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Fiscal
tributaria”, para posteriormente
concluir, y establecer como criterio,
paradójicamente en base a esa
independencia, que el contribuyente
que no necesita avalar en vía
administrativa para obtener la suspensión
automática de la sanción
objeto de recurso o reclamación, sí
debe hacerlo en vía jurisdiccional,
pues no cabe la menor duda que de
esta forma se hace de peor derecho
al administrado en vía jurisdiccional
que en vía administrativa y económico-administrativa.
Entendemos que este cambio de
criterio supone un obstáculo que
entorpece y limita la tutela judicial
efectiva, al mismo tiempo que
distancia al TSJ de Castilla-La
Mancha de la corriente jurisprudencial
que preconiza que el tribunal
debe examinar siempre estos
requisitos, en este caso en relación
con la ejecutividad de los
actos de la Hacienda Pública, con
un criterio pro accione.
A estos efectos, debemos señalar
que la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria establece
en el punto 3 del art. 212:
"La interposición en tiempo y forma
de un recurso o reclamación administrativa
contra una sanción producirá
los siguientes efectos: a) La
ejecución de sanciones quedará
automáticamente suspendida en
periodo voluntario sin necesidad de
aportar garantía hasta que sean firmes
en vía administrativa".
Por otro lado, el punto 8 del art.
233 de la precitada ley establece:
“Se mantendrá la suspensión producida
en la vía administrativa cuando
el interesado comunique a la
Administración Tributaria en el plazo
de interposición del recurso contencioso-administrativo
que ha
interpuesto dicho recurso y ha soli-
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citado la suspensión del mismo.
Dicha suspensión continuará, siempre
que la garantía que se hubiese
aportado en la vía administrativa
conserve su vigencia y eficacia,
hasta que el órgano judicial adopte
la decisión que corresponda en
relación con la suspensión solicitada.
Tratándose de sanciones, la suspensión
se mantendrá en los términos
previstos en el párrafo anterior
y sin necesidad de prestar garantía,
hasta que se adopte la decisión
judicial”.
Consideramos que de la redacción
de los anteriores preceptos no cabe
sino concluir que las sanciones tributarias
que han quedado suspendidas
automáticamente en la vía
administrativa y económico-administrativa,
sin necesidad de prestar
garantía para ello, deben seguir el
mismo camino, el mismo criterio,
en la vía contencioso-administrativa
hasta la sentencia que ponga fin
al proceso, pues difícilmente podemos
entender que el juez contencioso
pueda negar la extensión de
estos efectos en base a la existencia
de un posible interés público en
la vía jurisdiccional que fue expresa
y previamente excluido por el legislador
en la vía administrativa.
Por otro lado, entendemos que las
medidas cautelares del art. 129 de
la Ley de la Jurisdicción se configuran
como un mecanismo de protección
de los derechos de los
administrados frente a la Administración,
sin que en modo alguno
habiliten a los órganos jurisdicciones
para adoptar medidas aseguratorias
no previstas por el legislador
y que además agravan la situación
administrativa previa.
Los comentarios anteriores en relación
con la exigencia de aval bancario
para evitar la ejecutividad de
n.80- Tercer Trimestre