El registro de los desplazados es precario y obstaculiza su acceso a la ayuda
humanitaria, la mayoría de los desplazados carecen de ésta. No se garantiza
debidamente el retorno de las comunidades sometidas a desplazamiento en unas
condiciones de seguridad y dignidad. La asistencia estatal en los procesos de
reubicación y estabilización socioeconómica de las comunidades afectadas es
insuficiente, dado que se acompaña los casos más o menos emblemáticos y, por lo
mismo, no todos los grupos de desplazados reciben ayuda, debiéndose establecer en
las grandes ciudades en cinturones de miseria, desprovistos de servicios públicos y
sanitarios, sin condiciones materiales para el empleo y para su reinserción a la vida
social.
j) Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre el Desplazamiento no tienen un
cumplimiento pleno a nivel de la prevención, durante el desplazamiento o a nivel de los
procesos de reubicación o de reasentamiento a pesar de la fuerza vinculante que tienen
para las autoridades por formar parte del bloque de constitucionalidad, siendo una
fuente de interpretación de las normas que reconocen y protegen los derechos humanos
de las víctimas de este fenómeno, como bien lo explicó la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-1150/2000 .
k) Este diagnóstico refleja un grave problema de desprotección y vulnerabilidad tanto de
los derechos humanos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y
49 Ver: COHDES Informa. Alerta temprana. Boletín No. 15. Mayo de 1998; Ortiz, Palacios Iván David. El
Sistema de alertas tempranas como mecanismos de guerra. En: Estrada, Jairo (Editor). Ensayos Críticos Plan
Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2001.
28

culturales de las víctimas de desplazamiento quienes además carecen de la información
y de los medios económicos para usar las herramientas legales y jurídicas que les
permitan defender sus derechos humanos y acceder a la administración de justicia para
investigar los hechos y responsables de su desplazamiento, para judicializar a las
víctima y obtener la adecuada reparación material y moral por parte del Estado, peor
aún una gran proporción de las víctimas aún no han podido acceder a la ayuda
humanitaria de emergencia, al registro y a los beneficios contemplados en la Ley 387 de
1997 y en su Decreto Reglamentario.
l) La intervención estatal en materia de asistencia a las víctimas no provee una adecuada
atención diferenciada por criterios de género, etareos, étnicos, etc. ni para proporcionar
la recuperación de las víctimas y emprender las acciones de reparación necesarias.
Las instituciones públicas responsables de la atención a la población desplazada han
cambiado varias veces el énfasis de la política pública respecto de este sector social. En
primera instancia, la política social se planteó en una línea más asistencialista y de
emergencia, luego, se intentó orientar hacia acciones de carácter social de mediano plazo,
queriéndose hacer notar con ello la voluntad de atacar las causas y no las consecuencias del
desplazamiento; últimamente el énfasis se ha puesto en temas de seguridad y retorno. Sin
embargo, lo que se constata en la mayoría de los informes de seguimiento a la política
estatal sobre la materia es que aunque con la expedición de Ley 387/97 existen avances
importantes en materia de formulación de la políticas pública sobre desplazamiento, su
ejecución ha sido errática y caracterizada por la improvisación, en varias ocasiones se ha
cambiado la institución encargada de manejar el sistema de atención integral a la población
desplazada y no se logran niveles reales de coordinación y coherencia entre las distintas
instituciones que tienen competencias en la solución de la problemática 50 .
La atención al desplazado es política pública desde 1994, con el plan de gobierno de 1994-
1998: “El salto social”. En Septiembre de 1995, se produce el primer documento oficial
sobre esta situación; en el documento Conpes N° 2804 se estableció el diseño del primer
plan de Atención integral a la población desplazada por la violencia en Colombia, éste fue
el punto de partida para la elaboración de la Ley 387 de 1997, en la cual se adoptan
medidas de prevención del desplazamiento forzado y se crea la Consejería presidencial para
la población desplazada y el Sistema Nacional de Atención a las víctimas de este problema.
