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Se trata de un derecho fundamental
pero sujeto a limitaciones, que
habrán de ser aplicadas, por regla
general, por los órganos jurisdiccionales
en el ejercicio de su potestad.
Las limitaciones al derecho fundamental
a la inviolabilidad del domicilio
pueden venir deferidas a la ley
ordinaria o a la Constitución, como
ocurre con la Constitución vigente.
El art. 18.2 establece tres casos de
limitación del derecho: el consentimiento
del titular, la resolución judicial
y el caso de flagrante delito.
También la Ley 1/92 de 21 de febrero
de protección de la seguridad ciudadana
establece una causa legítima
suficiente para la entrada en domicilio,
así el art. 21.3 establece que
para evitar daños inminentes y graves
a las personas y cosas, en
supuestos de catástrofes, calamidad,
ruina inminente y otros semejantes
de extrema y urgente necesidad, se
permitirá la entrada en domicilio.
También en otras leyes ordinarias
se justifica la entrada y registro,
como son: el supuesto del art. 553
LECrim. Para la ejecución de un
auto de prisión; el art. 571 de la
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LECrim, para el reconocimiento de
libros y papeles; art 87.2 LOPJ en
las entradas para la ejecución forzosa
de la administración.
Por su parte, el art. 55 de la
Constitución establece como causa
de suspensión, del art. 18.2, la
declaración del estado de excepción
o de sitio y las investigaciones
correspondientes a bandas armadas
o elementos terroristas. Esta materia
fue desarrollada por la Ley
Orgánica 4/81 de 1 de junio, para
los estados de excepción y de sitio
y por la L.O 4/88 de 25 de mayo
para la actuación contra bandas
armadas y elementos terroristas.
Así pues, las excepciones a la inviolabilidad
del domicilio se pueden
agrupar en tres clases distintas:
excepciones legales, consentimiento
del titular y autorización judicial.
Todos estos casos de excepciones
tienen unas mismas connotaciones:
todas son actuaciones policiales que
se practican fuera de la esfera judicial;
se dará cuenta inmediatamente
al juez competente, con indicación
de las causas que lo motivaron y de
los resultados obtenidos.
La jurisprudencia ha ido desarrollando
el concepto de domicilio privado
y así lo viene definiendo como
“cualquier lugar cerrado en el que
transcurra la vida privada y familiar,
sirviendo como residencia estable o
transitoria, teniendo como finalidad
la protección constitucional del
domicilio garantizar este ámbito de
privacidad e intimidad”.
Así, todo lugar con acceso restringido
en el que una persona, natural o
jurídica, o varias desarrollen su vida
privada tiene el concepto constitucional
de domicilio y, por tanto,
está protegido por el derecho constitucional
al mismo. Como ejemplos
reconocidos por la jurisprudencia
podemos citar las segundas viviendas,
los barcos habitados, la rulote
en la que una familia pasa sus vacaciones,
mientras que no lo será un
vehículo. La sentencia del TS de 21
de abril de 1995 establece que el
automóvil es en sí, un simple objeto
de investigación que no tiene por
qué supeditarse a las garantías protectoras
a tener en cuenta cuando
se trata de defender la intimidad
personal o familiar. Caso distinto
será el de aquellos vehículos como
n.80- Tercer Trimestre