CAPÍTULO IV RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 1 ... - URBE

1. Análisis de los Resultados
CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Las Organizaciones Internacionales
De manera enunciativa se pudo expresar en los capítulos anteriores de
esta investigación cuáles son las principales organizaciones que realizan
aportes al Derecho Mercantil Internacional. Es por esto que se desprende la
necesidad de crear un concepto de organización internacional, cosa que es
el primer objetivo específico de este trabajo. Para ello se analizaron doctrinas
extranjeras y nacionales concernientes al concepto de organización
internacional.
Con respecto a las dos últimas definiciones expuestas en el Marco
Teórico de la investigación, se denota el carácter preparado y esquematizado
de la definición, para lo cual los autores consienten en usar un mismo
método, así atribuirles una función, esquema, determinada forma de creación
y por último un fin. En definiciones de autores nacionales como la de Valeri
(2004), destaca la posibilidad de la creación de un ordenamiento jurídico
propio que legisle sobre materias relacionadas directamente con el ámbito
internacional, para este caso el Derecho Mercantil Internacional.

Atendiendo pues, a una diversidad en un concepto base de la
organización internacional, se evidencia, que existen dificultades importantes
para abordar una definición precisa de la misma. Asimismo, se encuentra el
problema del nombramiento en las definiciones de las organizaciones
internacionales del elemento acuerdo intergubernamental, lo que supondría
un paso hacia la unificación de la definición, supuesto que todavía no ha sido
establecido, es por todo esto que la investigación se propone a
conceptualizar el término de organización internacional.
Teniendo en cuenta a lo anterior, el problema de las múltiples
definiciones está dado a partir de la inclusión de una función a los objetivos
principales de la organización, la cual se encontraba atribuida a un Estado, o
bien, a partir de la creación de un nuevo Derecho consuetudinario por causa
de la suma de nuevas capacidades jurídicas que serían llevadas a cabo por
estos organismos. Este elemento acompaña asimismo a la determinación de
una condición jurídica de la organización (naturaleza).
Se considera entonces que el concepto de organización internacional
debe tener un orden lógico en su creación, ya que debe incluir según la
doctrina, un número de pasos indicados primero por su naturaleza, luego por
su normativa propia al momento de su constitución, a lo que debe
agregársele, lograr un objetivo general, de la cual surgiría un fin que aplicado
al ordenamiento jurídico de los Estados participantes, puedan mejorar su
normativa nacional, y por último, lograr que se cree un Derecho
consuetudinario que sirva como plataforma para fortalecer los vínculos
creados por los Estados partes.
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Para esta investigación entonces, se considerará una organización
internacional, aquella que sea creada por medio de una convención
internacional (tratado) u otro instrumento similar, donde participen varios
Estados o particulares, con el fin de lograr un bien común, sea ésta la
productora de un tipo de ordenamiento jurídico lo suficientemente abierto
para poder ser aplicado por todos sus Estados firmantes, así como también
el crear un Derecho consuetudinario aceptado en general en las relaciones
existentes en éstos Estados. Ahora bien, si se agrega a este concepto la idea
de que estas relaciones son comerciales o relacionadas al comercio, serán
consideradas organizaciones internacionales de Derecho Mercantil.
1.2 Las Organizaciones Internacionales que realizan aportes al Derecho
Mercantil Internacional.
Ya se ha descrito anteriormente cuáles son las organizaciones
internacionales, que se tratarían a lo largo de esta investigación. Vistas las
herramientas para su análisis en los capítulos sucesivos, es en este Capítulo
cuando se analizará la información recolectada en cuanto a este aspecto, por
lo que se comenzará con las Organizaciones que realizan aportes al Derecho
Mercantil Internacional.
Las principales son la Organización Mundial del Comercio, la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la
Organización de Estados Americanos, el Instituto Internacional para la
Unificación del Derecho Privado y la Comunidad Andina de Naciones, todas
dirigidas al mismo fin, el cual es crear normativa especial de Derecho
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Mercantil así como la de crear un Derecho común y así proponer una
herramienta normativa para disminuir la incertidumbre jurídica al respecto y
legislar en Estados soberanos donde sea admitida.
1.2.1. La Organización Mundial del Comercio (OMC).
Dentro de su propia institución se define como “la organización
internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los
países” (OMC, 2006, p.8), de su estatuto se deriva lo explanado en el
Artículo tercero, en su primer numeral, “…constituirá también el marco para
la aplicación, administración y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales
Plurilaterales.” (OMC, 2006, p.12).
La OMC es, esencialmente una organización a la que acuden los
gobiernos miembros para tratar de arreglar los problemas comerciales que
tienen entre sí. Esta organización nace a consecuencia de convenios y todo
lo que hace es el resultado de negociaciones. En efecto la mayor parte de la
labor actual de la OMC proviene de los acuerdos celebrados en el período
1986 – 1994, ya que de acá se crearon los acuerdos que darían paso a la
existencia de la organización, asimismo de anteriores negociaciones
celebradas en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT).
Los acuerdos celebrados en la OMC, son documentos que establecen
las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son
esencialmente contratos que obligan a los Gobiernos a mantener sus
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políticas comerciales dentro de límites convenidos, aunque negociados y
firmados por los países miembros, el objetivo principal es el de procurar
la ayuda a los productores de bienes y servicios así como también el de
ayudar al importador y exportador en el cumplimiento de sus funciones, todo
esto para liberalizar el comercio, permitiendo al mismo tiempo a los
gobiernos preveer objetivos sociales y ambientales.
1.2.2. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI).
Las funciones principales de este organismo según el Artículo 8° de la
Sección Segunda de la Resolución 2205 XXI de las Naciones Unidas, son las
siguientes:
En primer lugar, su razón de ser es la de “…fomentar la armonización y
unificación progresiva del Derecho Mercantil Internacional…” (UNCITRAL,
1966. p.110). En segundo lugar, el coordinar con las demás instituciones que
tengan como finalidad la búsqueda de la armonización y unificación de la
norma mercantil internacional; en tercer lugar, en su aparte segundo, el
legislador internacional sugiere el fomento y participación en las
convenciones internacionales existentes y una mayor aceptación de las leyes
modelo así como también de los ensayos de unificación de la norma ya
creados.
En su aparte tercero, el legislador incluye consentir en el uso de la
costumbre mercantil favorable para el progreso del comercio mercantil
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internacional, es por ello que se prevé la firma de convenios y realizar otras
actividades donde participen las instituciones que estudien la materia, con el
fin de procurar la codificación y unificación de las normas mercantiles
internacionales (UNCITRAL, 1966, p.111).
Por último, en sus apartes finales, la cuestión metodológica del
problema es tratada, ya que se dan a conocer las pautas a seguir para
publicitar el consenso de acordar la unificación y armonización de la norma,
además de la difusión a organizaciones nacionales e internacionales, sobre
la evolución del Derecho Mercantil Internacional, incluida la jurisprudencia
creada al respecto.
Las labores más destacadas de la CNUDMI son los avances hechos en
materia de conciliación y arbitraje internacional, contenidos en la Ley Modelo
sobre Arbitraje Comercial Internacional además de la Ley Modelo Sobre
Conciliación Comercial Internacional, asimismo se encuentra en el comercio
electrónico la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico y Ley Modelo sobre
Firmas Electrónicas.
1.2.3. La Organización de Estados Americanos (OEA).
Emanado del fin principal de ésta organización, el de promover los
derechos de los Estados así como el respeto a su soberanía, se deriva la
creación de diversos instrumentos legales, a consecuencia de los aunados
esfuerzos del departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, los cuales
son contenidos en las reuniones de la “Conferencia Especializada
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Interamericana sobre Derecho Internacional Privado” o CIDIP, la cual posee
en su haber 6 ediciones destinadas a dar su forma al marco Interamericano
de Derecho Privado.
Éstas Conferencias han producido 26 instrumentos internacionales de
amplio uso (incluyendo 20 Convenciones, 3 Protocolos, 1 Ley Modelo y 2
Documentos Uniformes). La primera de estas Conferencias, la CIDIP-I, se
realizó en la Ciudad de Panamá, Panamá en 1975, la CIDIP-II se realizó en
Montevideo, Uruguay en 1979, la CIDIP-III se realizó en La Paz, Bolivia en
1984, la CIDIP-IV se realizó en Montevideo, Uruguay en 1989, la CIDIP -V se
realizó en la Cuidad de México, México, 1994 y la CIDIP-VI se realizó en la
sede de la OEA en Washington, D.C. en 2002. La Asamblea General de la
OEA convocó en Junio de 2003, la CIDIP-VII cuya fecha y lugar se
determinarán en un futuro próximo (OEA, 2006, p.1).
1.2.4. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
(UNIDROIT).
En el estatuto de su creación, en su artículo primero, primer aparte, se
encuentra como fin primordial de su conformación la preparación de
“proyectos de leyes o de convenciones estableciendo un derecho interno
uniforme” (UNIDROIT, 1940 p.1). Acota el legislador de dicha organización,
que éste tiene como objetivo estudiar las formas de armonizar y coordinar el
Derecho Privado entre Estados o grupos de Estados y preparar
gradualmente la adopción, por los diversos Estados, de una legislación de
Derecho Privado uniforme.
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Este instituto posee en su haber, más de setenta publicaciones
especializadas en el Derecho Uniforme, además de otras convenciones
internacionales, destacándose la creación de la Ley Modelo de Franquicias, y
los Principios para los Contratos Mercantiles Internacionales los cuales será n
analizados más adelante en este capítulo.
1.2.5. Comunidad Andina de Naciones (CAN).
En el artículo segundo del estatuto de creación de la CAN (Acuerdo de
Cartagena), destaca el siguiente aparte, “El desarrollo equilibrado y armónico
debe conducir a una distribución equitativa de los beneficios derivados de la
integración entre los Países Miembros de modo de reducir las diferencias
existentes entre ellos” lo cual llama la atención, ya que se destaca el aporte a
la armonización entre los programas políticos, económicos, legales,
culturales y sociales de la región, tal y como se encuentra expresado en los
literales “d”, “e” y “h”, del artículo tercero del mismo instrumento constitutivo.
En el caso del literal “d”, se enfatiza, en crear un “Programa de
liberación intercambio comercial más avanzado que los compromisos
derivados del Tratado de Montevideo 1980”, es decir, la promoción de la
liberación arancelaria y del comercio entre los países miembros. En el literal
“e” se enfatiza nuevamente así como en el Tratado de Montevideo, la
“liberación arancelaria” creando un arancel externo común; y en el literal “h”,
se adopta la política de liberación entre comercio subregional en el ramo de
los servicios, así como la creación de nuevos programas para el
reforzamiento de éste.
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En efecto la Comunidad Andina de Naciones posee una normativa
moderna y completa, logrando con éxito los avances pertinentes a puntos
fundamentales como el antidumping y el cuerpo normativo respecto al
régimen común sobre Propiedad Intelectual contenido en dos decisiones
principales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
siendo indispensable que exista como principal organización en este aspecto.
1.3. Los Cuerpos normativos creados por las organizaciones
internacionales de Derecho Mercantil Internacional
En este capítulo, se examinarán los principales cuerpos normativos
resultantes de las actuaciones de los organizaciones de Derecho Mercantil
Internacional, para lo cual, se centrará este aparte de la investigación en los
siguientes organismos a saber: Organización Mundial del Comercio, Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Organización
de Estados Americanos, Instituto Internacional para la armonización y
unificación del Derecho Privado, y la Comunidad Andina de Naciones.
1.3.1. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
1.3.1.1. Naturaleza Jurídica
El presente cuerpo normativo está denominado en su preámbulo
y artículo 1, como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio. En la convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, en
su artículo 2 literal “a”, señala que “se entiende por tratado un acuerdo
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internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho
Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o mas
instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular”
(Moyano, 2006, p.2).
Este acuerdo presenta las características principales del tratado, no
importando cual sea su denominación oficial, se encuentra prescrito a lo
siguiente: La idea general sobre el acuerdo, la presencia total de un
consentimiento, las formas de manifestación de este consentimiento y por
último presentar las características básicas de la nulidad de este tratado,
conocido también como los vicios del consentimiento (Varela, 1996, p 35).
1.3.2. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).
1.3.2.1. Naturaleza Jurídica
El presente cuerpo normativo está denominado tanto en su artículo 1,
como en el resto de su articulado como un Acuerdo, pero como
anteriormente se pudo observar, la doctrina generalizada ha adoptado el
nombre de tratado como parte de las fuentes del Derecho Internacional, pero
sin importar su definición legal, este acuerdo se subsume a la definición del
tratado, tal y como lo señala Rousseau, al tratar de explicar la definición del
tratado en sentido amplio: “cualquiera que sea su denominación, el tratado
internacional se nos aparece como un acuerdo entre sujetos de derecho de
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gentes destinado a producir determinados efectos jurídicos” (Rousseau,
1966, p.23).
El artículo 7 del ADPIC establece como objetivo la protección y la
observancia de los derechos de propiedad intelectual, los cuales deberán
contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y la transferencia y
difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los
usuarios de conocimientos tecnológicos de modo que favorezcan el
bienestar social y económico, así como el equilibrio de derechos y
obligaciones. Asimismo, con el ADPIC se busca disminuir las discrepancias
existentes en la manera de proteger el derecho intelectual en los distintos
países del mundo, sometiéndolos a normas internacionales comunes.
De igual forma en el artículo 41 eiusdem , consagra que los Miembros se
asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos
de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la
adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los
derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con
inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que
constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas faltas.
Resumiendo pues la acción de la OMC en cuanto al presente Acuerdo,
puede ser delimitado dentro de cinco amplias cuestiones:
- La correcta aplicación de los principios básicos del sistema de
comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual.
Además de los principios adoptados por el GATT, en el Acuerdo sobre los
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ADPIC se enuncia un importante principio adicional: la protección de la
propiedad intelectual la cual debe contribuir a la innovación técnica y a la
transferencia de tecnología, todo esto para promover el beneficio tanto en los
productores como los usuarios para así acrecentarse el bienestar económico
y social.
- La prestación adecuada de protección a los derechos de propiedad
intelectual, la cual se encuentra reforzada por los acuerdos pertinentes en la
materia, creadas por Organizaciones Internacionales anteriores a la OMC, de
los cuales se pueden citar el Convenio de París para la protección de la
propiedad industrial y el Convenio de Berna para la protección de obras
literarias y artísticas, ambos Convenios emitidos por la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).
- Las formas para lograr que los países respeten adecuadamente esos
derechos en sus territorios.
- La forma de resolver las diferencias en materia de propiedad
intelectual entre Miembros de la Organización Mundial del Comercio.
- Las disposiciones transitorias especiales durante el período de
establecimiento del nuevo sistema. (OMC, 2005, p. 39).
Por otra parte, el ADPIC está conformado por los principios básicos en
el comercio, revistiendo especial importancia el principio de no
discriminación: trato nacional (igualdad de trato para nacionales y
extranjeros) y trato de la nación más favorecida (igualdad de trato para los
nacionales de todos los interlocutores comerciales en el marco de la OMC).
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1.3.3. Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional de la CNUDMI.