A estas iniciativas gubernamentales le siguen otros dos documentos Conpes en los que se
dan las pautas para la creación del Sistema Nacional de Atención (N° 2924/97), y se decide
que el manejo del Sistema fuera asumido por la Red de Solidaridad (N° 3057/99). 51
Independiente de la eficacia de las normas establecidas y de todo el proceso de aprobación,
reglamentación y ejecución de los proyectos a que dan lugar, es de resaltar el debate que
50
“Desplazamiento forzado interno en Colombia”. Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID. N°12
Septiembre de 2002. Pg. 13.
51 Ibid.
29

esulta de esto, referido a los alcances, limitaciones, retos y ámbitos de aplicación de la
política pública sobre este tema. 52
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizó hace
unos meses un estudio sobre este tema, éste no evalúa, sólo hace un balance sobre los
avances y limitaciones en la formulación y ejecución de la política de atención al
desplazamiento interno, además, adiciona recomendaciones e introduce nuevos elementos
no contemplados hasta ahora. Este trabajo se realizó a través del desarrollo de talleres
nacionales, regionales y locales, además de mesas temáticas con expertos. En el trabajo se
detectan temas polémicos dentro del diseño y ejecución de la política pública: el enfoque de
derechos y no sólo de asistencia social; mantener un esquema de atención especial a la
población, basado en una “discriminación positiva” de la misma; y, mantener medidas que
establecen limitaciones al acceso a la atención. De igual forma, analiza el carácter
conceptual de la política y se amplía el debate entre el enfoque de protección y reparación
de derechos vs. el enfoque de asistencia social.
Para la metodología, se establecieron criterios que definen la trascendencia de la política
pública respecto a esta problemática, como la importancia en la agenda de gobierno, la
comparación de los objetivos planteados y los resultados obtenidos, entre otros. Determinan
que los elementos de la política pública enfocada a la población desplazada son la
prevención y la protección de los derechos, la descentralización de la gestión, la Atención
Humanitaria de Emergencia (AHE) y el restablecimiento de la población; y el éxito o
fracaso de las medidas tomadas en cada elemento depende del manejo de recursos
financieros, el grado de información de los derechos y oferta de servicios de atención,
incluyendo el manejo operativo del Sistema Único de Registro (SUR).
El estudio arroja resultados como:
• La necesidad de que la integralidad de la política deba propender a un balance entre
los distintos componentes de ella. De aquí se desprende la estructuración sectorial
de la oferta del Estado, que se analiza desde los niveles territoriales y la estructura
sistémica de esta.
• El funcionamiento del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada por la violencia (SNAIPD), loscomités departamentales y municipales,
la Red Nacional de Información y el Sistema Único de Registro, aunque dan luces
de esfuerzos por institucionalizar los sistemas de información aún no poseen una
adecuada cobertura de la población y en varios casos no proporcionan suficiente
información y técnicamente confiable sobre las características de la población.
52 Para profundizar en este tipo de análisis se puede acudir a: “Desplazamiento forzado interno en Colombia”.
Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID. N°12 Septiembre de 2002; ACNUR. “Balance de la
política de atención al desplazamiento interno forzado en Colombia 1999-2002”. Bogotá, 2002; Secretariado
Nacional de Pastoral Sociales. “Aproximaciones teóricas y metodológicas al desplazamiento de población en
Colombia”. Editorial Kimpers. Bogotá, 2001.
30

• Respecto a la descentralización, se resaltan los logros de la gestión de la RSS que se
reflejan en la ejecución de los proyectos, los cuales son ejecutados por las ONG’s y
organizaciones eclesiásticas a través de un esquema de administración delegada
mediante convenios, desarrollando para ello la formulación de los lineamientos
programáticos y de las reglas del juego que enmarcan tales convenios. Sin embargo,
aún persisten factores que obstaculizan la descentralización de la política y la
participación de la sociedad civil, como la falta de compromiso de las
administraciones territoriales en la participación de programas y proyectos de este
tipo; la gestión de la política pública altamente centralista y centralizada, en la
práctica, y, la ausencia de espacios y de procesos sistemáticos y sostenidos para la
participación de la sociedad civil y, en particular, de las organizaciones de
desplazados en la formulación de políticas gubernamentales, en su seguimiento y
evaluación; la fragmentación sectorial de los programas de atención a nivel
departamental y municipal que reflejan la falta de coordinación entre las distintas
instituciones.
