DICTAMEN N.º 241/2012, de 17 de octubre.* Expediente relativo a ...

DICTAMEN N.º 241/2012, de 17 de octubre. *
Expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial incoado a instancia de D. X, a consecuencia de
los daños y perjuicios sufridos con ocasión de la caída producida desde un banco de titularidad del Ayuntamiento de
Ciudad Real.
ANTECEDENTES
Primero. Reclamación.- Mediante escrito presentado el día 9 de marzo de 2012 en el registro del Ayuntamiento de
Ciudad Real, D. X, señalando a efectos de notificaciones el domicilio de un letrado, solicitaba el abono de una
indemnización por un total de 12.691,47 euros correspondientes a días de baja y secuelas, derivados de las lesiones sufridas
por el accidente que se produjo el día 18 de enero de 2012.
Relata el interesado que en la citada fecha “se encontraba con unos amigos sentado en los bancos sitos en la Plaza
situada entre las calles Caballeros, Pasaje de la Merced y Rosa (Antiguo convento de la Merced, antiguo Instituto
Femenino), en el banco largo donde se encuentran las banderas. Me encontraba sentado en la parte superior de uno de los
asientos cuando, debido al mal estado de conservación de las baldosas de los asientos, en la que estaba sentado, cedió y
me tiró hacia atrás. [ ] Con el fin de no caerme, traté de agarrarme a la misma baldosa, con tan mala fortuna que la piedra
(o el material de la que estaba hecha), tenía un filo muy cortante que, al agarrarme para no caerme, me cortó varios dedos
de mi mano izquierda [ ] Casualmente por allí pasaba un coche de la Policía Local y los agentes, al ver la situación, con
un comportamiento exquisito, me metieron en su vehículo y me llevaron rápidamente al Servicio de Urgencias del Hospital
H, donde me hicieron las curas correspondientes. Según me indicaron los Agentes, se identificó los hechos como
“incidencia 17””.
Para describir las lesiones padecidas como consecuencia de la caída, se aporta el informe de Urgencias de fecha 18 de
enero de 2012, indicando que se produjo “traumatismo en mano izquierda accidental con caída de piedra sobre mano
izquierda”, “3 y 4 dedos en su falange distal aplastados”, y “amputación traumática de las falanges distales 3º y 4º dedo
mano izquierda”. Continuó alegando que “actualmente continúo en tratamiento médico derivado de esas secuelas y, según
se me ha indicado, me quedarán importantes limitaciones funcionales en mi mano, al limitar la posibilidad de hacer puño,
pinza o agarre con ella”.
Considera el interesado que “la caída fue producto del mal estado de conservación de los bancos y del pavimento,
siendo un hecho perfectamente previsible y subsanable con el debido mantenimiento por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Ciudad Real, al que compete legalmente la obligación de mantener en perfecto estado de uso las vías urbanas,
reparándolas en su caso, así como la limpieza de tales vías. La negligencia en el cumplimiento de tales obligaciones,
permitiendo la existencia de las baldosas sueltas y en muy mal estado que han provocado la caída, así como la falta de
limpieza de la vía en cuestión, han sido la causa directa del daño personal sufrido”.
En cuanto a la cuantía solicitada como indemnización, que ascendía a un total de 12.691,47 euros, se desglosó en los
siguientes conceptos:
- 28 días de baja impeditivos, a 56,60 euros día: 1.584,80 euros.
- 10 % de factor de corrección: 158,48 euros.
- Secuelas consistentes en: A) Amputación completa de la falange distal del 3º y 4º dedo (por cada dedo): 8 puntos. B)
Limitación funcional de las articulaciones interfalángicas: 2 puntos (un punto por cada dedo). Total 9.952,90 euros.
- 10 % de factor de corrección: 995,29 euros.
Finalmente, el interesado solicitaba la práctica de las siguientes pruebas:
- Documental, consistente en que se tuvieran por incorporados los informes médicos de atención en urgencias
adjuntados con su reclamación.
