¿Dónde está la meta? - Colegio Oficial de Médicos de Salamanca

informe
impone a las relaciones individuales de trabajo
incluidas en su ámbito de aplicación de
manera automática, no precisa de técnicas
de contractualización ni necesita el complemento
de voluntades individuales”.
Precisada la naturaleza del contrato de
trabajo como contrato de tracto sucesivo y
la predeterminación de su contenido por el
Convenio Colectivo, que no la contractualización
de éste, cuestión fundamental es la
de precisar la posibilidad de regular, a través
de la negociación colectiva, la edad de
jubilación, convirtiendo la edad de jubilación
de 65 años en edad de jubilación forzosa.
Hasta la reciente derogación de la D.A.
10ª del Estatuto de los Trabajadores por la
Ley 12/2001, existía la posibilidad de que,
vía Convenio Colectivo, se previera la jubilación
forzosa a los 65 años. Tras la derogación
de dicha Disposición Adicional, el TS,
en sentencia de 9 de marzo de 2004, niega
la posibilidad de que vía Convenio Colectivo
se fije una edad de jubilación forzosa, si
bien falla también la pervivencia de las cláusulas
de los Convenios Colectivos que fijaron
dicha jubilación forzosa, cláusulas que
pervivirán hasta la entrada en vigor del
nuevo Convenio Colectivo.
En relación con el personal laboral no
existe pues una edad obligatoria de jubilación,
siendo la tendencia legislativa todo lo
contrario, en armonía con las directrices
para el empleo del año 2000, aprobadas
por el Consejo Europeo de Helsinki los días
10 y 11 de diciembre de 1.999, y la Directiva
78/2000, del Consejo, de 27 de diciembre,
traspuesta a nuestro Ordenamiento por
la Ley 62/03, de 30 de diciembre, por la
que se procedió a modificar los artículos
17.1 y 4.2. del Estatuto de los Trabajadores,
plasmada en nuestro ordenamiento en
la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas
para el establecimiento de un sistema de
jubilación gradual y flexible.
2.2. Edad de jubilación del personal funcionario
de los servicios de salud
La relación funcionarial, al igual que la relación
estatutaria, es una relación de sujeción
especial, lo que en otras palabras quiere
decir que su regulación está fuertemente
mediatizada por las previsiones normativas,
siendo el principio de legalidad la auténtica
clave del sistema de regulación de la relación
jurídica del funcionario público. En este
sentido, el TC, en su sentencia número
129/1987, de 16 de julio, tiene declarado
que “el funcionario que ingresa al servicio
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“El funcionario ostenta el derecho a la jubilación
y al disfrute de las situaciones administrativas
legalmente reconocidas, pero no el derecho,
sino la expectativa, a que la edad de jubilación
continúe sin modificar por el legislador”
de la Administración Pública se coloca en
una situación jurídica objetiva, definida legal
y reglamentariamente, y por ello modificable
por uno u otro instrumento normativo de
acuerdo con los principios de reserva legal
y de legalidad, sin que, consecuentemente,
pueda exigir que la situación estatutaria
quede congelada en los términos en que se
hallaba regulada al tiempo de su ingreso.
Cada funcionario ostenta el derecho a la jubilación
y al disfrute de las situaciones administrativas
legalmente reconocidas, pero no
el derecho, sino la expectativa, a que la edad
de jubilación o el catálogo de situaciones
continúen inmodificados por el legislador”.
A tenor de la citada doctrina constitucional,
en el campo de las relaciones jurídico
funcionariales existe la posibilidad de establecer
una edad de jubilación forzosa. Ahora
bien, ¿es esto lo que ha hecho el legislador?
El artículo 33 de la Ley 30/198, de 2 de
agosto, de medidas para la reforma de la
función pública, artículo de carácter básico
a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.3.
de la misma Ley, y por tanto de aplicación al
personal de todas las Administraciones
Públicas, en redacción dada por la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, establece:
Jubilación forzosa.
La jubilación forzosa de los funcionarios
públicos se declarará de oficio al cumplir
los sesenta y cinco años de edad.
No obstante lo dispuesto en el. párrafo
anterior, tal declaración no se producirá
hasta el momento en que los funcionarios
cesen en la situación de servicio activo, en
aquellos supuestos en que voluntariamente
prolonguen su permanencia en la misma
hasta, como máximo los setenta años de
edad. Las Administraciones Públicas dictarán
las normas de procedimiento necesarias
para el ejercicio de este Derecho.
De lo dispuesto en el párrafo anterior
quedan exceptuados los funcionarios de
aquellos Cuerpos y Escalas que tengan normas
específicas de jubilación.”
Haciendo abstracción de la excepción