Caso Renedo - Rafael Revilla

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ASTURIAS
El magistrado
basó sus sospechas
en la concesión de
subvenciones a la
empresa del marido
de la consejera
:: IVÁN VILLAR
GIJÓN. El TSJA considera que el
auto del juez Ángel Sorando por el
que le remitió la semana pasada una
pieza separada del sumario para que
investigara la posible comisión de
actos delictivos por parte de la consejera
de Cultura y Turismo, Mercedes
Álvarez, «no expresa qué hechos
concretos se le reprochan a
la aforada». Por esta razón, entre
otras, la sala de lo Civil-Penal, reunida
ayer bajo la presidencia de Ignacio
Vidau, acordó devolver las diligencias
al titular del juzgado de
Instrucción número 2 de Oviedo,
«para que continúe la instrucción
de la causa» y «agote las diligencias
de investigación». No se descarta
que, en un futuro, el asunto pueda
volver a manos del TSJA, siempre
que Sorando amplíe sus argumentos
sobre la posible actuación irregular
de la consejera de acuerdo a
lo indicado ayer por el tribunal; esto
es, «que se acredite, aunque sea indiciariamente,
la participación de
la aforada en hechos de carácter delictivo
concretos».
Cuando el ‘caso Renedo’ estaba
aún en manos del juzgado de Instrucción
número 4 de Gijón, la jueza
Ana López Pandiella, a instancias
de la Policía Judicial, solicitó a
la Agencia Tributaria un listado de
empresas de funcionarios regionales
o de familiares de éstos que tuvieran
alguna relación económica
con el Principado de Asturias, con
el objeto de investigar si el modo de
operar de Marta Renedo –que abrió
empresas ficticias a las que adjudicó
contratos regionales– había sido
imitado por otras personas. Hacienda
respondió remitiendo una relación
que incluía cincuenta empresas
que contrataban directamente
con la Administración regional o recibían
subvenciones de la misma y
que tenían como titulares o como
socios a funcionarios del Principado,
y otras ochenta propiedad de familiares
de trabajadores del Principado.
Entre estas últimas se encontraba
Formación e Inserción SL,
cuyo administrador único es desde
2007 S. M. A. A., marido de la consejera
de Cultura.
En un informe realizado el 30 de
junio por un responsable del Grupo
de Delincuencia Económica se
indica que entre 2006 y 2009 esta
empresa recibió subvenciones del
Principado por un importe total de
76.470 euros. En concreto, declaró
un pago de 18.673 euros en 2006,
otro de 32.613 en 2008 y un tercero
de 25.184 en 2009. «Estos son,
‘CASO RENEDO’
ElTSJApidealjuezSorandoque«concrete»
susacusacionescontraMercedesÁlvarez
El juez Ángel Sorando, en su despacho del juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo. :: MARIO ROJAS
LAS FRASES
«De su auto en absoluto
se desprenden los hechos
que con carácter delictivo
se le imputan a la aforada»
«Debería agotar la
investigación hasta
concretar los hechos de
relevancia penal en los que
pudiera estar implicada»
«Parece conveniente
reclamar los expedientes
que determinaron
la concesión de las
subvenciones»
«Sólo después de
practicadas las diligencias
oportunas deberá
exponerlas a esta Sala»
en síntesis, los únicos hechos que
tienen relación con la aforada»,
apunta el auto del TSJA. En opinión
del tribunal, «si el instructor entiende
que los mismos pueden conducir
a implicaciones penales debería
agotar la investigación hasta
llegar a concretar y expresar razonadamente
los hechos de relevancia
penal en los que pudiera estar
implicada la aforada». Añade que
«solo después de practicadas las diligencias
oportunas y necesarias
conducentes a tal fin, y oído el Ministerio
Fiscal, deberá exponerlos
a la Sala».
Areces:«Ladevolucióndelautoquiere
decirquealgonosehahechobien»
:: I. V.
GIJÓN. El presidente en funciones
del Principado, Vicente Álvarez
Areces, consideró ayer que la
devolución por parte del TSJA al
juez Sorando de las diligencias que
les había remitido la semana pasada
en relación a la consejera de Cultura,
Mercedes Álvarez, «quiere decir
que algo no se ha hecho bien».
Destacó la «honestidad» de su compañera
de gobierno y señaló que
«antes de lanzar al vuelo un tema
como este hay que tener fundamentos
rigurosos, para no poner en
cuestión a una persona que ha te-
Si bien en su auto el juez Sorando
llegó a considerar a Mercedes Álvarez
«sospechosa de la comisión
de los delitos de negociaciones
prohibidas a los funcionarios, cohecho,
prevaricación, tráfico de influencias,
fraude y exacciones legales»
–esto es, los mismos que llevaron
a prisión a José Luis Iglesias
Riopedre–, el TSJA afirma en su respuesta
que del escrito recibido «en
absoluto se desprenden los hechos
que con carácter delictivo se le imputan
a la aforada, ni las diligencias
probatorias que, con carácter indiciario,
acreditan su participación
nido una trayectoria ejemplar a lo
largo de su vida y que, sin duda, la
seguirá teniendo».
Si bien el presidente en funciones
eludió entrar al fondo del auto
emitido ayer por la sala de lo Civil-
Penal del TSJA porque desconocía
aún su contenido, fuentes del Principado
señalaron que las subvenciones
en las que el juez Sorando
basa sus sospechas con respecto a
la actividad del marido de la consejera
de Cultura fueron adjudicadas
por una comisión técnica independiente
y, en todo caso, concedidas
por la Consejería de Industria y Em-
Jueves 14.07.11
EL COMERCIO
en ellos». Considera que lo único
que hace el magistrado es «una genérica
referencia a los tipos delictivos
por los que se abrió la causa
contra otras personas diferentes a
la consejera de Turismo».
Con el objeto de ahondar en su
investigación, el TSJA recomienda
a Ángel Sorando «reclamar los expedientes
que determinaron la concesión
de subvenciones –a la empresa
de S. M. A. A.–» para comprobar
si cumplía los requisitos de la
convocatoria y «tomar declaración»,
entre otros, al propio marido de la
consejera de Cultura.
pleo. Destacaron, además, que dos
de ellas fueron aprobadas antes de
que Mercedes Álvarez fuera nombrada
consejera en noviembre de
2008, cuando entró en el gobierno,
con la legislatura ya iniciada, en sustitución
de Encarnación Rodríguez
Cañas.
Las subvenciones a Formación e
Inserción Sociedad Limitada fueron
concedidas en concepto de formación,
que es la principal actividad
de una empresa que cuenta actualmente
con 10 empleados y declara
unos ingresos anuales de
350.704 euros.