- Documental, consistente en determinadas fotografías que se realizaron en el lugar, y que serían aportadas
posteriormente.
- Testifical, mediante la declaración de dos testigos presenciales de la caída, cuyos nombres se proporcionaban.
Adjuntaba a su reclamación, además de los informes médicos de urgencias mencionados, la comunicación de
designación de letrado de oficio y las citas para curas en traumatología, de fechas 30 de enero y 14 de febrero de 2012.
* Ponente: José Sanroma Aldea
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Segundo. Admisión a trámite.- Con fecha 11 de abril de 2012, mediante Decreto del Concejal Delegado de
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Real, se acordó iniciar procedimiento de responsabilidad patrimonial y
nombrar instructor del mismo, notificando dicho acuerdo tanto al interesado como al funcionario designado.
Tercero. Periodo de prueba e informes.- Mediante acuerdo del instructor de 27 de abril de 2012 se resolvió abrir un
periodo de prueba por un plazo de 30 días y admitir las pruebas propuestas por el interesado, consistentes en los
documentos aportados en su reclamación y en la testifical ofrecida.
Se fijó la fecha del 15 de mayo de 2012 para realizar la prueba testifical, para lo cual, se citó a uno de los testigos
designados en el domicilio que proporcionó el interesado.
Llegada tal fecha, el instructor levantó diligencia haciendo constar que dicha prueba testifical no se pudo realizar al no
haberse personado ni el interesado ni el testigo requerido.
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Asimismo, el citado instructor solicitó mediante oficios de fecha 27 de abril de 2012 los siguientes informes:
- El solicitado al Jefe de la Policía Local del municipio, sobre si existía constancia en sus archivos del siniestro en
cuestión; el 9 de mayo de 2012 el referido Jefe se limitó a remitir el parte de incidencias emitido el 18 de enero de 2012, día
de los hechos, por la Policía Local, en el que se hace constar que en la plaza de los Mercedarios “los agentes reseñados son
requeridos por un joven que ha sufrido una herida en los dedos accidentalmente, cuando se encontraba arrancando
piedras que están de adorno clavadas en el suelo. Después de hacerlo con una primera, le ha resbalado la mano y se ha
seccionado dos dedos casi en su totalidad, con la segunda que intentaba arrancar. […] Es trasladado al servicio de
urgencias en el propio vehículo policial. [ ] Avisar por la mañana al servicio de obras para que coloquen las piedras en su
sitio”.
- El informe emitido por el Jefe de Sección de Mantenimiento del Ayuntamiento de Ciudad Real, comprensivo de los
siguientes extremos: constancia en dicha sección del siniestro en cuestión, estado en que se encontraba el lugar donde
ocurrieron los hechos a la fecha del siniestro y posibilidad de que el mismo produjera el accidente, así como cualquier otra
incidencia que se considerara de relevancia. En fecha 10 de mayo de 2012 suscribió el informe requerido el responsable del
Servicio de Mantenimiento, poniendo de manifiesto que “[…] En este servicio no existe constancia del hecho, ni
comunicación por parte de ningún servicio municipal, de los hechos contenidos en la citada reclamación. […] En los
archivos y registro de este servicio, no existen datos que indiquen actuaciones de mantenimiento en la citada vía, en el
lapso temporal de referencia. […] Girada visita de inspección se puede comprobar la existencia de algunas deficiencias en
el respaldo de los bancos, donde existe la falta de piezas de albardilla de piedra artificial, provocadas principalmente por
actos vandálicos, sin poder precisar si dichas deficiencias existían, ni siquiera si fueron o no las que presuntamente
provocaron el accidente. […] El servicio de mantenimiento ha girado orden de trabajo […] para la reparación del
acerado de dicha zona. […] El técnico que suscribe a la vista del contenido de este expediente, no puede precisar la
posibilidad de que se produjera el accidente”.
Cuarto. Trámite de audiencia.- Mediante notificación efectuada al abogado del perjudicado el día 21 de junio de
2012, se puso de manifiesto el expediente otorgándose un plazo de diez días para alegaciones, con inclusión de la relación
de documentos obrantes en el mismo.
