Violencia juvenil y familiar en América Latina: agenda social ... - Cepal

Panorama social de América Latina • 2008 203
País
Cuadro IV.7
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (12 PAÍSES): ORIGEN DE LOS RECURSOS DESTINADOS
A LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL
Gobierno
nacional,
federal,
municipal
Ministerio del
Interior
Otros
ministerios
Fondo
internacional
reembolsable
ONG Fundaciones Combinación
Argentina
X
Brasil
X
Chile X X X
Colombia
X
Costa Rica
X
Ecuador X X X X
El Salvador X X
Guatemala X X
México
X
Perú X X
República
Dominicana
X
Venezuela
(Rep. Bol. de) X X
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las respuestas de los países a la encuesta de la CEPAL sobre políticas y programas
para la prevención y el control de la violencia juvenil en América Latina, 2008.
En el Perú, la mayoría de los programas orientados
a la violencia juvenil son financiados por el Tesoro
Público. Los recursos que se destinan a la ejecución
de los diferentes programas de la Policía Nacional en
esa área provienen de instituciones públicas y privadas
(ONG y gobiernos regionales y locales, entre otros),
pues dicha institución no cuenta con un presupuesto
asignado para ese tipo de actividades. Por ese motivo
no se dispone de datos precisos sobre el monto de dicha
financiación. En la República Bolivariana de Venezuela,
los programas se financian con recursos de la Dirección
General de Prevención del Delito (Ministerio del Interior)
o mediante la combinación de recursos del Ministerio de
Educación, el Fondo Nacional de Protección del Niño y
del Adolescente, Fondos Estatales de Protección de Niños
y Adolescentes, Fondos Municipales de Protección del
Niño y del Adolescente.
En cuanto a los planes nacionales contra la violencia
doméstica se han registrado problemas presupuestarios
importantes en varios países. En Bolivia, el Plan Nacional
de Prevención y Erradicación de la Violencia y la ley
en que se ampara no prevén instrumentos para su
sostenibilidad. Esto derivó en una serie de inconvenientes
relacionados con el financiamiento, entre los que se
cuentan la debilidad del viceministerio, la falta de
un plan de equidad y la transferencia de recursos y
servicios a otras áreas de equidad de género, para las
que no existe un plan pero que se consideran urgentes.
Los recursos del plan se han recortado desde 1997 y
actualmente depende de la cooperación internacional.
En el Brasil, el Programa Nacional de Prevención y
Combate de la Violencia Doméstica resultó afectado por
la insuficiente dotación de recursos presupuestarios y
complicaciones a causa de diferencias entre los Estados
(García y otros, 2000).
En Chile, la mayor parte del financiamiento del
Programa Nacional de Prevención de la Violencia
Intrafamiliar es estatal y se efectúa a través del Servicio
Nacional de la Mujer (SERNAM) y otros ministerios.
Sin embargo, la falta de recursos financieros y humanos
del programa limita las actividades de prevención y
asistencia técnica. La ausencia de sistemas de registro,
procesamiento, análisis y producción estadística representa
otro problema importante. El Ministerio de Salud y las
municipalidades, responsables de la ejecución del plan en
el diseño original, no contaron con recursos suficientes
para hacerlo.
En Costa Rica, el financiamiento del Plan Nacional
de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar
(PLANOVI) es otorgado por el Instituto Nacional de
las Mujeres (INM), que en 1999 invirtió 92.826.000
colones (alrededor de 334.000 dólares de 2000). Esta cifra
representa el 14,8% del presupuesto global de la institución
para ese año presupuestario y el 42% del gasto por áreas
técnicas. Con esa inversión se cubrieron todos los gastos
de operación y del edificio. La inversión institucional
en el área de violencia de género se ha incrementado en
forma continua desde la inclusión del tema en la agenda
política (García y otros, 2000). En México, el Programa
de mediano plazo en los temas de género y equidad cuenta
con recursos de 700.000 pesos anuales (52.200 dólares
de 2000) y abarca el período 2006-2012.
Los principales problemas relativos al financiamiento
de las políticas y programas de prevención de la violencia
juvenil se refieren en buena medida a la falta de continuidad
en la asignación de recursos, debido a la exclusión de