Violencia juvenil y familiar en América Latina: agenda social ... - Cepal

Panorama social de América Latina • 2008 205
3. Evaluación y aprendizaje de las experiencias implementadas
La evaluación de algunos programas y de las experiencias
acumuladas muestra ciertos logros en cuanto a la articulación
interministerial y el trabajo en red del sector público y
privado, pero la fragilidad de las instituciones y reparticiones
que los ejecutan atenta contra la difusión y réplica de las
experiencias positivas. El análisis de la oferta programática
deja en evidencia al menos dos omisiones que repercuten
en el tratamiento de la violencia juvenil: la ejecución de
acciones diversas sin identificar los sectores específicos
de jóvenes que se beneficiarán y la ausencia o escasez de
intervenciones focalizadas en niños, mujeres y varones
jóvenes que viven en la calle. Los expertos sugieren que
las políticas orientadas a la reducción de la violencia sean
específicas, concertadas, descentralizadas, participativas
y selectivas, y recomiendan medidas primarias de carácter
esencial y preventivo, además de otras secundarias y
terciarias que busquen la adecuada reinserción social de
los jóvenes rehabilitados.
La evaluación de los programas relacionados con
la violencia juvenil muestra ciertos logros en cuanto a la
articulación interministerial y el trabajo en red del sector
público y privado. Sin embargo, uno de los mayores
problemas detectados se refiere a la escasa dimensión
y reconocimiento de las reparticiones institucionales
responsables de su implementación, que disminuye las
posibilidades de difundir y replicar las experiencias
positivas.
Las políticas de reducción de la violencia juvenil deben
cumplir con ciertos requisitos. Deben ser específicas, en el
sentido de responder con precisión a las múltiples aristas
de dicho problema; concertadas, de modo de involucrar
a todos los actores relevantes; descentralizadas, para
permitir una mayor articulación entre las autoridades
locales y la comunidad; y participativas, en consulta
con los propios jóvenes respecto de sus percepciones y
factores de riesgo. Con esta lógica se está incentivando la
creación o consolidación de Planes Integrales de juventud
en Chile, Colombia, Costa Rica, México y el Uruguay
(Rodríguez, 2005).
Se proponen objetivos en el área de la educación,
la salud y la inserción laboral, además de innovaciones
en los procedimientos policiales, reformas legislativas
y campañas en los medios de comunicación. Se destaca
en este ámbito el énfasis de la OPS en el tratamiento de
la violencia mediante un enfoque epidemiológico, que
permite combinar los aspectos médicos y legales de la
violencia con la prevención y promoción de una cultura
de la salud, fundada en la equidad y el respeto a la vida
y la integridad física y psicosocial de las personas. Estas
tareas deben concretarse en enmiendas promovidas por
el Estado para fomentar la cultura de convivencia en
los currículos escolares y medidas institucionales que
garanticen la protección de los derechos constitucionales
y humanos (De Roux, 1993; OPS, 1993).
La experiencia acumulada en programas de reducción
de la violencia urbana subraya la necesidad de concentrar
los esfuerzos comunitarios e institucionales en la autoridad
local (municipio o alcaldía), como espacio concreto de
encuentro entre instituciones y beneficiarios de servicios
públicos, gobernantes y ciudadanos. En el plano institucional
se recomienda fortalecer los activos comunitarios y el
capital social de los sectores desfavorecidos, promover
iniciativas multisectoriales que aumenten la calidad de
los servicios y mejorar las estrategias de carácter policial
y judicial.
En los planes integrales contra la violencia juvenil
se debe distinguir entre metas principales y metas
complementarias. Las metas principales son la reducción
de la violencia, su identificación temprana, la prevención
de situaciones de riesgo y la promoción de estilos de
vida saludables. En el marco de una política pública,
dichos planes se traducen en medidas preventivas de
carácter primario dirigidas a prevenir la violencia antes
de que esta ocurra. Se deben incluir estrategias de apoyo
a segmentos relativamente amplios de la población que
presentan diversos factores de riesgo y escasos factores
de protección (Krauskopf, 2007a).
Las metas complementarias consisten en la
intervención oportuna para atender a las personas
afectadas por la violencia, la identificación de la población
en riesgo y la interrupción del ciclo intergeneracional
de la violencia. Esto incluye la prevención secundaria
dirigida a individuos o grupos sociales específicos,
claramente identificados como proclives a incurrir en
conductas habituales de violencia y delincuencia. La
atención especializada con miras a neutralizar o evitar
situaciones pre-delictivas debería concentrarse en los
grupos de riesgo, desertores escolares y víctimas de
violencia intrafamiliar, entre otros.
También debe promoverse la prevención terciaria,
orientada a la atención de jóvenes activos en pandillas y
en conflicto con la ley, con la finalidad de cambiar sus
estilos de vida mediante alternativas de rehabilitación
y tratamiento. El problema de la violencia juvenil