• Para la prevención, los documentos Conpes y el Sistema de Alertas Tempranas
sustentan la importancia de este proceso, a pesar de su poca operatividad.
• La Atención Humanitaria de Emergencia presenta avances importantes en cuanto al
diseño e instrumentación de la atención, creación de capacidad institucional de
respuesta, oportunidad en la misma y volumen de inversión, diferenciación en las
ayudas; pero, desde las regiones, la contratación de las entidades operadoras es
percibida como lenta y engorrosa, lo cual implica que aunque estén disponibles los
recursos, la respuesta en el terreno se hace demorada.
• En el caso del restablecimiento de la población interna desplazada se contrasta la
formulación programática y ejecución de la política, los programas de retorno, los
programas de reubicación urbana y rural y su pleno desarrollo que dependen de la
estabilización socio-económica, el acceso a tierras y la seguridad de tenencia, y
salud y educación; de esto resulta que aún existen diferencias de tipo estructural y
estratégico entre la formulación conceptual y la práctica.
Según el documento, el componente de protección es, junto con la prevención, el elemento
más débil de la política 53 . Dentro de los estudios las críticas más reiteradas son las que
tienen que ver con el carácter asistencialista de la Ley; el lento avance hacía una política
integral de atención a las víctimas; un débil marco preventivo que ataque las causas del
desplazamiento y no el desplazamiento en sí mismo; las políticas actuales, que no
consideran las reparaciones de las cuales debería ser objeto las personas afectadas.
53
ACNUR. “Balance de la política de atención al desplazamiento interno forzado en Colombia 1999-2002”.
Bogotá, 2002. pg. 158.
31

5. Propuestas de política pública sugeridas por la academia y por las instituciones que
hacen seguimiento y atención a la población desplazada
Antes de exponer las recomendaciones que se han hecho en diferentes fuentes consultadas
para elaborar este balance bibliográfico, deseamos aclarar que hemos recogido sólo las
propuestas más reiterativas que aparecen en informes generales donde se evalúa la política
pública sobre desplazamiento.
i) A finales de 1999, en Bogotá, se realizó el simposio Efectos psicosociales y culturales
del desplazamiento, en el cual Fabio Rivas expuso la necesidad que tiene la sociedad
colombiana de poseer una salud mental, esto como objetivo de la salud pública del país.
Argumenta que a diferencia de los desastres naturales, en los que el efecto de salud mental
suele ser pasajero, en las “emergencias complejas”, como él llama al caso de
desplazamiento forzoso, hay gran afectación, sobre todo entre los menores. En estas
situaciones los problemas mentales no se superan fácilmente, ni en poco tiempo y debido a
su magnitud, la respuesta quizá tampoco deba darse al nivel individual, que es donde
mayores fortalezas puede tener la psiquiatría y la psicología, así que es necesario
incursionar en la salud pública y sobre todo en la salud (no en la enfermedad) mental.
El autor define la salud como la magnitud en que un individuo o grupo pueden, por una
parte, realizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades y, por otra, cambiar su entorno
o afrontarlo. En esta definición no aparecen ni la enfermedad, ni el bienestar; tampoco se
hace énfasis en el individuo y, aparte de la satisfacción de las necesidades, se reconoce el
papel protagónico de la persona o la comunidad en lo referente al cambio del entorno.
Aquí, no hay divorcios entre lo físico, lo mental y lo social, lo cual es fundamental; la salud
no sólo es la del individuo, incluye también a la sociedad y al ambiente.