1.3.3.1. Naturaleza Jurídica
Esta ley se encuentra enmarcada bajo la figura de Ley Modelo, este
término usado por la Conferencia Nacional de Comisionados para el Derecho
uniforme de Estados, el cual denomina a estas como un “acto modelo… cuya
uniformidad de beneficios del acto ante varias jurisdicciones se encuentra
con un objeti vo principal”.
Un acto puede ser designado modelo cuando el supuesto principal del
acto puede ser sustancialmente alcanzado, aún cuando éste no sea
adoptado en cada uno de los Estados. Las leyes modelos, tienen como fin, la
creación de un “Derecho estatal armonizado” mediante el uso de normas
sustantivas, con ello pretende también que sean introducidas al
ordenamiento jurídico Estatal, asumiendo posición frente a las deficiencias
legislativas y existencia abundante de legislaciones con los mismos
preceptos básicos. (Bermúdez, 2003, p.120).
Según anotaciones de Parra Aranguren, con las leyes modelo:
Se ha perseguido la armonía internacional de soluciones mediante
la admisión de normas carentes de obligatoriedad en el estricto
sentido jurídico, porque no son coercibles, y su cumplimiento no se
impone por los órganos estadales; pero que, sin embargo, tienen
una efectiva vigencia en la práctica porque son aceptadas y
obedecidas en forma voluntaria por los intervinientes en el
comercio internacional (Parra, 1994, p. 38).
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Los requisitos para que una materia sea objeto de armonización a
través de una ley modelo son los siguientes: debe responder a una razón
evidente, corroborada por una necesidad sentida de unificación; tal ley debe
representar un paso hacia la uniformidad y ha de existir la certeza de que
será aceptada por un número importante de asambleas legislativas de los
Estados.
Es necesario, que se trate de una materia en la que la falta de armonía
en los ordenamientos jurídicos de los Estados induzca al error por parte de
los ciudadanos de los Estados, causarles perjuicios, incomodidades, o
afectarles de una manera desfavorable en sus actividades en otros Estados o
en sus relaciones con ciudadanos de otros Estados (Viñas Farré citado por
Bermudez, 1978, p. 132).
1.3.4. Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico
Esta ley modelo determina los aportes principales hechos por la
CNUDMI sobre la materia del Derecho Electrónico, específicamente al
Comercio Electrónico, es preciso aclarar que el comercio electrónico “es el
conjunto de relaciones electrónicas empresariales que implican la
transmisión electrónica de datos comerciales o de productos en formato
digital” (Rodríguez, 2004, p.17) es decir, que esta se resume a la transacción
comercial, sustentado en la transmisión de datos, pudiendo incluir imágenes
y texto. Estas transacciones son encontradas en distintas actividades
comerciales, por ejemplo, comercio electrónico de bienes y servicios,
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transferencia de fondos, compraventa de acciones, subastas, servicios post
venta, entre otros.
El grupo responsable de esta ley modelo es el “grupo de trabajo IV
sobre el comercio electrónico” de la organización, el cual siguiendo el
precepto de la resolución 2205 (XXI) emitida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1966, la cual dio origen a la CNUDMI, cumple con el
mandato de fomentar la armonización y la unificación progresiva del Derecho
Mercantil Internacional, y tomando en cuenta que el número de transacciones
comerciales electrónicas internacionales acrecentaba con el día a día.
Esta ley modelo, fue una respuesta frente a las aplicaciones de las
nuevas tecnologías a las relaciones comerciales, ofreciendo a los diferentes
Estados, un texto armónico y completo para la regulación de este tipo de
actividades comerciales. La principal finalidad que tiene esta Ley modelo es
la de ofrecer al legislador nacional un conjunto de reglas aceptables en el
ámbito internacional que le permitan eliminar algunas de las dificultades de
técnica jurídica que tenga, con miras a crear un marco jurídico que permita
un desarrollo más seguro de las vías electrónicas de negociaciones
designadas con el nombre de comercio electrónico.
1.3.4.1. Naturaleza jurídica
Según la doctrina, puede considerarse una Ley modelo como:
…un método de armonización del Derecho que consiste en la
redacción de unas reglas destinadas a reemplazar las actualmente
existentes en los Estados interesados, o a crear un mecanismo de
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egulación jurídica para determinados supuestos de hecho que
aun no están tipificados en las normas legales; además, no están
integradas ni anexas a una convención internacional, sino
recomendadas como proyecto de ley por un organismo que las ha
elaborado… (Viñas, 1978, p. 137).
Según varios autores en la materia, la Ley modelo debate la
situación de armonización sobre la de flexibilidad, concluyendo en
numerosas ocasiones, que el instrumento modelo solo es una base para
poder realizar una normativa vigente sobre un tema determinado, para lo cual
cada uno de los elementos son estudiados con dedicación y analizados
intensivamente por los juristas en cada una de las organizaciones quienes
las crean.
La armonización inherente a una ley modelo se presenta cuando cada
Estado toma las nociones generales del instrumento en cuestión y las aplica
adecuadamente a las actividades que lleva a cabo con otros Estados, para lo
cual, si ambos tienen las mismas reglas reduce la incertidumbre existente en
el intercambio, y existe menor probabilidad que se presente algún conflicto
relacionado con el intercambio comercial internacional.
En cuanto a la flexibilidad, cada Estado se encuentra en la capacidad de
poder obviar asuntos que en su sistema legislativo no puedan dirimirse, para
lo cual otras figuras del Derecho Público no tienen solución posible, tal y
como es el caso de los Convenios o Tratados, de los cuales provienen las
“reservas”, pero aún existiendo esta figura, en el ámbito mercantil son pocas,
limitadas o inexistentes y de difícil aplicación.
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1.3.5. Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial
Internacional
1.3.5.1. Naturaleza Jurídica
En la segunda parte del instrumento, específicamente en el capítulo
primero, literal “B” denominado La Ley Modelo como instrumento de
armonización legislativa, se encuentra en su numeral 13 la definición legal de
Ley Modelo, es el “texto legal que se recomienda a los Estados para su
incorporación al Derecho interno”, propugnándose como valor fundamental
en su creación la adaptación de cada ley modelo al ordenamiento jurídico
nacional, haciendo un llamado al responsable uso del mismo, y así
considerar el fruto de la labor de la organización.
La organización en cuestión deja claramente establecido que los
principios de soberanía y de libertad legislativa son respetados, es por ello lo
importante de destacar que la promulgación de una ley modelo por parte de
la organización no significa la aplicación inmediata al ordenamiento jurídico
del país, sino que queda a potestad del firmante su incorporación al
Derecho interno.
Asimismo, queda establecido que la Ley modelo, puede ser sujeta
a las modificaciones pertinentes deseadas por los estados firmantes,
y así adecuar la misma a las normativas vigentes en el país, ya que su fin
principal es de solventar las lagunas legales existentes y no la de crear
antinomias.
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1.3.6. Ley modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas
1.3.6.1. Naturaleza Jurídica
Su denominación actual es la de Ley modelo, y al igual que la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, reviste la forma de un
texto legislativo que se recomienda a los Estados para que lo incorporen a su
derecho interno. “La finalidad de la Ley Modelo no es obstaculizar la vigencia
de las normas de derecho internacional privado” esto lo explica la
organización al referirse al posible problema presente en la aplicación del
artículo 7 de la “Ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico”
(CNUDMI, 2001, p. 65).
A diferencia de un convenio o convención internacional, la legislación
modelo no requiere que el Estado promulgante lo notifique a las Naciones
Unidas ni a otros Estados que asimismo puedan haberlo promulgado.
Al incorporar el texto de una ley modelo a su derecho interno, los
Estados pueden modificar o excluir algunas de sus disposiciones. En el caso
de un convenio o convención, la posibilidad de que los Estados partes hagan
modificaciones en el texto uniforme (lo que normalmente se denomina
“reservas”) está mucho más limitada; los convenios y convenciones de
Derecho Mercantil en especial prohíben normalmente las reservas o permiten
sólo algunas específicas. La flexibilidad inherente a la legislación modelo es
particularmente conveniente en los casos en que es probable que los
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Estados deseen hacer varias modificaciones al texto uniforme antes de
incorporarlo a su derecho interno.
1.3.7. Ley Modelo de Franquicias del UNIDROIT
1.3.7.1. Naturaleza Jurídica
Ésta ley se encuentra enmarcada bajo la figura de Ley Modelo y no de
convención internacional, para lo cual puede considerarse sobre ley modelo
todo lo explicado anteriormente con las Leyes Modelo de la CNUDMI.
1.3.8. Decisión 351 “Régimen Común sobre Derechos de Autor y
Derechos Conexos”
Al crearse la Comunidad Andina de Naciones, los países firmantes
acordaron disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los
Países Miembros en el contexto económico internacional, y se pudo lograr
ejerciendo una adecuada protección a los autores y demás titulares de
derechos, sobre sus obras siendo estas de cualquier índole, para éste caso,
las de ingenio, literarias, artísticas o científicas.
Esta decisión tomada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el día
17 de diciembre de 1993, protege las obras sujetas al Derecho de Autor,
entendiéndose éste como el derecho de conservar una obra inédita o
divulgarla, reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento y
oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el
decoro de la obra o la reputación del autor.
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En este caso el autor debe ser reconocido como la persona cuyo
nombre, seudónimo u otro signo que lo identifique, aparece indicado en la
obra, según la doctrina, el autor, es el titular del derecho de paternidad de la
obra, tal y como lo explica Lipszyc (2003), “…es el derecho del autor a que
se reconozca su condición de la obra. Protege la íntima vinculación existente
entre éste y el fruto de su actividad espiritual…” (Lipszyc, 2003, p.165) de
esta manera inequívocamente la decisión 351 alude al término de paternidad
artística para vincular al autor con su obra.
1.3.9. Decisión 486 “Régimen común sobre Propiedad Industrial”
En esta ocasión se destacarán los aspectos categóricos de la
legislación que rige a los países de la Comunidad Andina de Naciones en
cuanto a la materia Propiedad Industrial, es decir, el “Derecho de marcas”,
esta denominación es usada por numerosos autores, ya que el bien
protegido comúnmente es la “marca”, la cual según su definición legal en el
artículo 134, es “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado” (CAN, 2000, p.31).
1.3.9.1. Naturaleza Jurídica
Encuentra su base en la Marca como bien jurídico tutelado, así bien se
respetan los principios de originalidad de la obra, además de los grados de
protección impuestos por esta decisión y la costumbre en el Derecho de
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marcas, de las cuales se puede nombrar la protección acumulada, donde la
misma se divide en la marca figurativa dirigida a las obras plásticas o bellas
artes, marca mixta, marca sonora o auditiva respecto a la obra musical,
exceptuando los sonidos que carezcan de ritmo, armonías y melodías y la
marca tridimensional o plástica respecto de la obra plástica o de bellas artes
y las obras de arte aplicado.
Esta decisión nace como respuesta a los cambios que surgieron de la
aplicación del régimen común de propiedad perteneciente a la decisión 344
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La interacción de estas
decisiones lograron crear algunas diferencias resultando como más
importante la adecuación del régimen común a lo estipulado en el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) analizado anteriormente, aprobado en el marco de
la Ronda Uruguay de la OMC.
Los aspectos de adecuación son los siguientes, en primer lugar, el
Acuerdo sobre los ADPIC permite patentar la materia viva modificada, o de
aquella que incorpore esfuerzo tecnológico. El punto a debatir será cual parte
de esa materia puede entenderse como suficientemente modificada a los
efectos de obtener una patente, es decir, se discute cuál es el grado de
novedad, incorporación de esfuerzo tecnológico y de aplicación industrial o
comercial que debe tener el producto para ser considerado una invención. Es
entonces relevante definir qué se entiende por materia viva y en todo caso,
qué tipo de materia viva se encuentra excluida.
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La Decisión 344 excluía de ser sujeta a patente la materia viva en
general y en particular la referente al cuerpo humano, lo cual ha sido
considerado por algunos como un incumplimiento al ADPIC.
Cabe indicar finalmente que se acordó eliminar la exclusión a los
medicamentos de la lista de la organización mundial de la salud, en
consideración a que la mayor parte de dichos medicamentos se encuentra en
el estado de la técnica. Sin embargo la eliminación de esta mención estuvo
muy vinculada al mantenimiento de la prohibición del patentamiento de los
segundos usos (CAN, 2001, p.4).
En un segundo aspecto, el plazo de protección de los modelos
de utilidad, dado que la regulación anterior no se adecuaba a la del
Acuerdo ADPIC, el tema fue solventado rápidamente ajustándose el plazo de
8 años al de 10 conforme al acuerdo. En tercer lugar, son las medidas
tomadas en las fronteras, con lo cual obligan a los países a aplicar controles
estrictos con respecto a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual.
Por último se encuentra también el principio de oposición andina, éste es
el supuesto que permite al titular de una marca registrada en cualquiera de los
Países miembros, impedir el registro de una marca idéntica o similar tanto en
el País donde obtuvo el registro como en los demás Países miembros de la
Comunidad Andina. Al respecto, se plantearon dos mecanismos
complementarios: como causal de irregistrabilidad que sanciona con nulidad
un registro infractor y la oposición propiamente dicha que otorga al titular de
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una marca la posibilidad de debatir su mejor derecho en el procedimiento
frente a un segundo titular en otro País Miembro. (CAN, 2001, p. 10).
1.4. Los elementos armonizadores y unificadores presentes en los
instrumentos legales creados por las organizaciones internacionales de
Derecho Mercantil Internacional
Con respecto a los elementos continentes en las regulaciones creadas
por las organizaciones referidas en el desarrollo de los objetivos anteriores,
se puede comenzar su acercamiento con una diferenciación por grupos de
instrumentos, para ello se utilizará la naturaleza jurídica del instrumento. Los
elementos serán entonces Tratados, Convenios o Acuerdos los cuales serán
relacionados directamente con la unificación del derecho, Leyes y Cláusulas
modelo dirigidas a la Armonización del Derecho. Vale destacar también que
serán armonizadores aquellos acuerdos, convenios o acuerdos que permitan
en su firma, la apropiada admisión de reservas.
1.4.1. Tratados, Convenios o Acuerdos
En esta clasificación se entenderá por tratados o convenios a los
“acuerdos de voluntad que no obligan ni sientan precedente para los terceros”
(Diez, 1966, p.85) solo a los estados contratantes. Pueden asimismo
compararse con los contratos, aunque haciendo la aclaratoria que debe ser
entre Estados. Los tratados, pueden ser considerados entonces como
“acuerdos entre sujetos del orden jurídico internacional… que a veces tienen
en cuenta asuntos de DIP para su celebración” (Pereznieto, 1998, p. 17).
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Ahora bien, definido lo que será entendido como tratado, en cualquiera
de sus acepciones, la primera característica de la Unificación a analizar en
estos tipos de instrumentos, es la de ser un “sistema previsor y no
meramente resolutor” (Bermúdez, 2002, p.49). En el instrumento denominado
Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, creado por la OMC, existe
esta característica, desarrollada en los artículos 36 y siguientes, los cuales se
contienen en la Parte IV del acuerdo.
En éste se nota el carácter provisorio cuando explana en su literal “b”
que: “…los ingresos de exportación de las partes contratantes poco
desarrolladas pueden desempeñar un papel vital en su desarrollo
económico…” (OMC, 1995, p.557). Asimismo, “…las partes contratantes
pueden facultar a las partes contratantes poco desarrolladas para que
apliquen medidas especiales con objeto de fomentar su comercio y su
desarrollo…” (OMC, 1995, p.557). Es por estos principios que se crea este
acuerdo, teniendo como fin prohibir la discriminación entre productos
parecidos originados o destinados para diferentes países.
De la misma manera, en ésta organización, el ADPIC, presenta ésta
tipología, la cual se relaciona con el carácter unificador propio de este tipo de
instrumento, cuando en su primer artículo se expone: “Los Miembros
aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo”…”podrán prever en su
legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia
que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no
infrinja las disposiciones del mismo.” (OMC, 1995, p.343).
80

