Título I INTERES PARA IMPUGNAR (El agravio, perjuicio o ...

Título I
INTERES PARA IMPUGNAR (El agravio, perjuicio o gravamen)
Elaborado por William Serrano Baby
Juez del Tribunal Superior Penal de San José
La teoría de los recursos incluye como requisito indispensable para impugnar una
resolución judicial, que exista un interés legítimo de la parte en dejar sin efecto una
resolución que objetivamente le perjudique por ser contraria al ordenamiento
jurídico vigente. Este interés se conoce también como agravio, perjuicio o
gravamen y va a ser el tema de la presente monografía. Al encontrarnos en curso
Doctoral sobre la casación penal, se dará un especial énfasis al tratamiento del
agravio en esta sede, sin olvidar la aplicación del mismo en otros remedios
procesales, así se analizará el papel que juega el agravio en todos los recursos y en
la actividad procesal defectuosa.
Capítulo I: Concepto de interés o agravio:
En doctrina suele decirse que el interés es el presupuesto que determina a los
sujetos legitimados para reclamar la nulidad o ineficacia del acto viciado. En el
presente trabajo, el interés y el perjuicio efectivo se entenderán como los
parámetros para determinar la efectividad del reclamo que tienda a subsanar, sanear
o tornar invalorable el acto, sentencia o resolución defectuosa, pero no deben ser
estos los fundamentos para determinar la admisibilidad de la gestión, pues nada
impide que el acto aparentemente viciado sea cuestionado por la defensa o el
representante del Ministerio Público, a pesar de que posteriormente su gestión no
prospere.
Como un primer acercamiento al concepto de agravio diremos que la
doctrina nacional lo ha definido de la siguiente manera:
"…Interés para impugnar es... aquella ventaja, jurídicamente reconocida, que
se concreta en la eliminación de una resolución objetivamente perjudicial o en la
sustitución de ésta por una resolución menos dañosa, según el sistema jurídico y no
según la opinión subjetiva del impugnante… 1 ”
1 CH AVES RAMÍREZ, Alfonso Eduardo: Algunas notas sobre recursos, en "Ensayos de Derecho Procesal Penal",
San José, Escuela Judicial, 1990, p. 149; citado por Arce Víquez, (Jorge Luis); Los Recursos; Reflexiones sobre el
Nuevo Proceso Penal, Asociación de Ciencias Penales, pp 695, San José, Costa Rica, 1996.
1

Consecuentemente, a la partes les asiste el derecho a impugnar el acto
cuando exista un agravio, salvo, que sea obvia la improcedencia del alegato. Uno
de estos pocos supuestos puede darse cuando la parte invoque el defecto que
contribuyó a crear (nemoauditur propriam turpitudinem suam allegans).
El agravio no puede constituirlo el que la decisión sea contraria a los
intereses de la parte, dado que tal posición conllevaría a un proceso indefinido en
razón de que siempre va a existir una decisión contraria a alguna de las partes y ello
legitimaría que se continúe con los recursos indefinidamenmte. El agravio debe de
tratarse ya sea de un vicio in iudicando o in procediendo.
El agravio se muestra, objetivamente considerado, en el perjuicio que el
sujeto considera causado a su interés, en razón de atribuirle ilegalidad a la
resolución impugnada.
Es decir:
“…Este interés existe si aparentemente, el recurso se presenta, por su
incidencia sobre la parte dispositiva de la resolución, como un medio jurídicamente
adecuado para evitar el perjuicio jurídico, procesal o material, invocado como
agravio por impugnante…” 2 .
Dos son, por consiguiente, los requisitos para que concurra el interés que
autoriza a recurrir: por un lado, la invocación de un posible agravio procesal o
material para el impugnante de la resolución recurrida. Por otro lado, que el recurso
aparezca como capaz de remediar ese agravio. Fuera de esas circunstancias
(perjuicio jurídico, procesal o material) no puede intentarse un recurso, de modo
que puede considerarse existente en materia procesal una cláusula general que
prohíbe actuaciones superfluas, inútiles, de índole puramente académica, en el peor
de los casos, contrarias a los verdaderos intereses de quien está facultado, en
abstracto, para ejercerlas. Ello lleva a determinar que el perjuicio debe ser efectivo
e inmediato.
Sección I. Concepto y Naturaleza:
Para impugnar una resolución o sentencia no es suficiente para quien
interpone el recurso que sea parte en el proceso, se requiere, además, que dicha
parte sufra un perjuicio con lo resuelto, es decir, que dicho acto procesal afecte su
2
Gelsi Bidart, Adolfo. De las nulidades en los actos procesales. Montevideo: Ediciones Jurídicas Amalio
Fernández, 1981.
2

pretensión; es el agravio que el fallo causa al recurrente; lo que la doctrina conoce
como el Interés en recurrir.
Dicho interés se encuentra taxativamente señalada en la Ley Procesal Penal
que anuncia que solo podrá recurrir, la parte agraviada con la causal invocada.
De tal forma que carece de interés para interponer una impugnación, ya sea
en la forma o en el fondo, contra auto o sentencia, quien no ha sufrido agravio con
el fallo dictado o dicho en otros términos quien ha visto su pretensión satisfecha.
En este orden de ideas se ha dicho:
“Interés para impugnar es, por consiguiente, aquella ventaja, jurídicamente
reconocida, que se concreta en la eliminación de una resolución objetivamente
perjudicial o en la sustitución de ésta por una resolución menos dañosa, según el
sistema jurídico y no según la opinión subjetiva del impugnante” 3 .
El agravio o gravamen es el perjuicio real e irreparable a la vigencia de las
garantías constitucionales que limitan y racionalizan la potestad represiva del
Estado en el proceso. Este perjuicio real es el que determina el interés procesal para
recurrir.
El vicio que se alega debe ser esencial, y para ello se requiere que cause una
afectación en los derechos de quien lo reclama. Lo que la doctrina determina como
el interés que tiene la parte para la impugnación.
El gravamen o agravio brindará la medida del interés, ya que para que se
produzca la declaratoria de invalidez o ineficacia de un acto debe existir interés,
pero debe reiterarse que se trata de un interés procesal; de tal forma que si el acto
impugnado se repone o se corrige, la parte que lo impugnó puede ejercer el derecho
conculcado. Se trata de verdaderos vicios o errores en el procedimiento, que hayan
producido una limitación a un derecho o garantía, y estos incidan en el resultado
del proceso.
El agravio se considera el concepto central que fundamenta la interposición
de la generalidad de los recursos procesales, en términos tales que constituye la
causal genérica que habilita para su procedencia. Se ha dicho que hay agravio
3 Castillo González, Francisco. “El interés para impugnar en el Proceso Penal”, en Revista de Ciencias
Jurídicas, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica y Colegio de Abogados, Nº 49, enero-abril,
1984, San José, Costa Rica, p. 44.
3

siempre que existe una diferencia entre lo que se ha solicitado al tribunal y lo que
este ha otorgado.
Sobre el concepto de agravio se construye la causal genérica de interposición
de los recursos procesales, sin perjuicio que en algunos de ellos el agravio no sea
suficiente, sino que además deban verificarse causales específicas o perjuicios
demostrables. La doctrina ha aunado estos dos conceptos bajo el término de
“perjuicio legal”.
En palabras de Couture diremos que el agravio es la injusticia, la ofensa, el
perjuicio material y moral. Es este perjuicio el que mide el interés que tiene alguna
de las partes para la impugnación de un determinado acto o resolución, y este
interés se mide en cada caso en particular.
Sección II. Orden de los Agravios:
Sobre el tema respecto al orden en que se deben de presentar los
agravios, autores nacionales se han tomado la tarea de indicar la estructura lógicajurídica
que debe privar 4 . Al establecer los artículos 471 y 443 del Código Procesal
Penal, la existencia de dos motivos para recurrir en casación, a saber por vicios in
iudicando o por vicios in procedendo, como se desarrollará más delante, existen
dos formas de atacar una sentencia en casación, sea por violación de normas
sustantivas o por violación de normas de procedimiento.
Tratándose de un acto impugnaticio en el que sólo se aleguen, vicios de
fondo o vicios de forma, no habrá problema alguno en cuanto al orden de
conocimiento de los agravios que se expresen. Diferente es la situación cuando lo
que se alega son tanto vicios de fondo como de forma.
En el supuesto de un acto impugnaticio que presente reclamo por
inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y violación a normas del
procedimiento, deberá en primer lugar establecer los motivos por el fondo antes
que por la forma. Existen varias razones para sostener el argumento. La primera
razón es la apertura y desformalización recurso de casación. Por criterios
jurisprudenciales, se determina que una nulidad o ineficacia aún y cuando sea de
carácter absoluto, no deberá decretarse si no existe un interés procesal del
4 En este sentido ver: UNA NUEVA VISION DEL RECURSO DE CASACION POR EL FONDO;
Salazar Rodríguez; (Luis Alonso). El Recurso de Casación Penal por el Fondo. Un análisis
Jurisprudencial. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Universidad de Costa Rica. 1994.
4

ecurrente, en su declaratoria. La nulidad por la nulidad misma ha dejado de existir
en nuestro derecho tal y como jurisprudencialmente se ha resuelto en múltiples
oportunidades.
El argumento de que primero se determine la existencia de vicios en el
procedimiento, antes de entrar a resolver el recurso de fondo, por cuanto la
existencia de tales vicios hacen que la sentencia como tal esté viciada y ello impida
verificar la correcta aplicación del derecho, no tiene fundamento.
La jurisprudencia, sin embargo, ha modificado su posición al respecto:
"Por razones de técnica procesal, se entra a analizar el recurso por la forma
antes que el de fondo, interpuesto por el Lic. H.M.G. en su doble condición de
defensor y en representación de T.V.A., como demandada civil. 5 "
En otras ocasiones, la Sala determinó que los alegatos sobre posibles vicios
in procedendo deben resolverse antes que los vicios in iudicando, pero sin hacer
mayores consideraciones del fundamento de ese proceder, así, refiere:
"El recurrente presenta, en primer término, su recurso por el fondo. No
obstante, estimando la Sala que los alegatos sobre posibles vicios "in procedendo"
deben resolverse antes que aquél, se decide entrar a conocer primeramente del
recurso por la forma." 6
Así deberá analizarse primero la posibilidad de resolver el recurso de
casación por el fondo, y de no ser posible la resolución del caso, entrar a conocer la
impugnación por vicios de forma. Solo de esta forma, se estará cumpliendo el
precepto constitucional de la "justicia pronta, cumplida y arreglada a derecho",
dejándose como ultima ratio el juicio de reenvío; para aquellos casos en donde la
Sala esté imposibilitada de aplicar correctamente el derecho.
Capítulo II: El Agravio en la Legislación Costarricense:
Nuestro sistema procesal penal siempre ha tomado en cuenta para impugnar
un acto o resolución que el recurrente tenga un interés legítimo en hacerlo, lo que
se expresa y limita por medio del agravio. Sin embargo el tratamiento que sobre el
5 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto Voto Nª 118-91
6 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto Voto Nª 177-91
5

punto se ha dado, ha variado a lo largo de las diversas leyes que han estado vigente.
Brevemente se analizará lo más relevante de las últimas normas Procesales.
Sección I. Código de Procedimiento Penales:
En el artículo 447 del Código de Procedimientos Penales de 1973, ni
en alguna otra norma se contemplaba expresamente el requisito del interés para
impugnar, se decía jurisprudencial y doctrinalmente que:
“...tal exigencia subsiste tanto de una interpretación global del Código, como
de la doctrina y la jurisprudencia…” 7
La jurisprudencia ha establecido que:
“…las nulidades, incluso absolutas, no deben decretarse si no existe interés
en reproducir el acto viciado…” 8 .
Sección II. Código Procesal Penal:
El Código Procesal Penal actual, tomando nota de la jurisprudencia y
la doctrina del momento, supera la deficiencia anteriormente anotada, pues en su
artículo 424 señala que:
“Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen
agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá
sustentarse en el reproche de los defectos que causan la afectación”.
El imputado podrá impugnar una decisión judicial aunque haya contribuido a
provocar el vicio, en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o
legales sobre su intervención, asistencia y representación.
Por lo tanto, el derecho a recurrir se ve limitado por el agravio. Sin embargo
como se verá se ha ido suavizando los requisitos de los recursos y para la
determinación de la existencia del agravio nuestros Tribunales no son muy
estrictos, porque deben interpretar restrictivamente las disposiciones legales que
7
Chávez Ramírez, Alfonso Eduardo. Algunas notas sobre recursos, en “Ensayos de Derecho Procesal Penal”, San
José, Escuela Judicial, 1990, p. 149.
8
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución 4-F de 9:45 horas del 8 de enero de 1988.
6

limitan el ejercicio del derecho conferido al sujeto para recurrir en concordancia
con el artículo 2 del Código Procesal Penal 9 .
Debemos tener presente que en esta materia se prohíben la interpretación
extensiva y la analogía, mientras no favorezcan la libertad del imputado o el
ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento, como
lo es el poder recurrir las resoluciones judiciales. Por ello se concuerda con Binder
cuando señala que:
“…la sola posibilidad de que ese agravio exista es suficiente para permitir
que el sujeto potencialmente agraviado pueda plantear su recurso…” 10
Lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo es obvio, pues las normas
legales no pueden coartar aquellos principios procesales fundamentales que
garantizan la Constitución Política y los instrumentos internacionales en materia de
Derechos Humanos.
Capítulo III: El agravio en la Jurisprudencia Nacional:
El tema del agravio es uno de los que con mayor frecuencia se han abordado
a nivel jurisprudencial en Costa Rica, su importancia medular dentro de la teoría de
las impugnaciones (recursos y actividad procesal defectuosa), hacen del extremo un
aspecto obligado en prácticamente cada voto, tanto de los Tribunales de Casación
Penal como de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia entran a estudiar.
Con el fin de dejar claramente establecido en este título lo que se debe
entender por agravio, perjuicio o gravamen, se procederá a citar algunos extractos
de votos que se consideran fundamentales para dicho fin.
Sección I: Definición Jurisprudencial de agravio:
La jurisprudencia nacional ha definido y delimitado el agravio de la
siguiente manera:
9 Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio
de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohiben la interpretación extensiva y la
analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en
el procedimiento.
10
Jiménez Vásquez, Carlos María. Esquema del nuevo proceso penal. 1998, 1 edición. Editorial Jurídica
Continental. P. 28.
7

“…Fernando de la Rúa, al definir qué se entiende por fundamentar, señala:
“…es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez
apoya su decisión y que se consignan habitualmente en los “considerandos” de la
sentencia. Motivar, es fundamentar, exponer los argumentos fácticos y jurídicos
que justifican la resolución…” (DE LA RUA, Fernando. “El Recurso de Casación
Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de La Nación”. Ediciones Depalma.
Buenos Aires, Argentina. 1994). Por consiguiente, cuando se alega falta de
fundamentación de la sentencia, se debe especificar cuáles fueron los aspectos que
el A quo, teniendo el deber de valorar, no lo haya hecho, así como la afectación
producida con tal omisión, lo que comúnmente se conoce como “agravio”..” 11 .
“El agravio es la injusticia, la ofensa, el perjuicio material y moral. Es este
perjuicio, el que mide el interés que tiene alguna de las partes para la impugnación
de un determinado acto o resolución, y este interés se mide en cada caso en
particular 12 ”.
“…Para invalidar una determinada actuación es indispensable que cause un
concreto agravio. El fin del proceso penal es la aplicación de la ley sustantiva, el
respeto a las garantías constitucionales y legales, y la solución del conflicto social
subyacente al delito. El mero cumplimiento de formas procesales no puede
constituir el objeto o finalidad del proceso, pues se estaría convirtiendo a la forma
en un fin en sí misma. El formalismo procesal es enemigo de la justicia pronta y
cumplida. En esta línea de pensamiento y con respecto a la custodia y manejo de
evidencias esta Sala ya ha manifestado con anterioridad la necesidad de
demostración de un agravio concreto: “que el Tribunal no se pronunciara sobre
todos y cada uno de los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala
ha señalado como constitutivos de la denominada cadena de custodia, no
desmerece en nada el respeto necesario en dicho manejo de la prueba, toda vez
que esos extremos son criticados por el recurrente sin que atine a dar razón alguna
para estimar que en alguno de esos estadios, la misma haya sido manipulada o se
hubiera alterado, cosa que tampoco la Sala, en esta instancia extraordinaria,
percibe como sospechable. El pronunciamiento relativo a cada uno de esos
aspectos o la totalidad de ellos, sólo es necesario cuando en lo atinente se discuta
un incumplimiento concreto, o exista razón alguna para estimar que ha sido
vulnerado, mas no cuando, sin sustento alguno, está de por medio la sola réplica
inspirada en el mero interés de excluir el indicio incautado, en cuyo caso la
11 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; Voto Nª 1162-2008.
12 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; Voto Nª 1240-99.
8

exposición del Tribunal se convertiría seguramente en un simple relato doctrinario
y abstracto” 13
Sección II. El agravio como requisito de admisibilidad en la
jurisprudencia:
Sobre el agravio como requisito de admisibilidad se ha resuelto:
"…Un requisito de admisibilidad es la concreta referencia a los agravios
reclamados, cual lo establece el artículo 410 del Código Procesal Penal de 1996.
No basta a esos efectos indicar simplemente con una larga enumeración de
disconformidades con el fallo, sino que debe acotarse puntualmente en qué
aspectos no fue erróneamente analizada la prueba, por qué es irrazonable el examen
y en qué habría influido su consideración. De tal modo que el simple alegato
genérico, hace que no pueda constatarse la importancia del pretendido vicio y, en
consecuencia, el reparo carezca de interés…" 14
"…Un requisito de admisibilidad es la concreta referencia a los agravios
reclamados, cual lo establece el artículo 410 del Código Procesal Penal de 1996.
No basta a esos efectos indicar simplemente con una larga enumeración de
disconformidades con el fallo, sino que debe acotarse puntualmente en qué
aspectos no fue erróneamente analizada la prueba, por qué es irrazonable el examen
y en qué habría influido su consideración. De tal modo que el simple alegato
genérico, hace que no pueda constatarse la importancia del pretendido vicio y, en
consecuencia, el reparo carezca de interés…" 15
dicho:
Sección III: La inexistencia del agravio en la Jurisprudencia:
En cuanto al tema de la inexistencia de agravio, la jurisprudencia ha
“…El artículo 424 del Código Procesal Penal establece la obligación de
demostrar el agravio, por parte del recurrente, es decir, debe acreditar el perjuicio
ocasionado con la decisión impugnada. En este caso el Ministerio Público negoció
con el imputado la imposición de una sanción de siete años de prisión (folios 57 a
62), misma que fue acogida por el Tribunal de mérito (folios 64 a 72). Lo anterior
13 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; Voto Nª 842-98
14 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; Voto Nª 798-99
15 Ibídem
9

establece que no mediaba interés de parte de este sujeto procesal para impugnar
pues el fallo se ajustó a sus pretensiones. Con fundamento en lo anterior se declara
inadmisible el recurso…” 16
“…Esa ampliación ilegal de la acusación no puede servir como presupuesto
de la sentencia, de manera que la parte del fallo que tiene como marco los dos
hechos nuevos antes descritos, así como cualquier pronunciamiento sobre los
mismos, debe ser anulada y consecuentemente considerada como inexistente. A
pesar de esto, al permanecer la acusación originalmente planteada, corresponde
indicar que debe quedar vigente la condenatoria por el primer hecho, o sea, aquel
inicialmente acusado y según el cual el endilgado obligó al menor ofendido a que le
chupara el pene. En cuanto a ese hecho no existe ningún agravio o afectación
generado por la ampliación de la acusación, ya que en el voto de mayoría del a-
quo se impuso una pena de 12 años de prisión, pena que se encuentra dentro de los
límites contemplados por el artículo 156 del Código Penal para aquella conducta
que configura un solo delito de violación. Con esto debe quedar en claro que esta
Sala no realiza ningún pronunciamiento sobre lo correcto o incorrecto de la
fundamentación jurídica desplegada por el Tribunal sobre el tema del concurso de
delitos, simplemente porque la acusación fiscal vigente, no lo permite…” 17
“….Declarar la nulidad de una sentencia supone, necesariamente que en tal
resolución existe un error judicial que ha causado un agravio concreto al
impugnante, porque el error tuvo efectiva incidencia en lo resuelto. A esto se
refiere el artículo 424 del Código Procesal Penal, al decir: “..Agravio. Las partes
sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio, siempre que
no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en el reproche de
los defectos que causan la afectación. El imputado podrá impugnar una decisión
judicial aunque haya contribuido a provocar el vicio, en los casos en que se
lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y
representación. De esta manera la declaratoria de nulidad no es un fin en sí misma
sino un medio para corregir el error judicial que le causa un perjuicio al
impugnante Ante la ausencia de un agravio o perjuicio concreto, el reclamo en
abstracto de la defensora Clark Martínez (pues no precisa qué es concretamente lo
que no pudo recurrir del fallo condenatorio que dictó el tribunal de mérito, siendo
que ni siquiera interpuso el recurso de casación) deja a su pretensión sin el apoyo
de una justificación razonable, por lo que no procede acoger su demanda (sin
perjuicio de la posibilidad permanente que tiene de plantearlo por la vía del
16 Tribunal de Casación; Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las diez horas veinte
minutos del veintiuno de octubre de dos mil cuatro.
17 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; Voto Nª 00032-2005
10

procedimiento especial para la revisión de la sentencia, cuando esta no ha sido
dictada mediante el debido proceso u oportunidad de defensa, artículo 8 inciso g
del Código Procesal Penal, o por cualquiera de los otros motivos que con amplitud
prevé nuestra legislación para revisar, enmendar o reparar el error judicial que ha
agraviado al condenado En este sentido la jurisprudencia ha venido señalando que:
una nulidad procesal sólo se decreta cuando el vicio en que se incurre cause
indefensión o no pueda ser subsanable. El principio de la nulidad por la nulidad
misma no es de aceptación actualmente, pues inclusive admite la doctrina que una
nulidad, aunque absoluta, si su declaratoria no envuelve ningún interés procesal, no
debe efectuarse… 18 ”
“…Además, debe recordarse que la utilización de sedes diplomáticas no
constituye un fin en sí mismo, sino que es sólo uno entre muchos medios para
garantizar la autenticidad del acto; por ello, en la medida en que el acto de que se
trate vea garantizada su autenticidad, el que no se realice en la sede diplomática no
generaría agravio alguno. Y mucho menos en este caso, en que no hay un solo
elemento de duda en cuanto a que la testigo compareció a declarar en la sede
diplomática de Costa Rica en Denver…” 19
“…De conformidad con lo dicho y considerando una vez más que no cabe
duda de que la deponente fue M. B. J., resulta evidente que la videoconferencia es
un método que salvaguarda el principio de inmediación, que permite el adecuado
ejercicio del derecho de defensa y garantiza la vigencia del contradictorio, e
igualmente resulta compatible con el principio de oralidad. Por todas esas razones
estima esta Sala que su utilización no implica menoscabo alguno para las garantías
procesales que protegen al imputado y, en ese sentido, se trata de una herramienta
cuyo uso no le causa agravio…” 20
“…En el presente asunto, se solicitó (ver folio 1 del respectivo legajo) que se
recibiera anticipadamente la declaración de Jaffee, pues ella avisó que se iría del
país. Lo que sucede es que no consta en el legajo que la solicitud haya sido
resuelta, pero ello no ha implicado agravio alguno para el encartado, pues la
declaración de la perjudicada, si bien fue transmitida desde fuera del territorio
nacional, se recibió en suelo costarricense, esto durante el juicio, fase en que se
respetaron plenamente los principios de inmediación, continuidad, oralidad y
18 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; Voto Nª 00171-2007
19 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; Voto Nª 00682-2007
20 Ibídem
11