Luego de una serie de estadísticas sobre el conflicto armado en el país, se explica la
trascendencia de la salud mental dentro de la población afectada y se afirma que las ayudas
actuales no contemplan esta dimensión de la salud en las víctimas, siendo imperativo
incluir este componente de atención psico-social en los programas de atención de personas
en situación de desplazamiento.
El desplazamiento epidemiológicamente corresponde a las llamadas emergencias complejas
y puede ocasionar diferentes grados de trastorno mental. En la tención de las víctimas por
lo mismo es importante conocer cuáles son los factores de riesgo para problemas mentales
que puedan presentarse a largo plazo o frente a patologías psíquicas de mayor severidad. Es
necesario determinar qué instituciones pueden contribuir a mitigar estos efectos, cuáles son
las intervenciones más efectivas en las etapas tempranas de respuesta al trauma para
aminorar los efectos a largo plazo y qué necesidades de atención psicológica requieren las
personas y colectivades. Se recomienda de la misma manera interpelar a las agencias
nacionales e internacionales y a los organismos no gubernamentales que prestan la ayuda
humanitaria, para incluir en sus programas el componente de atención psico-social,
32

eplicando y difundiendo las experiencias en salud mental que han tenido, aún las de
resultados no exitosos, para aprender de ellas 54 .
ii) El Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Conferencia Episcopal de Colombia en
convenio con la Universidad de Antioquia publicaron en 2001, los resultados de una
investigación sobre el desplazamiento forzado en Antioquia, en la cual se perfilaron
alternativas para mejorar la situación de la población desplazada en el departamento 55 .
La propuesta se sustenta en un consolidado análisis sobre la dinámica del conflicto armado
ebn la región y de las diferentes perspectivas desde dónde puede interpretársele. A partrir
de esta comprensión y con el objetivo de superar la fenomenología del desplazamiento y
entrar a una verdadera dimensión “hermenéutica” de los casos, se expone que una política
pública coherente para los desplazados se debe diseñar con base en los siguientes ejes
interrelacionados: lo económico, lo social, lo político y lo ético.
El primer eje se refiere a la estabilización socioeconómica. Se trata de una obligación
estatal consignada en la Ley 387/97 que tiene que ver con la adopción de medidas eficaces
para lograr la reposición material de las pérdidas que han sufrido las personas desplazadas y
para mitigar la situación de desamparo luego del abandono de sus viviendas, trabajos y
pertenencias. La estabilización socio-económica debe contar con el consentimiento
autónomo del desplazado, evitando presiones que conduzcan a retornos sin garantías y
respetando su derecho a escoger el sitio para su reubicación.
El segundo eje de una política bien concebida para los desplazados, atiende al necesario
reconocimiento social que demandan las heridas morales, las pérdidas afectivas y los
desarraigos. Este reconocimiento es necesario para recuperar la dignidad que se pierde o se
lesiona por los sufrimientos, las humillaciones y todas las situaciones de que fueron
víctimas las personas desterradas, lo cual implica un efectivo acceso a la justicia. Se
prentende con las acciones de este tipo, devolverles a las víctimas el respeto al que tienen
derecho y el sentido a pertenecer a un colectivo nacional y regional, en otras palabras, la
construcción de identidades sociales desde las cuales se pueda demandar su inclusión.
Al lado de respuestas que buscan la reparación material y moral de las víctimas, el tercer
eje de las acciones públicas reclama la inclusión política, entendida como el derecho a tener
derechos, a exigir protección del Estado, a participar de la vida pública y a recuperar el
ejercicio pleno de los derechos humanos y de la ciudadanía 56 .
54 Rivas Muñoz, Fabio. “La salud mental en el contexto de violencia y desplazamiento forzoso en Colombia:
un desafío a la salud pública hoy y mañana”. En: Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento.
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2000.
55 Para profundizar en el perfil del desplazamiento en Colombia consultar el capítulo 1 de: Secretariado
Nacional de Pastoral Sociales. “Aproximaciones teóricas y metodológicas al desplazamiento de población en
Colombia”. Editorial Kimpers. Bogotá, 2001.
