Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana y Desarrollo Sostenible

todas las comunidades acredita una clara
vulneración de tal postulado; asimismo, en
cuanto a las relaciones que tienen las comu-
nidades y sus autoridades con los poderes
distritales, provinciales y regionales, la
"autonomía económica y administrativa" de
las comunidades jurídicamente reconocidas
queda seriamente desdibujada o desaparece.
(d) Revisando el inventario de las
atribuciones que les han sido señaladas, los
fines de la comunidad se determinan fun-
damentalmente en función de asegurar la
protección del sistema comunitario, el or-
den interno y el mejoramiento de la calidad
de vida de los comuneros. Sin embargo, se
percibe que en los últimos ordenamientos
constitucionales y legales adoptados, se
abre una modificación en el orden de estas
finalidades, otorgándole una importancia
central a los propósitos de desarrollo y cre-
cimiento económico. Es claro que este en-
foque no guarda armonía con el acervo tra-
dicional de valores que inspiran el modelo
de vida de las comunidades nativas ni con
la mayoría de las normas que establecen el
régimen de las comunidades.
(e) Existe una vasta normatividad en
cuanto a las relaciones de las comunidades
nativas con el Estado, por ejemplo, sobre el
reconocimiento de la existencia legal de las
comunidades, la legalización de sus tierras,
el saneamiento de éstas cuando están ocu-
padas por terceros y el mantenimiento del
orden interno en cada comunidad. Sin em-
bargo, en la aplicación concreta de la nor-
matividad, ias comunidades enfrentan difi-
cultades porque la reglamentación respecti-
va resulta complicada, insuficiente o impre-
cisa. Resulta además, ambigua, en la de-
terminación de responsabilidades que con-
ciernen a las entidades estatales y del ám-
bito de participación de las comunidades.
F. Administración de justicia y derecho
consuetudinario
La institucionalización constitucional
de la jurisdicción indígena y el derecho
consuetudinario en el art.149 del ordenamiento
de 1993, constituye para la historia
constitucional del país , la primera vez que
el Estado reconoce la capacidad de los pueblos
indígenas de administrar justicia y regular
los actos de sus integrantes de acuerdo
a su normatividad y valores. Además, dispone
que una ley especial deberá establecer
las formas de coordinación de dicha jurisdicción
especial con los Juzgados de Paz y
con las demás instancias del poder judicial.
Dicho reconocimiento significa no
sólo una forma de asegurar el derecho a la
diferencia y continuidad cultural de los
pueblos indígenas del Perú, sino que significa
la posibilidad de reivindicar una mayor
participación ciudadana en el sistema de
administración de justicia nacional, acorde
con el carácter multicultural y pluriétnico de
la Nación peruana.
El art.149 de la Constitución de 1993
encuentra su antecedente normativo más
inmediato en el art. 19 de la Ley General de
Comunidades Nativas de 1978 (DL 221 75)
de cuyo texto se desprende que "Los conflictos
y controversias de naturaleza civil de
mínima cuantía que se originen entre los
miembros de una Comunidad Nativa, así
como las faltas que se cometan, serán resueltas
o sancionadas en su caso, en forma
definitiva, por sus órganos de gobierno En
los nrocesos civiles y penales los Tribunales
Comunes o Privativos, según el caso,
tendrán en cuenta al resolver las costumbres,
tradiciones, creencias y valores socioculturales
de las comunidades "
En este contexto, el Convenio núm.
169 en sus artículos 8 a 12 plasma la vali-
dez y legitimidad del derecho consuetudina-