09. El Libro Verde - Diputación Provincial de Zaragoza

9. «El Libro Verde de Aragón» o el miedo a la mancha
ANDRÉ GALLEGO BARNÉS
244
día de numerosas asambleas, en las que
teólogos y hombres de leyes debatían con
gran alarde sobre textos jurídicos y documentos
pontificales.
Las conclusiones unánimes que se obtuvieron
–no hacía falta ser ninguna eminencia
para constatarlo– concordaban con
los deseos que podían adivinarse en la formulación
de la consulta: que el libro no
era más que un libelo; que su autor merecería
la muerte si estuviera todavía vivo;
que los que lo tenían en su poder y no lo
destruían cometían una grave falta moral
y que los testigos que lo utilizasen en las
pruebas de limpieza de sangre también
serían considerados culpables.
La Diputación aragonesa podía darse por
satisfecha, tanto más cuanto que las respuestas
concordantes le llegaban de todos
los puntos de la península y procedían de
las más altas y diferentes autoridades religiosas
y morales. En primer lugar de Aragón,
donde dominicos, franciscanos, jesuitas,
carmelitas, mínimos, trinitarios y
agustinos junto con doctores en derecho,
priores, confesores reales, predicadores y
altos dignatarios de la Iglesia estimaron que
era urgente reaccionar contra la obra incriminada.
Las reacciones registradas fuera de Aragón
no fueron menos vigorosas. En Valladolid
se pronunciaron tanto jesuitas como Hernando
de la Cerda, Juan de Salas, Luis de
la Puente y Juan de Funes, como doctores
en derecho como Coronel y Sobrino, o los
miembros del Claustro José de Luján, Antonio
Pérez, Juan Negrón, Gregorio Roez,
Cristóbal de Fonseca y Juan de Castro. Lo
mismo ocurría en Salamanca, donde también
varios miembros eminentes de la
Compañía de Jesús y algunos religiosos
habían preconizado la misma actitud con
El Libro verde. La Universidad de Alcalá
tampoco quería quedarse atrás: jesuitas,
doctores en derecho y miembros de las órdenes
religiosas habían juzgado igualmente
oportunas las medidas sugeridas en las
preguntas de la Diputación aragonesa.
Para que se sintiese la necesidad de recurrir
a todos los teólogos, juristas y eruditos
del reino y de las tres grandes universidades
del país, hacía falta que la
situación en Aragón fuese juzgada de muy
seria y que se considerase al borde de una
grave crisis social, incluso de revueltas
populares, como las que se habían conocido
en el pasado 29 .
Los resultados de esta movilización contra
El libro Verde no se correspondieron con
las expectativas de los medios interesados
en su desaparición. Estas censuras, que
procedían de muy diferentes ámbitos, no
hicieron más que excitar la curiosidad de
los que todavía no conocían el contenido
exacto del texto, pero que confiaban en
descubrir en él algún elemento que comprometiese
a los conversos de su entorno.
Como suele ocurrir en estos casos, estas
medidas prohibitorias constituyeron una
extraordinaria promoción publicitaria, sobre
todo para los que no se sentían aludidos:
vieja nobleza terrateniente y cristianos
viejos, que encontraron material para
mofarse de las pretensiones de esta nueva
nobleza o de estos comerciantes y artesanos
industriosos cuyos antepasados se las
tuvieron que ver con el Santo Oficio 30 .
Hay que destacar que, como afirma Pina y
Ferrer, este descrédito, que golpeó a una
nobleza de cierto lustre y a una clase media
de ciudadanos activos y relativamente
prósperos, nunca degeneró en enfrentamientos
abiertos ni originó ningún tipo de
«pogrom», pero el ambiente se hacía cada
día más irrespirable. Tanto fue así que por
segunda vez, catorce años después de la
primera ofensiva en regla contra el Libro
Verde, la Diputación consideró necesario
emprender una segunda batalla convocando
a los miembros más eminentes de
la Iglesia y de la Universidad. Las personalidades
que se reunieron en 1620 llegaron
a las mismas conclusiones que durante
la primera consulta: pidieron que se
destruyese el libro, estipulando graves penas
contra los infractores.