En este caso, el carácter unificador se toma en consideración cuando se
permiten a los Países firmantes prever en su legislación normas que incluyan
protecciones de mayor calidad que las presentes en el acuerdo, pero aún así,
estas protecciones no permiten el cambio, sustitución de ellas o que se
infrinjan las condiciones establecidas previamente en el acuerdo. Así también
en su artículo 72 se reafirma la cualidad de unificador cuando se expone “No
se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del
presente Acuerdo…” (OMC, 1995. p.374).
En la CAN, resultan dos instrumentos legales pertinentes al Derecho de
Autor y al Derecho de Propiedad Intelectual, las cuales son las Decisiones
351 y 486 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respectivamente.
Para el análisis de estas decisiones se considera pertinente hacerlo de
manera conjunta, dado a la naturaleza jurídica de las mismas, ya que
induciría a la investigación a caer en la redundancia al hacerlo
disgregadamente.
Ahora bien, siguiendo lo expresado por Comunidad Andina en el
Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se
denota el carácter unificador de éstas decisiones al considerar lo siguiente,
según el artículo 1, numeral 3, las decisiones tomadas por el Consejo Andino
de Ministros así como de la Comisión de la Comunidad Andina, serán
comprendidos como el ordenamiento jurídico en la Comunidad Andina de
Naciones, asimismo en los artículos 3 eiusdem, se exhortan a los Países
miembros a obligarse a cumplir con lo decretado en estos instrumentos
81