56 Marco Romero ha cuestionado la idea de que a los desplazados se les coonsidere como ciudadanos, cuando
precisamente su desarraigo significa es la negación de toda condición de ciudadanía. La ciudadania en
términos democráticos indica el goce pleno de los derechos humanos y la población en situación de
desplazamiento lo que menos tiene es el ejercicio de los derechos. Romero, Marco. “Desplzamiento forzado,
33

iii) Dentro del balance de la política de atención al desplazamiento efectuado por ACNUR
del período 1999-2002, se describen cinco temas como retos de la política estatal hacia el
futuro, estos son: la adecuación de la política a las nuevas situaciones; la integralidad de la
política; la flexibilización del esquema; la adopción de una política de Estado y no sólo de
gobierno y, el reconocimiento explícito de una perspectiva de derechos y no de pura
asistencia social.
La adecuación de la política a las nuevas situaciones: Debido a la intensificación del
conflicto y a su expansión geográfica, el índice de retorno y las expectativas de retorno por
parte de la población desplazada han disminuido. Esto impone la necesidad de analizar con
más cuidado esta prioridad de la política y estimar objetivamente hasta dónde y en qué
regiones del país el Estado podrá, efectivamente, garantizar las condiciones de seguridad y
estabilidad necesarias para hacer factibles y sostenibles dichos retornos y relocalizaciones
rurales.
Existen nuevas modalidades de expulsión de la población, como el desalojo planeado de
localidades enteras por parte de los actores armados, quienes obligan a las comunidades a
trasladarse masivamente bajo su vigilancia y a permanecer en un sitio distinto al de origen:
“es claro que para enfrentar estas nuevas modalidades deben revisarse los actuales
esquemas de acción y desarrollar nuevas alternativas, comenzando por fortalecer las
medidas de prevención y de protección de la población, revisando los criterios y
procedimientos para la declaración y el registro (en el caso interveredal, por ejemplo) y,
obviamente, desarrollando modalidades y protocolos para la AHE, nuevas y específicas
para estos casos.” 57
La integralidad de la política: Es necesario fortalecer y ampliar la implantación en la
práctica, del principio de la integralidad de la atención, en todos y cada uno de los
componentes. Esto es hacer efectivo el principio según el cual, ante todo es más importante
tratar de garantizar la protección de los derechos de la población y evitar su
desplazamiento, que atender de manera remedial los efectos del mismo, mediante la
atención de la emergencia y la post-emergencia.
La flexibilización del esquema: Es conveniente incorporar un enfoque diferencial dentro
de cada uno de los componentes, que permitan atender las necesidades específicas de cada
grupo, tales como mujeres, niños, ancianos, indígenas y afrocolombianos. Además,
introducir esquemas de descentralización y desconcentración de la política, que permitan
además de acercar las decisiones al nivel en el cual se generan las necesidades, lograr un
mayor protagonismo y, por tanto, mayor compromiso de los actores locales y regionales en
la formulación, ejecución y evaluación de la política pública.
conflicto y ciudadnía democrática”. En: Varios Autores. Destierro y Desarraigos. Memorias del II Seminario
Internacional Desplazamiento: Implicaciones y Retos para la Gobernabilidad, la Democracia y los Derechos
Humanos. CODHES; OIM. Bogotá, mayo de 2003.
57
ACNUR. “Balance de la política de atención al desplazamiento interno forzado en Colombia 1999-2002”.
Bogotá, 2002. pg. 163.
34

Política de Estado y no sólo de gobierno: Se requiere que la prevención y la atención al
desplazamiento se inscriba dentro de una política de Estado que garantice el cumplimiento
de la responsabilidad de este en su conjunto y no sólo del Ejecutivo.
