cena 30 aniversario

dos y vibraciones a los contenidos de la
presente reglamentación en el plazo de
un año desde la publicación del presente
decreto”.
El Ayuntamiento de La Coruña cuenta
con una Ordenanza Municipal
Medioambiental Reguladora de la
Emisión y Recepción de ruidos y
Vibraciones y del Ejercicio de las
Actividades Sometidas a Licencia,
aprobada definitivamente el 9 de junio
de 1997, y publicada en el BOP el 17
de junio del mismo año.
En sesión plenaria celebrada el 12 de
junio de 1998 se modificaron diversos
artículos de la Ordenanza con objeto
de adecuarla a las directrices fijadas
por la Ley 7/1997 de 11 de agosto de
protección contra la contaminación
acústica, como es el caso del artículo
99 referente a las sanciones.
El Anexo 3 del Decreto 150/1999, de 7
de Mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de protección contra la
contaminación acústica, establece que
“será competencia de los ayuntamientos
la definición de las zonas de sensibilidad
acústica que se especificarán y
clasificarán de acuerdo con los siguientes
criterios…”
De esto se deduce lógicamente la
competencia municipal para la determinación
de una Zona Acústicamente
Saturada, si bien el procedimiento
requiere la regulación de las mismas
en la correspondiente Ordenanza
municipal, bien mediante la modificación
de la existente o bien mediante la
transposición de la Ordenanza tipo
aprobada por la Comunidad
Autónoma a través del procedimiento
legalmente establecido. Y es que al
margen de que el propio Decreto
320/2002 establezca un plazo para llevar
a cabo la transposición de la
norma, el Tribunal Supremo en STS
2534/2002 declara que una
Ordenanza tipo no tiene carácter vinculante
y será necesario su adaptación
por parte del Ayuntamiento al
establecer lo siguiente: “La realidad,
como hemos explicado, es que el
Ayuntamiento de Munguía no adoptó
expresa y formalmente el necesario
acto de imposición o de establecimiento
del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos,
sin que dicha omisión pueda ser salvada
alegando la intención tácita de
establecer el Impuesto, y sin que
tenga relevancia alguna la Disposición
general que figura en el artículo 1º de
la Ordenanza, porque, como la Sala
ha explicado, dicha disposición no era
sino una simple norma de estilo,
reproducción de la igual Disposición
General que figura también en el artículo
1º de la Ordenanza Tipo aprobada
por Orden Municipal de 20 de
Diciembre de 1978, que hemos reproducido
en páginas anteriores”.
La propia normativa estatal, la ley
37/2003, de 17 de noviembre del
Ruido, de carácter básico, establece
que “corresponde a los ayuntamientos
aprobar ordenanzas en relación con
las materias objeto de esta Ley”, y
deberán adaptar las ordenanzas existentes
a las disposiciones de esa Ley
y de sus normas de desarrollo.
Una vez alegado por esta parte que el
Acuerdo adoptado para la determinación
de las Zonas Acústicamente
Saturadas debería haber llevado la
forma de ordenanza, el procedimiento
que se habría tenido que seguir el
Ayuntamiento sería el establecido en
el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen
Local:
“Art. 49. La aprobación de las ordenanzas
locales se ajustará al siguiente
procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a
los interesados por el plazo mínimo de
treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones
y sugerencias presentadas dentro
del plazo y aprobación definitiva por el
Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado
ninguna reclamación o sugerencia,
se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional”.
Por último, el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sala de lo
Contencioso-administrativo Sección
1ª, en Sentencia de 6 Jun. 2005 se
manifiesta en los mismos términos al
declarar nulos de pleno derecho aquellas
normas que se aprueban vulnerando
el procedimiento establecido al
efecto:
“Y como quiera que la Administración
demandada defiende la corrección del
acto impugnado, la siguiente cuestión
consiste en discernir si el Bando
actualmente recurrido cumple, o no,
las funciones antes señaladas.
Procede, ante todo, la cita de la Ley
Autonómica de Protección Ambiental.
Establece el artículo 86.2 de la Ley
Autonómica 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental, que: corresponde
a los Ayuntamientos la potestad
sancionadora, la vigilancia y control
y medidas cautelares de la contaminación
atmosférica por materia o
energía incluidos los posibles ruidos o
vibraciones de las actividades del
Anexo Tercero de esta Ley y el resto
de actividades de cualquier naturaleza
así como las derivadas de actividades
domésticas y comerciales.
El paso siguiente consiste en fijar si la
potestad anterior puede revestir la
forma de Bando, o necesita la propia
de la Ordenanza.
El artículo 84 de la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local ya dispuso
que las Corporaciones Locales
podían intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de Ordenanzas y
Bandos y el artículo 7 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones
Locales que las Disposiciones
Generales de las Corporaciones
Locales debían revestir la forma de
Ordenanza o de Reglamento. La
Ordenanza es competencia del
Ayuntamiento Pleno y esta potestad
reglamentaria no es delegable en la
Comisión de Gobierno ni en el Alcalde.
Y así las Ordenanzas deben ser elaboradas
conforme al procedimiento
establecido de aprobación inicial, posterior
información pública y audiencia
de los interesados y aprobación definitiva
y es que el proceso de elaboración
de las Ordenanzas con la aprobación
reservada al Pleno de la Corporación
dota a éstas de mayores garantías de
publicidad, audiencia de los administrados
y contraste de pareceres al
mismo tiempo que sustraen a la decisión
unipersonal del regidor municipal
el ejercicio de la potestad reglamentaria
propiamente dicha, tal como afirma
el Tribunal Supremo, Sala Tercera,
Sección Cuarta, en la Sentencia de 30
de octubre de 2002 .
El propio Tribunal Supremo ya en
Sentencia de 10 de octubre de 1983,
mantenida en otras posteriores como
la de 10 de mayo de 1991, recordaba
que los Bandos Municipales tienen
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