noticias y comunicaciones - Foro Manchego Digital

la sanción en el ámbito tributario,
son plenamente extensibles al
supuesto de las comprobaciones de
valores, tan de moda desde hace
algunos años, que giran las
Consejerías de Hacienda de las respectivas
Comunidades Autónomas
como consecuencia, fundamentalmente,
de la compra de inmuebles,
elevando el valor declarado por el
contribuyente en las citadas operaciones.
En el caso de interponer
recurso administrativo o económico-administrativo
contra estas
comprobaciones, las liquidaciones
dimanantes de las mismas quedan
automáticamente suspendidas,
tanto en vía administrativa como
económico-administrativa, siempre
que el contribuyente se reserve el
derecho a interponer Tasación
Pericial Contradictoria (formulismo
que sistemáticamente se hace constar
en la interposición de los citados
recursos con objeto de conseguir
este fin).
n.80- Tercer Trimestre
Como en el supuesto de las sanciones,
el TSJ de Castilla-La Mancha
viene exigiendo al recurrente en la
vía contencioso-administrativa la
presentación previa de aval bancario
para poder obtener la suspensión
de las liquidaciones que dimanan
de las citadas comprobaciones
de valores, circunstancia ésta que
de nuevo le hace de peor derecho
en sede jurisdiccional que en la vía
administrativa y económico-administrativa.
A estos efectos, no
entendemos como el TSJ se convierte
en valedor de la
Administración en un campo en el
que ésta no lo necesita, pues no
sólo tiene perfecta potestad para
ejecutar forzosamente sus actos sin
intervención de los jueces, sino que
además, en el caso de las liquidaciones
giradas como consecuencia
de las comprobaciones de valores,
ha sido expresamente excluida por
el legislador para la vía administrativa
y económico-administrativa,
Fiscal
siempre que el recurrente se hubiera
reservado el derecho a interponer
la ‘Tasación Pericial Contradictoria’.
En relación con todo lo anterior, y
a modo de conclusión, podemos
decir en un tono que refleja más
desaliento y decepción que ironía,
que lo único que nos falta es que
al tremendo retraso que acumulan
los Tribunales Superiores de
Justicia en la resolución de las
reclamaciones interpuestas en vía
contencioso-administrativa, se le
añadan exigencias innecesarias o
requisitos adicionales, en este
caso en orden a conseguir la suspensión
de la ejecución del acto
administrativo, que ni tan siquiera
son exigidos en vía administrativa
y económico-administrativa, requisitos
que no hacen sino entorpecer
el acceso a la jurisdicción y
suponen, en mayor o menor grado,
una limitación a la tutela judicial
efectiva.
FORO Manchego 13