No consta que se efectuaran alegaciones.
Quinto. Propuesta de resolución.- El 1 de agosto de 2012 el instructor del procedimiento suscribió propuesta de
resolución desestimando la reclamación planteada, al entender que no hubo relación de causalidad entre el funcionamiento
del servicio público y las lesiones producidas por el accidente.
En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente a este Consejo Consultivo, en el que tuvo
entrada con fecha 20 de septiembre de 2012.
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes
CONSIDERACIONES
I
Carácter del dictamen.- El expediente remitido por el Ayuntamiento de Ciudad Real versa sobre la reclamación de
responsabilidad patrimonial de la Administración municipal, presentada por un particular como consecuencia de los daños
que ha sufrido al caer presuntamente de un banco propiedad del citado Ayuntamiento.
El artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establece los elementos esenciales del procedimiento de responsabilidad patrimonial
que han de seguir todas las Administraciones Públicas -tal y como indica su apartado 1- y por tanto, también las
Corporaciones Locales. El apartado 3 del citado artículo en la nueva redacción otorgada por la Disposición Final
cuadragésima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dispone lo siguiente: “Para la determinación de
la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un

procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley. En
el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la que se
establezca en la correspondiente legislación autonómica”.
Por su parte, el artículo 54.9.a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha, dispone que el Consejo Consultivo deberá ser consultado, entre otros asuntos, en los expedientes
tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha referidos “a reclamaciones de
responsabilidad patrimonial por cuantía superior a seiscientos un euros”; y el artículo 57 de la misma Ley establece que
“Las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha solicitarán el dictamen del Consejo Consultivo, a través de la
Consejería de Administraciones Públicas, cuando preceptivamente venga establecido en las leyes”.
Este Consejo, en sesión celebrada el 25 de enero de 2012 acordó comunicar a la Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La Mancha su criterio respecto a la cuantía a partir de la cual las Corporaciones Locales han de
solicitar su dictamen preceptivo en los expedientes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, considerando que “la
remisión efectuada por el inciso final del citado artículo 142.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, respecto a la
cuantía a partir de la cual es preceptivo el dictamen del órgano consultivo “o a la que se establezca en la correspondiente
legislación autonómica”, debe entenderse referida al límite de seiscientos un euros que establece la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, para considerar preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en los expedientes
tramitados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Límite éste que opera de igual manera con respecto a los
expedientes tramitados por las Corporaciones Locales de la Región, al ser el único establecido por la legislación
autonómica, y porque de otro modo la garantía que supone la intervención del órgano consultivo en el procedimiento
tramitado podría verse mermada en el ámbito local respecto al autonómico, si considerásemos que en el primero sólo es
preceptiva la intervención cuando la cuantía de la reclamación iguala o supera un límite (50.000 euros) que es
sensiblemente superior al establecido para el segundo (601 euros). [ ] En consecuencia, es criterio del Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha que su dictamen ha de ser solicitado, conforme al artículo 142.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y a los artículos 54.9.a) y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, en los expedientes de reclamaciones de
responsabilidad patrimonial tramitados por las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha de cuantía superior a
seiscientos un euros”.
Por todo ello, siendo la cuantía solicitada por la parte interesada la de 12.691,47 euros, el presente dictamen se emite
con carácter de preceptivo.
II
Examen del procedimiento tramitado.- Las normas aplicables a los procedimientos tramitados como consecuencia
de reclamaciones de responsabilidad patrimonial planteadas a la Administración se encuentran plasmadas primordialmente
en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, aprobatorio del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, disposición mediante la que se produjo el desarrollo reglamentario
expresamente previsto en el artículo 142.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El examen de las actuaciones realizadas en el curso de la instrucción, que ya han sido descritas en los antecedentes,
permite destacar que el instructor procedió a admitir la práctica de prueba testifical propuesta por el reclamante, al amparo
de lo establecido en el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si bien la misma no pudo ser practicada al no
haberse personado el testigo requerido, ni tan siquiera el propio interesado.
