DICTAMEN Nº 14 - Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ...

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# Nº. 14/1996, de 2 de julio.*
DICTAMEN Nº 14
Expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración
formulada por M.A.L., por los daños causado por el desprendimiento de la rama de un árbol del
aparcamiento de la Delegación de Educación y Cultura de Albacete en el vehículo del solicitante.
ANTECEDENTES
El 13 de julio de 1995, a las 9'45 horas y por la acción del viento, se produjo el desprendimiento
de una gran rama del árbol situado en la zona este del aparcamiento de la Delegación Provincial
de Educación y Cultura de Albacete, produciéndose daños en el vehículo de M.A.L. El inmueble
donde se produjeron los hechos y presta servicios M.A.L., así como el árbol del que se desprendió
la rama causante de los daños son de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, si bien, existen ciertas dependencias reservadas a los servicios periféricos del Ministerio
de Educación y Ciencia.
M.A.L. presentó escrito en la Consejería de Administraciones Públicas el 14 de julio de 1995
solicitando de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la reparación de los daños
causados al vehículo de su propiedad, marca SEAT, modelo IBIZA, matrícula de Albacete, que
asciende a la cantidad de 130.092 ptas.
Instruido el correspondiente expediente el Secretario General Técnico de la Consejería de
Educación y Cultura formuló propuesta de resolución en el sentido de estimar la reclamación por
responsabilidad patrimonial interpuesta por M A L
EXTRACTO DE LA DOCTRINA
En procedimientos tan transcendentales, como son los de responsabilidad patrimonial de la
Administración, deben observarse aquellos trámites que, sin ser esenciales, contribuyan a una
mayor claridad, objetividad y seguridad en el desarrollo del expediente, como es el trámite por el
que el órgano competente acuerda, de forma expresa, iniciar el expediente y nombrar instructor.
En el caso presente el Consejo ha estimado que, aunque falta el acuerdo expreso de iniciación del
expediente, éste se ha tramitado y además con todas las garantías para el reclamante.
La relación de causalidad entre el actuar administrativo y el daño producido se pone de
manifiesto, en el presente caso, al ser la Administración propietaria del aparcamiento donde se
hallaba situado el vehículo siniestrado y también del árbol del que se desprendió la rama causante
de los daños objeto de reclamación.
La jurisprudencia más reciente (Sentencia nº. 325 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha, de 27 de junio de 1995) exige, para que se produzca fuerza mayor por vientos, que
éstos sean huracanados, disponiendo la Sentencia de 17 de febrero de 1995, de la Audiencia
Provincial de Córdoba que, según establece el artículo 3º. del Reglamento de Riesgos
Extraordinarios, aprobado por Real Decreto 2022/1986, de 29 de agosto, el carácter
extremadamente adverso de los vientos se produce cuando éstos sobrepasan los 96 Km./h. En el
caso presente y, según certificado de datos climatológicos que obra en el expediente como
documento nº. 9 y que fue expedido el día 26 de enero de 1996 por el Centro Meteorológico de
Madrid y Castilla-La Mancha, en el Observatorio de Albacete-O.P., se registró, el día 11 de julio
de 1995 una racha máxima de viento de 36 Km./h. Por los motivos citados decae la posibilidad de
que se hubiera producido fuerza mayor en el expediente mencionado.

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CONSIDERACIONES
I
El presente dictamen se emite con carácter preceptivo tal y como establece el apartado 9 a) del
artículo 54 de la Ley 8/1995, de 21 de diciembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha, al tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración.
II
En el expediente objeto de dictamen se han cumplido los trámites esenciales, establecidos en los
artículos 139 a 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 4 a 12
del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento
en materia de Responsabilidad Patrimonial, y así se ha puesto de manifiesto el expediente al
interesado, antes de dictar propuesta de resolución, tal y como prescribe el artículo 11 del Real
Decreto citado, se ha dictado propuesta de resolución por el propio Secretario General Técnico de
la Consejería de Educación y Cultura y se ha solicitado el dictamen de este Órgano Consultivo,
como preceptúa el artículo 12 del texto reglamentario ya mencionado.
Sería, sin embargo, deseable que en procedimientos tan transcendentales, como lo son los de
responsabilidad patrimonial de la Administración, también se observasen y cumplieran por los
correspondientes órganos administrativos aquellos trámites que, sin ser esenciales, contribuyan a
una mayor claridad, objetividad y seguridad en el desarrollo del expediente; nos estamos
refiriendo al trámite por el que el órgano competente acuerda, de forma expresa, iniciar el
expediente y nombrar instructor. En el caso presente el Consejo ha estimado que, aunque falta el
acuerdo expreso de iniciación del expediente, éste se ha tramitado y además con todas las
garantías para el reclamante.
III
El artículo 139, números 1 y 2, de la Ley 30/1992 establece que:
"1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas".
Establecidos los requisitos legales necesarios para exigir a una Administración Pública
responsabilidad patrimonial, procede examinar si éstos se han cumplido en el expediente objeto de
dictamen.
La lesión del bien o derecho viene acreditada, en el presente supuesto, por el certificado expedido
por el Jefe de la Sección de Juventud de la Delegación Provincial de Educación y Cultura de
Albacete, de fecha 18 de julio de 1995, al señalar que el desprendimiento de una rama de un árbol
situado en la esquina derecha del aparcamiento de la Delegación Provincial citada, produjo
abolladuras y roces en el techo, puertas traseras y lateral izquierdo de la carrocería del vehículo
marca SEAT, modelo IBIZA, matrícula de Albacete.
Estos daños han sido efectivos, como se demuestra por el anterior certificado, evaluables

