Caso Renedo - Rafael Revilla

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ASTURIAS
El abogado Luis Tuero, a la izquierda, defiende a Renedo ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial, durante una de las vistas ya celebradas. :: PALOMA UCHA
Losimputadosdel‘casoRenedo’afrontan
penasdeentretresy23añosdecárcel
Riopedre y Otero
deberán defenderse
en el juicio de una
instrucción que les
sitúa ante condenas
deentre5y13años
:: RAMÓN MUÑIZ
OVIEDO. Las diligencias previas
206/2010, abiertas por la magistrada-juez
Ana López Pandiella, describen
en sus 32.584 folios a políticos,
funcionarios y empresarios haciéndose
favores poco éticos cuando no
ilegales. De momento la peor parte
se la llevan los cinco imputados, a
los que atribuye una ristra de delitos
que, con el Código Penal en la
mano, suman una condena global
de entre 24 y 65 años de prisión. Así
lo indica la calificación provisional
realizada por la magistrada gijonesa
y que, por ahora, mantiene su sucesor
en la instrucción, Ángel Sorando
Pinilla. Éste último ha dejado
claro que estudia añadir algún delito
más a los ya adscritos a la exdirectora
general María Jesús Otero.
¿En qué quedarán tantas imputaciones?
Habrá que esperar a que
acabe la instrucción y se convoque
el juicio correspondiente, en el que
las defensas intentarán rebatir cada
uno de los indicios. Es de esperar que,
para empezar, parte de ellos juegue
la carta del cambio de leyes. Desde
diciembre está en vigor una reforma
del Código Penal que agrava las
penas para los delitos relacionados
con la corrupción. Los acusados pueden
reclamar que se les juzgue bajo
las normas que estaban en vigor en
el momento de los hechos.
Los cinco letrados llevaban desde
enero planteando una misma
queja. Aseguraban que sus mandantes
sufrían una «indefensión evidente»
al desconocer las pruebas y
hechos concretos que obraban en su
contra. Para satisfacerles, Sorando
ha levantado parte del secreto de sumario,
decisión de impredecibles
consecuencias electorales.Ahora todos
saben por qué fueron detenidos
el exconsejero José Luis Iglesias Rio-
pedre, su directora general María Jesús
Otero, la jefa de servicio Marta
Renedo, y los empresarios Víctor
Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez.
:: N. ACEBAL
Marta Renedo Avilés
Delitos imputados: malversación de
caudales (de 3 a 8 años de cárcel),
cohecho (de 3 a 6 años), fraude y
exacciones ilegales (de 1 a 3 años), y
falsificación en documento público (de
3a6años)
Total: de 10 a 23 años
El sumario concentra el mayor número
de evidencias contra la funcionaria
que originó la investigación
del caso. Hay pruebas que
apuntan a que Renedo desplegó
hasta cuatro mecánicas delictivas
distintas desde 2003, lo que supondría
un delito continuado ejercido
desde las consejerías de Bienestar,
Cultura y Administraciones Públicas.
Según los instructores, todo comienza
suplantando la identidad
de una asturiana que reside en Argentina.
A su nombre abrió Renedo
una cuenta, solicitó y aprobó una
ayuda, y concedió distintos contratos.
Preguntada sobre el asunto, la
mujer declaró en Buenos Aires desconocer
tal extremo. En Cultura
constarán luego distintos expedientes
que ordenaban pagos a esta libreta.
Los directores generales no
reconocen su firma autorizándolos.
Desde Administraciones Públicas
convenció a algún empresario
para que devolviera el dinero de seis
adjudicaciones a favor de una empresa
que ella controlaba, Implans
Mounts.
Luego terminó concediendo a
esta contratos falseando la firma de
su superior. Los ‘pinchazos’ han cogido
a la funcionaria admitiendo
parte de estos hechos con su círculo
íntimo.
:: P. CITOULA
José Luis Iglesias Riopedre
Delitos imputados: prevaricación,
cohecho (de 3 a 6 años de cárcel),
tráfico de influencias (de seis meses a
dos años), fraude y exacciones ilegales
(de uno a tres años), y negociaciones
prohibidas a los funcionarios (seis
meses y dos años)
Total: de 5 a 13 años
Vaya por delante que los investigadores
no han demostrado que cobrase
sobornos en sus cuentas, que las
pesquisas sobre estas libretas, cierto
es, se iniciaron tras la detención,
y que, en su condición de consejero,
a menos que imperasen motivos
de urgencia, solo la Audiencia Provincial
podía investigarle dada su
condición de aforado. Quizás por ello
la instructora Ana López Pandiella
no solicitó la intervención de su teléfono
personal, no al menos hasta
que abandonó la consejería.