Reconocimiento en la práctica del enfoque de derechos y superación de la pura
asistencia social: El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de los derechos
conculcados, deben ser reconocidos a la población desplazada no sólo nominalmente, sino
con inversión y con capacidad de respuesta institucional efectiva, cruzando el sendero de la
convencional asistencia social a grupos vulnerados 58 .
iv) El Observatorio de Coyuntura Socioeconómica (OCSE), en su boletín de septiembre de
2002, publicó un análisis sobre el fenómeno del desplazamiento con base en fuentes
secundarias e información estadística. En el trabajo se perfila la población desplazada, se
hace un análisis sobre los sistemas de medición y por último se analiza el impacto de la
política pública y se resaltan aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de formular las
políticas que beneficien a los desplazados.
De este modo, se plantea:
• Mejoramiento de información, en cuanto a cobertura y calidad y mejorar el sistema
de registro, con el fin de agilizar la ayuda a la población.
• Elaborar políticas dirigidas a los menores de 18 años que representan más del 50%
de los desplazados; asegurar educación para los jóvenes y garantizar acceso a
nutrición y salud a los más pequeños.
• Capacitación de docentes de los colegios, para un manejo adecuado de los menores
en esta situación. Además, fomentar campañas educativas orientadas a la no
estigmatización del desplazado.
• Brindar educación técnica a los adultos que, en la mayoría de los casos, provienen
de zonas rurales y no cuentan con las destrezas para conseguir empleo en las
ciudades.
• En salud, afiliar los hogares desplazados al régimen subsidiado.
• Restaurar el derecho de los desplazados sobre sus posesiones, como la tierra y
garantizar el acceso a la vivienda en su lugar de origen, o en zonas de
reasentamiento.
• Garantizar seguridad a los desplazados en las situaciones en que se pueda lograr su
reasentamiento o reubicación.
58 En este mismo sentido verse: Celis, Andrés. La política pública de atención a la población desplazada y la
necesidad de incorporar un enfoque de derechos en su formulación y ejecución. En: Varios Autores. Destierro
y Desarraigos. Memorias del II Seminario Internacional Desplazamiento: Implicaciones y Retos para la
Gobernabilidad, la Democracia y los Derechos Humanos. CODHES; OIM. Bogotá, mayo de 2003.
35

• En cuanto a la generación de ingresos, deben crearse empleos para los desplazados,
quizás mediante programas especiales, o la articulación a los programas de empleo
de emergencia del gobierno.
• Incluir dentro del presupuesto nacional un rubro más significativo para los
programas de ayuda a los desplazados.
• Generar políticas que contribuyan a reconstruir una identidad individual y social de
la población desplazada.
Finalmente, “para lograr estos objetivos, se debe fortalecer la red institucional de apoyo a la
población desplazada, definiendo claramente el papel de cada entidad que la conforma y los
métodos de evaluación de la gestión de cada una de ellas.” 59
v) Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), son una herramienta para la posible solución
del desplazamiento; varios autores resaltan su importancia, aunque no desarrollen la
propuesta. Dada la reiteración en este tema, se presenta a Darío Fajardo como uno de los
académicos más específicos sobre las ZRC y la vinculación de la población desplazada a
éstas.
Con el objetivo de estabilizar la frontera agraria, la figura de las ZRC, contenida en la Ley
160 de 1994 en el capítulo XIII dedicado a la colonización, se establece como destinada a
fomentar y estabilizar las economías campesinas, así como evitar la concentración de la
propiedad territorial. 60
Fajardo se refiere a la población rural desplazada como un caso especial, distinto al de los
colonos en el cual además de la asistencia básica, se debe apoyar su organización y el
desarrollo de reservas campesinas como una modalidad de asentamiento, preferentemente
en el caso de los retornos a habitats ya conocidos. Apoyar la organización, ya que las ZRC
poseen el componente estratégico del reconocimiento y fortalecimiento de las
organizaciones campesinas como gestoras de éstas; y modalidad de asentamiento contenido
dentro de una política de tierras efectiva, justificada en la democratización y
racionalización del acceso a la propiedad, además de una protección efectiva de los
recursos naturales.
Se asegura la viabilidad de la propuesta, reiterando que además de las ZRC es necesaria la
seguridad que se brinde a la población desplazada en el lugar de asentamiento, de la mano
de una firme política de distribución de tierras.