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económicamente como igualmente se acredita con la copia de la tasación efectuada el 22 de julio
de 1995 por los talleres "F. y T.M., S.L.", que obra en el expediente (doc. nº 6 ) y también
individualizados con relación a una persona, el señor M.A.L. al haberse verificado que el vehículo
dañado era propiedad del declarante, mediante la incorporación al expediente de una copia del
permiso de circulación del mencionado vehículo.
Finalmente, el señor M.A.L., no tiene el deber jurídico de soportar el daño producido por cuanto,
según consta también en informe (de fecha 7-11-1995, doc. nº 7) del Secretario Provincial de la
Delegación de Educación y Cultura de Albacete, el recinto donde estaba aparcado el vehículo es
usado por los funcionarios que prestan sus servicios en las dependencias ubicadas en la
Delegación, siendo el señor M.A.L. uno de los usuarios habituales por prestar servicios en la
citada Delegación, hallándose autorizado para su uso al igual que el resto de empleados públicos
que trabajan en el edificio. En el mismo informe, letra f) se dice además que la situación del
vehículo era correcta, hallándose bajo las ramas del árbol porque este punto es uno de los lugares
destinados al estacionamiento de vehículos, al igual que se encontraban estacionados dos
vehículos más, que también resultaron siniestrados.
La relación de causalidad entre el actuar administrativo y el daño producido se pone de
manifiesto, en el presente caso, al ser la Administración propietaria del aparcamiento donde se
hallaba situado el vehículo siniestrado y también del árbol del que se desprendió la rama causante
de los daños objeto de reclamación.
IV
Cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, resta
ahora examinar sí ha existido o no fuerza mayor, pues en el primero de los casos quedarían
enervados los efectos que la existencia de los requisitos produciría normalmente.
En el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha
11 de enero de 1996, que obra en el expediente como documento nº. 8, en el último párrafo del
punto 1, se afirma que la Secretaría General Técnica de Educación y Cultura entiende que se ha
producido fuerza mayor y, en consecuencia, no existe responsabilidad patrimonial de la
Administración Publica. Análoga postura a la mantenida por la Secretaría General Técnica de
Educación y Cultura es defendida en algún dictamen del Consejo de Estado, por ejemplo en el
número 54.862, de 24 de mayo de 1990, en supuesto prácticamente idéntico al presente, si bien
dicho dictamen no fue adoptado unánimemente existiendo votos particulares en contra de tal
postura.
Además, como acertadamente señala el órgano preinformante ya citado, la jurisprudencia mas
reciente (Sentencia nº. 325 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 27 de
junio de 1995) exige, para que se produzca fuerza mayor por vientos, que estos sean huracanados,
disponiendo la Sentencia de 17 de febrero de 1995, de la Audiencia Provincial de Córdoba que,
según establece el artículo 3º. del Reglamento de Riesgos Extraordinarios, aprobado por Real
Decreto 2.022/1986, de 29 de agosto, el carácter extremadamente adverso de los vientos se
produce cuando éstos sobrepasan los 96 Km./h., siendo así que en el caso presente, y según
certificado de datos climatológicos que obra en el expediente como documento nº. 9 y que fue
expedido el día 26 de enero de 1996 por el Centro Meteorológico de Madrid y Castilla-La Mancha,
en el Observatorio de Albacete-O.P., se registró, el día 11 de julio de 1995 una racha máxima de
viento de 36 Km./h., sin que exista en el expediente ningún otro dato que demuestre que la
velocidad del viento en Albacete el día 13 de julio del pasado año fuese superior a 96 Km./h.
Por los motivos citados decae la posibilidad de que se hubiera producido fuerza mayor en el
expediente mencionado.

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V
Existiendo acuerdo sobre el valor de los daños acaecidos al vehículo matrícula de Albacete,
procede fijar en 130.092 pesetas el importe de la indemnización por daños y perjuicios a que tiene
derecho el reclamante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen:
"Que se aprecia responsabilidad patrimonial de la Junta de Comunidades en el expediente objeto
de dictamen, procediendo estimar la reclamación formulada por M.A.L. y reconocer al actor el
derecho a percibir la indemnización de daños y perjuicios de 132.092 pesetas".
Este es nuestro dictamen, que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.