desde la fecha de su publicación en la Gaceta oficial del Acuerdo,
expresando también la obligación de incluirlo en los ordenamientos jurídicos
de los Países cuando así fuere decretado.
Por último en el artículo 4, explana lo siguiente: “están obligados [los
países miembros] a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar
el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina.”, así como también, “Se comprometen… a no adoptar ni
emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún
modo obstaculice su aplicación.” De esta manera se deja claro que estas
decisiones tienen como fin principal unificar el Derecho existente entre los
Países miembros de la Comunidad Andina, y así procurar lo expuesto en el
artículo 7 del Acuerdo de Cartagena, “…profundizar la integración
subregional andina, promover su proyección externa y consolidar y
robustecer las acciones relacionadas con el proceso de integración.”
También el UNIDROIT por su parte posee los Principios para los
contratos mercantiles internacionales los cuales constituyen un instrumento
armonizador y unificador del Derecho aplicable a las relaciones comerciales
internacionales. Cada uno de éstos representa un intento para armonizar y
uniformar el Derecho sustantivo aplicable a los contratos mercantiles
internacionales en el ámbito supranacional.
Estos principios se encuentran formados por siete capítulos, para ésta
investigación se refiere al primero por ser de suma importancia y estar
relacionado directamente al problema de investigación. En este primer
82

