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domicilio y de su correspondencia”.
Y el Pacto internacional de
Derechos Civiles y políticos de 16
de diciembre de 1966, ratificado
por España el 13 de abril de 1977,
establece en su art. 17.1 que:
“Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada,
su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales
a su honra y reputación”. Toda
persona tiene derecho a la protección
de la ley contra esas injerencias
o esos ataques.
La Constitución Española de 1978
establece en su artículo 10.2 que:
n.77- Tercer Trimestre
“Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades
que la Constitución Española reconoce
se interpretarán de conformidad
con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los Tratados y
acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por
España”.
Además, el artículo 96.1 de la
Constitución dispone que: “El domicilio
es inviolable. Ninguna entrada
y registro podrá hacerse en él sin el
consentimiento del titular o resolución
judicial, salvo en los casos de
flagrante delito”.
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En la Constitución Española la
inviolabilidad del domicilio se
halla regulada dentro de la Sección
1ª, del Capítulo II del Título I ‘De
los Derechos fundamentales y de
las libertades públicas’, como uno
de los derechos fundamentales
dotados de especiales garantías.
La entrada y registro en un domicilio
constituye en principio una
grave restricción de uno de los
derechos más elementales y trascendentales
de la persona. El artículo
18.2 de la Constitución debe
ser interpretado en los términos
más favorables para la efectiva
protección del derecho que proclama,
tanto por el principio in dubio
pro reo, cuanto por exigencia de
normas internacionales y porque
supone uno de los preceptos más
esenciales del respeto a la dignidad
de la persona.
Si la inviolabilidad del domicilio
supone reconocer la imposibilidad
de penetrar en el mismo en contra
de la voluntad de su titular, en
principio se trata de un derecho
relacionado con otro derecho fundamental:
el derecho a la libertad
personal, reconocido en el art. 17.1
de la Constitución Española, porque
sin respeto a la morada no hay verdadera
libertad personal.
El Tribunal Constitucional en alguna
sentencia ha vinculado el derecho a
la inviolabilidad del domicilio con el
derecho a la vida privada o a su
parte más esencial: la intimidad
personal.
En el mismo sentido, el Tribunal
Supremo dice que lo que la
Constitución protege es la intimidad
de la persona humana, la reserva
de su vida, la protección de su
domicilio, su casa u hogar donde se
desarrolla la existencia de los seres
humanos, en sentido amplio.
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