contradictorio, por lo que se garantizó al justiciable su ejercicio del derecho de
defensa…” 21
“…Si la parte actora civil se siente agraviada porque se absuelve por certeza
y no por duda, debe fundamentar su reclamo, indicando el perjuicio (agravio) que
le causa esa resolución….” 22
Por último un cambio de criterio en cuanto a si causa un agravio o no
sustitución del defensor en juicio, se dio en el siguiente voto:
“…Valga la oportunidad para aclarar que con lo que aquí se resuelve, esta
Sala modifica lo dicho en el precedente 850-05 de las 11:40 horas del 29 de julio
último y la restante jurisprudencia que ha interpretado que si un defensor debe ser
sustituido en un debate que ya está en curso, no se ocasiona agravio si se le obliga a
asumir la causa en el estado en que se encuentra al momento en que se apersona,
limitándose a conceder el plazo para informarse de la causa y de la prueba ya
recibida en juicio. Lo cierto es que el derecho de defensa es esencial y atañe a la
estructura y legitimación misma del proceso penal en un estado de derecho y no
puede estar supeditado su respeto, a la celeridad y premura por continuar un debate.
Si el juicio es oral y si rige el principio contradictorio, una defensa técnica digna
tiene que recibir directamente la prueba y poder contradecirla en la actualidad de su
recepción, de manera que no es posible obligar a un defensor que se apersona en
esas condiciones, a escuchar grabaciones de testimonios ya rendidos sin su
presencia y a revisar las actas del debate de las audiencias ya realizadas, para poder
asumir así el juicio en el estado en que se encuentra…” 23
Sección IV: Jurisprudencia Relativa al Tema de La Nulidad por la
Nulidad Misma:
En una de los votos que retoma la línea jurisprudencial que permanece
respecto a la improcedencia de la nulidad por la nulidad, que por su importancia se
transcribe, se tiene:
“…Durante la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1973, se
dio un abuso del instituto de la nulidad procesal. La principal manifestación de este
fenómeno fue la reiterada anulación de los requerimientos de elevación a juicio en
la etapa de debate. Como respuesta a este fenómeno se produjo una sentencia de
21 Ibídem
22 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; Voto Nª 00173-2005
23 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; Voto Nª 00878-2005
12

esta Sala que vino a dimensionar los verdaderos alcances de la legislación en torno
al tema de la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio: “La nulidad del
requerimiento fiscal ha llegado a tal magnitud en nuestro país, que el año pasado
representó la segunda causa, en orden de importancia numérica, por la que se
suspendieron juicios en el mismo acto del debate, mientras que la
incomparecencia del imputado fue la primera causa. Esos datos reflejan que en
esta materia es posible que exista una actitud negligente de los Agentes Fiscales al
momento de formular los requerimientos de elevación a juicio, ante la reiteración
de las nulidades de esa pieza por defectos en la redacción; o bien que nuestros
Tribunales Superiores, y Jueces Penales son demasiado exigentes al examinar la
redacción; o, finalmente, estén ocurriendo ambos problemas al mismo tiempo. Una
cosa es cierta: se impone reiterar la necesidad de que nuestros Jueces examinen
con mucho detalle el asunto antes de proceder a citar a juicio a las partes, para
que no dejen posibles nulidades ocurridas en la instrucción para ser declaradas
con lugar durante el curso del debate, sea meses después de haber recibido la
causa, cuando ya todos los ciudadanos involucrados en el juicio han sido
convocados por el mismo Tribunal, con las nocivas consecuencias para ellos y
para la administración de justicia, al tener que suspender el procedimiento y
reenviar el asunto a instrucción, y ante los graves atrasos que implica. IIIº.- En lo
que se refiere al problema jurídico es necesario resaltar que esta Sala
reiteradamente ha afirmado que la existencia de un vicio en el procedimiento, aún
cuando constituya una nulidad absoluta, no debe declararse como tal cuando no
exista interés procesal en hacerlo (Véanse, por ejemplo, Casaciones Nº 261-F de
las 9:50 hrs. del 20 de diciembre de 1985; Nº 208-F de 9:45 hrs. del 7 de agosto de
1987; Nº 330-F de las 9:00 hrs. del 9 de noviembre de 1990; y Nº 83-F de 8:55 hrs.
del 20 de marzo de 1992). Ahora bien, falta ese interés en aquellos supuestos en los
cuales la repetición del acto viciado no trae ninguna ventaja procesal para la parte
que la alega, o para el objeto del procedimiento. Ese interés procesal está
circunscrito al acto viciado, y no debe confundirse con el interés de la parte en que
se repitan otros actos del procedimiento que le son adversos. Por un lado ello
constituye una garantía de que el examen sobre el interés en decretar la nulidad se
realice sobre los actos cuestionados, y no sobre otros actos del procedimiento que
como consecuencia pueden ser anulados. Así, por ejemplo, si la parte solicita la
nulidad del auto de citación a juicio, debe examinarse el interés en que se
reproduzca esa resolución, pero no en que se repita la sentencia adversa. Por otra
parte, ese límite evita la nulidad por la nulidad misma y el excesivo formalismo,
sobre todo en aquellos casos en que la repetición del acto viciado no se traduce en
alguna garantía para el objeto del procedimiento o para las partes. Sin embargo,
estas restricciones no han sido suficientes para evitar el excesivo uso de la sanción
de nulidad frente a requerimientos fiscales defectuosos. Ello hace necesario que la
13

Sala resalte ahora otro requisito más para que las nulidades puedan ser
decretadas, y que también se deduce de nuestro ordenamiento jurídico. Las
nulidades, incluso las absolutas, no deben ordenarse en aquellos casos en que sea
posible subsanar los vicios sin necesidad de repetir todo el procedimiento, y es
precisamente lo que ocurre con las irregularidades en la redacción del
requerimiento, como veremos. IVº.- Es cierto que en los artículos 341, 344, y 412
del Código de Procedimientos Penales se establece que los requerimientos fiscales
y los autos de elevación a juicio deben contener, bajo pena de nulidad, una
relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho acusado. Una
interpretación automática de esas normas, con prescindencia de un análisis
ponderado del entero sistema procesal penal, nos conduce a afirmar,
inflexiblemente, que cualquier defecto en la redacción de esas piezas debe ser
corregido sólo con la nulidad, es decir ordenando corregir el acto viciado por
medio de su repetición, para lo cual deben retrotraerse los procedimientos a la
fase de instrucción, con todas sus consecuencias. Pero esa aplicación automática
de esas normas olvida y deja de lado otras importantes disposiciones que permiten
corregir los defectos y las omisiones en la redacción de la acusación, sin necesidad
de retrotraer los procedimientos a la fase instructiva. En efecto, nuestro sistema
procesal penal prevé varios tipos de vicios en la redacción del requerimiento fiscal
de elevación a juicio o citación directa, y distintas soluciones para cada caso. En
primer término todos los posibles defectos y omisiones del requerimiento fiscal
pueden ser subsanados por el auto de elevación a juicio, cuando éste realiza
también una descripción circunstanciada del hecho, por haberse opuesto la
defensa. En esas circunstancias, cualquier defecto de la acusación puede ser
corregido por el instructor, ya que ambas piezas (el requerimiento y el auto de
elevación a juicio) constituyen la base de la acusación. Es por ese motivo que el
artículo 370 del Código de Procedimientos Penales establece que la intimación
durante el debate debe hacerse ordenando la lectura del requerimiento fiscal "...y
en su caso, del auto de remisión", cuando éste constituya un complemento de
aquel. Por esa misma razón el artículo 376 ibídem dispone que el requerimiento no
debe ser ampliado, cuando el hecho omitido en la acusación está contenido en el
"auto de remisión". En consecuencia, aún frente a omisiones o defectos graves en
la descripción del hecho contenida en el Requerimiento Fiscal, nuestro sistema no
prevé la nulidad si el auto de remisión subsana los defectos. Se trata de un primer
caso donde se evidencia que no debe aplicarse automáticamente la nulidad
prevista en el artículo 341 citado. En segundo lugar, debemos mencionar como
casos en los cuales tampoco procede la aplicación automática de la nulidad,
cuando la acusación (sea tanto el requerimiento como el auto de elevación a juicio
si lo hubiere) omite describir una circunstancia que agrave el delito, como sería
por ejemplo no mencionar que el imputado era el Director de una Escuela, de la
14

cual se le acusaba haber sustraído bienes, lo que podría convertir el hecho de
hurto a peculado; o bien omite describir un hecho que integre el delito
continuado, sobre todo en esos casos en que existen reiteración de delitos en
perjuicio de muchos ofendidos, como las estafas múltiples cuando no se describe
uno o varios de los hechos que constituyen unidades delictivas. Frente a omisiones
tan graves como esas en la descripción del hecho acusado, a pesar de no existir
una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, nuestro
sistema procesal no dispone la nulidad automática como solución del vicio. Al
contrario, señala el artículo 376 ibídem que en estos supuestos el Fiscal puede
ampliar la acusación, y si lo hace debe recibírsele declaración al imputado sobre
los nuevos hechos que integran la acusación, con posibilidad para la defensa de
solicitar una suspensión del debate por un plazo razonable que no puede exceder
de diez días, cuando ello sea absolutamente necesario para ofrecer nueva prueba o
preparar la defensa. Este posible "atraso" evidentemente no resulta significativo
frente a las consecuencias provocadas por una nulidad de todas las actuaciones de
la etapa de juicio, y posibilita que sean recibidos todos los testigos y peritos que se
hubieren hecho presentes en la audiencia oral, sin necesidad de esperar meses,
incluso en algunos casos años, para que vuelva a celebrarse el debate. En tercer
lugar, otra posibilidad que establece nuestro sistema procesal es que del debate
resulte que el hecho es diverso del enunciado en la acusación. Esta fórmula parte
del supuesto de que el hecho acusado sea totalmente distinto al que se evidenció
durante el debate, por ello la solución que establece nuestro Código es que el
Tribunal debe remitirle las actuaciones al Ministerio Público para que formule de
nuevo una requisitoria (Artículo 397 in fine del Código de Procedimientos
Penales). Pero obsérvese que se trata de un caso en que el hecho resultó diverso,
es decir diferente al que fue objeto de la acusación, en que se justifica
prácticamente reiniciar todo el procedimiento de nuevo. En tal supuesto -como lo
hace ver Nuñez- deben remitirse los antecedentes al Agente Fiscal para que, si lo
considera procedente, requiera la instrucción o practique la información sumaria,
es decir para que inicie todo de nuevo, porque en relación con el hecho no ha
existido proceso (NUÑEZ, Ricardo. Código Procesal Penal. Lerner, Córdoba, 2º
edición, 1986, p.386, 387). Vº.- Como puede apreciarse, nuestro sistema procesal
prevé diferentes vicios en la descripción de los hechos acusados, los cuales no
necesariamente remedia con la nulidad. En ninguno de los supuestos citados se
regula la situación, muy frecuente en la práctica, de aquellos casos en que la
descripción del hecho no falta, sino que contiene algunas diferencias con lo que
resulta de la prueba. Nos referimos al vicio de redacción defectuosa o errónea al
momento de describir el hecho o alguna de sus circunstancias esenciales, aunque
no necesariamente agraven el delito. Frente a una irregularidad de esa naturaleza
nuestros Tribunales han venido aplicando la nulidad automática señalada en los
15

artículos 341 y 344 del Código de Procedimientos Penales, pues les ha bastado
comprobar que el requerimiento o el auto de elevación a juicio no contienen una
relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, para que en su
criterio se justifique repetir el acto, regresando el procedimiento a la fase de
instrucción. Esta solución, además de resultar perjudicial para la administración
de justicia, para el objeto del proceso, para las partes, y para los ciudadanos, en
realidad no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, si analizamos
cuidadosamente los tres supuestos anteriores. En efecto, resulta un absurdo
concluir por la nulidad cuando el hecho está mal descrito, si nuestro Código
Procesal señala que no debe anularse el requerimiento cuando falta totalmente un
hecho de trascendencia al extremo de constituir una circunstancia agravante o
integre el delito continuado. Se trata de un absurdo porque estaríamos admitiendo
que ante un vicio más grave, como sería omitir una circunstancia agravante o un
hecho que integre el delito continuado, el problema pueda ser corregido durante el
curso del mismo debate, mediante la ampliación de la acusación y de la
intimación; pero que ese mismo procedimiento correctivo no lo podamos aplicar
cuando se trata de errores en la redacción y en la descripción del hecho, es decir
en vicios que podrían lesionar menos que los primeros el derecho de defensa.
Desde ese punto de vista es necesario integrar la interpretación de estos
correctivos, para señalar que el propósito del legislador fue que la actividad
defectuosa del Ministerio Público se corrigiera, pero de manera que afecte lo
menos posible el mismo derecho de defensa, pues los retardos que ocasionan las
constantes nulidades de los requerimientos fiscales, finalmente se traducen en un
perjuicio para la propia investigación, y para los ciudadanos en general, ofendidos
o no con el delito, que demandan justicia pronta y cumplida, pero sobre todo para
el propio acusado, quien desea que se resuelva su situación jurídica lo más pronto
posible. En consecuencia no debe recurrirse a la nulidad automática cuando
encontremos errores en la redacción del requerimiento fiscal corregidos por el
auto de elevación a juicio. Tampoco debemos aplicar la sanción de nulidad frente
a requerimientos mal redactados, confusos, equívocos en la descripción del hecho.
En tales supuestos, lo que procede es aplicar los correctivos establecidos en
nuestro sistema procesal, por medio del cual es posible para el representante del
Ministerio Público realizar una acusación supletoria, corrigiendo los defectos que
estime son esenciales, para que se le otorgue la oportunidad al imputado y a su
defensa de contestarlos adecuadamente. En ese sentido debe proceder a formular
oralmente la corrección en el curso del propio debate, de lo cual se dejará
constancia en el acta, precisando con cuidado los cambios que se le hacen a la
acusación. Si el hecho que motivó la corrección del requerimiento ya se desprendía
de la propia instrucción, la defensa no habrá sido tomada de sorpresa, pues fue
invitada durante varios actos procesales previos al debate para que examinara
16

todas las actuaciones y resoluciones del expediente; y si el hecho surge en el curso
mismo del debate, siempre tendrá, como en el primer caso, la posibilidad de
solicitar la suspensión del mismo hasta por diez días, para prepararse
adecuadamente o bien para ofrecer nueva prueba, si fuere necesario. Como bien se
señala en doctrina, "... es posible de este modo ampliar durante el juicio el tema de
la discusión, en nombre de una exigencia de economía procesal. Es decir, se
piensa que sería un excesivo dispendio de energía procesal y sería peligroso para
la investigación de la verdad de los hechos si se debiese remitir todo al Fiscal para
iniciar ex novo un segundo procedimiento. Es ésta la hipótesis de la llamada
notificación oral supletoria, en la que falta una notificación escrita de la
acusación, mientras que en la hipótesis normal la notificación oral en el juicio
(que debe siempre tener lugar) sirve para esclarecer e indagar sobre los términos
de la notificación escrita" (BETTIOL, Giuseppe. Instituciones de Derecho Penal y
Procesal. Bosch, Barcelona, 1977, pp. 258 y 259). Lo importante es que esas
variantes fácticas en la acusación sean adecuadamente imputadas al acusado, y se
le permita declarar, así como defenderse de ellas. El correctivo tiende
precisamente a garantizarle su derecho de defensa, puesto que de lo contrario se
violaría también el principio de correlación entre la acusación y la sentencia. Esta
acusación correctiva es particularmente desarrollada por la jurisprudencia y por
la doctrina italiana, con sustento en los dispositivos del Código Procesal Penal de
1930, del cual el nuestro tomó sus bases, por medio de la versión cordobesa
(Particularmente véanse las siguientes monografías específicas sobre el tema:
SANSÓ, Luigi. La correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Giuffré,
Milano, 1953, en especial pp. 367 ss.; BRICHETTI, Giovanni. La modificazione
dell'acussa nell'istruzione e nel giudizio penale. Jovene, Napoli, 1956, en especial
pp. 191 ss.; y LEMMO, Elio. L'accusa suppletiva nel dibattimento penale. Giuffré,
Milano, 1972, en especial pp. 31 a 195. Entre los argentinos, el tema de la
ampliación de la acusación lo desarrolla particularmente TORRES BAS, Raúl
Eduardo. El procedimiento penal argentino. Lerner, Córdoba, 1987, tomo II, pp.
396 ss.) VIº.- Ante la posibilidad de que también incurramos en un uso excesivo de
este mecanismo por medio del cual es posible corregir los defectos en la redacción
de los requerimientos fiscales, conviene agregar que los vicios deben ser
esenciales para que justifiquen ser corregidos, es decir debe ser de tal magnitud
que incidan en la labor de defensa del imputado, pues la verdad es que la
acusación no tiene que describir en forma idéntica el hecho básico tenido por
demostrado en la sentencia. Cuando se habla del principio de correlación entre
acusación y sentencia, se ha querido establecer un marco fáctico, como límite de la
actividad jurisdiccional, en resguardo de los derechos del acusado, en especial del
derecho de defensa. La acusación constituye el límite de su juzgamiento. Al
respecto se señala que "...la voz correlación no es utilizada aquí como sinónimo de
17

identidad o adecuación perfecta en toda su extensión .No se extiende más allá de
los elementos fácticos esenciales y de las circunstancias y modalidades realmente
influyentes en ellos hasta el punto que la defensa haya podido ser afectada si la
sentencia condenatoria se aparta de ese material..." (CLARIA OLMEDO, Jorge A.
Tratado de Derecho Procesal Penal, Ediar, Buenos Aires, 1960, tomo I, p.508).
No se puede exigir una identidad absoluta porque ello resulta prácticamente
imposible. Como bien se agrega, "...no es preciso que exijamos una identidad
absoluta o matemática entre los dos términos de la correlación, hasta el extremo
de que deba referirse a las menores modalidades de la conducta humana,...vale
decir, que la identidad de que se trata es naturalmente relativa: atañe a los
elementos fácticos relevantes... es admisible la diversidad entre ambos actos,
siempre que ello no implique privar a aquél de su defensa." (VELEZ
MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Lerner, Córdoba, 1982, tercera
edición, primera reimpresión, tomo II, pp. 238, 239, 240).Se trata de buscar un
justo equilibrio para establecer cuándo debemos recurrir a los correctivos de la
acusación y cuando no. Ese parámetro será siempre el derecho de defensa .En tal
sentido se afirma con propiedad que "la base de la interpretación está constituida
por la relación del principio con la máxima de la inviolabilidad de la defensa.
Todo aquello que, en la sentencia, signifique una sorpresa para quien se defiende,
en el sentido de un dato, con trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su
defensor no se pudieron expedir, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente,
lesiona el principio estudiado" (MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal
Argentino. Hammurabi, Buenos Aires, 1989, Tomo I, Volumen b, p.336). Por el
contrario, aquellos datos fácticos intrascendentes desde el punto de vista
defensivo, no justificarán utilizar la ampliación de la acusación como correctivo,
porque no existe vicio procesal que lo justifique. Recordemos en tal sentido el
requisito del interés procesal para corregir un vicio en el procedimiento.Desde
luego, tampoco se justifica utilizar el correctivo de la ampliación de la acusación
en aquellos supuestos en que el cambio favorezca la posición de la defensa. "Lo
que no es necesario, por el contrario, es la indicación de las circunstancias
atenuantes o de todo lo que atenúa de cualquier modo el peso de la acusación,
pudiendo el juez tener presente todo lo que alivie la posición del imputado
independientemente de que se le haga una comunicación al mismo", es decir con
independencia de que ello estuviere descrito en la acusación (BETTIOL, Giuseppe.
Op. cit. p. 256). Desde luego, en aquellos casos en que se dude sobre la posible
afectación al derecho de defensa del imputado, lo recomendable es que se proceda
a ampliar la acusación, y sobre los cambios se le reciba nueva declaración al
imputado, con la posibilidad de suspender el proceso si fuere indispensable para
preparar la defensa u ofrecer nuevas prueba”. El subrayado es suplido (SALA
TERCERA, 137-f-92 de las 9:10 hrs. del 4 de abril de 1992). Esta sentencia marcó
18

un hito jurisprudencial en torno al tema de las nulidades, utilizando el concepto de
que no se debe decretar la nulidad por la nulidad misma, término que ya en el
año de 1971 había sido adoptado por el Tribunal Superior Civil de San José (T.S.C.
de San José, No. 256-71, citada por HERRERA CASTRO, Luis Guillermo, Las
nulidades en el proceso civil: doctrina, legislación y jurisprudencia, Tesis U.C.R.,
1973, p. 245). La sentencia comentada fue remitida en circulares a todos los
tribunales y despachos judiciales del país, transformando la manera en que se venía
aplicando la legislación relativa a la nulidad y el interés procesal en su decreto. Este
amplio proceso de concientización de los operadores judiciales sobre las
posibilidades de saneamiento de actuaciones procesales defectuosas culminó con
una publicación de la Escuela Judicial, que todavía hoy sigue siendo citada por
tratadistas de connotación internacional (CRUZ CASTRO, Fernando, La nulidad
por la nulidad, la justicia pronta y cumplida y la vigencia del formalismo procesal,
Escuela Judicial San José, 1994. BINDER, Alberto, El incumplimiento de las
formas procesales, Ad Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 84). La entrada en vigencia del
Código Procesal Penal en el año de 1998 en nada afectó la aplicación de los
principio contenidos y desarrollados por esta sentencia, que como se indicó arriba
ya se encontraban presentes en la legislación anterior. La misma no hace sino darle
eficacia al articulado del Código de Procedimientos Penales, distorsionado por una
práctica judicial alejada del concepto de agravio, y del principio de Pas de nullité
sans grief -no hay nulidad sin agravio- (cfr. VESCOVI, Enrique, Teoría General
del Proceso, Temis, Bogotá, 1984, pp. 298-304). El Código de Procedimientos
Penales ya recogía los principios de necesidad de agravio, de finalidad del acto, de
saneamiento y de eliminación de las causas de nulidad, principios que se dejaron de
aplicar por parte de nuestros tribunales”. 24
24 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; Voto Nª 00984-2003
19