Por otro lado, ha de señalarse que los actos de instrucción dirigidos a la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos necesarios para resolver, acordados por el funcionario actuante, en aplicación del artículo 78.1 de la Ley
procedimental indicada, y que han consistido en el requerimiento y la emisión de informes por parte de la Policía Local y
del Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento, adolecen de una falta de conexión y coherencia entre las circunstancias
puestas de manifiesto por parte de ambos órganos. El Jefe de la Policía Local, mediante comunicación de 9 de mayo de
2012, se limitó a remitir el parte de incidencias elaborado por los agentes el día de los hechos (18 de enero de 2012),
haciéndose constar en el mismo que se avisaría “por la mañana al servicio de obras para que coloquen las piedras en su
sitio”. Y por otro lado, en el informe emitido el 10 de mayo de 2012 por el Jefe de Sección de Mantenimiento del
Ayuntamiento de Ciudad Real -al que se solicitó que informara, entre otros extremos, sobre el estado en que se encontraba
el lugar donde ocurrieron los hechos a la fecha del siniestro-, se indica que “[…] en este servicio no existe constancia del
hecho, ni comunicación por parte de ningún servicio municipal, de los hechos contenidos en la citada reclamación”.
Cabe apreciar que este último informe se elaboró desconociendo el parte de incidencias remitido por la Policía Local y
la observación de que se procedería a avisar los servicios de mantenimiento municipales para reparar los desperfectos, por
lo que ha de suponerse que dicho aviso o no se dio o no llegó al Servicio de Mantenimiento indicado.
Por ello, la existencia del repetido parte de incidencias en el que se describen los hechos acaecidos, y la desconexión
entre los informes descritos llevan a despojar de utilidad, a la hora de la determinación de las circunstancias a tener en
cuenta al emitir resolución, a las afirmaciones vertidas por el Servicio de Mantenimiento municipal en el informe emitido
más de cuatro meses después del accidente.
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Efectuadas las consideraciones indicadas, no se advierten irregularidades formales de las que puedan derivarse efectos
invalidantes para lo actuado, por lo que procede pasar a examinar las cuestiones de fondo suscitadas por el expediente,
destacándose asimismo que el expediente se halla foliado y ordenado cronológicamente, lo que ha facilitado su examen y
conocimiento.
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III
Presupuestos normativos y jurisprudenciales para la exigencia de la responsabilidad patrimonial.- La
responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución jurídica que goza en nuestros días de rango
constitucional, con reflejo en los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución, el último de los cuales establece que “los
particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos”.
Los presupuestos caracterizadores de la responsabilidad patrimonial de la Administración tienen su principal
formulación legal en los apartados 1 y 2 del artículo 139 y 1 del 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los que se establece que los
particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; que, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo,
evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; y que sólo serán
indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley.
A partir de las notas legales antedichas, la copiosa jurisprudencia existente sobre la materia ha estructurado una
compacta doctrina, según la cual “los requisitos exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial
por los daños y perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva realidad de un
daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su
origen (Reglamento, acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que no se
haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la
Ley” -Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de
23 de febrero de 2004 (Ar. JUR 2004\83545, FJ 2º) y de 13 de octubre de 2006, entre otras muchas, o, en parecidos
términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1989 (Ar. RJ 1989\1986, FJ 3º)-. A la relación de requisitos
precitados cabría agregar también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad
patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido.
El sistema de responsabilidad extracontractual aplicable a nuestras Administraciones Públicas ha sido calificado por la
doctrina como de carácter objetivo. Este rasgo ha sido perfilado por nuestra jurisprudencia señalando que “al afirmar que
es objetiva se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, a diferencia de la tradicional
responsabilidad subjetiva propia del Derecho Civil, ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de cuál
sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí
la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en la dicción del artículo 40 [de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, hoy 139 de la Ley 30/1992], pues cualquier consecuencia dañosa
derivada de tal funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio
individual en favor de una actividad de interés público que, en algunos casos, debe ser soportada por la comunidad”
-Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998 (Ar. RJ 1998\6836) o de 28 de noviembre de 1998 (Ar. RJ
1998\9967)-.