Así, “al analizar las experiencias logradas, en particular bajo la mira de la utilidad que
puedan ofrecer las ZRC como instrumento de prevención de los desplazamientos forzados,
es necesario reiterar que las comunidades en las cuales se adelanta y prevé adelantar la
organización de reservas campesinas cuentan con niveles de organización que pueden ser
fortalecidos para mejorar su capacidad autogestionaria, pero ello no impide las agresiones
59
“Desplazamiento forzado interno en Colombia”. Observatorio de Coyuntura Socioeconómica, CID. N°12
Septiembre de 2002, Pg. 19
60
Fajardo, Darío. “Las Zonas de Reserva Campesina: primeras experiencias”, en: www.foroambiental.org.co.
Bogotá, abril de 2000.
36

dirigidas contra ellas y encaminadas a su desplazamiento. Solamente una acción decidida
del Estado, encaminada a evitar y prevenir la concentración de la propiedad de la tierra y
demás recursos puede impedir estas agresiones. Solamente esta voluntad política
proporcionaría a las ZRC capacidad como instrumento para prevenir los desplazamientos
forzados, al lado de la existencia de una política efectiva de tierras que afiance a eventuales
colonos en sus áreas de origen.” 61
Una idea implícita dentro de este planteamiento, es la de la seguridad alimentaria como
argumento básico para diseñar la política, calificando de imprescindible el bienestar de la
población en cuestión de nutrición para el desarrollo de una nación; de este modo, si el
desplazamiento despoja a los campesinos de sus tierras, dejando abandonados sus cultivos:
¿cuál será el futuro de la seguridad alimentaria del país?.
5. Conclusiones: vacíos y retos de la producción teórica
Del balance bibliográfico practicado se puede concluir que los estudios existentes sobre el
fenómeno se han diversificado y dan cuenta del desplazamiento en sus diversas
manifestaciones y dimensiones, incluso avanzándose significativamente en los estudios de
caso, particularmente los que contemplan la perspectiva regional. Se presentan avances en
los estudios con enfoques diferenciales (género, etnia, etáreos, etc), permitiendo ver el
problema desde una escala más cercana a la realidad de los afectados, lo cual serviría para
la formulación de políticas públicas adecuadas.
Se constata que en la producción teórica de la última década sobre el desplazamiento se ha
recurrido de manera reiterada a los anáisis diagnósticos de la situación humanitaria y en la
precariedad de las respuestas en la acción estatal, bajo un marcado enfoque en derechos
humanos, lo que hace que se evidencie una “saturación” en las explicaciones y en la
formulación de las propuestas. Este comportamiento teórico es comprensible dada la
gravedad que entraña el problema, pero tiene el inconveniente que estandariza la
interpretación, la llena de “lugares comunes” y vuelve las explicaciones y propuestas
circulares, con un bajo impacto respecto de las respuestas estatales que se desean lograr.
Se percibe en los estudios de interpretación del desplazamiento y de sus impactos sobre los
individuos, la familia y las comunidades la presencia de una variedad de disciplinas
sociales que aportan a una comprensión más integral del fenómeno, por ejemplo, existen
análisis antropológicos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos, jurídiscos y económicos,
etc. que abordan distintas dimensiones del fenómeno. Aunque estos análisis avanzan de
manera focalizada, generalmente asociados a estudios de caso, no es fácil encontrar trabajos
de carácter interdisciplinario.
Por el lado de los estudios sobre las políticas públicas para la población desplazada, la
mayoría alude a una proliferación de tipo normativo, evidenciada en la configuración de un
marco legal e institucional que atribuye competencias en las diferentes fases del
desplazamiento, pero que adolece de un problema estructural ligado a la falta de recursos, a
61 Ibid
37

la falta de coordinación interinstitucional y a la ineficacia en las medidas sobre prevención,
protección, atención humanitaria y estabilización de la población desplazada.