Título II
LOS RECURSOS EN EL PROCESO PENAL COSTARRICENSE y SU
RELACIÓN CON EL AGRAVIO:
En este título se procederá a analizar brevemente los diversos recursos en el
proceso penal costarricense y como ellos están relacionados con el tema de los
recursos.
Capítulo I: Historia. Surgimiento de los Recursos:
La existencia de los recursos no necesariamente surge de un momento a otro
sino que, por el contrario, ha ido en evolución permanente según los cambios
sociales que se han ido operando en la historia y que están marcados por el tipo de
principios e idea de Estado que imperaba en los distintos países que los iban
desarrollando 25 . Esta adaptabilidad la hemos vivido con mayor intensidad en los
últimos años en el sistema jurídico costarricense donde a partir de la sentencia
condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han replanteado
los medios impugnaticios.
En los tiempos en que la justicia era administrada por el soberano
descendiente de la divinidad, por razones obvias no se justifican los recursos en el
tanto que si provenía de un representante divino sus decisiones se consideraban, per
se, justas e incuestionables. Situación parecida ocurrió durante la inquisición en la
cual no era posible otorgarle recurso alguno a los delincuentes, en este último caso,
recordemos que el sistema inquisitivo era secreto hasta para el mismo acusado lo
que impedía que tuviera acceso a las actuaciones que se venían realizando y, si era
hallado culpable, por esa circunstancia era imposible que recurriera dado que,
siendo delincuente, no tenía derecho a nada. En el derecho canónico y germánico.
Sobre el extremo se ha dicho:
“…los recursos eran extraños al proceso inquisitivo, en lugar de la
apelación se daba el remedio de la ampliación de la defensa…” 26
En estos casos se observa cómo en un “proceso” derivado de la divinidad y
en un sistema inquisitivo, el derecho de un proceso recto y con garantías de
impugnación no estaba presente, lo que conllevaba la comisión de injusticias.
25 Sobre el Tema ver: Breves Notas sobre el Origen y Desarrollo Histórico de la Casación: Houed Vega, Mario;
Nuevas orientaciones de la Casación Penal; en Dignidad, Justicia y Dignidad Humana; Editorial Jurídica
Continental, San José Costa Rica, pp, 343 2004.
26 Ayan N, Manuel. Los recursos en materia penal. Principios generales. Editorial Córdoba. Argentina. Pág. 19.
20

El origen de la apelación se ubica en el instituto romano de la “provocatio ad
populum” 27 la cual era concebida únicamente para ciudadanos romanos y limitada a
condenas graves. Posteriormente, en el derecho romano imperial, el emperador
delega la función de juzgar, lo que conllevó un control de éste a través de los
recursos pero el recurso no estaba pensado a favor del recurrente sino que era un
control de la labor que el emperador había entregado en sus súbditos. Se trataba, en
síntesis, de verificar que el mandato dado por el monarca al delegado se cumpliera
en los términos en que había operado la delegación.
Por su parte el recurso de casación, tiene su origen en el Tribunal de
Cassation 28 el cual se instituyó durante la revolución francesa. El recurso de queja
tiene su origen en el derecho español específicamente en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal de 1872 también con el fin de supervisar la forma en que los órganos
inferiores en grado aplican los criterios de admisibilidad y el recurso de revisión
surge con la Ordenanza Criminal de 1670 denominada en ese momento como
Letras de revisión, la cual otorgaba la posibilidad de revisar la sentencia sin
limitación alguna al soberano.
Sección I. Nulidades en Costa Rica:
En Costa Rica se mencionan las formas de impugnación en el Pacto de
la Concordia del año 1821, el cual contemplaba recursos que eran los de agravio y
fuerza, el primero consistía en el mal daño o perjuicio que el apelante expone ante
el Juez superior al habérsele irrogado por la sentencia del inferior, el segunda es la
reclamación de la persona que siente injustamente agraviada por algún juez
eclesiástico, acude al juez secular implorando su protección para que disponga que
aquel alce la fuerza o violencia que hace el agraviado. En todo lo demás que no
estuviere contemplado en estos recursos se aplicaban las leyes españolas del año
1812.
En 1823 se emitió un estatuto político que si contemplaba un aspecto sobre la
nulidad como un recurso mediante el cual se conocía los recursos de agravio fuerza
y nulidad. En el segundo estatuto emitido el mismo año se establece que la
administración de justicia está a cargo de una junta denominada Junta Superior
Gobernativa.
27 Ayan, Manuel. Op. Cit. Págs. 29, 30.
28 Ayan, Manuel. Op. Cit. Pág. 30.
21

En 1825 se expide lo que se llamó la Ley fundamental del Estado Libre de
Costa Rica en ella se establecía la división tripartita de poderes con el judicial a
cargo de la Corte Superior de Justicia, en ésta se reguló la nulidad pero solo para
los actos de los jueces inferiores que hubieren cometido alguna irregularidad en el
ejercicio de sus funciones, para los procesos se crearía una ley especial.
Tampoco se estableció nada sobre las nulidades en la Constitución Federal
Centroamericana de 1835, sino que se remite a las leyes especiales sobre el tema.
En la ley de Bases y Garantías se hace mención de las nulidades. En 1842 se
estableció una ley derogatoria de todas las disposiciones legales del periodo de
Carrillo, pero dejó vigente el Código General de 1841.
En la Constitución de 1844 se incluye la nulidad de los actos dictados en
contra de derecho natural, que era un principio de influencia española. No se dice
quien debe determinar la nulidad del acto contrario a derecho. Se interpreta que le
corresponde a los tribunales de justicia.
En la Constitución Política de 1847, no se regulaban lo referente a los
recursos dejando esto para los códigos procesales, únicamente dejaba al poder
judicial la organización de la administración de Justicia.
La Constitución Política reformada en 1848, no se recoge fundamento alguno
sobre los recursos y nulidades se dejaba este tema a las leyes procesales.
La Constitución política de 1859, en su artículo 43, da fundamento a la
nulidad respecto a actos en contra de las normas constitucionales. Se establece un
fuero común el cual debería ser visto en cuanto a sus regulaciones por los Jueces de
la República.
La Constitución Política del 15 de abril de 1869, incluye la doble instancia en
el numeral 43 y cualquier acto es nulo si va en contra de esta norma de carácter
imperativo. Se regulan los recursos de nulidad y de injusticia a nivel constitucional.
La Constitución Política de 7 de diciembre de 1871, es muy importante por
cuanto es la carta magna previa a la actual y en ella se mantienen todos los
principios de la anterior de 1869, se eliminaron los recursos de nulidad e injusticia,
los cuales se harían mediante ley especial, no tienen un régimen directo de
nulidades.
22

En la carta magna actual del 7 de noviembre de 1949, contiene una
disposición general sobre la administración de justicia en el numeral 41, en el
numeral 129 es que se establece la base de un régimen de nulidades procesales,
todos los actos procesales contrarios a la ley son nulos, destaca varios principios
generales relativos a los actos procesales que tienen carácter de garantía.
Sección II. Conceptos:
El vocablo “recurso” ha adquirido ubicación propia dentro del derecho
procesal y predomina en la mayoría de las codificaciones modernas, tanto las
extranjeras como la costarricense. Sin embargo, la cuestión terminológica no está
concretada de una manera decidida. Por ello, parece necesario destacar que en el
derecho italiano la designación genérica es la de “impugnación”, reservándose el
nombre de “recurso únicamente para el recurso de casación.
Los recursos son los medios acordados en la ley procesal, que permiten a las
partes tener la potestad de solicitar que el mismo tribunal que dictó la resolución, o
uno de superior jerarquía, la revise total o parcialmente, con el fin de anularla o
modificarla.
Julio Mier, analizando la Ordenanza Procesal Penal Alemana, refiere que los
recursos son los medios que la ley brinda a quienes intervienen en el procedimiento
—con exclusión del juez o tribunal— para atacar resoluciones jurisdiccionales que
les son desfavorables provocando un nuevo examen en los límites del agravio
expresado, a fin de obtener, su eliminación o modificación y, de esa manera, un
pronunciamiento favorable 29 .
Como parte de las garantías judiciales tuteladas como derechos
fundamentales está el derecho a la doble instancia, como garantía de que el fallo
previo a ejecutarse, puede someterse a los correctivos necesarios para que la misma
sea corregida, si es necesario, y se ajuste al ordenamiento y a las circunstancias del
caso concreto 30 .
Las características fundamentales del recurso, son básicamente un ataque a
una decisión jurisdiccional, y postulación de la injusticia con base en un gravamen.
29
Mier, (Julio B). La Ordenanza Procesal Penal Alemana. Volumen II, Ediciones Depalma. Buenos Aires.
1982. Pág. 255.
30 Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.2.
23

Que se haga un re-examen de la decisión limitadamente a los puntos a que se
refieren los agravios para obtener su eliminación o modificación y un
pronunciamiento más favorable de haber agravio real.
Al respecto es importante considerar algunas posiciones doctrinarias como
Manzini 31 quien es consecuente con la terminología legal, puesto que emplea la voz
“impugnación; en cambio Leone 32 caracteriza al medio de impugnación como un
“remedio jurídico”, expresión que considera equivalente a la de “remedio
jurisdiccional” 33 . Esta equiparación terminológica, ha sido comentada críticamente
por Del Pozzo 34 , ya que considera la cuestión esencialmente nominal.
El conocido tratadista De la Rúa define los medios de impugnación como:
“Medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho expresamente
previstos en la ley, una parte postula la revisión de errores jurídicos atribuidos a la
sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley
sustantiva, o la anulación de la sentencia y una nueva decisión, con o sin reenvío a
nuevo juicio” 35
Se refiere al poder de recurrir que se otorga únicamente a determinados
sujetos procesales, así el artículo 424 del Código Procesal Penal al indicar que:
“…Las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen
agravio...”.
En cuanto al interés se debe conceptualizar como la interposición del recurso
que otorga una ventaja reconocida por el Ordenamiento a la parte, y se concreta en
la eliminación de la resolución perjudicial o en la modificación por otra más
favorable, todo conforme a lo que la ley ordena y no a lo que subjetivamente desea
el impugnante 36 .
Capítulo II: Principios Recursivos:
31
Manzini, V., Tratado de derecho procesal penal (BS. As. 1954, ed. castellana de Ediciones Jurídicas Europa-
América , Trad. de Sentis Melendo y Ayerra Redín), V.4.
32
Leone, C. Tratado de derecho procesal penal (Bs. As., 1964, ed. castellana de Ediciones Jurídicas Europa-América,
trad. de Sentis Melendo). III, 3.
33
Leone, G. Tratado. Cit., III, 4, nota 3.
34
Del Pozzo., C.U. Le impugnación penali (Padova, 1951, ed. Casa Editen Dott, Antonio Milani), 52.
35
De la Rúa, Teoría General del Proceso. Ediciones Depalma, Buenos Aires. 1991. Pág.186.
36
Sobre el punto ver: Voto N° 00554-2001, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
24

Bajo esta denominación se hará referencia al marco regulador de todos los
recursos. Como principios que son, no necesariamente han de estar plasmados
normativamente pero, en el caso costarricense, sí lo están:
Sección I. Taxatividad de los recursos:
La taxatividad alude a que los recursos sólo pueden ser interpuestos
contra las resoluciones previamente establecidas por la ley (objetiva) y por las
personas que el legislador expresamente prevea (subjetiva). Por ende, no existe la
libertad recursiva que implica que cualquier sujeto procesal puede atacar cualquier
resolución judicial pues ello, obviamente, entrabaría muchísimo el proceso e
imposibilitaría que éste avance a otras etapas.
a.-) Taxatividad Objetiva:
La impugnabilidad objetiva implica que solamente aquellas
resoluciones que la ley ha previsto como recurribles lo pueden ser (principio de
taxatividad objetiva). En el caso nuestro, dicho principio se encuentra previsto en el
artículo 422 del Código Procesal Penal. 37 La finalidad de lo anterior es evitar
dilaciones indebidas durante la tramitación del proceso, de lo contrario las partes
atacarían toda resolución y actuación que les sea contraria a sus intereses. Nótese
cómo el mencionado artículo establece no sólo la taxatividad en el medio (tipo de
recurso) sino también en lo que ya he mencionado de los casos expresamente
establecidos.
La taxatividad del medio también está encaminada a lograr un respeto en el
desarrollo del proceso, es decir, que las partes -para atacar un determinado punto-
no elijan un recurso de revisión cuando aún no se ha resuelto el recurso de
apelación y no existe sentencia contra la que pudiera caber un recurso de casación.
Con ello se pretende que los controles se vayan ejerciendo según el grado
jerárquico de quien revisa lo actuado, garantizándose de esa manera el control de
efectividad que la justicia requiere.
b.-) Taxatividad Subjetiva:
37 Código Procesal Penal. Artículo 422. “Reglas Generales. Las resoluciones judiciales serán recurribles
sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá sólo
a quien le sea expresamente acordado. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, el recurso
podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas.”
25

La impugnabilidad subjetiva está referida a que sólo las partes
que se han visto perjudicadas con la resolución pueden recurrirla. Este término se
refiere al poder de recurrir que se otorga únicamente a determinados sujetos
procesales. También se recoge este principio en el numeral 424, al indicar que:
“Las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen
agravio...”
Este principio se encuentra contenido además en el artículo 422 párrafo
segundo del Código Procesal Penal, al disponerse que el derecho a recurrir le
corresponde a quien le haya sido expresamente acordado y precisamente la forma
en que le ha sido otorgado es mediante el agravio o perjuicio, de lo contrario no
tendría sentido que se recurriera la resolución que ha sido favorable, excepto en los
extremos en que no hayan sido. También, nuestro Código Procesal Penal establece
la posibilidad de que el recurso pueda ser presentado por cualquiera de las partes
intervinientes (incluyendo el abogado defensor del encartado aunque actúe sin
mandato o sin la firma de su patrocinado) si expresamente no se distingue entre
estas. Lo anterior para evitar arbitrariedades procesales y garantizar el principio de
igualdad de las partes.
Se parte que en el momento en que la resolución es impugnada por la parte a
la que le ha sido desfavorable existe un interés que es el motivo que la conduce a la
presentación del recurso. Ello confirma la posición de que si la resolución ha sido
favorable en todos los extremos no tiene interés en recurrirla.
Sección II. Prohibición de reforma en perjuicio:
La prohibición de reforma en perjuicio 38 se ha establecido en razón de
que el recurso se ha previsto en beneficio del recurrente por lo que si éste es único
en recurrir, no puede resultar perjudicado por el ejercicio de dicho derecho.
Conlleva a la consecuencia de que el órgano revisor no puede modificar la
resolución en contra del único recurrente yendo más allá de lo que otorgó o denegó
el ad quo. Si, como producto del único recurso del gestionante, no se entra a
conocer el fondo sino que se anula lo resuelto y se ordena el reenvío del asunto, el
a quo no puede hacer más gravosa la situación de ese único impugnante.
38 También conocida como: prohibición de la reformatio in peius.
26

Esta prohibición de reforma en perjuicio opera, fundamentalmente, en las
sentencias más no en otro tipo de resoluciones siendo la razón básica, que en la
sentencia la situación se resolvió sin posibilidad de llegar más allá que el recurso de
apelación, mientras que en el resto de resoluciones el punto no es decisivo dado que
aún la valoración final del asunto en forma integral no se ha dado, sino hasta el
momento de la sentencia. Igualmente la no reforma en perjuicio está motivada en el
análisis general que ha hecho el juez, cosa que no puede realizar el órgano revisor
en razón de que el recurso limita su competencia.
Resulta importante destacar que la prohibición de reforma en perjuicio no
opera en el tanto que todas las partes que han intervenido recurran (Ministerio
Público e imputado). La aplicación de dicho principio se vuelve inoperante en el
tanto que el órgano revisor deberá valorar los argumentos que dan ambas partes
(para el caso que sea el Ministerio Público e imputado, pero pueden recurrir
también el querellante, por ejemplo), disposición prevista en el artículo 432 del
Código Procesal Penal.
Sección III. Efectos de los Recursos:
Toda decisión judicial producirá algún efecto, ya sea dentro del
proceso como en las partes mismas. La presentación misma del recurso, por regla
general, implica que la ejecución de la resolución dictada se va a suspender –
siempre que el medio impugnativo no se rechace ad portas-, salvo en los casos que
la misma ley excluya tal efecto. Tradicionalmente se han previsto tres efectos: el
efecto devolutivo, el suspensivo y el extensivo, los cuales se expondrán a
continuación.
a.-) Efecto Devolutivo:
El efecto devolutivo surge cuando el órgano revisor es diferente
a aquel del que emanó la decisión cuestionado (ergo, no existe cuando se trata de
una revocatoria). Este órgano adquiere la competencia precisamente por el recurso
que la parte o partes del proceso han presentado. El órgano revisor, si bien adquiere
la competencia en razón del recurso no la obtiene de forma total, sino limitada por
el recurso a los aspectos que los recurrentes le han indicado. En otras palabras, no
podría volver a analizar en su totalidad el caso para el dictado de una nueva
sentencia:
27

“…la expresión “efecto devolutivo” proviene del período del procedimiento
extraordinario del derecho romano, en el cual se consideraba que como los
magistrados inferiores ejercían su competencia en carácter de delegados de
magistrados provistos de superior jerarquía y éstos, a su vez, por delegación del
Emperador a quien correspondía la competencia del juez inferior, quien no tenía la
posibilidad de innovar con respecto a la materia decidida hasta tanto recayera
pronunciamiento en el recurso…” 39
Otra característica de este efecto es que posibilita que la decisión impugnada
sea ejecutada hasta tanto lo decidido no adquiera firmeza. Esto es, aún cuando lo
decidido no esté firme y pueda ser modificado, la orden deberá cumplirse
generalmente considerando las consecuencias gravosas que tendría el esperar a
dicha firmeza (así ante medidas cautelares en que, de esperarse la firmeza, se haría
nugatorio el fin que persiguen: el peligro de fuga o de obstaculización procesal se
haría patente y el derecho proveería soluciones tardías). Nuestro Código Procesal
Penal dispone este efecto, implícitamente, en el artículo 429 en donde refiere que la
resolución dictada no se ejecutará durante el plazo para recurrir salvo disposición
en contrario.
Así, por ejemplo, la emisión de una prisión preventiva o de cualquier medida
cautelar, aunque sea impugnada, no suspenderá la ejecución de lo decidido. La
persona es detenida y estando en prisión es que pueda ejercitar los recursos
correspondientes contra el auto que la privó de su libertad pero no es que, por el
solo hecho de interponer la impugnación respectiva, la orden de detención no se
vaya a ejecutar. Igual ocurre cuando se dicta una sentencia absolutoria y el
imputado está detenido. Aunque el Ministerio Público, el querellante o el actor civil
pretendan o interpongan los recursos correspondientes, la libertad –producto de esa
absolutoria- se ejecuta directamente desde la sala de debates. Los dos casos
mencionados constituyen excepciones a la regla de suspensión del recurso y
ejemplifican el efecto devolutivo de las impugnaciones (ejecútese aunque se
recurra) y están así establecidas por el artículo 256 párrafo primero y 366 párrafo
segundo del Código Procesal Penal.
b.-) Efecto Suspensivo:
El efecto suspensivo implica que la decisión tomada por el a quo
no puede ejecutarse hasta tanto el ad quem no se pronuncie y, efectuado ello,
39
Palacio Lino, Enrique. Los recursos en el proceso penal. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires,
Argentina. 1998. Pág. 26.
28

confirme el pronunciamiento del órgano de inferior grado. Por ejemplo en el caso
de una sentencia condenatoria en donde se ordene la restitución de bienes, ésta
operará hasta que la sentencia adquiera firmeza. Por ello, basta la interposición del
recurso correspondiente para que la orden de restitución o la de inscripción de esa
decisión en el Registro Judicial de Delincuentes no puedan ejecutarse.
La regla es que los recursos tengan el efecto suspensivo. La idea de ello,
salvo asuntos graves, es tener la oportunidad de que la decisión sea revisada antes
de que se ejecute con el fin de evitar mayores efectos nocivos si la decisión es
errada. En el mismo artículo 429 del Código Procesal Penal se agrega que la
resolución dictada no se ejecutará durante el plazo para recurrir salvo disposición
en contrario, que hay algunos, como ya se refirió.
El artículo 436 del Código Procesal Penal dispone, también en forma
expresa, la no ejecutividad de la resolución cuando se presente el recurso de
revocatoria conjuntamente con el de apelación. En estos casos la decisión deberá
suspenderse. A contrario sensu, cuando no se presente el recurso de apelación
conjuntamente con el de revocatoria, sino sólo éste la resolución se podrá ejecutar.
El motivo ya se ha expuesto: la intención del recurso de apelación es,
procesalmente, evitar que la decisión tomada prolongue sus efectos, pero, debemos
partir de que la actividad recursiva es voluntaria por lo que de no presentarse el
recurso de apelación la parte no está interesada en suspender la ejecución de la
decisión ni tampoco de que sea revisada por el ad quem.
c.-) Efecto Extensivo:
Este efecto, como su denominación lo indica, refiere que los
beneficios obtenidos por un imputado se extienden a todos aquellos que se
encuentran dentro de la misma situación jurídica del recurrente. Se produce cuando
sólo una de las partes recurre la resolución, pero al ser acogido el recurso, el efecto
de esa resolución se expande al resto de partes. Por ejemplo: que haya dos
imputados y sólo uno presente recurso de casación en razón de que hubo una
violación grave a la cadena de custodia de la prueba. Tal vicio es concedido en el
voto de la Sala Tercera y, por lo tanto, cubre al otro imputado aún cuando no haya
presentado recurso alguno. El efecto extensivo se puede presentar también en el
caso del derecho de fondo:
“…el fundamento del efecto extensivo radica en la necesidad de evitar el
escándalo jurídico que se generaría frente al dictado de sentencias contradictorias
respecto de quienes se encuentran en idénticas condiciones subjetivas, y el
29

mencionado efecto, además se extiende ipso iure, sin necesidad, por lo tanto, de
que lo requiera la parte no recurrente…” 40
Tal principio constituye:
“…una excepción al principio de personalidad y autonomía de la
impugnación y también al principio dispositivo propio de las vías impugnativas.
Tal situación es de orden público. Tiene como misión evitar resoluciones diversas
en un mismo proceso…” 41
Nuestro Código Procesal Penal extiende los efectos del recurso presentado
por el demandado civil a la responsabilidad penal siempre que incida en ésta. Se
trata de que el demandado civil no sea el mismo acusado ya que eso implicaría que
también presentó recurso de casación –al menos la lógica conlleva a pensar eso-.
Resulta importante considerar varias opciones:
“…a) la inexistencia del hecho, es decir que el hecho no ocurrió, b) se
niegue que el imputado lo cometió, es decir que haya intervenido algún título de
los que componen la participación, c) que no constituya delito, esto es, que no se
encuentra atrapado por figura penal alguna, d) que se haya extinguido la acción,
por ejemplo, por prescripción, no por muerte del imputado pues esta es una causa
personal, e) que la acción penal no pudo iniciarse (…) f) que no pudo
proseguir…” 42
Capítulo III. Requisitos o presupuestos de Impugnación:
Al analizar la impugnación debe referirse al poder y a la actividad de las
partes del proceso, y excepcionalmente también de terceros interesados, ambos
tendientes a conseguir la revocación, anulación, sustitución o modificación de un
concreto acto de procedimiento que se afirma incorrecto o defectuoso, siendo ello
la causa del agravio que el acto produce al interesado en que se analice lo actuado.
Esto puede consistir en actos del tribunal cumplidos de oficio o a petición de
parte, de actos de colaboradores del tribunal (notificaciones), y también de actos de
40
Palacio Lino, Enrique. Op. Cit. Págs. 27, 28.
41
Barbera de Riso, María Cristina. Los Recursos Penales. Lineamientos. Editorial Mediterránea, Córdoba,
Agentina. Pág. 28.
42
Barbera de Riso, María Cristina. Op. Cit. Pág. 29.
30

las partes (actuación tardía), comprendiendo entre estas últimas a sus representantes
legales, mandatarios y defensores en general. 43
El poder de impugnar corresponde en abstracto al sujeto autorizado o
provisto de la aptitud correspondiente, siempre y cuando se le cause un agravio. La
actividad impugnativa se traduce en instancias razonadas consistentes en
interposiciones de recursos con el correspondiente fundamento (motivación) o en
planteamientos de revocatoria, de rescisión o de nulidad. 44
Para que los diferentes medios impugnativos puedan superar el estadio de
admisibilidad y ser conocidos respecto a los agravios de fondo, han de cumplir con
una serie de requisitos que varían conforme a cada ordenamiento jurídico, la
doctrina suele separarlos en requisitos o presupuestos objetivos y subjetivos según
su naturaleza, aluden en términos generales, al acto o resolución recurrible, la
forma de presentación, tiempo que el legislador prevé para que la decisión pueda
ser atacada (a fin de no dejar abierto indefinidamente el plazo en ataque a la
seguridad jurídica), el Tribunal ante el cual se ha de hacer el reclamo, la
fundamentación mínima requerida y otros requisitos según la materia.
Sección I. Presupuestos objetivos:
Los presupuestos objetivos para la impugnación se refieren a los
requisitos que la ley establece para su admisibilidad, indicando las resoluciones que
pueden ser objeto de los recursos.
El elemento taxativo de la impugnabilidad objetiva se deriva del
reconocimiento expreso de que no todas las resoluciones son susceptibles de ser
atacadas en el proceso penal 12 .
Como regla general el artículo 422 del Código Procesal Penal señala que:
“Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los
casos expresamente establecidos".
43
Jiménez Asenjo, Enrique. Derecho Procesal Penal. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid, España. Vol. II
44
Leone, Giovanni. Tratado de derecho procesal penal. Ediciones Jurídicas – Europa – América, Buenos Aires,
1963. T. III. P. 90.
12
Arce Víquez Jorge Luis. El recurso de casación en Costa Rica, San José, instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Taller de Publicaciones de la U.C.R., 2001, “ Aspectos
básicos sobre el recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal”, pag. 8.
31