Sin embargo, como dijo el Consejo de Estado en su dictamen de 3 de junio de 1999, “este carácter objetivo, tal y
como en reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de
Estado, no implica que todos los daños producidos en los servicios públicos sanitarios sean indemnizables, pues ello
llevaría a configurar la responsabilidad administrativa en estos casos, de forma tan amplia y contraria a los principios
que la sustentan, que supondría una desnaturalización de la institución. Así pues, de acuerdo con dicha doctrina, para
apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la lex artis, de modo que tan
solo en el caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios
sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la lex artis, ha de concluirse que
tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular, sin que generen, en modo
alguno, el derecho a percibir una indemnización”. En idéntica línea el Tribunal Supremo en su Sentencia de 4 de abril de
2000 declaró que “el criterio fundamental para determinar si concurre responsabilidad patrimonial en materia de
asistencia sanitaria es la de la adecuación objetiva del servicio prestado, independientemente de que existan o no
conductas irregulares por parte de los agentes de la Administración y del buen o mal éxito de los actos terapéuticos, cuyo
buen fin no siempre puede quedar asegurado”, añadiendo en otra Sentencia de 25 de abril de 2002 que “prestada la
asistencia sanitaria con arreglo a la regla de la buena praxis desde el punto de vista científico, la consecuencia de la

enfermedad o padecimiento objeto de atención sanitaria no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no
pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas”.
Así mismo, la responsabilidad patrimonial de la Administración se asienta en el criterio objetivo o concepto técnico
de lesión, entendida ésta como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber de soportar. Dicho deber
existe cuando la medida impuesta por la Administración constituye una carga general que todos los administrados afectados
por su esfera de actuación están obligados a cumplir, y puede venir determinado por la concurrencia de una concreta
imposición legal o por otros factores vinculados ordinariamente a la propia situación o actitud del perjudicado, con
incidencia sobre la entidad del riesgo generado por el actuar de la Administración.
La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de responsabilidad patrimonial recae
necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye la acreditación de la relación causal invocada, de los daños
producidos y de su evaluación económica. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia,
que encuentra ahora su principal apoyo en los artículos 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, que viene a recoger las reglas del onus probandi dentro de la categoría de
las obligaciones, sentando la conocida máxima de que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su
cumplimiento y la de su excepción al que la opone; todo ello, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración
en la depuración de los hechos que pesa sobre la Administración, en consonancia con lo previsto en los artículos 78.1 y
80.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que se extiende a sus órganos, autoridades y funcionarios. De otro
lado, recae sobre la Administración imputada la carga de la prueba cuando ésta verse sobre la eventual concurrencia de una
conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción
de la acción -v. gr. Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 (Ar. RJ 1999\4440) y de 21 de marzo de 2000
(Ar. RJ 2000\4049)-.
También debe de ser objeto de consideración el tiempo que haya mediado entre la producción del evento lesivo y el
ejercicio de la acción tendente a su reparación, pues, conforme a lo dispuesto en los artículos 142.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el
hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación o estabilización de sus efectos lesivos.
El análisis de la relación de causalidad existente entre el actuar administrativo y los efectos lesivos producidos aparece
de ordinario como elemento esencial en el examen de los procedimientos seguidos en materia de responsabilidad
patrimonial de la Administración. Ante la falta de referencias legales respecto de sus notas caracterizadoras, se dispone de
una amplía creación jurisprudencial al respecto, que vino tradicionalmente considerando como rasgos definitorios de dicho
vínculo teleológico su carácter directo, su inmediatez y su exclusividad respecto de los perjuicios generadores de la
reclamación -así, Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1987 (Ar. RJ 1987\426) o de 4 de junio de 1994 (Ar.
