Título I INTERES PARA IMPUGNAR (El agravio, perjuicio o ...

artículos 341 y 344 del Código de Procedimientos Penales, pues les ha bastado
comprobar que el requerimiento o el auto de elevación a juicio no contienen una
relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, para que en su
criterio se justifique repetir el acto, regresando el procedimiento a la fase de
instrucción. Esta solución, además de resultar perjudicial para la administración
de justicia, para el objeto del proceso, para las partes, y para los ciudadanos, en
realidad no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, si analizamos
cuidadosamente los tres supuestos anteriores. En efecto, resulta un absurdo
concluir por la nulidad cuando el hecho está mal descrito, si nuestro Código
Procesal señala que no debe anularse el requerimiento cuando falta totalmente un
hecho de trascendencia al extremo de constituir una circunstancia agravante o
integre el delito continuado. Se trata de un absurdo porque estaríamos admitiendo
que ante un vicio más grave, como sería omitir una circunstancia agravante o un
hecho que integre el delito continuado, el problema pueda ser corregido durante el
curso del mismo debate, mediante la ampliación de la acusación y de la
intimación; pero que ese mismo procedimiento correctivo no lo podamos aplicar
cuando se trata de errores en la redacción y en la descripción del hecho, es decir
en vicios que podrían lesionar menos que los primeros el derecho de defensa.
Desde ese punto de vista es necesario integrar la interpretación de estos
correctivos, para señalar que el propósito del legislador fue que la actividad
defectuosa del Ministerio Público se corrigiera, pero de manera que afecte lo
menos posible el mismo derecho de defensa, pues los retardos que ocasionan las
constantes nulidades de los requerimientos fiscales, finalmente se traducen en un
perjuicio para la propia investigación, y para los ciudadanos en general, ofendidos
o no con el delito, que demandan justicia pronta y cumplida, pero sobre todo para
el propio acusado, quien desea que se resuelva su situación jurídica lo más pronto
posible. En consecuencia no debe recurrirse a la nulidad automática cuando
encontremos errores en la redacción del requerimiento fiscal corregidos por el
auto de elevación a juicio. Tampoco debemos aplicar la sanción de nulidad frente
a requerimientos mal redactados, confusos, equívocos en la descripción del hecho.
En tales supuestos, lo que procede es aplicar los correctivos establecidos en
nuestro sistema procesal, por medio del cual es posible para el representante del
Ministerio Público realizar una acusación supletoria, corrigiendo los defectos que
estime son esenciales, para que se le otorgue la oportunidad al imputado y a su
defensa de contestarlos adecuadamente. En ese sentido debe proceder a formular
oralmente la corrección en el curso del propio debate, de lo cual se dejará
constancia en el acta, precisando con cuidado los cambios que se le hacen a la
acusación. Si el hecho que motivó la corrección del requerimiento ya se desprendía
de la propia instrucción, la defensa no habrá sido tomada de sorpresa, pues fue
invitada durante varios actos procesales previos al debate para que examinara
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