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En este sentido, Chiovenda ya señalaba que la intervención
obligada, forzosa o coactiva de un tercero en el
juicio, consiste en el hecho de que una de las partes se
dirija al tercero para implicarle en el proceso pendiente.
Ello habrá de realizarse a través de la llamada litis
denunciatio, es decir, a través de la notificación formal
de la existencia del proceso pendiente, realizada por
una cualquiera de las partes al tercero, a fin de que éste
pueda incorporarse al juicio.
En cualquier caso, se trata de una intervención
facultativa, en un doble sentido: por un lado, la
parte que goza de esa facultad de llamar al tercero,
puede ejercitarla o no; y por otro, a sensu contrario,
el tercero podrá decidir si le interesa o no participar
en el proceso, si bien cualquiera que sea su
decisión puede quedar vinculado por sus consecuencias.
n.80- Tercer Trimestre
Colaboraciones
Garberí Llobregat entiende como tal la incorporación
voluntaria de un tercero a un proceso pendiente, no de
manera espontánea, ni tampoco por haber mediado un
llamamiento a cargo de la autoridad judicial (ex arts. 15
ó 150.2 LEC), sino por haber requerido su presencia en
el pleito, bien el originario demandante, o bien el originario
demandado.
J. Mª. Torres precisa que en la intervención provocada,
por lo general, la llamada se efectúa para prefigurar un
derecho de la parte principal que lo realiza, frente a ese
tercero (‘llamada en garantía’) o, por estar en posición
de litisconsortes (‘llamada por causa común’) o, en fin,
por considerar que es el tercero el que debe responder
frente al demandante, en lugar del inicialmente demandado
(laudatio o nominatio auctoris), imponiéndose al
llamado una carga procesal, de forma tal que, aunque
no comparezca, se producen los efectos tanto procesales
como materiales del pleito.
La razón que hace necesaria esta figura no es dudosa,
aunque sí compleja, y ello por varias razones:
De una parte, porque no se trata de una causa que
sea común a los diversos supuestos en los que se
admite, que son muy diferentes entre sí; y de otra,
porque los perfiles de esta figura no están completamente
definidos en nuestro derecho procesal, sino
que subsisten múltiples dudas que afectan incluso a
aspectos fundamentales, lo que hace prácticamente
imposible poder determinar cuál es su verdadera
función.
En cualquier caso, lo que sí existe en la mayor
parte de los supuestos en los que se admite esta
figura, es la finalidad de permitir un más adecuado
ejercicio del derecho de defensa, sea por parte del
que realiza la llamada, sea, incluso, por parte del
llamado. Y de paso, puede cumplir otra importante
finalidad: evitar que se dicten sentencias contradictorias.
No obstante, la regulación es insuficiente por las
siguientes razones:
1) Porque se ha dejado sin establecer los supuestos
en los que se admite que exista intervención provocada
a instancia de parte, acudiendo a la inapropiada
fórmula de que ‘se admitirá, en los casos en los
que la ley lo permita’, es tanto como no haber querido
afrontar abiertamente la cuestión.
FORO Manchego 55