Y sobre las condiciones de interposición el artículo 423 señala:
“…Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que
se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados
de la resolución...”.
Se aplica un sistema de recursos taxativo y, por excepción, se admite el
recurso contra los autos o resoluciones que pongan fin a la acción, hagan imposible
que continúe o cause gravamen irreparable, de acuerdo al artículo 437 del mismo
cuerpo procesal podrán ser objeto de recurso, y será el Juez quien valore si
concurren los supuestos señalados en esta norma y no contraviene la regulación
expresa.
a.-) Acto impugnable:
Los actos, resoluciones o sentencias tienen establecidos una
serie de normas que establecen cuales de ellas cuentan con algún medio de
impugnación y en que forma. Nos avocaremos brevemente a establecer cuáles actos
tienen remedio procesal para los recursos de apelación, casación y el procedimiento
de revisión.
En cuanto al recurso de apelación el artículo 437 del Código Procesal Penal
señala que:
“ además de lo dispuesto en el procedimiento contravencional y en la
ejecución penal, el recurso de apelación procederá solamente contra las
resoluciones de los tribunales del procedimiento preparatorio e intermedio,
siempre que sean declaradas apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin
a la acción o imposibiliten que esta continúe”.
son:
Las resoluciones apelables en el procedimiento procesal penal costarricense
La desestimación y el sobreseimiento definitivo, por la víctima, el Ministerio
Público, el querellante y el actor civil (arts. 71 inc. c), 282 y 315 Código
Procesal Penal)
La imposición de una medida disciplinaria, por el abogado sancionado (art.
129 Código Procesal Penal)
La prisión preventiva y el rechazo de una medida sustitutiva (art. 256 Código
Procesal Penal)
32

La imposición de cualquier medida cautelar diferente a la prisión preventiva
(art. 256 Código Procesal Penal)
La autorización para la aplicación del procedimiento de tramitación
compleja, por el imputado (art. 377 Código Procesal Penal)
La resolución que resuelve incidentes relativos a la ejecución, sustitución,
modificación o extinción de la pena o de las medidas de seguridad. Pueden
apelar: el MP, el querellante, el condenado y su defensor (art. 454 Código
Procesal Penal)
La sentencia dictada en juicio contravencional, ante el juez penal
procedimiento intermedio (art. 407 Código Procesal Penal)
Además, de conformidad con el artículo 438 del Código Procesal Penal
procede cuando la resolución:
Cause gravamen irreparable
Ponga fin a la acción o imposibilite que la acción continúe
Las sentencias absolutorias o condenatorias, así como los sobreseimientos
definitivos dictados por el Tribunal de Juicio tienen recurso de casación, la ley
establece:
“El objeto del recurso es la sentencia misma y no las resoluciones anteriores
o posteriores a ella.” 22
Las normas procesales establecen la limitación objetiva o, mejor si se quiere,
la posibilidad de impugnar los actos procesales, en especial las resoluciones
judiciales.
La impugnación objetiva se refiere al conjunto de requisitos genéricos que
establece la ley como condiciones de admisibilidad (interés, perjuicio, agravio). Se
parte del presupuesto del artículo 422 del Código Procesal Penal en el sentido de
que las resoluciones serán recurribles solo por los medios y en los casos
expresamente establecidos.
Según la legislación procesal penal son susceptibles de recurso de casación
en la jurisdicción ordinaria penal las sentencias sin hacer distinción entre
condenatorias o absolutarias o en cuanto a la sanción prevista, dictadas por el
Tribunal de Juicio indistintamente de la integración, así como las sentencias de
sobreseimiento definitivo. (art. 444. Código Procesal Penal).
22 González Jorge R. y otro. El Recurso de Casación en el Procesal Penal, AD-HOC.
33

Por últimos los actos que pueden ser analizados por medio del procedimiento
de revisión se rigen por lo indicado en el artículo 408 del Código Procesal Penal
que establece que contra las sentencias firmes y en favor del condenado o de aquel
a quien se le haya impuesto una medida de seguridad y corrección, en los siguientes
casos:
a) Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena resulten
inconciliables con los establecidos por otra sentencia penal firme.
b) Cuando la sentencia se haya fundado en prueba falsa.
c) Si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de
prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otro delito o maquinación
fraudulenta, cuya existencia se hubiera declarado en fallo posterior firme salvo
que se trate de alguno de los casos previstos en el inciso siguiente.
d) Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima como consecuencia directa
de una grave infracción a sus deberes cometida por un juez, aunque sea
imposible proceder por una circunstancia sobreviniente.
e) Cuando después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o
nuevos elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el
proceso, evidencien que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o
que el hecho cometido encuadra en una norma más favorable.
f) Cuando una ley posterior declare que no es punible el hecho que antes se
consideraba como tal o cuando la ley que sirvió de base a la condenatoria haya
sido declarada inconstitucional.
b.-) Formalidades:
Según la etapa en la que el proceso se encuentre los recursos que
quepan contra la resolución que se pretende combatir han de interponerse por
escrito o de modo oral:
1.-)- Escrita:
34

La forma en que tradicionalmente se presentan los
recursos es la escrita. Aún cuando el proceso penal se ha caracterizado por ser oral,
en materia de recursos la forma de presentación es escrita –con las excepciones que
se dirán más adelante-. La razón es sencilla: aún cuando la oralidad es regla en el
proceso penal, la mayoría de los recursos se producen una vez que el acto o
resolución se ha dictado y consta en el expediente por lo que la oralidad en forma
inmediata no se podría aplicar.
La sentencia se recurre una vez dictada y notificada, la resolución que ordena
la prisión preventiva se apela una vez que se ha adoptado la misma, etc, dejándose
la vista como única manifestación de oralidad. En efecto, la resolución que se ataca
proviene o se genera con ocasión de la oralidad pero se manifiesta en forma escrita.
La forma escrita permite constatar, de modo directo, los términos que vienen
a limitar la competencia en tanto que si fuera la forma oral se podría prestar a
diversas interpretaciones que expondrían a una posible resolución ajena a lo
peticionado en el tanto que el juez podría tomar en consideración o interpretar
erróneamente el querer del recurrente.
2.-) Oral:
En la actualidad con la implementación de la oralidad en
el proceso penal, se ha ampliado la posibilidad de presentar diferentes recursos de
forma oral. Previo a esto el único recurso que se presentaba de forma oral es el
recurso de revocatoria cuando surgían motivos para su interposición durante alguna
de las audiencias.
En efecto, el recurso de revocatoria se presenta en forma oral únicamente
durante las audiencias ya que se hace con la intención de modificar algún punto
sobre la marcha del proceso que se encuentra en su fase oral, por ejemplo durante
la audiencia preliminar o la etapa de juicio. Podría presentarse, también, en el caso
de que durante algún acto se requiera enderezar el procedimiento: por ejemplo en la
decisión adoptada por un juez en un allanamiento que se atacará inmediatamente de
ese modo, sin perjuicio de otros señalamientos ulteriores que, vía actividad procesal
defectuosa, puedan hacerse.
La audiencia oral o “vista” tiene como fin el recibir prueba que deba evacuarse
de esta manera, o bien, la atención del gestionante que estima necesario exponer de
esta forma sus alegaciones ante el Tribunal de alzada o de casación, e incluso está
prevista para aquellos casos en que éste la considere útil.
35

En los últimos tiempos recursos como el de apelación, adición y aclaración,
se han venido implementado de forma oral tanto en las audiencias preliminares
como en las vistas previas, siguiendo los principios de desinformalización 45 ,
celeridad procesal 46 e inmediatez 47 .
c.-) Plazo o tiempo:
Por plazo o tiempo de impugnación se debe entender el lapso en
el cual la parte que se sienta agraviada tiene la oportunidad de presentar el recurso
que corresponda según la resolución de que se trate.
Este plazo se encuentra previsto de forma expresa en el Código Procesal
Penal según sea el recurso del que se trate. Los plazos son perentorios, el Juez o la
parte no pueden ampliarlos y, una vez vencidos, se extingue el derecho para
recurrir.
El plazo variará según el recurso del que se trate: el recurso de revocatoria
ante la decisión surgida en las audiencias, deberá interponerse en el momento en
que se tome la decisión, sin plazo mayor. Si se trata de una resolución escrita la
revocatoria se interpondrá dentro de los siguientes tres días. En el caso del recurso
de apelación el plazo será de tres días hábiles después de la notificación de lo
resuelto y, para el caso del recurso de casación, la interposición debe hacerse dentro
de los quince días hábiles posteriores a la lectura integral de la sentencia.
45 Las formalidades procesales tienen el sentido de protección de determinados valores y garantías, son
expresamente dictadas en la ley. Donde no hay forma definida, los actos de documentación y trámite
deben realizarse con el mínimo. Debido proceso no es sinónimo de excesivo formalismo como una forma
de tutela de los derechos fundamentales. Las formas son un medio para alcanzar la justicia. La nulidad por
la nulidad no tiene sentido, y una formalidad cobra importancia, y hasta puede acarrear la invalidez del
acto, si se incumple, cuando la misma posibilitaba la tutela de una garantía constitucional.
46 La legislación procesal penal impone sobre todo a los autoridades judiciales, la obligación de la
celeridad de los procedimientos, estableciendo incluso como una causa de extinción de la acción penal la
demora injustificada del procedimiento preparatorio, o para las partes la interrupción del cómputo de la
prescripción cuando el debate no se realice por acciones dilatorias de la defensa. Dentro de un plazo
razonable se debe producir la resolución final del proceso y todas las peticiones de las partes deben ser
tramitadas de forma oportuna, sin dilaciones indebidas.
47 Se tuvo por parte del autor la posibilidad de conversar con los coordinadores tanto de la Defensa
Pública, como de la Fiscalía del Tribunal de Flagrancias, siendo que ambas partes refirieron que se
encuentran analizando seriamente la posibilidad de presentar recursos de casación ante la Sala Tercera de
la Corte Suprema de Justicia y ante los diferentes Tribunales de Casación de forma oral.
36

Para la revisión la norma es ajena a todo lo dicho hasta aquí en cuanto al
plazo dado que el recurso se puede presentar incluso una vez cumplida la pena, por
lo que no existe un plazo en la Ley.
El fundamento del plazo es dar seguridad jurídica a las partes no sólo en la
uniformidad del tiempo que tienen para presentar el recurso, sino también para
evitar dilaciones indebidas.
d.-) Lugar:
Como se indicó el recurso se presenta en forma oral o escrita
ante el juez que dictó la resolución dado que es quien mantiene en su poder la causa
en la que se cometió el acto procesal que se impugna. Esto opera para el recurso de
revocatoria, apelación y casación no así con el recurso de revisión (artículo 410 del
Código Procesal Penal) el cual se presentará ante la Sala Tercera de la Corte
Suprema de Justicia o el Tribunal de Casación Penal según indique la ley.
e.-) Fundamentación:
Todos los recursos deben de ser debidamente fundamentados, no
basta que se presenten en tiempo y en el lugar señalado para ser admitidos, deben
de establecerse claramente los agravios de forma razonada bajo pena de
inadmisibilidad. La fundamentación de los agravios brindará al Tribunal a quem el
marco de su competencia y por lo tanto no basta con decir que se encuentra
inconforme con lo resuelto, sino que se deben establecer las razones.
Sección II. Presupuestos Subjetivos:
La competencia otorgada al superior se limita por una parte por los
agravios reclamados por el recurrente (artículo 459 Código de Procedimientos
Penales 48 y artículo 431 del Código Procesal Penal 49 ), y por la otra la admisión de
su impugnación, encuentra una excepción en el deber de declarar la actividad
procesal defectuosa absoluta de oficio y en cualquier estado del proceso.
48 El artículo 459 del Código de Procedimientos Penales indicaba respecto a los recursos en su parte general: “El
recurso atribuirá al Tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a
que se refieren los agravios.
49 El artículo 431 del Código Procesal Penal indica: “Competencia. El recurso atribuirá al tribunal de alzada
el conocimiento del proceso, sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieran los agravios”.
37

Efectivamente, el artículo 459 Código Procesal Penal al hablar de "agravios"
no hace otra cosa que aludir al interés que debe tener el recurrente, el cual es
determinable confrontado su situación antes y después de la resolución
cuestionada; lo mismo que su situación, podría agregarse, después de una hipotética
acogida de su pretensión o supresión del vicio acusado. Si no hay modificación
eficiente alguna en su beneficio, no existirá interés.
En su referencia a las resoluciones judiciales ese interés resulta evidente ante
la existencia de un agravio. Entiéndase por “agravio” el perjuicio o gravamen,
material o moral, que una resolución judicial causa efectivamente a una persona
que en el proceso donde recae se ubica en posición de parte. De aquí que debe estar
consolidado con la posición jurídica asignada por la ley a quienes actúan con
calidad de parte. De ello resulta que no es posible impugnar un acto por el
interviniente que objetivamente encuentra satisfecho el interés que pretende hacer
prevalecer en el proceso, o en un incidente o artículo tramitado dentro del
proceso. 50
Así solo la parte que puede alegar fundadamente un agravio podrá interponer
el remedio procesal correspondiente.
a.-) Parte:
Por parte debemos entender no sólo la o las personas
intervinientes en el proceso penal, sino cada uno de los centros de interés
claramente definidos a partir de sus posiciones procesales. Así tenemos a la defensa
e imputado, el Ministerio Público, actor civil y querellante.
1.-) La defensa y el imputado:
En cuanto al Recurso de Casación el defensor que
representó al imputado durante el juicio, siempre que éste no lo haya cambiado
antes de que pasen los quince días para la interposición del recurso. Con la defensa
pública se debe ser cuidadoso, pues al debate se pudo presentar otro abogado que
sustituyó temporalmente al defensor titular u oficial que había sido nombrado para
todos lo efectos. Comúnmente se admite que tanto el encartado presente un recurso
como defensa material y el defensor el propio como defensa material, sin embargo
esto no debe prestarse a confusión pues se trata de la misma parte procesal.
50 Claus Roxin. Derecho Penal. Madrid 1998. Ediciones Jurídicas y Sociales. P. 30.
38

Así se ha entendido cuando como se dirá la defensa no se puede adherir al
recurso del imputado o viceversa.
2.-) El Ministerio Público:
Nuestro sistema procesal penal permite en tesis de principio al Ministerio
Público interponer los mismos recursos que las demás partes, con la excepción del
procedimiento de revisión. Esto en aplicación al principio de igualdad de armas.
En cuanto a la posibilidad de que el Ministerio Público presente recurso de
casación contra la sentencia absolutoria o en general recurra la sentencia de los
Tribunales de Juicio, se ha criticado por parte de la doctrina, en el sentido que
afecta el principio no bis in ídem 51 .
En cuanto este punto la Sala Tercera ha sido rigurosa indicando:
“Conviene advertir que el Ministerio Público se encuentra obviamente
legitimado para cuestionar en un recurso las motivaciones que los Jueces dieron a
su acuerdo sobre la pena; cuestionamiento que puede ser tanto a favor del
imputado como pretendiendo una sanción mayor a la que se impuso. Sin embargo,
cuando el recurso no es ejercido a favor de los intereses del justiciable, el
Ministerio Público debe precisar con claridad cuál es el agravio sufrido y que se
concreta en las razones que lo llevan a estimar que las penas decididas son
desproporcionadas, por exiguas. El órgano acusador no posee, entonces,
legitimación para discutir única y exclusivamente las motivaciones de la pena y
pedir un juicio de reenvío para que allí se determine cuál deba ser la sanción más
proporcionada. La legitimación para recurrir, en esa hipótesis, solo la tiene la
fiscalía cuando sea claro su desacuerdo con la pena impuesta, señalando de
manera expresa cuál, en su criterio, es la que debió acordarse, con arreglo a
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad y los demás factores que
contempla el artículo 71 del Código Penal. De otro modo no se está aduciendo
ningún agravio real, sino, a lo sumo, una mera disconformidad subjetiva con lo
resuelto o, como ocurre en el presente caso, se efectúa un ejercicio carente de
contenido material, basado en una supuesta falta de fundamentación pero sin
especificar cómo afecta esa falencia los intereses del órgano acusador. Puesto que
las sanciones impuestas en la especie fueron las mínimas, es evidente que la
51 En este sentido Cfr. Versión Digital: LA IMPUGNACIÓN DEL ACUSADOR: ¿UN CASO DE NE
BIS IN IDEM?; Julio B.J. Maier; este trabajo es una versión parcial y sintética del punto “Posibilidad de
impugnar la sentencia de condena”, desarrollo en el libro del mismo autor Derecho Procesal Penal,. Ed.
Del Puerto de Buenos Aires, 1996, segunda edición, Tomo I.
39

defensa y el imputado no poseen legitimación para discutir las motivaciones de lo
decidido, ya que no pueden aspirar a montos menores a los acordados y si el
Ministerio Público ejerce el recurso, está en la obligación de combatir, no solo
esas fundamentaciones, sino, se reitera, la proporcionalidad y razonabilidad de lo
resuelto, señalando con claridad que su pretensión es la de que se aumente la pena
(con expresa mención de cuáles son los factores dejados de considerar por los
Jueces y que evidencian como exiguas las sanciones acordadas) y no tan solo
pidiendo un juicio de reenvío para que se vuelva a discutir el tema” 52 .
Sin embargo en el Derecho Procesal Penal europeo-continental, de cuño
inquisitivo originario, por lo tanto, también en nuestro Derecho, ya la pregunta en
sí significa menos que una extravagancia. En efecto, los principales códigos
europeos, que siempre constituyen referentes para nuestro Derecho Procesal Penal
y su desarrollo, conciben al recurso contra la sentencia, fundamentalmente al
recurso de casación, de modo "bilateral": se trata de remedios contra las
resoluciones judiciales consideradas injustas por y para alguno de los protagonistas
del procedimiento, legitimados para intervenir en él y a quienes la resolución
alcanza, bajo la condición básica de que ella les provoque un "agravio", esto es,
decide en contra de sus intereses expresados en el procedimiento, concediéndoles
algo menos que aquello que pretenden de ella o algo distinto de aquello que
pretenden.
En primer lugar, el principio ne bis in ídem, correctamente interpretado por
su solución más estricta para la persecución penal, debería conducir, por sí mismo,
a impedir que el Estado, una vez que ha decidido provocar un juicio contra una
persona ante sus propios tribunales de justicia, pueda evitar la decisión adversa del
tribunal de juicio, mediante un recurso contra ella, que provoca una nueva
persecución penal en pos de la condena o de una condena más grave, con lo cual
somete al imputado a un nuevo riesgo de condena y eventualmente, a un nuevo
juicio.
En Costa Rica la ley impone un límite a esta potestad para sólo una vez
referente al Recurso de casación, sin embargo actualmente se encuentra
cuestionado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
3.-) El actor civil y el demandado:
52 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia Voto Nª 757-06
40

El actor civil y el demandado civil debidamente
acreditados como parte en el proceso podrán interponer cualquier recurso existente,
claro está siempre y cuando indiquen el agravio.
4.-) El querellante:
El querellante y el querellado que se han constituidos
como tales en el proceso.
El Tribunal de Casación Penal, mediante el Voto Nª 204-02 de las nueve
horas con cuarenta minutos del ocho de marzo del dos mil dos, ha pronunciado:
“ Para que la víctima pueda recurrir en casación, es necesario que se haya
constituido en querellante tal y como se infiere del articulo 80 del Código
Procesal Penal, que si le confiere al querellante los mismos recursos que al
Ministerio Público, pero no a la victima como tal, quien al no haberse constituido
en querellante o actor civil, no es parte y en consecuencia no se ajusta al
requerimiento de impugnabilidad subjetiva que contempla el numeral 424 del
Código Procesal Penal, que aparte de los casos en los que expresamente se
acuerda a un sujeto el derecho de recurrir (articulo 422 del C.P.P.), solo les
permite a las partes impugnar las decisiones que les causa agravio…”
b.-) Interés para apelar o Agravio:
No sólo se requiere que la resolución judicial sea recurrible, lo
haga la parte legitimada y por el medio que se ha previsto para ello en tiempo y
lugar sino que, además, se ha establecido una limitación adicional: que se haya
causado un agravio y que no se haya colaborado en su producción. En efecto, el
recurso pretende evitar que una o más partes dentro del proceso sufran las
consecuencias de una decisión errada, por tal motivo es indispensable que la
decisión causante de un perjuicio se elimine o, al menos, se disminuya con la
intervención del órgano revisor. Tal previsión del legislador resulta absolutamente
válida ya que, si no se causa un agravio ¿qué sentido tendría el recurrir?
Evidentemente ninguno, salvo, claro está el retraso indebido del proceso.
El agravio no puede constituirlo el que la decisión sea contraria a sus
intereses, dado que tal posición conllevaría a un proceso indefinido en razón de que
siempre va a existir una decisión contraria a alguna de las partes y ello legitimaría
que se continúe con los recursos en el tiempo. El agravio debe de tratarse ya sea de
un vicio in iudicando o in procediendo.
41

