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Artículos de doctrina
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Fabricio Mantilla Espinosa RChDP Nº 16
y que, en el caso en cuestión, aquél no se había perfeccionado porque la
condición suspensiva a la que estaba sujeto se tuvo por fallida.
Un prestigioso autor solidarista critica el fallo de casación y apoya
la posición del juez de instancia sosteniendo: “la huella del pasado contractual
legitima, en nombre de la buena fe, esta restricción a la libertad
contractual” 83 .
El caso colombiano 84 : dos entidades bancarias, que habían celebrado
un contrato de mutuo con intereses con un comerciante que luego fue secuestrado
por la guerrilla, instauraron procesos ejecutivos contra éste por
los incumplimientos en los que incurrió luego de su liberación. El mutuario
interpuso acción de tutela invocando protección a sus derechos constitucionales
a la solidaridad, la protección del Estado y la igualdad. La Sala Civil
del Tribunal Superior del distrito de Bogotá, en primera instancia, denegó
el amparo de los derechos invocados y la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, en segunda instancia, confirmó la decisión.
La Corte Constitucional, en uso de su facultad para revisar sentencias
de tutela, se declaró competente y revocó las decisiones de instancia, concediéndole
protección a los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la
personalidad del accionante. En este orden de ideas, el máximo tribunal
constitucional colombiano
(i) mantuvo la suspensión de los procesos ejecutivos,
(ii) ordenó la novación de los contratos de mutuo en el entendido de
que las obligaciones sólo se hicieran exigibles un año después de
la liberación del secuestrado,
(iii) dispuso que, durante el tiempo del secuestro y un año más, las
deudas sólo causaran intereses remuneratorios y
(iv) excluyó la aplicación de las cláusulas aceleratorias de los créditos
85 .
Según la Corte, esta solución se desprende de unos principios morales
superiores 86 :
83 Note Denis Mazeaud, citado por lE q u E t t E (n. 80), p. 275.
84 véase C. Const. T-520 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
85 “De tal modo, los bancos no pueden exigir judicialmente el pago de la deuda a una
persona que ha sido secuestrada sino después del año siguiente a su liberación, so pena de
vulnerar sus derechos fundamentales. Interponer una demanda contra una persona que
ha sido secuestrada, conociendo previa o posteriormente que su incumplimiento se debió
al secuestro constituye una conducta contraria al principio de buena fe, y un abuso del
derecho de acceso a la administración de justicia”. C. Const. T-520 de 2003. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
86 “Puesto que los fundamentos de ese neoconstitucionalismo, [...], son metafísicos
y se apoyan en una doctrina ética de corte objetivista y cognitivista, en las decisiones
correspondientes de los tribunales, y muy en particular de los tribunales constitucionales,
hay un fuerte desplazamiento de la argumentación y de sus reglas básicas. Dicha argumentación