RJ 1994\4783)-. Sin embargo, dicha tendencia doctrinal ha sido matizada y corregida, admitiéndose también formas de
producción mediatas, indirectas y concurrentes que plantean la posibilidad de una moderación de la responsabilidad cuando
intervengan otras causas, lo que deberá tenerse en cuenta en el momento de fijar la indemnización -Sentencias del Tribunal
Supremo de 28 de julio de 2001 (Ar. RJ 2001\10061), de 15 de abril de 2000 (Ar. RJ 2000\6255) o de 4 de mayo de 1999
(Ar. RJ 1999\4911)-. Este planteamiento conduce en cada supuesto al examen de las circunstancias concretas concurrentes
y a la búsqueda de referentes en la abundante casuística que ofrece la jurisprudencia existente.
Finalmente, la intervención de este Consejo Consultivo en los procedimientos seguidos como consecuencia de
reclamaciones de responsabilidad patrimonial debe centrarse esencialmente en el examen de los elementos aludidos en el
artículo 12.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en el que se dispone: “Se solicitará que el dictamen se pronuncie
sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en
su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización [...]”.
IV
Requisitos para el ejercicio de la acción.- Expuestos los presupuestos jurídicos exigidos legalmente para el
reconocimiento de la responsabilidad patrimonial, procede examinar si concurren en el supuesto objeto de consulta.
En relación con la legitimación activa vinculada a la reclamación formulada, queda acreditada por cuanto el
reclamante es la persona que ha sufrido las lesiones por las que solicita indemnización.
En cuanto a la legitimación pasiva, ha de señalarse que la misma ha sido aceptada por la Administración municipal
imputada, al instruir un expediente de responsabilidad patrimonial en virtud de que los daños fueron causados en el
desenvolvimiento del servicio público de conservación y mantenimiento del mobiliario urbano de su titularidad.
Por lo que al plazo del ejercicio de la acción se refiere, los artículos 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, establecen que, en el caso de lesiones físicas, el derecho a reclamar
prescribe al año de que se produzca la curación o determinación de la secuela. En el presente supuesto, si bien no consta la
fecha en la que se produjo el alta definitiva de sus lesiones, la Administración actuante no ha puesto en duda la afirmación
del interesado de que, a la fecha de interposición de la reclamación, esto es, 9 de marzo de 2012, continuaba en tratamiento
médico. Asimismo, el hecho motivador de los perjuicios tuvo lugar el 18 de enero de 2012, por lo que no existe duda de
que el accionante haya ejercido su derecho en el plazo legalmente establecido.
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V
Requisitos sustantivos: daño, relación de causalidad y antijuricidad de aquél.- De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 139.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el daño producido debe ser real y efectivo, no simplemente
posible, contingente o hipotético.
La persona reclamante solicita indemnización por las lesiones sufridas tras el accidente acaecido el 18 de enero de
2012, consistentes en la amputación traumática de las falanges distales 3º y 4º de la mano izquierda, solicitando por ello el
abono de la cantidad correspondiente a secuelas y 28 días de baja impeditiva.
Tanto las lesiones como el número de días de baja impeditiva han quedado suficientemente acreditados en el
expediente, mediante la documentación clínica aportada a su reclamación, por lo que existe un daño efectivo
individualizado en la persona del interesado susceptible de ser indemnizado.
En relación a la posible existencia de nexo causal entre la prestación del servicio público y los daños, se ha de partir
de la circunstancia que motiva la reclamación, que son las lesiones sufridas por el perjudicado. El hecho controvertido
resulta ser el modo y la causa por la que el interesado sufrió la amputación traumática de las dos falanges de su mano
izquierda, puesto que existen versiones contradictorias sobre el modo y causa por la que se produjo el accidente.
Así, el interesado explica, en su escrito de reclamación presentado el 9 de marzo de 2012, que se encontraba con unos
amigos sentado en la parte superior de un banco sito en la Plaza situada entre las calles Caballeros, Pasaje de la Merced y
Rosa “cuando, debido al mal estado de conservación de las baldosas de los asientos, en la que estaba sentado, cedió y me
tiró hacia atrás. [ ] Con el fin de no caerme, traté de agarrarme a la misma baldosa, con tan mala fortuna que la piedra (o
el material de la que estaba hecha), tenía un filo muy cortante que, al agarrarme para no caerme, me cortó varios dedos
de mi mano izquierda”.