El recurso implica una manifestación de voluntad de la parte que se expone a
través de la presentación de la respectiva impugnación (revocatoria, apelación,
casación, procedimiento de revisión).
La presentación del recurso implica, además de esa manifestación de
voluntad, la oposición a una decisión que se ha tomado por parte del juzgado o
contra un dictamen emitido por un auxiliar de justicia. 53 El interés por apelar debe
ser ejercido dentro del plazo que el ordenamiento ha considerado pertinente y sobre
el cual ya se hizo referencia, tal plazo se ha establecido considerado que ninguna de
las partes va a aceptar una decisión que causa un gravamen que puede ser
irreparable.
Otro aspecto muy parecido al presente es el ataque a los vicios del
procedimiento y, para el caso que por negligencia del abogado defensor –por
ejemplo- no haya presentado el reclamo del vicio dentro del plazo o se haya
mostrado por esa razón, tácitamente conforme con el; si causa un gravamen
irreparable puede ser saneado el vicio de oficio (artículo 178 del Código Procesal
Penal 54 ).
Precisamente como el recurso es una manifestación de voluntad, en algunos
casos se producirá la convalidación automática del vicio: tales casos los
encontramos en el artículo 177 del Código Procesal Penal, 55 específicamente en el
inciso segundo donde expresamente se contempla el principio de convalidación.
53 Como podría ser cuando se apela el Dictamen Médico Forense previsto en el artículo 34 de la Ley
Orgánica del O.I.J. que dispone: “…A las secciones del Consejo les corresponderá dictaminar, en alzada,
sobre las cuestiones médico legales que se susciten en los procesos cuando lo ordenen los Tribunales de
Justicia, de oficio o a solicitud de parte. Para ejercer sus potestades, deberá existir la consulta, en su
caso, o el respectivo recurso de apelación, el cual se interpondrá ante el Tribunal que conoce del
proceso, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que el dictamen impugnado haya sido notificado a
todas las partes…”
54 El Código Procesal Penal en el Artículo 177 establece: “Defectos absolutos. No será necesaria la
protesta previa y podrán ser advertidos aun de oficio, los defectos concernientes:
a) A la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que
la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y garantías previstos
por la Constitución Política, el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en el
país y la ley.
b) Al nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales.
c) A la iniciativa del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y su
participación en el procedimiento.”
55 El Código Procesal Penal en el Artículo 177 establece: “Convalidación. Salvo los casos de defectos
absolutos, los vicios quedarán convalidados en los siguientes casos: a) Cuando las partes o el Ministerio
42

Capítulo VI. Tipos de Recursos:
Tradicionalmente los recursos han sido clasificados en ordinarios (según que
de ellos puedan hacerse uso con relativa amplitud) y extraordinarios (cuando están
previstos para determinados y muy calificados casos). Pasaremos a analizar cómo
se manifiesta esa clasificación en nuestro medio:
Sección I. Ordinarios:
En nuestra legislación procesal penal vigente son tales el de aclaración
y adición, revocatoria, apelación y casación pues éste, aunque es conceptualizado
como extraordinario en otras latitudes, es el único que permite cumplir con la doble
instancia contra la sentencia integral que pone fin al proceso y le otorga carácter de
cosa juzgada material a lo resuelto.
a.-) Aclaración y Adición:
Este recurso se interpone por cualquier parte ante el mismo
tribunal que falló, sin importar que sea otra la persona que resuelva; no se trata de
modificar el fondo de la resolución o sentencia, sino de aclarar términos ambiguos
o confusos o adicionar extremos que por error material no se resolvieron a pesar de
haber sido puestos en conocimiento.
La jurisprudencia ha dicho:
“…En efecto como en reiteradas ocasiones lo ha dicho esta Sala, debe
recordarse que tanto la adición, como la aclaración, son instrumentos procesales
previstos para que, el Tribunal de oficio, o a solicitud de parte, enmiende
eventuales errores que contenga el fallo, siempre y cuando la corrección no
implique modificar lo resuelto. Se trata entonces de dos mecanismos que, aunque
inciden directamente en la redacción del fallo, son claramente diferenciables, pues
mientras que con la aclaración los términos oscuros, ambiguos o contradictorios
pueden esclarecerse, con la adición, se puede agregar al fallo la resolución de algún
Público no hayan solicitado oportunamente su saneamiento b) Cuando quienes tengan derecho a
impugnarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente los efectos del acto c) Si no obstante su irregularidad,
el acto ha conseguido su fin respecto de los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las
facultades de los intervinientes”.
43

punto controversial, dejado de considerar. En la especie, la Sala estima que la
sentencia cuya adición y aclaración se solicita, es conforme a Derecho, pues, en
primer lugar, no contiene razonamientos oscuros, ambiguos ni contradictorios que
merezcan ser aclarados, y, en segundo lugar, no se aprecian aspectos de
importancia que se hayan dejado de resolver y que deban ser agregados en esta
oportunidad...” 56
b.-) Revocatoria:
El recurso de revocatoria, constituye una impugnación de
carácter directo ante el propio Tribunal que ha resuelto, esto permite a la parte
indicar en qué consisten los errores en que incurrió para que el Tribunal vuelva a
analizar el punto. La ventaja que ofrece es que evita la necesidad de que la
resolución sea analizada por el órgano revisor en alzada.
La doctrina lo ha definido como:
“…El recurso de reposición o revocatoria constituye un remedio procesal
tendiente a obtener que la misma instancia donde una resolución fue emitida,
subasane por contrario imperio, los agravios que aquella pudo haber inferido…” 57
La limitación que presenta el recurso de revocatoria es que no cabe contra
todas las resoluciones que se dictan. Por ejemplo, no cabría el recurso de
revocatoria contra una sentencia o contra un sobreseimiento definitivo, esto en
razón de que con el dictado de la misma se agotó la competencia del juez al haber
finalizado la etapa procesal en la que se encontraba, tal es la posición de la doctrina
al indicar:
“…el Juez agota su jurisdicción en el momento mismo de en que la ejerce,
obedece –según piensa Alcalá-Zamora y Levene- a razones jurídicas y
psicológicas: jurídicas, para asegurar la necesaria estabilidad a las decisiones; y
psicológicas, por no ser probable que el propio autor del error o injusticia lo
rectifique espontáneamente…” 58
56
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las ocho horas con treinta minutos del nueve
de octubre de dos mil uno.
57
Vescovi, (Enrique), Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica; Ediciones
Desalma, Buenos Aires, Argentina, 1988, Pág. 85.
58
Ayan, Manuel. Op. Cit. Pág. 50.
44

En nuestro sistema el recurso de revocatoria está limitado, pudiéndose
presentar contra las providencias y los autos que se resolvieron sin sustanciación,
esto es, sin audiencia a las partes. Esta limitación pareciera ir en contra de la
celeridad procesal, sin embargo, lo dicho es sólo apariencia ya que más bien sería
una forma de evitar que hayan dilaciones indebidas.
Esta última posición es la prevista por el artículo 434 del Código Procesal
Penal 59 en el tanto que dispone que únicamente contra resoluciones que se hayan
dictado sin sustanciación cabrá el recurso de revocatoria.
El espíritu de celeridad y de oralidad –los cuales son el complemento ideal-
se evidencia también en el artículo 435 del Código Procesal Penal 60 en el cual se
dispone que en las audiencias orales el recurso se deberá presentar en forma oral;
con ello se evitan dilaciones innecesarias que implicarían mayor consumo de
tiempo al requerir que la parte lo presente por escrito, donde la sola presentación ya
es engorrosa al tener que pasar por una oficina receptora de documentos, luego al
despacho para que se agregue al expediente y, por último, al juez para resuelva.
Este recurso no tiene efectos suspensivos dado que el juez ejecutará la
decisión tomada, pudiendo variarla si la revalorización surgida con ocasión del
recurso tiene esa virtud, lo cual es un efecto lógico dado que es el mismo juez el
que la dictó quien resolverá del recurso. Tiene efectos no devolutivo en el tanto es
el juez que dictó la resolución (no otro) el que lo resuelve.
Al igual que todos los recursos, cuando se presenta un recurso de revocatoria
debe existir un agravio, a pesar de que se trate de autos de menor importancia para
el proceso, debe causar un gravamen para que puede ser impugnado por la vía de la
revocatoria.
c.-) Apelación:
59 El Código Procesal Penal en el Artículo 434 establece: “Procedencia. El recurso de revocatoria
procederá solamente contra las providencias y los autos que resuelvan sin sustanciación un trámite del
procedimiento, a fin de que el mismo tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la
resolución que corresponda.”
60 El Código Procesal Penal en el Artículo 435 establece: “Trámite. Salvo en las audiencias orales, este
recurso se interpondrá, en escrito fundado, dentro de los tres días siguientes a la notificación. El tribunal
resolverá por auto, previa audiencia a los interesados, por el mismo plazo.”
45

Este recurso es devolutivo en el tanto que el juez que revisa lo
actuado no es el mismo, por competencia, del que dictó la resolución que se
impugna. De conformidad con el artículo 437 del Código Procesal Penal 61 el
recurso de apelación procede contra la desestimación, el sobreseimiento definitivo,
la sentencia de los juzgados contravencionales y tránsito, la resolución que impone
y prorroga la prisión preventiva o medidas cautelares, así como toda aquella que
cause un gravamen irreparable, pongan fin a la acción o imposibilite que esta
continúe.
En éste recurso se incluye un concepto adicional: “el gravamen irreparable”.
Gravamen es definido por el Diccionario de la Real Academia como:
“…carga, obligación que pesa sobre alguien… 62
Resulta, entonces, importante determinar si en realidad en el recurso de
apelación en nuestro Código Procesal Penal resulta ser taxativo en cuanto a la
impugnabilidad objetiva. Por la forma en que se encuentra redactado el artículo 437
del Código Procesal Penal, podríamos afirmar que no lo es, por dos razones: no
establece en forma expresa las resoluciones impugnables, por lo que simplemente
es enunciativo al permitir que se valore la posibilidad de que la resolución que
cause un gravamen o perjuicio irreparable sea objeto del recurso de apelación.
Sobre este punto queda a criterio del juzgador que verifica la admisibilidad
del recurso si en efecto se da tal gravamen que no basta que sea tal sino que debe
ser, además, irreparable por vías diversas al recurso. Sin embargo gravamen
irreparable es un concepto jurídico indeterminado el cual resulta a todas luces
subjetivo. Tal subjetividad, definida por la apreciación del juzgador, conlleva que
se violente el principio de igualdad y no se genere la suficiente seguridad jurídica.
Es evidente que tal parámetro determinante para un recurso de apelación, no
es claro, ni brinda la seguridad deseada. Con el fin de solucionar el problema
61 El Código Procesal Penal en el Artículo 437 establece: “Resoluciones apelables. Además de lo dispuesto
en el procedimiento contravencional y en la ejecución penal, el recurso de apelación procederá solamente
contra las resoluciones de los tribunales del procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean
declaradas apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que esta
continúe.”
62
Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa Calpe. S.A., Madrid, España. Vigésima Primera
Edición. 1994. Pág. 1057.
46

podría pensarse en aplicar el artículo 2 del Código Procesal Penal, 63 dado que la
admisión del recurso constituiría el reconocimiento de una facultad que tiene el
recurrente, sin embargo, tal posibilidad se descarta debido a que, precisamente lo
que se analiza es si el recurrente tiene la facultad de recurrir por cuanto lo que se
interpreta no es una norma, sino que la labor que se realiza en esa etapa de
admisibilidad es una valoración del punto alegado lo que está fuera del rango de
aplicación del artículo segundo del Código Procesal Penal. Así la fórmula
establecida en el Código Procesal Penal no establece una impugnación objetiva
taxativa sino enunciativa y cuestionable desde el punto de vista de la seguridad e
igualdad jurídicas.
No ocurre lo mismo con las resoluciones que ponen fin al proceso o
imposibiliten que éste continúe dado que en éstas basta con determinar si la causa
puede continuar o no, es decir, la labor consiste en analizar si la misma puede llegar
a una etapa ulterior o no, lo cual es una constatación objetiva de la situación
procesal.
En el recurso de apelación se debe igualmente indicar claramente el agravio
sufrido por el recurrente, este extremo ha sido incluso sostenido por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando dijo:
“…El recurso de apelación, o alzada, ha sido previsto para que aquel que
considera ha sufrido en agravio con la sentencia del juzgador inferior, pueda
reclamar de ella y obtener se revocación por el Superior. La previsión en la
legislación del recurso de apelación potencia el derecho de defensa; sin embargo,
éste sólo se verá efectivizado con la argumentación que se haga en contra de lo
resuelto, de manera que el Superior pueda hacer un análisis sobre los puntos de
inconformidad del apelante. Como en el caso que nos ocupa el accionante en el
momento procesal oportuno no indicó los motivos de su inconformidad, lo resuelto
además de ajustado a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Pensiones
Alimenticias (que exige argumentación en la apelación) resulta razonable,
especialmente en esta materia en que existe un derecho prioritario de los
acreedores alimentarios a la satisfacción de sus necesidades. No encontrándose en
63 El Código Procesal Penal en el Artículo 2 establece: “Regla de Interpretación. Deberán interpretarse
restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un
poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia se prohíbe la interpretación
extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad
conferida a quienes intervienen en el procedimiento.”
47

lo actuado ninguna lesión a derecho fundamental del accionante se declara sin lugar
el recurso… 64 ”
El examen de admisibilidad lo hará el Juez de Apelación, quien debe
resolver el asunto dentro de los cinco días siguientes al que recibe las actuaciones y
de inmediato devolverlas al “ad quen”, este plazo comprende tanto la admisibilidad
como la resolución de la cuestión planteada, según se desprende del artículo 437
del Código Procesal Penal.
Este recurso prevé expresamente la posibilidad de una audiencia oral en el
artículo 441 del Código Procesal Penal 65 , tal audiencia puede ser para la recepción
de la prueba ofrecida por las partes, así como para exponer sus argumentos en
forma oral, medio procesal de uso más frecuente en la actualidad, siendo que
incluso los Tribunales de oficio señalan la vista.
La relevancia de tal audiencia es una mejor compresión del punto que se
viene alegando y se encuentra sujeta a los principios de oralidad, inmediatez y
concentración, los cuales se manifiestan en la obligación del juzgador de resolver
inmediatamente después de finalizada la audiencia.
d.-) Casación:
Etimológicamente el término casación, proviene del latin
“casso” y del francés “casser”, ambos términos tienen entre otros significados:
“romper”, “destruir”, “partir”, trasladando estos términos al campo jurídico,
equivalen a “rescindir” o “anular”.
El verdadero origen de la casación moderna se encuentra en el Derecho
Francés, propiamente del Tribunal de Cassation del Conseil des parties.
64 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; VOTO N° 2024-93; a las ocho horas cuarenta y
ocho minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y tres.
65 El Código Procesal Penal en el Artículo 441 establece: “ARTÍCULO 441.- Audiencia oral. Si, al
interponer el recurso, al contestarlo o adherirse a él, alguna parte ofrece prueba que deba ser recibida en
forma oral, o considera necesario exponer oralmente sus alegaciones, o bien, cuando el tribunal la estime
útil, fijará una audiencia oral dentro de los quince días de recibidas las actuaciones y resolverá
inmediatamente después de realizada la audiencia. Quien ha ofrecido esa prueba tomará a su cargo hacerla
concurrir a la audiencia y el tribunal resolverá únicamente con aquella que se incorpore y con los testigos
que se hallen presentes. El secretario auxiliará al oferente expidiendo las citaciones o las órdenes necesarias,
las que diligenciará el recurrente.
48

El recurso de casación se define como:
“Medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho expresamente
previstos en la ley, una parte postula la revisión de errores jurídicos atribuidos a
la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la
ley sustantiva, o la anulación de la sentencia y una nueva decisión, con o sin
reenvío a nuevo juicio” 66
En nuestro sistema judicial constituye el único medio impugnativo previsto
para atacar las sentencias completas en donde se imponga o libere de
responsabilidad penal y/o civil a una persona, de allí que sea considerado un
recurso ordinario.
d.1.-) Características de la Casación Penal:
La figura que aquí interesa se encuentra regulada en los
artículos del 443 al 451 del Código Procesal Penal, los cuales deben ser siempre
examinados a la luz de los numerales 422 a 433, 363, 365, 369 y 175 a 179, todos del
mismo texto legal de donde podemos extraer las siguientes características.
1.-) Ordinario o Extraordinario:
Lo primero que nos interesa destacar es que el
recurso de casación penal es un medio de impugnación ordinario. Es cierto que un
importante sector de la doctrina 67 suele referirse al mismo como un recurso
extraordinario, básicamente por cuanto no es común considerarlo una instancia 68
más dentro del proceso, sino sólo un control de derecho tras el cumplimiento de las
respectivas instancias.
Sin embargo, a nuestro juicio el modelo costarricense no sigue ese camino,
partiendo de que todos los sujetos se encuentran legitimados para recurrir, la
viabilidad de interponer el recurso contra cualquier sentencia, la posibilidad de alegar
cualquier quebranto del debido proceso como motivo de casación y la eliminación de
66 De la Rúa, Teoría General del Proceso. Ediciones Depalma, Buenos Aires. 1991. Pág.186.
67 Por todos, véase: DEVIS ECHANDÍA (Hernando). Teoría general del proceso, Editorial Universidad, Buenos
Aires, Argentina, 3ª edición, 2002, página 513. Por cierto, al desarrollar la casación, DEVIS ECHANDÍA cita otros
autores en los que basa su criterio, entre los cuales menciona a Piero CALAMANDREI.
68 DEVIS ECHANDÍA utiliza esta palabra en sentido técnico, pues se refiere a “instancia” en relación con un
proceso de doble grado de jurisdicción, es decir, con dos juicios de mérito (sobre el fondo del asunto) que van
seguidas de un control estrictamente técnico en cuanto a la aplicación de normas jurídicas.
49

estricciones para impugnar basadas en el monto de la pena, el sujeto o el tipo de
delito, estimamos que la casación penal de Costa Rica se puede considerar
perfectamente como un recurso ordinario, desde su regulación legislativa, sobre todo
tomando en cuenta todos los criterios de admisibilidad y flexibilidad que imperan,
como se ha dicho repetidas oportunidades, desde la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera.
Vincenzo Manzini fue claro al distinguir las impugnaciones ordinarias de las
extraordinarias, no desde el punto de vista de las etapas agotadas antes de su
procedencia, sino de su normalidad o excepcionalidad como fases del proceso antes
de que la respectiva resolución a impugnar alcance el carácter de cosa juzgada. Así,
denomina “ordinarias” aquellas impugnaciones “que concede normalmente la ley, o
sea, sin el presupuesto de alguna cosa excepcional, y que se pueden actuar sólo en
relación a providencias que no han adquirido aún autoridad de cosa juzgada o que
no son susceptibles de adquirirla nunca, como la apelación, y el ordinario recurso de
casación”. 69 Por su parte, por “extraordinarias” el autor de cita entiende aquellas que
la ley prevé en supuestos excepcionales y (Manzini utiliza esta conjunción
copulativa) que se dirigen contra resoluciones que ya adquirieron el carácter de cosa
juzgada. 70
Retomando la regulación legal de esta figura, conviene recordar que el recurso
se ha previsto para aquellos casos en que se haya inobservado o irrespetado una
disposición de ley, siendo necesario –cuando el vicio se produzca en relación con
normas procedimentales- que se haya reclamado oportunamente su saneamiento,
salvo que se trate de defectos absolutos o que el defecto ocurra después del debate. Al
respecto nos interesa señalar que al preverse como falta procesal el que se incurra en
los supuestos del artículo 178 del Código Procesal Penal, y al estar estos
inseparablemente ligados con la observancia del debido proceso (véase el inciso 1º
del último artículo mencionado), no nos cabe duda de que cualquier quebranto de éste
que incida en la sentencia, motiva la casación. Así, estimamos que se está ante un
supuesto prácticamente igual (con la única salvedad de que tratándose del recurso la
69 MANZINI (Vincenzo). Tratado de derecho procesal penal, Librería “El Foro”, Buenos Aires, Argentina, Tomo V,
1996, página 21; se trata de una traducción efectuada por Santiago SENTÍS MELENDO y Marino AYERRA REDÍN
de la tercera edición italiana de la obra, publicada en 1949. Es importante advertir que en el Código de
Procedimiento Penal italiano que comentaba MANZINI, el de 1930, se establecía una casación ordinaria y otra
extraordinaria. La primera (ver página 156 en el tomo citado) era la modalidad prevista contra las providencias del
juez penal que resultaban inapelables en primer grado (es decir, que no tenían prevista la apelación contra el fallo de
primera instancia) y contra las sentencias dictadas en apelación. La segunda forma de casación, la extraordinaria,
estaba referida a las sentencias de jueces especiales que no tenían prevista otra impugnación (véanse las páginas 238
y siguientes) y tenía la característica de estar dirigido contra sentencias que ya habían adquirido el carácter de cosa
juzgada.
70 Ibídem
50