Se constata igualmente la falta de participación de los desplazados en el diseño, ejecución y
evaluación de la intervención estatal frente al problema que los afecta. Sus organizaciones
no son tenidas en cuenta como interlocutores de las autoridades responsables de llevar a
cabo las políticas sociales en esta materia, por lo cual las relaciones entre ambos actores son
de tipo conflictivo, y de parte de las organizaciones de desplazados se desarrolla una lógica
de acción en términos de resistencia política y de exigibilidad social y legal de los derechos
de las víctimas.
Pese a que la intervención estatal se presenta como ejecución de una política pública
técnicamente concebida, los estudios advierten, sin embargo, que no existe una voluntad
política dirigida a abordar el problema desde sus causas estrechamente ligadas al conflicto
armado, ni una acción pública con criterios de cobertura, universalidad y eficiencia, bajo
enfoques diferenciales por género, generación, etnia, discapacidades y opción sexual, entre
otros.
Frente a estos avances y debilidades de los estudios sobre el desplazamiento, la academia y
la producción teórica institucional tiene la responsabilidad de buscar “líneas de fuga” para
avanzar en la comprensibilidad del fenómeno y encontrar soluciones novedosas y viables al
mismo. Se trata de salirse del núcleo duro de los análisis vigentes, que han recaído en
explicaciones reiterativas, para introducir nuevas perspectivas analíticas, temáticas y
metodológicas que renueven el mapa conceptual sobre el desplazamiento. Algunos retos en
este sentido son:
-Dado que las principales víctimas del desplazamiento forzado son sectores sociales ligados
de manera existencial y cultural a la tierra y a la territorialidad, y que el fenómeno se
encuentra ligado a la estructura agraria conflictiva del país, en un primer plano, los nuevos
análisis deberían preocuparse por determinar el estado social, económico y jurídico de las
tierras abandonadas por los desplazados. Estos análisis deben dar cuenta entre otros
aspectos de:
a) La nueva configuración en materia de usos y tenencia del suelo en las regiones y
territorios donde ha habido expulsiones forzadas de población;
b) Las estructuras y mecanismos institucionales mediante los cuales se consolidan
legalmente los despojos y el tránsito entre las distintas formas de titularidad de los bienes
inmuebles.
c) Las estructuras de poder y los intereses que están implicados en las nuevas formas de
configuración de la tenencia de la tierra tras el proceso histórico de desplazamiento forzado,
así como sus relaciones con propuestas de ordenamiento territorial del país y planes de
desarrollo regional.
d) Los cambios en la estructura productiva del país y las maneras cómo deben garantizarse
el acceso a la propiedad rural y el derecho a la soberanía alimentaria.
38

-Los aportes teóricos deben encaminarse a consolidar una tendencia en los estudios sociales
de carácter interdisciplinario centrados en análisis de carácter regional, que den cuenta de
las dinámicas y lógicas profundas del conflcito armado y del desplazamiento en el país. En
este sentido se deben priorizar los estudios de caso que faciliten trabajos de carácter
empírico a nivel demográfico, catastral, sociológico, económico, etc. Interpretaciones con
estos énfasis son necesarias para hacer evaluaciones cualitativas del fenómeno, proyectar
políticas sociales acertadas y evitar las generalizaciones.
-También merece la atención adelantar estudios de política criminal y criminologia critica
con base en los cuales se analicen las razones y los mecanismos que consolidan la grave
impunidad frente al delito del desplazamiento forzado en Colombia.
-Las propuestas teóricas deben aportar claridad conceptual sobre el sentido, el diseño y la
ejecución de políticas públicas para situaciones de emergencia social, que incluyan el
análisis de métodos de planeación participativa situacional y de otros enfoques similares
que involucren a las víctimas. También deben plantear formas viables de intervención
estatal que vayan solucionando aspectos concretos del problema del desplazamiento,
superando las talanqueras en las cuales suelen justificarse las autoridades para evadir las
responsabilidades, como aquella que arguye la falta de disponibilidad de recursos. Vale la
pena profundizar también la perspectiva de propuestas de política pública como medio de
realización de los derechos humanos de la población desplazada
39