capítulo se encuentra el principio de Libertad de Contratación, que consiste
en la facultad que tienen los comerciantes de decidir libremente a quién
ofrecerle sus productos, aceptar ofertas para su abastecimiento, así como
fijar los términos conforme a los cuales se regirán sus relaciones comerciales
y jurídicas. Es decir: abarca tanto la libertad de contratar, como de fijar el
contenido del contrato a celebrar.
El principio de libertad de forma y prueba, nada de lo expresado en
estos Principios requiere que un contrato sea celebrado o probado por
escrito. El contrato podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos.
El principio “pacta sunt servanda” se encuentra estipulado en el artículo 1.3 y
dispone: Efecto vinculante de los contratos donde todo contrato válidamente
celebrado es obligatorio para las partes. Sólo puede ser modificado o
extinguirse conforme con lo que en él se disponga, por acuerdo de las partes
o de algún modo dispuesto en estos principios. Este principio establece que
todo contrato validamente celebrado es obligatorio para las partes, por lo cual
no les es permitido incumplirlos.
La interpretación e integración de los Principios, para llenar los vacíos
que puedan surgir es necesario integrar los Principios de la siguiente
manera: en primer término, se debe hacer uso de la analogía de sus
disposiciones, en segundo lugar, es necesario acudir a las ideas que los
inspiran contenidas en los principios generales y en las normas concretas.
Por último, es posible acudir a la ley nacional para hacer una integración
completa de los Principios.
83