sentencia a impugnar no se encuentra firme) al del artículo 408 del Código Procesal
Penal que se relaciona con la revisión. Lo dicho implica que lo que se puede
cuestionar ante casación es sumamente amplio, sin posibilidad alguna de estimarlo
reducido a los supuestos del artículo 369 del Código Procesal Penal. Entonces,
consideramos que la figura de comentario no se reduce a un control de la sentencia,
sino de todo el proceso en que esta se basa.
Una de las características esenciales de la casación en el texto legal vigente
desde el 1º de enero de 1998 es el de los pocos requisitos de admisibilidad que se
establecieron para este recurso. Los mismos se reducen a un plazo (el de quince días),
a la fundamentación del reclamo (cuestión que es básica en toda impugnación), a la
clara cita de las disposiciones legales inobservadas o erróneamente aplicadas, a la
indicación por separado de cada motivo y a la formulación de la pretensión.
De estas exigencias de admisibilidad, estimamos razonables que se establezca
un plazo para recurrir y que se obligue al interesado a fundamentar su reclamo según
los parámetros aquí esbozados sobre el agravio. Lo primero porque lo resuelto en
juicio en algún momento debe surtir efecto, de modo que no puede estar abierta
permanentemente la posibilidad de impugnar antes de que la resolución alcance el
carácter de cosa juzgada. 71 Lo segundo porque siendo la casación un juicio sobre el
juicio, de lo que se trata es de revisar la sentencia cuestionada (incluidos sus
presupuestos) en todo aquello que se estime por el gestionante contrario al debido
proceso. Entonces, no es una impugnación abierta a todo el examen de la causa,
incluyendo el mérito de la misma, sino que es más bien una corroboración de que lo
actuado se hizo conforme a Derecho.
Lo que sucede es que al exigírsele al recurrente fundamentar el reclamo,
consideramos que con ello se le pide explicar qué le causa agravio y por qué 72 . Si esto
se hace, queda sobrando lo de la cita de los preceptos legales y lo de la separación de
cada motivo, pues esto estaría comprendido dentro de la fundamentación del agravio
respectivo. Así, estos dos últimos requisitos son a nuestro juicio meras formalidades
que no podrían nunca sustentar una declaratoria de inadmisibilidad del recurso, pues
no son esenciales para estimar fundado un reproche. Por esto último, creemos que
71 Esto tiene importancia en relación con la ejecución de los fallos, imperativo que deriva del artículo 153
constitucional. Una vez firme la sentencia y surtiendo esta los efectos correspondientes, la posibilidad de impugnar
mediante la revisión es prácticamente permanente.
72 La determinación de la efectiva existencia del vicio, de la verdadera causación de agravio y de la incidencia que
éste tenga sobre el fallo es precisamente aquello que debe determinar el órgano de casación. Es decir, esto no es un
requisito del recurso, sino que es materia propia del pronunciamiento de fondo por parte de la Sala Tercera o del
Tribunal de Casación Penal.
51

puede prescindirse de estos dos requisitos sin que se afecte la exigencia de
fundamentar el reclamo.
Por otro lado quienes mantienen que es ordinario alegan el carácter
impugnativo que tiene la casación, así como que dentro de ese concepto genérico
presenta la particularidad de recurso. En efecto la casación reúne los principios que
rigen la actividad impugnativa, pues su ejercicio está sujeto a un plazo, se requiere
de la noción de agravio como presupuesto subjetivo para la impugnación, cuenta
con un período de sustentación. Es un verdadero medio de impugnación ya que
sólo procede contra sentencias o autos de último grado, es decir, de segunda
instancia, se fundamenta en el derecho de pedir su anulación, se promueve ante un
organismo especializado: la sala penal de la Corte Suprema de Justicia; se
desenvuelve como una fase extraordinaria del juicio, se apoya en causales
taxativamente señaladas en la ley; y finalmente se limita a las expresamente
propuestas.
2.-) Limitado:
La casación es un recurso que procede por causales
expresamente señaladas en la ley, resulta lógico que el estudio del tribunal de
casación quede comprendido a las causales aducidas por el casacionista, sin que se
pueda entrar a examinar de manera oficiosa otras causales que no fueron alegadas
por el recurrente en el libelo contentivo del recurso. En razón de esta característica
el Tribunal de Casación no sólo esta vedada para reconocer causales de manera
oficiosa, sino que, además, se encuentra inhibida para proceder a la
complementación o rectificación de las omisiones, inconsistencias y defectos que
se observen en la formalización de un recurso de casación, empero esta limitación
de los poderes del tribunal de casación no opera de manera absoluta, toda vez que
cuando se anula el fallo recurrido se convierte en tribunal de segunda instancia y
procede a dictar la resolución que corresponde.
3.-) Formalista:
Como la casación no es una tercera instancia sino
una fase extraordinaria del proceso en la que se debate en estrictos derechos la
legalidad del auto o sentencia impugnada, donde no existen plazos para la
presentación de pruebas, se comprende que ella se desarrolla sobre la base de un
memorial que debe consignar el señalamiento de las causales alegadas los motivos
que la acreditan, así como las disposiciones legales que se consideran infringidas.
Este memorial no es una simple alegación de instancia, es un escrito sistemático
52

que indica lógica y jurídicamente los errores cometidos en la resolución, violación
de una norma sustancial o procesal, ceñido a las exigencias mínimas de forma y
contenido que precisa la ley.
Si bien es cierto la apertura de la casación ha suavizado estos formalismos,
aún a la fecha no puede considerarse como un recurso informal, pues exige como se
ha analizado una serie de requisitos indispensables para su admisibilidad 73 .
4.-) No es una tercera instancia:
Cuando la sentencia es proferida por un Tribunal aquo
es apelada la interposición y concesión de esta específica impugnación da lugar
a la segunda instancia del proceso, en la cual el Tribunal ad quem, en el ejercicio de
su actividad jurisdiccional propia, revisa el proceso para pronunciar un fallo
mediante el cual revoca, reforma o confirma el apelado. Con este pronunciamiento
se agotan las dos instancias que son posibles en el proceso.
Sin embargo, en determinados supuestos, dicho fallo puede ser combatido
haciendo uso del recurso de casación, por medio del cual la Sala Tercera de la
Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de Casación, revisa el auto o sentencia para
saber si es o no violatoria de ley sustancial, y, en algunos casos, de las normas
procésales, pero ello, no debe entenderse como una tercera instancia, ni como
potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos
fácticos y normativos, sino como fase extraordinaria, limitada y excepcional del
mismo.
5.-) Dispositivo:
Significa que sólo puede promover el recurso la
parte en el proceso que haya sido vencida y sólo tienen competencia el Tribunal de
Casación o la Sala Tercera para conocer de los errores señalados por la parte
afectada mediante causales debidamente señaladas. Se trata de otra manera de
aplicar la teoría del agravio o interés, pues sólo aquella parte que tenga una
pretensión insatisfecha podrá interponer el recurso.
En lo que respecta al Ministerio Público, concretamente, los Fiscales, están
facultados para promover un recurso de casación a favor o contra los intereses del
73 Sobre los requisitos indispensables para recurrir en Casación véase: Votos Nª 260-93, 578-99, 554-2001
y 1240-99 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
53

imputado, procurando que esto no de lugar a abuso del derecho. Esta realidad no
afecta el concepto de parte ni el carácter dispositivo del recurso de casación como
se indicó supra.
d.2.-) Admisibilidad, motivos y procedimiento:
Temas a destacar es lo referente a la admisibilidad, los
motivos y el procedimiento del recurso de casación.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de Casación
procede a revisar el recurso a fin de determinar si éste reúne los requisitos formales
necesarios para su ingreso así como las condiciones sustanciales relacionadas con
la correcta formulación del motivo.
Así comprende dos momentos:
Calificación de requisitos formales.
Condiciones sustanciales.
Los motivos son las causales (agravios) o vicios que pueden invocar los
titulares del derecho a recurrir una resolución por la vía de casación. Atendiendo a
esta distinción que hace la ley, en la práctica judicial se habla entonces de los
recursos de casación por el fondo y por la forma, según sean acusados por el
recurrente errores in iudicando o in procedendo, respectivamente, teniendo estos
dos tipos de recurso consecuencias diferentes.
1.-) Procedencia:
El recurso de casación está previsto para las
sentencias que ponen fin al proceso, ya sea la sentencia emitida por un Tribunal de
Juicio unipersonal o colegiado, según los delitos, así como los sobreseimientos
definitivos dictados por el Tribunal de Juicio. 74
Su naturaleza es:
74 El Código Procesal Penal dispone en el artículo 444: “Resoluciones Recurribles. Además de los casos
especiales previstos, sólo se podrá interponer el recurso de casación contra la sentencia y el
sobreseimiento dictados por el tribunal de juicio”.
54

“…un recurso extraordinario, devolutivo, suspensivo, que procede contra
sentencias y autos definitivos…” 75
Nuestro sistema no lo contempla como extraordinario, sin embargo sí
es devolutivo en el tanto lo conoce un órgano revisor que es el Tribunal de
Casación Penal según la jurisdicción o la Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia que están en mayor jerarquía que los jueces de juicio y es suspensivo ya
que la sentencia recurrida –en la mayoría de las veces 76 no se ejecuta hasta tanto no
se encuentre firme.
Tal recurso no permite la revisión de todo el proceso, sino solo para corregir
los defectos de forma o fondo que se hayan alegado por la o las partes pudiendo,
eso sí, la Sala Tercera o el Tribunal de Casación decretar la actividad procesal
defectuosa por vicios absolutos cuando los detecte en aplicación del artículo 178
del Código Procesal Penal, 77 constituyendo el inciso a) de dicho artículo el que
prevé la mayor cantidad de posibilidades para la declaratoria de defectos absolutos
como podría ser la violación al debido proceso en su forma más amplia.
Constituyendo los defectos de forma y fondo los únicos motivos de casación,
quedarían excluidos -por lo tanto- los hechos que se tuvieron por probados. Se trata
de lo que se ha denominado como intangibilidad de los hechos:
“…el control es jurídico, si invade el ámbito fáctico incurre en exceso de
poder…” 78
El motivo de lo anterior es que el recurso de casación no es una segunda
instancia plena. Tal situación la observamos en el artículo 445 de nuestro Código
75
García Marín, Pedro y otros. Los recursos penales. Ediciones Revista General de Derecho. Valencia,
España, 1999. Pág. 237.
76
El artículo 364 párrafo tercero dispone que el Tribunal de Juicio podrá disponer la prisión preventiva
cuando haya bases para estimar que razonablemente el acusado no se va a someter a la ejecución una vez
firme la sentencia. De igual forma la libertad del encartado luego de una absolutoria en la sala de debates
implica una ejecución de lo resuelto. No obstante, éstas suelen ser excepciones a aquella regla.
77
El Código Procesal Penal dispone en el artículo 178: “Defectos absolutos. No será necesaria la protesta
previa y podrán ser advertidos aún de oficio, los defectos concernientes: a) A la intervención, asistencia
y representación del imputado en los casos y formas que la ley establece o los que impliquen
inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución Política, el Derecho Internacional o
Comunitario vigentes en el país y la ley b) Al nombramiento, capacidad y constitución de jueces o
tribunales c) A la iniciativa del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y su participación
en el procedimiento.”
78
Barbera de Riso, María Cristina. Op. Cit. Pág. 44.
55

Procesal Penal en el cual se dispone que al presentarse el recurso de casación se
deberán citar las disposiciones legales que se consideren inobservadas o
erróneamente aplicadas, con lo cual no es posible bajar al análisis de los hechos
tenidos por probados por el a quo, ya que eso implicaría la violación a los
principios de inmediatez, concentración y contradictorio, ya que los hechos
probados fueron producto de todos los principios antes mencionados los que se
manifestaron en la psiquis de los juzgadores. Lo que sí es posible es el análisis que
hizo el juzgador de los hechos con relación a la aplicación normativa y lógica, que
son puntos que se desarrollarán más adelante.
La existencia de interés es fundamental para que el recurso de casación sea
efectivo. Es precisamente la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el
tribunal que más ha insistido en la necesidad, de no solo demostrar la existencia del
vicio, sino del agravio sufrido y por tanto la existencia del interés 79 .
Los motivos, según autores como Ricardo Núñez- son las causales (agravios)
o vicios que pueden invocar los titulares del derecho a recurrir una resolución por
la vía de casación 80 .
Conforme a la legislación costarricense, los motivos para recurrir en casación
son la inobservancia de un precepto legal o su aplicación errónea. El artículo 443
del Código Procesal Penal no se hace la distinción tradicional de los vicios por la
forma y por el fondo, sin embargo si se refiere luego esta norma a los vicios por la
forma, cuando se indica que para impugnar en casación “un defecto del
procedimiento”, se debe hacer la protesta previa.
A lo anterior debe agregarse que en el texto normativo no se distingue
expresamente entre vicios de fondo (o in iudicando) y defectos de forma (o in
procedendo) a la hora de referirse a los motivos que hacen posible la casación.
Claro que esta distinción es válida como criterio orientador de la argumentación
ante el órgano respectivo y se encuentra debidamente sustentada en doctrina 81 , pero
79
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; Voto Nª 00554-2001 de las nueve horas con veinticinco
minutos del ocho de junio del año dos mil uno.
80
Núñez, Ricardo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, Segunda Edición Marcos Lerner
Editora Córdoba 1986. Pág. 463.
81 Véase: DE LA RÚA (Fernando). La casación penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994,
páginas 29 a 36. En igual sentido: MANZINI, op. cit., páginas 167 a 175. Advertimos que aún cuando nos
parece válida la distinción teórica y académica entre los motivos, no podemos aceptar la tesis de DE LA
RÚA, reiterada una y otra vez en las páginas de la 29 a la 171 de la obra citada, de la rigurosidad técnica
56

llamamos la atención de que no es algo dispuesto de forma expresa en la
legislación.
2.-) Errónea aplicación de la ley sustantiva:
Se va producir cuando el Juez fundamenta una
sentencia en una norma que no corresponde; por ejemplo, cuando se resuelve una
tentativa de homicidio calificado con la normativa de un homicidio especialmente
atenuado; cuando aplica la norma que comprende el hecho pero omite
pronunciamiento de una atenuante o agravante, consumado o tentado. Se incluye,
además, la errónea interpretación de la ley sustantiva.
Dentro de las normas sustantivas se comprenden no sólo las contenidas en el
Código Penal sino también las contempladas en leyes especiales tales como la Ley
del Sida, la Ley de Tránsito por Vías Públicas, Ley para la Penalización de la
Violencia contra las Mujeres, etc, por lo que no se debe limitar sólo a las normas
del Derecho Penal sino a todas aquellas que contemplen la parte especial.
Dentro del concepto de ley sustantiva se deben incluir, también, aquéllas
normas que no tienen una finalidad sancionatoria determinada pero sí tienen una
ingerencia directa en la sanción que se impone:
“…el concepto de ley sustantiva comprende (…) a las normas sustantivas no
penales, aplicables al caso concreto, tengan o no carácter integrativo respecto a
una norma penal. Tales, por ejemplo, las que establecen los conceptos de
matrimonio, compraventa, pago, testamento, cheque, instrumento público, etc…” 82
Para que el error de derecho sea tomado en cuenta en Casación es
indispensable que el mismo haya tenido efecto en la sentencia, o lo que hemos
venido llamando agravio, gravamen o interés de impugnar, no basta con que el
Tribunal -en la parte considerativa de la sentencia- haya mencionado diversas
con que deben exponerse los motivos ante casación, lo que lo lleva a delimitar con precisión cada uno de
estos, de manera tal que no debieran confundirse. Esto por cuanto la confusión haría inadmisible el
recurso. Consideramos que esto es un formalismo ajeno a las disposiciones normativas costarricenses,
pues lo que de verdad importa es que se sepa cuál es el vicio y el agravio alegados; si estos se pueden
comprender, aunque estén entrelazados los argumentos, entonces se tendrá como fundado el reclamo y
esto conlleva su admisión para pronunciamiento de fondo. Si resultase incomprensible lo que se alega, lo
que procede es prevenir al recurrente su corrección, pero nunca motivaría la inmediata inadmisibilidad del
reproche.
82 De la Rúa, Fernando. La Casación Penal. Ediciones Desalma, Buenos Aires, Argentina. 1994. Pág. 46.
57

normas que no tienen nada o poco que ver con el hecho que se investiga, sino que
es necesario que tales normas constituyan la fundamentación jurídica básica del
fallo.
3.-) Inobservancia de normas procesales:
El Derecho Procesal Penal constituye el único
procedimiento que se ha establecido para realizar la investigación de hechos
delictivos e imponer las consecuencias legales previstas en el ordenamiento
jurídico. Por ello establece imperativamente los principios básicos del proceso, la
intervención de las partes, la forma en que se debe buscar la prueba e incorporarse
válidamente al proceso, cómo se desarrolla el proceso en las diferentes etapas
(preliminar, intermedia, contradictorio, ejecución y revisión), los recursos así como
toda actividad procesal defectuosa.
Se ha dicho al respecto:
“…del incumplimiento, por las partes o por el tribunal, de normas
procesales, entendiéndose por tales no sólo aquellas que, por un lado, determinan
las dimensiones de lugar, tiempo y forma de los actos, sino también a las que
aluden a los requisitos subjetivos y objetivos de esos actos…” 83
La infracción, al igual que en la ley sustantiva, no es cualquiera sino sólo
aquella que determine un verdadero agravio a una forma procesal específica que
debe ser acatada y no sea disponible. En igual sentido la infracción puede darse por
errónea aplicación o interpretación de la norma procesal.
El Código Procesal Penal establece como requisito de admisibilidad del
recurso de casación que se haya hecho el reclamo del saneamiento o se haya hecho
la respectiva protesta de recurrir en casación. 84 La finalidad de la presente
disposición no es otra que el litigar bajo el principio de lealtad así como evitar
dilaciones indebidas recurriendo a casación para corregir un error que se ha
detectado por una de las partes y que pudo haber sido corregido en otro momento si
83 Palacio, Lino Enrique. Op. Cit. Pág. 110.
84 El Código Procesal Penal dispone en lo que interesa en el artículo 433: “…cuando el precepto legal que
se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el
recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha hecho
protesta de recurrir en casación, salvo en los casos de defectos absolutos y los producidos después de
clausurado el debate.”
58

se hubiera expuesto. Exceptúa los defectos absolutos que, por lo grotesco del
gravamen, pueden ser declarados de oficio en cualquier tiempo.
Aún cuando lo que se ataca es la sentencia, lo cierto es que ésta tiene como
base un acto procesal en el cual se incumplieron las formas previstas por el
legislador, de tal manera que tal acto -contrario a los intereses del proceso- surte
efectos en la sentencia, pero ello no legitima a la parte para que se ataque el acto a
través del recurso de casación. Un ejemplo sería la utilización, en una sentencia
condenatoria, de una intervención telefónica o un allanamiento no ordenados por
un juez mediante una resolución fundamentada: aún cuando las conversaciones
hayan sido gravadas o la diligencia realizada con todas las partes, al faltar uno de
los requisitos esenciales (la orden de un juez y que sea debidamente motivada) la
sentencia sería nula en el tanto tomó como base un acto ilícito.
4.-) Vista oral y ofrecimiento de prueba:
El procedimiento escrito y delegado está plagado de
dificultades de orden natural y violaciones de las mínimas garantías de toda
persona sujeta a proceso.
La oralidad y la inmediación en la recepción de las pruebas y en el
cumplimiento de todas las diligencias, no solo permite cumplir con celeridad las
actuaciones judiciales, sino que el juez ejerza el rol garantista que está llamado a
cumplir y que las partes puedan participar de forma directa de todas las
actuaciones.
La vista oral es por el momento la única manifestación de oralidad que
contiene el recurso de casación. Esta se ha establecido con la finalidad de que el
recurrente exponga de viva voz los argumentos en que funda su recurso, asimismo
con el fin de que se pueda evacuar la prueba que sustenta las alegaciones hechas en
el recurso. Es también una facultad del Tribunal ordenar dicha vista cuando lo
considere pertinente, siendo que a partir de la apertura de la casación ha venido en
aumento el número de vistas realizadas tanto en la Sala Tercera de la Corte
Suprema de Justicia como en los Tribunales de Casación, donde incluso se han
resuelto, posterior de la deliberación, recursos de casación de forma oral.
El ofrecimiento de prueba no es referente a los hechos tenidos por probados
o no probados, sino sobre el punto que se está alegando en el recurso. Constituye
59

un apoyo probatorio directo al hecho que se considera genera el gravamen que se
pretende eliminar 85 .
d.3.-) Fines de la casación Penal:
El recurso de casación tiene varias finalidades una de ellas
es la inmediata, constituida por el examen de la decisión tomada según los agravios
o gravámenes alegados, lo que constituye además una limitación al recurso; la
segunda es la finalidad mediata que es la modificación o revocatoria de la decisión
que se ha casado y la finalidad remota que sería la unificación y orientación de la
jurisprudencia 86 .
Tenemos que la más relevante doctrina sobre el tema le asigna a la casación
penal tres finalidades esenciales:
1. La correcta aplicación de la ley a los fallos judiciales: con esta
finalidad se busca seguridad jurídica, la igualdad los ciudadanos ante la
ley y la supremacía del órgano legislativo.
2. Enmendar los agravios inferidos a las partes: Se tiene que en muchos
ocasiones los tribunales profieren fallos injustos o que no se ajustan al
derecho y se hace necesario enmendar ese agravio siendo la casación,
entonces, un medio claro de la defensa a la aplicación correcta del
derecho.
3. La función de unificar la jurisprudencia: persigue que se garantice la
certeza jurídica, el interés social y la permanencia del postulado
igualitario. En nuestro medio al no existir corte de casación, es a la Corte
Suprema de Justicia como Tribunal de Casación y por encontrarse en la
cúspide la pirámide trata de mantener su control sobre los juzgados
inferiores a través de su sentencia, permitiendo así una mejor
administración de justicia y evitar los fallos contradictorios que restan
estabilidad jurídica a la sociedad.
85 Sobre el tema consultar supra nota de pie de página Nª 47.
86 Llamada también Nomofilaquia. Al respecto ver: Sobre los Fines de la Casación Penal. De la
Nomofilaquia al progreso de la razón judicial en la democracia; Arce Víquez, (Jorge Luis); Democracia,
Justicia y Dignidad Humana, Homenaje a Walter Antillón Montealegre; Editorial Jurídica Continental,
2004.
60