Tampoco hizo falta. Basta ‘pinchar’
teléfonos de Otero, Muñiz y
Sánchez para oír charlas que comprometían
al consejero. Las del 30
de junio de 2010 y del 5 de julio son
una buena muestra. Antes de ellas,
Muñiz, empresario de Igrafo, admitió
que la ingeniería Nora «es mía casi
al 100%». Esta sociedad recibe contratos
directos de Educación, subcontratando
parte de los estudios previos
y sondeos a Geogal, la compañía
de Ernesto, hijo del consejero.
Uno de los que más dinero reportaron
a Geogal es el sistema geotérmico
para el centro de Infiesto, que Educación
pagó a 221.213,93 euros, su
tercer mayor desembolso de 2010.
En la primera de las escuchas, el
consejero informa a Muñiz que «no
se hace la prueba de geotermia del
Campoamor porque es lo mismo que
lo del Calderón... por lo tanto hay
que hacer pocos sondeos pero bien
pagaos». Iglesias confía que «ya habló
con María Jesús, que como se va
a ahorrar dinero de otros estudios
que no se hacen que se empiece con
los estudios previos de Grado». El
empresario aprueba ese calendario
e indica que «la instalación de geotermia
en los colegios ya se hará». El
consejero explica que ya está decidido
para Avilés, «en el Calderón y
en el Campoamor... que este último
hay que sacar agua, que ya habló con
Ernesto (hijo) y este le había dicho
que había tres o cuatro sondeos que
había que hacer».
Cinco días más tarde, el consejero
pregunta que «cuándo pueden
encargar el estudio previo de Grado».
El empresario le responde que
«ya, porque ya han presentado ofertas
y no esperan a que se las autoricen
porque está autorizado de palabra».
Dicho y hecho. Nueve días más
tarde Riopedre admite que «ya hablé
con María Jesús para que hagáis
las pruebas de geotermia de Grado».
Otras conversaciones delatan
cómo Riopedre habló con el dueño
de Almacenes Pumarín para que le
procure cierta maquinaria a la empresa
de su hijo. En otra charla y a
preguntas del consejero, Muñiz le
informa de que va a presentarse a
un concurso en Toledo inscribiendo
para ello a tres empresas que tiene
bajo su control. El consejero no
dice nada ante ese fraude.
:: EFE
María Jesús Otero
Delitos imputados: cohecho (de 3 a 6
años de cárcel), tráfico de influencias
(de seis meses a dos años), fraude y
exacciones ilegales (de uno a tres
años), y negociaciones prohibidas a los
funcionarios (seis meses y dos años)
Total: de 5 a 13 años
Los agentes han encontrado ingresos
regulares que Igrafo hizo a sus
cuentas a partir de 1999. Más tarde
también aparecen pagos deAlmacenes
Pumarín S.A. (APSA).A medida
Miércoles 11.05.11
EL COMERCIO
que Otero asciende en Educación,
cesa de sus cargos en las distintas empresas
familiares que tiene, colocando
en su lugar a otros parientes. A
partir de un determinado año, Igrafo
y APSA van dejando de abonar dinero
a las cuentas de Otero para hacerlo
en estas sociedades.
El sumario incluye evidencias de
que la directora general seguía vinculada
a las empresas. En el registro
de su casa se ocupa abundante información
contable de las mismas. Los
actuales administradores, declararán
ante la policía que todo lo tocante
a los ingresos de Igrafo y APSA lo
llevaba la propia Otero.
¿Por qué los empresarios metían
ese dinero? La defensa alega que
«todo son relaciones comerciales que
se explicaran en su momento». Las
escuchas muestran a Otero dando
instrucciones muy precisas de lo que
deben hacer los coimputados para
llevarse determinados contratos de
Educación. En Infiesto, por ejemplo,
dice a Muñiz que «las dos ofertas que
superan a la que va a ser elegida no
pueden pasar de 236.000 euros», que
la de Nora, que es la seleccionada para
imponerse, «está bien», pero que las
otras dos hay que revisarlas.Además
discuten qué otras dos empresas inscribir
para dar apariencia de que compiten
por la adjudicación.
:: L. SEVILLA
Víctor Manuel Muñiz
Delitos imputados: cohecho (de 3 a 6
años) y tráfico de influencias (de seis
meses a 2 años)
Total: de 3 años y seis meses a
8 años
La situación procesal de los empresarios
es muy distinta según el Código
Penal que se les aplique. Uno de
los objetivos de la última reforma
fue, precisamente, equilibrar una
norma que hasta entonces cargaba