cena 30 aniversario

ZAS
por objeto cuestiones de tono menor o
mero carácter instrumental.
Por tanto, la regulación de la examinada
concentración de personas y motocicletas
en El Puerto de Santa María
con ocasión de la celebración en
Jerez de la Frontera del Gran Premio
de Motociclismo, así como la analizada
contaminación acústica con tal
motivo generada, han de ser objeto de
actuación municipal, mediante la aprobación
de la correspondiente
Ordenanza.
Examinado el Bando impugnado en
este litigio comprobamos que establece
prohibiciones, limitaciones y fija
consecuencias, con lo cual invade
competencias que no le son propias.
Así pues, al haberse dictado por órgano
incompetente y fuera del procedimiento
legalmente establecido sin que
conste su publicación en el Boletín
Oficial correspondiente debe ser considerado
nulo de pleno derecho. Pero,
además, ignora en el fondo ya efectos
de una regulación eficaz tanto el fenómeno
de la concentración como el de
la contaminación acústica generada.”
En conclusión, esta parte entiende que
debe ser declarado nulo el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno
Local al no cumplir las normas de procedimiento
impuestas por la legislación
aplicable.
SEGUNDA.- Solicitamos la declaración
de nulidad de pleno derecho del
acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno local en sesión celebrada el
3 de agosto de 2007 en la que se
declara como Zona Acústicamente
Saturada las calles en el que el mismo
enumeran. Esta parte entiende que el
acuerdo adoptado permite la aplicación
del art. 62.1.b) de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común que establece
que “los actos de las Administraciones
públicas son nulos de pleno derecho
en los casos siguientes: los dictados
por órgano manifiestamente incompetente
por razón de la materia o del
territorio.”
Como ha indicado esta parte en la alegación
primera, el procedimiento a
seguir impuesto por el Decreto
320/2002 es el de la adaptación de las
ordenanzas, y el órgano competente
para la modificación de las ordenan-
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zas es el Pleno del Ayuntamiento
como regula el la Ley 7/85, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local que en su art. 123.1.d)
establece que “Corresponden al
Pleno las siguientes atribuciones: la
aprobación y modificación de las ordenanzas
y reglamentos municipales.”
De este modo relacionando las competencias
atribuidas al Pleno por la
Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de
las Bases del Régimen Local debe
entenderse que la Junta de Gobierno
Local es incompetente para la determinación
de una Zona Acústicamente
Saturada, y debe corresponderle al
Pleno la aprobación de la correspondiente
ordenanza para su establecimiento.
TERCERA.- En definitiva, esta
Asociación manifiesta su total disconformidad
con la medida adoptada por
el Ayuntamiento, por ser contraria a
derecho y por no dar solución, a nuestro
entender, al problema planteado.
Dicho problema no se genera por la
actividad lícitamente desarrollada en
los locales de hostelería sino por las
aglomeraciones que se producen en
la vía pública y que producen molestias
a los vecinos.
No debe creer el Ayuntamiento que
con la declaración de una Zona
Acústicamente Saturada y con la
adopción de las medidas que tal
declaración lleva aparejadas se solucionaría
el problema en cuestión ya
que las actuaciones están encaminadas
al cese de la actividad hostelera y
no a la reducción de los ruidos generados
por las personas que se
encuentran y consumen bebidas alcohólicas
en la calle. En diversas ocasiones
se ha venido requiriendo de ese
Ayuntamiento el uso de sus competencias
normativas en orden a regular
y controlar el consumo de bebidas
alcohólicas en el espacio público, para
lo cual vienen perfectamente legitimados
en virtud de lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico.
Así, la Constitución Española señala
(art. 103.1) que la Administración
Pública ha de servir con objetividad a
los intereses generales y recoge como
derechos de los ciudadanos el derecho
a la protección de la salud y al disfrute
de un medio ambiente adecuado
(arts. 43 y 45). La ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, faculta a los
Ayuntamientos para intervenir la actividad
de los ciudadanos a través de la
emisión de ordenanzas en el ejercicio
de la potestad reglamentaria, y le atribuye
competencias para promover
toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan
a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad vecinal. Y el
Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales establece en
su artículo 1 que los Ayuntamientos
pueden intervenir en las actividades
de sus administrados en el ejercicio
de la función de policía cuando existiera
perturbación o peligro de perturbación
grave de la tranquilidad, salubridad
o moralidad ciudadana, con el
fin de restablecerlos o conservarlos.
Dichos títulos competenciales facultan
al Ayuntamiento para regular, a través
de la correspondiente ordenanza, el
consumo de las bebidas alcohólicas
en la vía pública, minorando sensiblemente
e incluso eliminando los graves
perjuicios que se están irrogando a los
vecinos de la ciudad por el actual
fenómeno de la práctica del botellón,
protegiendo la salud pública, sobre
todo de los menores, así como la utilización
racional de los espacios públicos
municipales, garantizando el disfrute
de todos los ciudadanos de las
vías y espacios públicos y sin que las
actividades de algunos, que implican
un uso abusivo de las calles, supongan
un perjuicio grave a la tranquilidad
y a la paz ciudadana.
Es éste el verdadero problema de los
ruidos, y la solución le corresponde al
Ayuntamiento mediante medidas y
actuaciones que persigan la reducción
de los ruidos, de los que como ya se
ha indicado no se puede responsabilizar
a los propietarios de los establecimientos
sino a las personas que se
encuentran en el exterior y que en su
mayor parte ni siquiera son clientes de
los mismos.
Por último, recordarle al Ayuntamiento
que esta Asociación esta dispuesta a
colaborar en todo aquello que este en
su mano para que se solucione de una
manera satisfactoria el problema de la
contaminación acústica en beneficio
de la comunidad vecinal y de los propios
hosteleros.
La Coruña, a 23 de agosto de 2007