El reconocimiento de las costumbres internacionales es otro de los
principios dispuestos en este articulado, y se encuentra en el artículo 1.8 del
instrumento, con lo cual establece la obligación para las partes de respetar la
costumbre internacional y los usos expresamente convenidos, empleados
regularmente en el tráfico mercantil, siempre que la aplicación de los mismos
sea razonable. Este es uno de los principios aceptados en el derecho
comercial y en el comercio internacional.
1.4.2. Soft-Law, Leyes y Cláusulas Modelo:
Para esta parte de la investigación, se determinó que los ins trumentos
legales pertinentes a analizar con el elemento de la Armonización serían las
Convenciones, Leyes y Cláusulas Modelo. Ahora bien, se entiende la
armonización como una tendencia mucho más flexible que la unificación, la
cual no supone necesariamente la adopción de un texto uniforme, es por ello
que en los distintos instrumentos legales se establecen artículos referentes a
dicha suposición, de los cuales se analizaron los siguientes.
De las organizaciones quienes proponen al elemento armonizador como
base en sus leyes se encuentra la OEA, que a pesar de ser completamente
un elemento perteneciente a la categoría anterior, a través de la Convención
Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales,
creada en el marco de la CIDIP V. establece los elementos esenciales
continentes en la creación de un vínculo contractual internacional, y por ello
en este instrumento se encuentra el principio de la armonización de leyes en
84

sus primeros artículos, así por ejemplo, su artículo 1 lo corrobora denotando
que “…cualquier Estado podrá declarar en el momento de firmar, ratificar o
adherir a esta Convención que no se aplicará a todos o a alguna categoría de
contratos en los cuales el Estado o las entidades u organismos estatales
sean parte” (OEA, 1994, p.1).
A lo anterior se puede agregar lo siguiente, también expuesto en el
primer artículo de la convención, “Cualquier Estado Parte podrá, al momento
de firmar, ratificar o adherir a la presente Convención, declarar a qué clase
de contratos no se aplicará la misma” (OEA, 1994, p.1), como se ha podido
observar el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la OEA,
se ha preocupado por velar por el principio de la armonización, ya que
considera que la relación económica existente entre Estados ha propiciado
un proceso de integración regional, y que para estimular este proceso es
necesario facilitar la contratación internacional removiendo las diferencias
que presentan sus marcos jurídicos nacionales.
Así como para la OEA, la CNUDMI encuentra como base fundamental
en la creación de sus leyes modelo la armonización como vía directa a la
remoción de diferencias y antinomias inclusive de ordenamientos jurídicos
nacionales, en primer lugar en materia de Contratación Electrónica, con la
Ley Modelo de la CNUDMI sobre contratación electrónica, lo cual destaca al
proceso por el cual pueden modificarse las leyes nacionales para aumentar
la eficacia de las operaciones comerciales, entendido esto como
armonización.
85

Esta ley modelo, posee entre las observaciones realizadas por la
Comisión creadora, un aspecto importante en su artículo primero, y es el de
definir que esta ley modelo abarca “…todas las situaciones de hecho en que
se genera, archiva o comunica información, con independencia de cuál sea el
soporte en el que se consigne la información” (CNUDMI, 1999, p.24). Para lo
cual presupone un fin, que se encuentra explanado en su exposición de
motivos, estimando que al aplicar esta ley modelo, los países quienes la
emplearán podrán fortalecer el marco normativo relativo a la materia, además
de preparar una legislación cuando carezcan de ella.
El elemento armonizador de este instrumento legal, encuentra su
basamento en el preámbulo de la misma, el cual destaca el principio de
garantía de la seguridad jurídica, en un contexto donde la utilización más del
procesamiento automático de datos en el comercio internacional sería lo
más amplio posible.
Como segundo aspecto analizado de la CNUDMI, se encuentra el
instrumento relativo a las Firmas Electrónicas, es decir, la Ley modelo de la
CNUDMI sobre las firmas electrónicas de 2001. En relación al instrumento,
encuentra el basamento del elemento armonizador en la inclusión del mismo
en el artículo 5 eiusdem, el cual explana la posibilidad de establecimiento de
excepciones del instrumento, así como la modificación de la ley modelo
mediante un acuerdo, siempre y cuando éste no esté viciado, o no sea eficaz
conforme a su aplicación del derecho.
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También de la CNUDMI, se encuentra la Ley modelo sobre Arbitraje
Comercial, en éste instrumento, se hace “referencia a la actividad práctica y
profesional de los comerciantes que desemboca en una labor legislativa,
pues se perfilan como creadores de normas jurídicas para regular su
actividad mercantil” (Bermúdez, 2003, p.112). Es entonces que yace la labor
jurisdiccional a través del arbitraje, como un mecanismo alterno a la
jurisdicción tradicional, y teniendo en cuenta el principio armonizador que se
presenta cuando se trate de una materia en la que la falta de armonía en los
ordenamientos jurídicos de los Estados induzca al error por parte de los
ciudadanos de los mismos.
El basamento legal del principio armonizador de éste instrumento es
encontrado en el artículo 1, numeral 5 de dicha ley, lo cual expone lo
siguiente, Artículo 1 numeral 5: “La presente Ley no afectará a ninguna otra
ley de este Estado en virtud de la cual determinadas controversias no sean
susceptibles de arbitraje o se puedan someter a arbitraje únicamente de
conformidad con disposiciones que no sean las de la presente Ley”
(CNUDMI, 2001, p.4).
Se pudo observar también que en la Ley modelo de la CNUDMI sobre
Conciliación Comercial Internacional, se encuentran elementos
armonizadores, los cuales se encuentran en el artículo 1 numerales 7 y 8, y
el artículo 3. En primer lugar el artículo 1, en su numeral séptimo, deja claro
que los Estados firmantes pueden convenir que ésta ley no sea aplicable,
decisión que en el principio unificador no puede ser tomada.
87