Para apoyar dicho relato el accionante ofreció declaración testifical que el instructor admitió practicar. Sin embargo,
ni el testigo ni el propio interesado acudieron a la citación. Por lo tanto, las afirmaciones vertidas en su solicitud de
indemnización carecen de acreditación alguna.
Por otro lado, en el informe emitido por la Policía Local realizado el mismo día de los hechos (18 de enero de 2012), e
incorporado al expediente el 9 de mayo de 2012, se da otra versión de los mismos, indicando que el perjudicado sufrió
“una herida en los dedos accidentalmente, cuando se encontraba arrancando piedras que están de adorno clavadas en el
suelo. Después de hacerlo con una primera, le ha resbalado la mano y se ha seccionado dos dedos casi en su totalidad,
con la segunda que intentaba arrancar”.
La existencia de los desperfectos se pusieron de manifiesto también en el citado parte de incidencias de la Policía
Local, al indicar expresamente “avisar por la mañana al servicio de obras para que coloquen las piedras en su sitio”. El
informe del Jefe de Mantenimiento municipal, de fecha 10 de mayo de 2012, no puede ser tenido en cuenta a la hora de
determinar el estado en que se encontraba el repetido banco el día de ocurrencia de los hechos, ante la falta de conexión con
lo informado por la Policía Local y su emisión casi cuatro meses después del accidente, como se ha puesto de manifiesto en
la consideración II.
Asimismo, en el informe de urgencias aportado por el reclamante se indica que la causa del traumatismo pudo ser un
aplastamiento de los dedos 3 y 4 en su falange distal.
De las versiones contradictorias obrantes en el procedimiento debe darse crédito a la ofrecida por el parte de
incidencias elaborado por la Policía Local el 18 de enero de 2012, día en el que acaeció el accidente, máxime cuando no se
ha practicado la prueba testifical ofrecida por el reclamante, ante la incomparecencia tanto de éste como del testigo
propuesto, ni aquél efectuó alegación alguna para mantener su versión en el trámite correspondiente. Debiendo señalarse
además que la gravedad de las lesiones sufridas por el reclamante lleva a considerar que la causa alegada por aquél como
provocadora de las mismas (una caída desde la parte superior de un banco público) no resulta idónea para producirlas.
En conclusión, el daño por el que se reclama aparece vinculado causalmente al propio actuar del reclamante.
VI
Sobre la indemnización solicitada.- Sin perjuicio del sentido del presente dictamen, desfavorable al reconocimiento
de la responsabilidad patrimonial de la Administración, conviene manifestar el parecer de este Consejo en relación a la
indemnización solicitada.
Nada cabe objetar a la valoración de los daños efectuada por el propio interesado, utilizando como referencia el
Baremo contenido en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, actualizado mediante Resolución de 24 de enero de 2012, de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
No obstante, no procedería el abono del 10 % de factor de corrección que se entiende aplicable a la cantidad
correspondiente a los días de baja de carácter impeditivo, ni el valor de los dos puntos correspondientes a la limitación
funcional de las articulaciones interfalángicas alegadas, por no constar acreditadas.

Por ello, la cantidad total inicialmente solicitada de 12.691,47 euros se vería reducida a 10.078,30 euros.
Cifra, que en su caso, habría que considerar como deuda de valor referida cronológicamente al momento de
producción de los daños objeto de compensación, sin perjuicio de la actualización e intereses de demora que en su caso
procedan por aplicación de lo previsto en el artículo 141.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen:
Que no existiendo la relación de causalidad entre el servicio público prestado por el servicio de mantenimiento
municipal, dependiente del Ayuntamiento de Ciudad Real, y los daños alegados por D. X, derivados de un accidente,
procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.
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