Sección II.- Extraordinarios:
En Costa Rica, actualmente sólo figura como tal el recurso de revisión,
aunque en la práctica, es bastante frecuente su uso dada la apertura que implicó la
causal introducida por la Ley de la Jurisdicción Constitucional de “violación al
debido proceso” sigue conceptualizándose como extraordinario por existir
sentencia firme que lo presupone, pues fue suprimido el recurso de “queja” (por
inadmisión) que operaba como un recurso contra el auto denegatorio de
admisibilidad de otro recurso pues nuestro legislador optó por darle el análisis de
admisibilidad al ad quem y no al a quo como sucedía antes.
a) Revisión:
El procedimiento de revisión está previsto para aquéllos casos
donde existe sentencia penal firme a la que se haya llegado en virtud de un error
grave, prueba novedosa o ley derogada y sólo a favor del condenado o de quien se
le haya impuesto una medida de seguridad y corrección.
Constituye un procedimiento que se aplica en razón de que nuevas
circunstancias sobrevivientes o desconocidas al momento de la sentencia hacen
variar los hechos probados. La procedencia del procedimiento de revisión se ha
establecido en el artículo 408 incisos a) a g) del Código Procesal Penal. 87
87 El Código Procesal Penal dispone en el artículo 408 “…La revisión procederá contra las sentencias
firmes y en favor del condenado o de aquel a quien se le haya impuesto una medida de seguridad y
corrección, en los siguientes casos:
a) Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena resulten inconciliables con los establecidos
por otra sentencia penal firme.
b) Cuando la sentencia se haya fundado en prueba falsa.
c) Si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otro delito o maquinación fraudulenta, cuya existencia se hubiera declarado en fallo posterior
firme salvo que se trate de alguno de los casos previstos en el inciso siguiente.
d) Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima como consecuencia directa de una grave infracción
a sus deberes cometida por un juez, aunque sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente.
e) Cuando después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o nuevos elementos de
prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, evidencien que el hecho no existió, que el
condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma más favorable.
f) Cuando una ley posterior declare que no es punible el hecho que antes se consideraba como tal o
cuando la ley que sirvió de base a la condenatoria haya sido declarada inconstitucional.
g) Cuando la sentencia no ha sido dictada mediante el debido proceso u oportunidad de defensa.
La revisión procederá aun en los casos, en que la pena o medida de seguridad hayan sido ejecutadas o se
encuentren extinguidas.”
61

a.1.-) Sujetos legitimados para presentarlo:
La persona legitimada para presentarlo es el propio
condenado o sus representantes legales dado que es la persona más inmediata a
quien le podría interesar obtener la absolutoria y, en el caso de que estuviere
muerto su cónyuge o conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos
(siguiendo el orden establecido el Código Civil para heredar) y hasta el Ministerio
Público por ser sus actuaciones regidas por el principio de objetividad 88 .
a.2.-) Motivos de la Revisión:
El primer motivo alude a dos sentencias que tienen hechos
probados diferentes y que se encuentran en íntima relación. Sería el caso de un
delito cometido por dos personas que se juzgan en forma separada y ambas tienen
un contradicción importante en sus fundamentos fácticos.
El segundo motivo cuando el fallo se haya fundamentado en prueba falsa. La
prueba puede ser testifical, documental, pericial, etc. En este sentido la prueba que
fundamenta el recurso o procedimiento de revisión no requiere que se haya
recabado en el proceso penal, sino que aúnen sede civil se pudo acreditar la
falsedad del cheque que ocasionó la condenatoria del libramiento de cheque sin
fondos.
Otro de los motivos consiste en que la sentencia haya sido pronunciada con
base en prueba falsa, ya sea por prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otro
delito o maquinación fraudulenta. Esta causal hace referencia a una actividad
delictiva, por ello requiere que el delito se haya declarado, es decir que la sentencia
que se dictara con ocasión del delito que sirve del fundamento a la revisión se
encuentre firme.
Existe también una causal culposa que está prevista en el inciso d) del
artículo 408 del Código Procesal Penal y consiste una actuación negligente del
juzgador.
88 El Código Procesal Penal dispone en el artículo 63: “…Objetividad. En el ejercicio de su función, el
Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las
garantías que reconocen la Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la
ley. Deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que
sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; asimismo, deberá formular los requerimientos e
instancias conforme a ese criterio, aun en favor del imputado.”
62

La derogabilidad por parte del legislador de un hecho como punible conlleva
a una revisión de la condenatoria ya que el legislador considera que para ese
momento la conducta prohibida no tiene ya razón de ser, motivo por el cual la
deroga; en otras palabras para una determinada sociedad la existencia del ilícito
cometido ya no reviste importancia alguna y por eso la condena debe ser revisada
en aplicación del principio de igualdad ante la ley. Algo que el legislador no previó
en este inciso es lo relativo a una disminución de la pena mediante una ley
posterior 89 .
La otra situación es muy semejante a la presente y es cuando la Sala
Constitucional declara inconstitucional una norma 90 , en estos casos también
procedería la revisión ya que una persona estaría recluida en un centro penal o en
un centro médico por medida de seguridad con fundamento en una norma declarada
inconstitucional.
Por último, cuando la sentencia se dictó con violación al debido proceso, o
bien no se dio oportunidad de una defensa adecuada.
a.3.-) Plazo para su presentación:
Este recurso carece de plazo alguno para presentarse,
pudiéndose presentar aún cuando la pena o la medida de seguridad haya sido
ejecutadas o se encuentren extinguidas, extinción que puede provenir de la
prescripción de las mismas.
Las razones que puede llevar lo anterior son muy personales, de ahí que la
familia más inmediata puede también presentar la revisión después de la muerte del
propio imputado. Incluso por razones económicas en el tanto que se puede pedir
una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
a.4.-) Presentación del recurso:
El procedimiento de revisión de la sentencia, a diferencia
de los recursos ordinarios, se presenta ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia o ante el Tribunal de Casación que por territorio corresponda, según el tipo
de delito que se haya cometido. El motivo de la presentación en la Sala Tercera o el
89 En este sentido confrontar votos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: Nº 410-99 del 9 de
abril de 1999 y Nº 429-99 del 16 de enero de 1999.
90 Como por ejemplo ocurriría si se condenó a un hombre con los artículos 22 y 25 de la Ley para la Penalización de
la Violencia contra las mujeres, recientemente declarados inconstitucionales.
63

Tribunal de Casación es que son éstos los que tienen la potestad de variar la
sentencia con autoridad de cosa juzgada. Se debe presentar en forma escrita
indicándose los motivos en los que se fundamenta así como las disposiciones
legales aplicables.
La revisión se puede declarar inadmisible por tres motivos: a) que los
motivos estén fuera de los casos previstos por la ley, b) que no se observen las
formalidades previstas tales como que no se indiquen los motivos invocados y c)
que no se aporte la prueba que lo sustenta.
La revisión de la sentencia no tiene efectos suspensivos ya que el acusado
continuará en prisión mientras se resuelve el mismo.
a.5.-) Facultades del órgano de la Revisión:
Valorados los argumentos expuestos en la revisión la Sala
Tercera de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de Casación Penal pueden
rechazar el recurso o anular la sentencia. Como el efecto, en éste último caso, es
que el proceso queda sin resolución final alguna, debe ordenarse el reenvío para
que se realice un nuevo juicio.
En caso de que se ordene el reenvío no es posible que el Tribunal, que debe
ser diferente al que había condenado anteriormente, imponga una pena mayor, ni
desconozca los beneficios que se hubieran acordado originalmente, lo que es una
clara aplicación del principio de prohibición de reforma en perjuicio.
a.6.-) Efectos del Recurso de Revisión:
Dentro de los efectos del recurso de revisión están la
libertad inmediata del imputado si el mismo se privado de libertad descontando una
sentencia. Puede generar efectos patrimoniales en el tanto se pueden devolver las
sumas canceladas por concepto de multas, la restitución de la suma cubierta por la
acción civil que se declaró con lugar siempre que se le haya dado el debido proceso
al actor civil, la cesación de la inhabilitación y de las penas accesorias, de las
medidas de seguridad y de corrección, la devolución de los bienes objeto de comiso
que no hayan sido destruidos y la cancelación de la inscripción en el Registro
Judicial.
64

Además, ulteriormente, una declaratoria con lugar de un recurso de revisión
puede implicar la indemnización al condenado erróneamente, a cargo del Estado,
por los daños y perjuicios que se le causaron.
El imputado tiene derecho a cobrarle al Estado los daños y perjuicios que
haya sufrido con ocasión del juicio y de la pena sufrida, con la solidaridad de los
jueces que dictaron la sentencia cuando actuaren con evidente arbitrariedad o con
culpa grave.
65

Título III
LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA EN EL PROCESO PENAL
COSTARRICENSE y SU RELACIÓN CON EL AGRAVIO:
Un reclamo relativo a una actividad procesal defectuosa va a resultar
efectivo, cuando la parte demuestre el agravio, interés y el perjuicio ocasionado con
el acto que se impugna. De aquí parte la estrecha relación entre la Actividad
Procesal Defectuosa y el tema que nos ocupa.
Ya no es suficiente como ocurría en el proceso penal anterior, hacer constar
el vicio para que de inmediato se produzca la anulación y se devuelva el proceso a
etapas ya concluidas.
La inobservancia de las formas procesales si bien es cierto puede traer
aparejada la “nulidad del acto”, pero además la rectificación o consolidación o bien
no tener consecuencias.
Tales efectos pareciera estar contemplados en el artículo 175 del Código
Procesal Penal, norma que si bien está establecida como “principio general”, es lo
cierto que de su literalidad se desprende que los actos cumplidos con inobservancia
de las formas y condiciones previstas en la Ley, Constitución o Normas
Internacionales no podrán ser valoradas para fundar una decisión judicial ni
utilizados como presupuestos de ella.
Es decir, en principio no podrá utilizarse los elementos que se hayan
incorporado al proceso sin observar las formalidades establecidas para su
cumplimiento. Sin embargo, la misma normativa prevé la posibilidad de subsanar
los defectos cuando así lo permita la ley.
Capítulo I: Regulación de la Actividad Procesal Defectuosa en el
Código Procesal Penal de 1996:
El Código Procesal Penal que adquirió vigencia del primero de enero del año
mil novecientos noventa y ocho regula la actividad procesal defectuosa desde una
perspectiva muy diferente al anterior Código de Procedimientos Penales. En el
Código de Procedimientos Penales los actos defectuosos tenían un tratamiento
restrictivo y formalista. Sólo se regulaba la figura de la nulidad de los actos
procesales a través del Incidente de Nulidad de Actuaciones y del Recurso de
Nulidad.
66

De hecho, toda la construcción procesal para dar salida a los actos
defectuosos giraba alrededor del concepto de las nulidades, ello como una sanción
procesal al acto que incumplía alguna formalidad establecida. Distinguía entre
nulidades absolutas y negativas que solo se decretaban si estaban dispuestas
expresamente. Todo esto llevó a que existiese una tendencia, hasta si se quiere
natural, de decretar nulidades por la nulidad misma hasta por los meros
incumplimientos de formalidades sancionadas con la nulidad, lo que ya habíamos
indicado jurisprudencialmente 91 .
Igualmente, podemos afirmar que esto llevó a que el ejercicio de la defensa
técnica estuviera muy relacionado con la presentación de incidentes de nulidad que
no sólo implicaban la nulidad de un acto que habría que repetir, sino que incluso
causaban retrotraer el proceso a etapas precluidas.
La nueva legislación pone fin al sistema inquisitivo y propone expresamente
la simplificación de los requisitos formales y la mayor libertad de medios. Así
expresa una política de desformalización 92 o formalismo mínimo de los actos
procesales.
En este sistema se ataca la resolución que se basa en el acto irregular sin
necesidad de una declaratoria expresa respecto del acto.
Por su parte Julio Maier, principal redactor del Código Procesal Modelo para
Iberoamérica de 1988, recoge algunos conceptos del Código Italiano, tales como
“defectos absolutos”, “saneamiento”; adopta un sistema judicialista al igual de la
Ordenanza Alemana y reformuló las nulidades provenientes del derecho civil bajo
la terminología de “actividad procesal defectuosa.” 93
Para entender la nueva corriente de pensamiento que adopta el Código
Procesal nuestro, Llobet Rodríguez nos remite a lo que se indica en la exposición
de motivos del proyecto del Código Procesal Penal para Iberoamérica de 1988.
91
En este sentido ver Infra: Título I, Capítulo III, Sección IV Jurisprudencia Relativa al Tema de La Nulidad por la
Nulidad Misma.
92
Al respecto González Álvarez Daniel y Houed Vega Mario; citados por Gilberto Armijo Sancho y otros
en el libro Nuevo Proceso Penal y Constitución, Investigaciones Jurídicas S.A, 1998, pp 302, señalan: “
en nuestro sistema esa excesiva formalidad debe ceder ante otros fundamentales intereses jurídicos, como
lo son el acceso a la justicia, es decir el que casación conozca de cualquier reclamo que formule quien se
sienta agraviado en sus derechos fundamentales, y por ser el sistema de justicia de orden e interés público.
Desde luego, lo anterior no significa desconocer todos los requisitos formales exigidos por la ley, sino
interpretar esas formas restrictivamente...”
93
Así señalado por Ureña Jose Joaquín, Actividad Procesal Defectuosa y Proceso Penal, Editorial Jurídica
Continental, 2004, pp 23-27.
67

“...El anverso de la regulación los actos procesales es la decisión acerca de
lo que se debe hacer cuando ella no es observada. Lo que la legislación pretende,
rectamente interpretada, es que la nulidad opere solamente por vía de
impugnación de las decisiones judiciales fundadas en actos viciados. La práctica,
en cambio, ha tergiversado ordinariamente este sistema, permitiendo el examen
reiterado y continuo acerca de la forma en la que son llevados a cabo los actos
procesales y de sus presupuestos, con absoluta prescindencia del efecto y del
agravio que produce la desviación formal. El Código pretende rescatar el
principio originario, estableciendo con claridad que el vicio solo adquiere
relevancia cuando opera como presupuesto o fundamento de una resolución
perjudicial, caso en el cual lo impugnable es la decisión, por haber utilizado un
acto defectuoso y no el acto en sí mismo. En lo demás, se distingue entre vicios
subsanables, e insubsanables y declarables de oficio, con la protesta previa y
oportuna que condiciona la impugnación fundada en los primeros, y se posibilita
la renovación de los actos viciados, siguiendo las reglas establecidas en la
legislación moderna...”.
Como se aprecia esta línea interpretativa lleva a los Jueces a dejar el
excesivo formalismo y a aceptar que el ordenamiento brinda las posibles opciones
para subsanar los defectos; además lleva a superar la utilización de la nulidad como
un instrumento disfuncional del proceso.
Ya no es posible utilizar la “nulidad” para evitar cumplir con una diligencia
ni para devolver las actuaciones a su fase inicial o anterior, ya que en aplicación del
principio de preclusión no es posible retrotraer el proceso a etapas precluídas. Esta
regla puede tener sus excepciones como se verá posteriormente.
Sección I. Clasificación de los Defectos:
En primer término cabe destacar que estas categorías son adoptadas
del Código de Procedimientos Penales.
El régimen de los actos procesales defectuosos del Código Procesal Penal
por una parte afirma los postulados del Principio de Legalidad o Especificidad,
mientras que por otro, también se sustenta en el Principio de Trascendencia.
Las nulidades absolutas adoptadas con la denominación de defectos
absolutos deben surgir inobservancia o violación de derechos y garantías previstos
en la Constitución, el Derecho Internacional vigente, y normas expresas del propio
68

Código Procesal Penal) y, en especial, de las normas concernientes a la
intervención, asistencia y representación del imputado (Art. 175 relacionado con el
artículo 178 Código Procesal Penal) 94 .
Son nulidades relativas y por ende susceptibles de convalidación todos los
demás actos procesales defectuosos que no se encuentren conminados por los
defectos absolutos que señala el artículo 178 señalado.
Al efecto, el artículo 177 en relación con el artículo 179 señala los supuestos
en que susceptibles de convalidación, o saneamiento siempre que el acto irregular
modifique el desarrollo del proceso o la afecte la intervención de los interesados;
A saber:
- Cuando las partes o el Ministerio Público no hayan solicitado
oportunamente el saneamiento.
- Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado,
expresa o tácitamente, los efectos del acto.
- Si no obstante su irregularidad, el lacto ha conseguido su fin respecto
de los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las
facultades de los intervinientes.
Como se aprecia, lo que diferencia unos de otros, consiste en que los
defectos absolutos pueden ser advertidos de oficio sin necesidad de protesta previa
y no son convalidables. (artículos 177 y 178 del Código Procesal Penal).
Sección II. Proceso de impugnación del acto defectuoso:
Cabe señalar que en este sentido el Código Procesal Penal no captó el
modelo de nulidades que propone el Proyecto para Iberoamérica. El Código
Procesal suprimió las referencias a los medios de impugnación como formas para
reclamar las violaciones a los requisitos de los actos procesales. En razón de ello
se puede afirmar que adoptamos el sistema de nulidades del Código de 1973 con
una variación en la terminología y quizá en sus efectos.
94 El Código Procesal Penal dispone en el artículo 178: “…Defectos Absolutos: No será necesaria la protesta
previa y podrán ser advertidos aún de oficio, los defectos concernientes:
a) A la intervención, asistencia y representación del imputado...
b) Al nombramiento, capacidad y constitución de los jueces o tribunales.
c) A la iniciativa del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y su participación en el
procedimiento.
69

Bajo esas circunstancias, en ausencia de una norma que taxativamente señale
los medios de impugnación del acto defectuosa, al plantearnos la posibilidad
impugnación de los actos defectos y los medios para atacarlos, partimos de la regla
general prevista en el artículo 422 del Código Procesal Penal que establece:
“…Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los
casos expresamente establecidos…”.
Continúa diciendo:
“…El derecho de recurrir corresponderá solo a quien le sea expresamente
acordado. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser
interpuesto por cualquiera de ellas…”.
Entonces, tomando como parámetros esos supuestos de impugnabilidad
objetiva y subjetiva, tal y como vimos para los recursos, sin que se aclare por parte
de la norma si lo que se debe impugnar es el acto mediante una declaratoria previa
de nulidad (sistema de especificidad), o la resolución que se funda en el mismo
mediante un recurso presentado por el perjudicado (sistema judicialista); deberá
realizarse una valoración de las circunstancias que se sugiere operen para
determinar el “interés” del impugnante y el “medio” para externarlo.
a.-) Legitimación y momento procesal para reclamar
el defecto:
Los legitimados para reclamar el defecto del acto los determina
el interés y el perjuicio efectivo; condiciones que no impiden que el Ministerio
Público o la Defensa gestione apoyados en el artículo 2 del Código Procesal Penal
que prevé la posibilidad de que los sujetos que sientan coartado o limitado el
ejercicio de un poder o un derecho conferido presenten la protesta. Nótese que rige
el principio señalado para los recursos en cuanto al agravio y los sujetos
legitimados.
Como parte de la corriente del formalismo mínimo, se establecen varios
requisitos que debe cumplir la parte que considera se ha cometido una violación del
procedimiento, a saber:
70

Hacer la protesta oportuna del vicio: (Artículo 176 Código Procesal
Penal. La protesta se realizará inmediatamente o bien cuando tenga
conocimiento de éste. De lo contrario, de conformidad con el artículo 177
del Código Procesal Penal el defecto podrá convalidarse y surtir los
efectos en el proceso.
Proponer la solución: (artículo 176 del Código Procesal Penal). Se
obliga a la parte que sugiera la forma en que se podrá corregir el acto
impugnado.
Imposibilidad de retrotraer el proceso a etapas anteriores: Los defectos
que alegan las partes o detecta la Autoridad Jurisdiccional no justifica
devolver el proceso a fases precluidas, salvo en el caso de defectos
absolutos no susceptibles de corrección.
b.-) Procedimiento y plazo para solicitar la subsanación
o invalidez del acto procesal defectuoso:
El saneamiento de los actos procesales defectuosos en el Código
Procesal Penal debe aplicarse tanto a los defectos absolutos (de manera inmediata)
como a los relativos. En ambos casos deberá describirse la irregularidad,
individualizando el acto viciado u omitido y se propondrá la solución (Art. 176
Código Procesal Penal)
En el caso de los incidentes, aunque no esté previsto en forma expresa el de
nulidad como vía normal para atacar la indefensión, (inobservancia de las garantías
del debido proceso), puede ser utilizada esta vía para impugnar un acto procesal
que por ser de parte y no oficiosa, no puede ser impugnado por la vía del recurso.
Este medio procesal debe ser utilizado de manera muy restrictiva, puesto que
procede por defecto del saneamiento o la convalidación.
A través de la excepción se podrían alegar nulidades substanciales del
procedimiento, como ser la constitución de los tribunales, la falta de acción del
Ministerio Público, impedimentos legales para proseguir el procedimiento (como
cuando se juzga a mayores y menores de edad al mismo tiempo), etc.
Los medios de impugnación señalados no están expresamente previstos en el
Código Procesal, sino que son producto de la interpretación integral de la
legislación procesal; omisión legislativa que en algunos casos puede ocasionar
incongruencias respecto del espíritu de las modificaciones expuestas. Ello, dado
que no se está delimitando la forma y los medios por los que las actuaciones
defectuosas pueden ser corregidas o eliminadas del proceso.
71

Únicamente se exige al interesado expresar el agravio o defecto y aportar la
solución, pero no se le previene las formas en que puede hacerlo, cuándo y ante
quién.
En otro orden de ideas, tenemos que no se establecen expresamente límites
temporales a los reclamos de vicio producidos durante el procedimiento
preparatorio o el intermedio; salvo que en ese sentido se entendiera que el artículo
176 procesal extiende los plazos hasta “ cuando lo conozca” el interesado.
Sin embargo, realizando una interpretación integral de la legislación, la
respuesta adecuada y que elimina en ese sentido inseguridad jurídica a las partes y
fomenta el principio de celeridad podemos encontrarla en el artículo 317 del
Código Procesal Penal que regula las etapas previas al juicio oral y público, y en
las normas que regulan esta última etapa. La primera norma, al efecto establece
que una vez concedida la audiencia del artículo 316 las partes están facultadas para,
entre otras solicitudes:
“… a) Objetar la solicitud que haya formulado el Ministerio Público o el
querellante, por defectos formales o sustanciales.
b) Oponer excepciones…”
Ese momento procesal pareciera el adecuado, dado que es hasta ese momento
en que en la mayoría de los casos las partes conocen sobre la evidencia y las
actuaciones reunidas durante la investigación, que puede presentarse el reclamo.
Y de no encontrarnos en los casos que procede tal audiencia es factible
pensar que el plazo se extiende hasta el momento en que la parte conoce del vicio.
(artículo 176 Código Procesal Penal).
De igual forma, nada obsta para que en la fase de juicio oral y publico las
partes interpongan las solicitudes que respecto errores o defectos en el
procedimiento existan Al respecto el numeral 348 del Código Procesal Penal
establece la posibilidad de corregir errores e incluso alguna circunstancia que no
modifique esencialmente la imputación, en la fase de Juicio.
Esta omisión ha ocasionado que las partes presenten gestiones
constantemente, sin que se les pueda rechazar por aspectos formales, en cualquiera
etapa del proceso y en consecuencia los procedimientos son atrasados en perjuicio
de todos los intervinientes y sus derechos. Incluso del Ministerio Público, órgano
72

que en muchas ocasiones debe trasladar el expediente al Juzgado Penal o al
Tribunal de Juicio según corresponda, y pierde total contacto con la prueba y
diligencias que requiere para resolver el asunto en un plazo razonable.
c.-) Efectos de la invalidez del acto defectuoso:
La discusión acerca de los efectos prácticos de la impugnación
de cualquier vicio procesal gira en torno a la inobservancia de algunos de los
procedimientos considerados esenciales para la existencia del acto, o en la omisión
de los requisitos básicos para su validez. Con el sistema anterior, al utilizarse la
nulidad como sanción se esperaba que la declaratoria con lugar del recurso dejara
insubsistente el acto o la resolución y en algunos casos incluso la acarreaba la
nulidad de actos posteriores con la consecuencia de que no podían ser valorados
por el Juez.
Al adoptarse las reglas procesales del Código Procesal Penal de 1996, la
etapa preparatoria está en manos del Ministerio Público y por su especial
regulación “pruebas” solo serán aquellas que puedan considerarse definitivas e
irreproductibles. Además, los actos y sus efectos solo podrán ser cuestionados en
el momento procesal oportuno. En razón de ello, aunque el acto fuere irregular el
sistema está diseñado de manera que, salvo las excepciones del artículo 178, sea
rectificado.
Así se evita que la actividad procesal defectuosa implique una distorsión
funcional del sistema procesal. No obstante, como veremos, existen defectos de tal
envergadura que no pueden ser saneados pero ello no implica que el proceso deba
retrotraerse a etapas procesales precluídas.
Bajo esas consideraciones y partiendo del principio general derivado del
artículo 175 de Código Procesal Penal que establece:
“…No podrán ser valorados para fundar una decisión ni utilizados como
presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y
condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional o
Comunitario vigentes en Costa Rica y en este código salvo que el defecto haya sido
saneado, de acuerdo con las normas que regulan la corrección de las actuaciones
judiciales…”;
Se considera que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni
utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las
73

formas y condiciones previstas por los instrumentos legales, salvo que el defecto
haya sido saneado.
El problema se presenta al tratar de determinar cuáles son actos susceptibles
de la declaratoria de nulidad o invalidez absoluta, y cuáles actos conexos,
contemporáneos o derivados del acto declarado inválido se mantendrán vigentes.
La primera arista podría válidamente solucionarse contemplando los presupuestos
de las llamadas nulidades genéricas. Es decir debemos determinar de acuerdo a los
criterios jurisprudenciales lo siguiente:
El Perjuicio o gravamen
Interés o agravio
Si el acto alcanzó o no la finalidad
Respecto de cuáles efectos se mantendrán, el problema se presenta cuando nos
encontramos ante defectos absolutos, y el efecto cascada debe analizarse como una
posibilidad real aún cuando no tengamos una norma que establezca lo que el
artículo 150 del Código de Procedimientos Penales 95 , aunque pareciera que el
sistema vigente no lo acepta tal cual estaba regulado.
En consecuencia, debe analizarse el caso concreto con la finalidad de
determinar la comunicabilidad de los efectos del acto invalorable. Para definir esa
condición se puede recurrir a parámetros generales:
Que el acto procesal sea posterior y no anterior al declarado
inválido.
El acto debe ser dependiente y no independiente
Precisar si los efectos de la declaratoria serán diversos dependiendo
si se trata de un defecto absoluto o subsanable.
Valorar la vulneración de preceptos constitucionales.
Entonces, bajo las anteriores consideraciones es claro que la declaratoria de
invalidez produce los siguientes efectos:
95 El Código de Procedimientos Penales en su artículo 150 disponía: “La nulidad de un acto, cuando fuere
declarada, hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan. Al declararla, el Tribunal
establecerá, además, a qué actos anteriores o contemporáneos alcanza la nulidad, por conexión con el
acto anulado. El Tribunal que la declare ordenará, cuando fuere necesario y posible, la renovación o
rectificación de los actos anulados. ”
74