Asimismo en el numeral 8, se denotan particularidades al poner en
practica la Ley modelo, independientemente de cual sea la causa de la
aplicación del instrumento, entre las cuales se pueden mencionar, “…un
acuerdo concertado entre las partes antes o después de que surja la
controversia, de una obligación establecida por ley o de instrucciones o
indicaciones de un tribunal de justicia, tribunal arbitral o una entidad pública
competente.”(CNUDMI, 2004, p.2).
En el artículo 3 eiusdem, destaca aún más el elemento armonizador, ya
que explica, aún cuando se encuentren disposiciones que en un caso ayudan
a la solución expedita del problema, y en otras promueven los elementos de
internacionalidad y principios relativos a la conciliación, pueden, de mutuo
acuerdo las partes sujetas a conciliación, modificar o excluir cualquiera de las
disposiciones de ésta Ley.
1.5. Los instrumentos normativos creados por las organizaciones
internacionales de Derecho Mercantil, incorporados en el ordenamiento
jurídico venezolano.
De todos los instrumentos anteriormente analizados, se encuentran
algunos adoptados por el sistema jurídico venezolano, en forma de
Acuerdos, Leyes, Prácticas Comerciales y Costumbres Mercantiles, de las
cuales se analizarán de acuerdo a las Resoluciones Ministeriales pertinentes
así como también lo emitido por la Asamblea Nacional.
En este aspecto, la investigación divide los avances hechos por las
Organizaciones Internacionales de Derecho Mercantil Internacional por
materias para su mejor comprensión:
88

1.5.1. Derecho de Propiedad Industrial
Sobre ésta materia, se encuentran las decisiones 351 y 486 del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, instrumentos legales que ostentan las normas
especializadas en Materia de Derechos de Autor y Derecho de la Propiedad
Industrial. Como Venezuela fue un País miembro de ésta organización, además
de ser uno de sus creadores, las decisiones tomadas por el Tribunal de la
organización, así como las resoluciones de su Asamblea General, son
ejecutadas por las instituciones especializadas en la materia en éste País. Es
entonces para la materia de estas decisiones, el órgano competente que debe
ejecutar las mismas es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)
adscrito al Ministerio de Industrias ligeras y Comercio.
El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), fue creado
según Decreto Presidencial número 1768, el 25 de marzo de 1997, publicado
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 36.192 de fecha 24 de
abril de 1997 y entra en funcionamiento en el 1 del mayo del 1998 según
Resolución Ministerial Nº 054 del 07 de abril de 1998, publicada en la Gaceta
Oficial Nº 36.433 del 15 de abril de 1998.
Éste ente, ha permitido unir bajo una misma organización la Propiedad
Industrial y el Derecho de Autor. Esta fusión ha hecho posible agilizar y
optimizar el proceso de registro, protección y difusión de las creaciones del
intelecto humano, bajo los diversos esquemas que operan actualmente en el
sistema venezolano de Propiedad Intelectual, asimismo toma como bases a
las decisiones de la CAN en ésta materia.
89

Dichas decisiones, se encuentran contenidas en el ordenamiento
jurídico venezolano en dos publicaciones del texto ratificado. La publicación
en Gaceta Oficial N° 4720 Extraordinario con fecha del 5 de Mayo de 1994
con respecto a la Decisión N° 351 del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos; y la publicación en
Gaceta Oficial de la CAN N° 600, del 19 de septiembre del 2000, con
aplicación en la sub-región a partir del 1 de diciembre del 2000, con respecto
a la decisión 486 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relativa al
Derecho de la Propiedad Industrial.
Ahora bien, en cuanto al ADPIC, según opiniones de la Secretaría de la
OMC, el marco de la misma sirve de vehículo para garantizar que los
resultados de la Ronda Uruguay se traten como un "todo único" y
por consiguiente, “el hecho de ser miembro de la OMC entrañará la
aceptación de todos los resultados de la Ronda, sin excepción alguna”
(OMC, 2005, p.2).
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y realzado el carácter
unificador de la norma internacional, la Asamblea Nacional venezolana,
propuso la creación de un organismo especializado en la asesoría de
asuntos relacionados con la OMC, el cual se acordó entre los ministros de
Relaciones Exteriores, y la comisión del extinto Congreso, en materia de
Relaciones Internacionales, en la ciudad de Seattle, Estados Unidos de
Norteamérica el 3 de diciembre de 1999.
90

De la que luego surge una propuesta de Ley, la cual fue discutida desde
el 28 de septiembre del año 2000, terminando en la aprobación de su segunda
discusión y posterior sanción el 19 de octubre del 2000. Ésta Ley fue aprobada
por el Ejecutivo Nacional bajo el nombre de “Ley Aprobatoria del Acuerdo por
el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC” el cual fue
publicado en la Gaceta Oficial N° 37.357 del 4 de enero de 2002.
Este Centro, posee personalidad jurídica y está facultado, en particular,
para: “contratar, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles, e
instaurar procedimientos legales” (LACALAOMC, 2006, p.5). El objeto
principal de este Centro es el de Proporcionar capacitación, apoyo y asesoría
jurídica en asuntos relacionados con la normativa de la OMC, a los países
en desarrollo y entre ellos en particular a los menos adelantados (Art. 2).
Entre otra de las funciones del centro se encuentra la Cooperación con otras
Organizaciones Internacionales (art. 9), para así fomentar los objetivos
presentados en el Acuerdo.
1.5.2. Derecho Electrónico
1.5.2.1. Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas
Ésta Ley es otra de las creadas por la CNUDMI que el Derecho
venezolano ha acogido dentro de su ordenamiento jurídico, la cual se crea
mediante la facultad entregada al Presidente de la República contenida en el
Art. 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en
91

concordancia con el artículo 1, numeral 5, literal “b” de la Ley que Autoriza al
Presidente de la República para dictar Decretos con Fuerza de Ley en las
Materias que se delegan.
Éste Decreto Ley, tiene como principal fin, el de establecer una
concordancia en el trato a la firma autógrafa y la firma electrónica, asimismo,
proponer un sistema de seguridad legal para aquellas personas que usarán
éstas firmas electrónicas, así como la de preservar la información contenida
en los mensajes de datos, tal y como lo señala su artículo 1. En caso
equivalente se encuentra en la interpretación de los artículos 2 y 3 de la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas.
El presente Decreto Ley, consiste en la redacción de 9 capítulos
pertinentes al envío y recepción de los mensajes de datos y la creación y
sustentación jurídica de la firma electrónica, explanados en todo el
instrumento legal. Por su parte el instrumento internacional, se compone por
12 artículos destinados a la creación y regulación básica de la firma
electrónica y al envío y recepción de datos por medios electrónicos, dando
una flexibilidad al País firmante para poder adecuarlo de la manera que
considere pertinente a su ordenamiento jurídico nacional, tal y como es el
caso del venezolano.
1.5.3. Relaciones Internacionales en materia Económica
Según los documentos analizados de la OMC, y partiendo que el
Acuerdo de Marrakech es el primer paso en la creación de la OMC, se
determinó que en Venezuela este acuerdo entró en vigor el 29 de diciembre
92