Conlleva la obligación para el Tribunal de omitir cualquier referencia a
ese acto para fundar una decisión. Lo anterior no presenta problema, pero
debe definirse, -lo cual hasta el momento se ha realizado causísticamente-
cuáles actos que se derivan del defecto declarado o conexos a este,
subsisten o corren la misma suerte.
Evidentemente el problema no se presenta en actuaciones que pretenden
demostrar un concatenan unas con otras y que podrían ocasionar el efecto
“cascada” 96 , y que no son demostrables por otros medios de prueba. Por ejemplo, la
nueva legislación permite que cuando un acta se torne ineficaz la actuación que
documentó se acredite por otros medios.
Así expresamente lo señala el artículo 137 del Código Procesal Penal.
La segunda consecuencia tiene relación con los actos susceptibles de
sanearse.
Sanear un acto procesal defectuoso es aplicar un remedio procesal para
tornarlo válido o eficaz.
Al respecto refiere Gilbert Armijo que:
“...la nulidad como sanción impone un regreso al status quo ante...”; sin
embargo la actividad procesal defectuosa parte de que quien contraviene o no
observa una de las normas procesales no comete un ilícito que amerite una sanción
sino que lo que ocurre es que en algunos casos la acción será inválida y por tanto
no alcanza su finalidad. Se aboga por el saneamiento inclusive en los casos
previstos en el artículo 178 (defectos absolutos) 97 .
En los casos de defectos absolutos las actuaciones no podrán valorarse, salvo
que el mismo ordenamiento lo permita; sin embargo ello podría rozar
No retrotraer el proceso a etapas precluidas:
96 Se deduce del principio de comunicabilidad de los efectos de la invalidez, cuando se trate de defectos
absolutos, debe analizarse cuáles actos están concatenados al inválido. Así señalado por Armijo Gilbert y
otros en Nuevo Proceso Penal y Constitución, Investigaciones Jurídicas, San José, Costa Rica, 1998, pp
326.
97 Esta posición es mantenida por Llobet Rodríguez en los comentarios que realiza al artículo 179 del
Código Procesal Penal, Ira edición, pp 437.
75

Otro de los efectos de la declaratoria del acto defectuoso consiste en que, salvo
los casos expresamente establecidos, el proceso no se retrotraerá a etapas
precluidas. Así se desprende del artículo 179 del Código Procesal. Entonces,
independientemente de la rectificación o renovación del acto omitido, el proceso
debe continuar el curso normal y las autoridades judiciales o jurisdiccionales no
deberán referirse al acto inválido o sus consecuencias según lo señalado por el
Juzgador.
Cabe señalar que la legislación no expresa taxativamente los casos en los que
se podrá retrotraer el proceso. Sin embargo a mi criterio, le principio general del
artículo 175 del Código Procesal Penal encuentra la excepción en el artículo 178 de
ese mismo cuerpo legal, que señala los efectos de carácter absoluto.
Ese criterio obedece a que en efecto los principios de celeridad y economía
procesal que informan el proceso traducen el Principio Constitucional de Justicia
Pronta y Cumplida, pero esa justicia nunca podrá cumplirse inobservando otras
garantías constitucionales que protegen el derecho de defensa e intervención de las
partes y la independencia del Juzgador. Así se desprende del artículo 178 que
contempla los defectos de carácter absoluto.
Capítulo II: Principios que rigen la Actividad Procesal Defectuosa en
Materia Penal:
Para la aplicación del régimen actividad procesal defectuosa,
doctrinariamente se han señalado los siguientes principios:
Sección I. Principio de legalidad o especificidad:
De acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal no es factible
declarar la invalidez o nulidad de un acto procesal, sin que expresamente exista un
texto legal que así lo ordene. De igual forma, no será posible convalidar un acto
que contenga defectos absolutos si no estamos en presencia de los casos del artículo
177 del Código Procesal Penal.
Este supuesto ha sido acogido a nivel doctrinario y jurisprudencial y se parte
de que los actos procesales son válidos hasta tanto no sean cuestionados por los
medios que la ley establece de acuerdo al artículo 422 del Código Procesal Penal.
Sección II. Principio de trascendencia:
76

No existe nulidad sin perjuicio; el vicio sólo tiene trascendencia en
tanto tenga un contenido, por ello, no basta la simple infracción a la norma
procesal, si no le ocasiona un perjuicio al interesado, o éste puede ser saneado. En
ese sentido tenemos que las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales
que les causen agravio en los casos y formas previstos por este Código, siempre
que no hayan contribuido a provocar la nulidad. Sin embargo, el imputado podrá
impugnar una decisión judicial aunque haya contribuido a provocarla.
Sección III. Principio de instrumentalidad o finalidad:
Opera como límite al saneamiento. No se debe sanear un acto procesal
defectuoso que no modifique el desarrollo del proceso, ni perjudique la
intervención de los interesados, puesto que las formas procesales no constituyen un
fin en sí mismas. Por ello, la invalidez del acto no debe declararse a menos que
vaya a producir una ventaja para alguna de las partes. A contrario sensu, cuando el
acto aunque defectuoso haya cumplido el fin propuesto no debe anularse o
invalidarse.
Así el Artículo 177 Código Procesal Penal: "Las nulidades relativas quedarán
convalidadas: inc. 3) si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin
con respecto a todos los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las
facultades de los intervinientes".
Sección IV. Principio de convalidación:
Todo acto procesal defectuoso es susceptible de saneamiento siempre
que no nos encontremos ante los casos previstos en el artículo 178 Código Procesal
Penal.
Este presupuesto se apoya en cuando Transcurrida una etapa procesal no se
puede volver a la anterior; cuando todas las etapas procesales se han cerrado
(sentencia definitiva, cosa juzgada material) se precluye la posibilidad de impugnar
casi todos los actos defectuosos (nulidades relativas). De esta manera se pretende
que las partes no atrasen innecesariamente el proceso, presentado solicitudes que
sólo tienen como fin retrotraerlos a etapas anteriores.
Los artículos 177 y 15 del Código Procesal Penal recogen el principio de
preclusión procesal, pues existe la posibilidad de sanar los defectos cuando las
partes no hayan solicitado el saneamiento oportunamente, o cuando se haya
aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto.
77

La regla opera “de jure”, de modo que cuando las partes no procedan
conforme a la ley, el acto se convalida, porque se presume que si no lo han hecho
oportunamente, renuncian a invocar el defecto.
Sección V. Principio de saneamiento:
Este principio es derivado del principio constitucional de economía
procesal, porque opera preventivamente evitando atrasos innecesarios. El
saneamiento es el remedio procesal contra el acto procesal defectuoso. En lugar de
la nulidad (invalidación del acto: efecto negativo) se busca el saneamiento
(subsanación: efecto positivo).
Los supuestos de saneamiento del acto son tres: a) la renovación del acto; b)
la rectificación del error; y, c) el cumplimiento del acto omitido. La diferencia con
la convalidación es que el saneamiento opera de oficio o a petición de parte.
Capítulo III: La Actividad Procesal Defectuosa en el Código de
Procedimientos Penales, Código Procesal Penal y Código Procesal Civil:
El Código Procesal Penal 98 regula la Actividad Procesal en el Libro
Segundo, Título II, desde una perspectiva muy diferente al anterior Código de
Procedimientos Penales 99 . La nueva norma, fiel al modelo acusatorio, propone la
simplificación de los requisitos formales y la mayor libertad de medios, en el modo
de exteriorizar los actos procesales. Radicando, muy claramente, una política de
desformalización de los actos procesales.
Esta nueva perspectiva desformalizadora de los actos procesales, no debe
entenderse como una línea conceptual que sólo favorezca a la inseguridad jurídica
de los ciudadanos, sino todo lo contrario, debe ser entendida como una modalidad
que busca mayores estándares de justicia en la decisión jurisdiccional. El espíritu
de la ley es fortalecer la justicia, a partir de nuevas formas de reaccionar contra la
actividad procesal defectuosa, descartando la nulidad 100 como remedio procesal.
98 Ley Nª 7594 del 28 de marzo de mil novecientos noventa y seis.
99 Ley Nª 5377 del 19 de octubre de mil novecientos setenta y tres.
100 La NULIDAD es la sanción legal establecida para los actos que se realicen con inobservancia de las
garantías o las formas procesales y que causen un gravamen substancial al curso del procedimiento. La
sanción consiste en la declaración de ineficacia de un acto procesal, por defecto de alguno de sus
elementos esenciales, lo cual le impide cumplir con sus fines.
78

En primer lugar debe aclararse que las nulidades, como las conceptualizaba
el Código de Procedimientos Penales en el Libro I, Título VI, Capítulo VII, han
sido superadas por el nuevo Código de Rito, el cual estipula la Actividad Procesal
Defectuosa como un medio novedoso, que va más allá de un simple cambio de la
terminología, viniendo a sustituir el concepto de nulidad como sanción de los vicios
procesales.
En este orden de ideas, en la actualidad la discusión gira en torno a que
sólo los actos evidentemente irregulares por la inobservancia de uno o varios
procedimientos que son considerados esenciales para la existencia del acto o en la
omisión de requisitos básicos para su validez, son susceptibles de ser rectificados,
siempre y cuando afecten los derechos de las partes. En pocas palabras se intenta
retomar en la ley el principio jurisprudencial de erradicar la nulidad por la nulidad.
Lo anterior se enfrentará a la normativa procesal civil, en aras de
determinar los aspectos en común y las diferencias.
Sección I. Código de Procedimientos Penales:
Los actos defectuosos en el Código de Procedimientos Penales, se
trataron de manera muy restrictiva y formalista como se dijo y se dejó establecido
jurisprudencialmente. Sólo se regulaba la figura de la nulidad de los actos
procesales a través del Incidente de Nulidad de Actuaciones y del Recurso de
Nulidad. De hecho, toda la construcción procesal para dar salida a los actos
defectuosos gira alrededor del concepto de las nulidades y ello como una sanción
procesal al acto que incumplía alguna formalidad establecida.
Se hacía una distinción entre nulidades absolutas y relativas, puesto que la
nulidad sólo se podía decretar en caso de que ella estuviese dispuesta
expresamente 101 . Todo esto llevó a que existiese una tendencia, hasta si se quiere
natural, de decretar nulidades por la nulidad misma, hasta por los meros
incumplimientos de formalidades sancionadas con la nulidad.
Igualmente, podemos afirmar que esto llevo a que el ejercicio de la defensa
técnica esté muy relacionado con la presentación de incidentes de nulidad que no
sólo implicasen la nulidad de un acto concreto que habría que repetir de nuevo, sino
que incluso retrotrajeran el proceso a etapas anteriores ya precluidas. Debemos
mencionar a manera de reconocimiento justiciero, que alguna jurisprudencia
101 Cfr. Artículo 499 del Código de Procedimientos Penales.
79

nacional ha expresado que no existe la nulidad por la nulidad misma, pues la forma
no es un fin en sí misma.
Sección II. Código Procesal Penal:
El actual Código Procesal Penal con relación a la actividad procesal
defectuosa sigue lo establecido por el Código Procesal Penal Modelo para
Iberoamérica de 1988, obra del jurista argentino Julio J. B. Maier, que abandona el
criterio de la taxatividad de las nulidades en lo relativo al incumplimiento de las
previsiones legales. El criterio del que se parte en el Código es que todas las
formalidades son esenciales, abandonándose (de manera exclusiva) el Principio de
Especificidad de las Nulidades que establecía el Código de 1890 (Pas de nullité
sans texte).
Todo el sistema de Actividad Procesal Defectuosa descansa ya no sólo
sobre el Principio de Especificidad, sino también sobre otros principios, como el
Principio de Agravio, por ejemplo, la falta de formalidad debe causar además un
perjuicio al interesado. (Pas de nullitié sans grief).
Por otro lado, un aspecto fundamental del sistema de actividad procesal
defectuosa es el saneamiento del vicio, que se las deberá realizar, en lo posible, de
forma inmediata, renovando el acto, rectificando el error, o cumpliendo el acto
omitido, de oficio o a petición del interesado 102 . Debe tenerse muy presente que aún
en caso de defectos absolutos, ellos no pueden hacerse valer en perjuicio del
imputado, ni podrán retrotraer el proceso a etapas precluidas, salvo que él
expresamente lo consienta 103 .
Los defectos absolutos deben surgir en forma expresa de la ley 104 y en
especial, de las normas concernientes a la intervención, asistencia y representación
del imputado. Esta norma no es absoluta, pues, la declaración de nulidad por
violación de un principio o garantía previsto a favor del imputado (nulidades
absolutas) no podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, salvo expreso
consentimiento del afectado.
102 Cfr. Artículo 67 Código Procesal Penal.
103 Cfr. Artículos 12, 167 y 171 Código Procesal Penal.
104
Inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, el Derecho Internacional vigente,
y normas expresas del propio Código Procesal Penal.
80

Son defectos relativos todos los demás actos procesales defectuosos que no
se encuentren conminados por la nulidad absoluta de manera expresa por una
norma.
La declaración de nulidad (absoluta o relativa) de un acto procesal
defectuoso es la ultima ratio del Código Procesal Penal, pues, en todo caso, se debe
intentar sanear el acto antes de declararlo. Es decir, cuando no se pueda sanear el
acto (renovando, rectificando o cumpliendo el acto omitido) ni se pueda convalidar
el acto (falta de interés, aceptación expresa o tácita, o cumplimiento del fin con
respecto a todos los interesados) de oficio o a petición de parte, se deberá declarar
la nulidad del acto en auto fundado. Igualmente, la declaración de nulidad (absoluta
o relativa) no se la podrá hacer en perjuicio de quien ampara (Artículo 12 Código
Procesal Penal). Tampoco se podrán declarar nulidades, bajo pretexto de
saneamiento, a fin de retrotraer el proceso a etapas fenecidas 105 .
Sección III. Código Procesal Civil:
El Código Procesal Civil 106 , en el Título IV, Capítulo I, Sección Única,
regula la actividad procesal defectuosa o nulidades procesales. Las distingue entre
nulidades procesales y sustantivas, absolutas y relativas. También existen otras
clasificaciones como nulidades propias, derivadas, expresas, implícitas, inválidas e
ilícitas.
a.-) Principios que rigen la Actividad Procesal
Defectuosa en material civil:
Una vez analizadas los principios que se aplican en la Actividad
Procesal Defectuosa Penal, entraremos brevemente a enumerar las características
principales de los principios civiles:
a.1.-) Principio de legalidad o especificidad:
En materia civil de acuerdo a lo señalado por el artículo
1030 del Código Francés de 1806, y el Código Italiano de 1942, este último que
marca el inicio de un sistema híbrido al permitir la nulidad sólo en los casos
establecidos en la ley y admitirla en aquellos casos en los que el acto carezca de los
requisitos formales indispensables para alcanzar la finalidad, constituye una reseña
105 Cfr. Artículos 167, segunda parte del Código Procesal Penal.
106 Ley Nª 7130 del dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.
81

histórica que deja de manifiesto que la nulidad debe estar precita en la ley para que
pueda ser declarada como tal.
Ese sistema ha desaparecido, inclusive en Costa Rica, pues no es necesario
que la nulidad este prevista para que pueda declararse como tal 107 , produciéndose
así un sistema mixto que consiste en la combinación de un sistema taxativo (causas
previstas bajo pena de nulidad) y un concepto genérico que consiste en establecer
los presupuestos comunes que determinan una irregularidad grave, violación de
normas esenciales de procedimientos, indefensión y violación al debido proceso.
a.2.-) Principio de trascendencia:
En materia civil se aplica el principio jurisprudencial de la
Sala Constitucional que ni siquiera las nulidades absolutas deben ser declaradas si
no representan un derecho para los intervinientes o sirven para salvar un error que
repercuta directamente en el proceso 108 .
Por ello, al igual que en materia penal la actividad procesal defectuosa no
tiene como fundamento proteger en sí las formas procesales sino que representan
un instrumento para asegurar el debido proceso a las partes. No es posible entonces
declarar una nulidad por un simple incumplimiento de la forma sin que esto
produzca indefensión, ya que esto sería brindar una excesiva formalidad a un
formalismo vacío.
a.3.-) Principio de instrumentalidad o finalidad:
Este principio se refiere a que la declaratoria de nulidad
queda subordinada no a la simple violación de la forma sino a la relación entre el
vicio y la finalidad del acto. No toda irregularidad de un acto procesal va a
determinar su nulidad sino el ordenamiento debe entrar a graduar los actos
imperfectos tendiendo a validar a aquel que ella alcanzado su fin o que se haya
corregido el trámite o la actuación sin un evidente perjuicio a la parte. La finalidad
de un acto procesal no se puede ver desde el punto de vista subjetivo ya que esta
valoración deber ser objetiva, interpretada a la luz de la previsión y contenido de la
norma. Esta interpretación entonces debe hacerse en cada caso específico y de
acuerdo al espíritu del procedimiento.
107
Sistema númerus apertus. Así señalado por Artavia, (Sergio), Derecho Procesal Civil, Tomo II, editorial Dupas,
San José, Costa Rica, 2003, pp 120.
108
En este sentido ver VOTOS de la Sala Constitucional números 2765-92, 2408-96, 6828-93, 5507-00, 614-92,
2318-95 y 1146-95.
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a.4.-) Principio de convalidación:
Como se dijo en el principio de trascendencia el acto
aunque este viciado debe considerarse eficaz si ha cumplido su objetivo. En este
sentido si la parte perjudicada ha participado o consentido en el vicio esta con esto
convalidando el acto procesal. Esta convalidación puede darse de oficio o a
solicitud de parte y queda admitida con el paso del tiempo de manera tácita. En
materia civil la nulidad debe alegarse dentro de los ocho días siguientes de
producida o en su defecto desde que la parte tuvo conocimiento de ella.
Como se vio en materia penal, cuando se habla de sanear un acto procesal
defectuoso es aplicar un remedio procesal para tornarlo valido o eficaz. El
saneamiento tiene un efecto positivo sobre la invalidez del acto defectuoso.
El saneamiento de los actos procesales defectuosos en el Código Procesal
Penal debe aplicarse tanto a las nulidades absolutas (de manera inmediata) como a
las relativas. La solicitud de saneamiento de las nulidades relativas se podrán hacer
valer mientras se realiza el acto, o dentro de las veinticuatro horas de realizado
(interesado presente en el acto); o antes de dictarse la decisión impugnada
(interesado ausente); o cuando por las circunstancias del acto haya sido imposible
conocerlo, dentro de las veinticuatro horas después de conocido.
En este caso, se describirá la irregularidad, individualizando el acto viciado
u omitido y se propondrá la solución, lo que se regula en el artículo 168 del Código
Procesal Penal.
Sección IV: Coincidencias y Diferencias entre la Actividad
Procesal Defectuosa en Materia Civil y en material Penal:
A manera de conclusión se puede enumerar una lista de aspectos que
se coinciden y no el las normativas analizadas.
a.-) Puntos en Común entre las Normativa Penal y la
Normativa Civiles:
Podemos concluir que los principios que rigen la actividad
procesal defectuosa tanto en materia civil como penal, tienen importantes rasgos en
común, entre los que se pueden rescatar:
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En ambos sistemas existe el principio general de que los actos
procesales no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni
utilizados como presupuestos de ella sin la adecuada observancia de las
formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado,
Convenciones y Tratados internacionales vigentes, la ley y los
reglamentos.
Se pueden tener por válidos los actos incorrectos si el defecto pueda
ser subsanado o convalidado. La insanabilidad del acto procesal sólo se
admite por excepción.
Las partes sólo podrán impugnar con fundamento un defecto, en los
casos y formas previstos por este Código, sólo cuando les causaran
agravio a sus derechos.
Los actos deberán mantenerse de ser posible, para esto el juez o
tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá
subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o
cumpliendo el acto omitido.
Cuando el Defecto sea de carácter absoluto, no será susceptible de
ser convalidado. En principio tendrán este calificativo aquellos que
impliquen una inobservancia o violación de derechos y garantías
previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y
Tratados internacionales vigentes y en la ley; y,
Cuando el Defecto sea de carácter relativo quedarán convalidados
por la inercia de las partes, cuando quienes tengan derecho a solicitarlo
hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; y no obstante
su irregularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los
interesados.
b.-) Puntos disímiles entre las Normativa Penal y la
Normativa Civiles:
En penal no se utiliza la terminología de nulidades.
En materia civil la parte no debe de proponer la solución al vicio que
alega.
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El plazo de ocho días que otorga el Código Procesal Civil para la
convalidación de un acto no es tal en penal.
En civil se puede declarar la nulidad de las resoluciones, lo que no está
regulado en materia penal propiamente.
En civil no se enumeran taxativamente, como en materia penal, las
actuaciones que convalidarán los defectos absolutos.
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