de 1994, fecha de publicación de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de
Marrakech, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.829. Venezuela es
miembro de la misma desde entonces, de lo cual se deduce que existe una
inmediata inclusión en su sistema jurídico de los Acuerdos OMC y de los
mandatos hechos por el GATT.
Para lo considerado al respecto sobre el aporte a la legislación
venezolana, se agradece al lector remitirse a las anotaciones hechas en esta
investigación en el aparte sobre Derecho de Propiedad Industrial, respecto al
Acuerdo ADPIC, el cual es continente del acuerdo de la OMC.
1.5.4. Medios Alternos de Resolución de Conflictos
1.5.4.1. Ley de Arbitraje Comercial
Fue promulgada por el Congreso de la República de Venezuela el 25 de
marzo de 1998 y publicada el 7 de abril de 1998, en Gaceta Oficial N°
36.430. Éste instrumento contiene la normativa especial relacionada al
Derecho de negociaciones venezolano, la cual fue considerada un avance en
opiniones de los juristas en el momento de su creación.
Los seguidores de ésta Ley son principalmente las Cámaras de
Comercio Venezolanas, en primer lugar la Cámara de Comercio, Industrias y
Servicios de Caracas, la cual posee un centro de Arbitraje que fue creado en
1989, pero re-activado en 1998 a la luz de la publicación de la Ley de
Arbitraje Comercial, es por ello que debió hacer un nuevo esquema de
trabajo y resultó la publicación de un Reglamento General que cumple con
93

las normativas expuestas en la Ley vigente. En opinión de la CCISC, En
Venezuela el proceso de reforma judicial que se ha venido gestando, ha
tomado en cuenta los mecanismos alternos de solución de conflictos,
promulgando en abril de 1998 la Ley de Arbitraje Comercial. Estos
mecanismos alternos vienen a complementar el servicio público de justicia
prestado por el Estado (CCISC, 2006, p.1).
En cuanto a la Cámara de Comercio de Maracaibo, a la luz de la Ley de
Arbitraje comercial, crea el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de
Comercio de Maracaibo en 1998 para ofrecer a la comunidad empresarial
métodos adecuados y expeditos para la resolución de las controversias
propias del ámbito comercial (CCM, 2006, p.1). En opinión del CACCM, “el
arbitraje es hoy muy utilizado para dirimir controversias comerciales en forma
rápida, flexible y confidencial” (CACCM, 2006, p.2).
Ésta Ley se encuentra comprendida por 9 capítulos, cada uno
referentes a un paso en el proceso de arbitraje, en su artículo 1, se define el
ámbito de aplicación de ésta ley, el cual expone “Art. 1: Esta Ley se aplicará
al arbitraje comercial, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral
vigente” siempre a la luz de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje
Comercial Internacional, ya que ésta en su artículo 1, explana “La presente
Ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de cualquier
tratado multilateral o bilateral vigente en este Estado”, es entonces que
cumple con el mandato de la CNUDMI al incluir el legislador venezolano ésta
ley en su ordenamiento jurídico.
94

Ésta tendencia se encuentra en todo la Ley de Arbitraje Comercial
venezolano, siempre tomando en cuenta las recomendaciones válidas del
CNUDMI. Éstas directrices a retomar lo expuesto por la Ley internacional, se
pueden apreciar en los artículos pertinentes a las definiciones básicas,
artículos 2, 5, 6 y 7 de la legislación nacional, y artículos 2 y 7 de la legislación
internacional. Asimismo, en los capítulos relacionados a la Creación y
Ejecución del Laudo arbitral, Designación y Recusación de Árbitros,
Composición del Tribunal, contenidos en los capítulos IV, V y VIII de la
legislación venezolana y capítulos II, III, VI y VIII de la legislación internacional.
1.5.5. Derecho Internacional Privado
Se establece que a partir de lo dispuesto en los principios UNIDROIT, el
Estado Venezolano ha sido imperante en el acogimiento de la normativa
internacional en materia de Contratos Mercantiles Internacionales, ahora
bien, cada uno de los aspectos se encuentran establecidos en las Leyes
Venezolanas especiales de la materia, para lo cual se disponen la Ley de
Derecho Internacional Privado en sus artículos 29, 30 y 31, así como también
lo dispuesto en la CIDIP V en sus artículos 9, 10 y 11.
1.5.5.1. Ley de Derecho Internacional Privado
Esta ley es la principal norma que rige la materia especial del Derecho
Internacional Privado en el Estado venezolano, la cual fue publicada en la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 36.511 de fecha 6 de
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agosto de 1998. Está compuesta por nueve capítulos, de los cuales solo se
analizará el capítulo sexto, titulado “De las Obligaciones”, ya que contiene los
artículos 29, 30 y 31 que están relacionados directamente a la aplicación
directa de los principios UNIDROIT.
El artículo 29 de la presente ley propone que las obligaciones
convencionales se rigen por el Derecho indicado por las partes, con esto
asume que la elección de la forma como resolver las diferencias entre las
partes serán de ellas mismas. En los artículos 30 y 31, se denota el carácter
de participación marcado de la Ley internacional, cuando propone que el juez
podría aplicar los principios generales del Derecho Comercial Internacional
para la resolución de controversias en materia de obligaciones, estos son los
Principios aplicables a los Contratos Mercantiles Internacionales (Principios
UNIDROIT) y se respetan las costumbres de los países involucrados, tal y
como se encuentran relacionados a los artículos 1.1 y 1.8 eiusdem.
1.5.5.2. Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho
Internacional Privado
En este caso, los artículos 9, 10 y 11 de la quinta entrega de las
Conferencias, estrictamente la Convención Interamericana sobre Derecho
aplicable a los Contratos Internacionales, para lo cual se refiere al capítulo
segundo relacionados al Derecho aplicable. Es entonces que a partir de la
firma y posterior ratificación de ésta Convención, se le hace referencia en los
apartados de los artículos 30 y 31 de la LDIP cuando propone la adecuación
96

del cumplimiento de las obligaciones convencionales “se rigen por el Derecho
con el cual se encuentran más directamente vinculadas” (LDIP, 1998, p.20) y
en el artículo 31 de la LDIP “Además de lo dispuesto en los artículos
anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y
los principios del Derecho Comercial Internacional” (LDIP, 1998, p.21).
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