El Peso de las Palabras

• EL PESO DE LAS PALABRAS •
Estado no se impone en salvaguarda de los derechos de todas las
personas, sino que asume una parcialidad manifiesta y para ello recurre
a los diversos recursos del poder, sin límite alguno, configura una
situación de extrema gravedad para la posibilidad de mantener la paz
de la sociedad y con ello limita la realización integral de los derechos
humanos. Por ello los consensos que se expresan en el derecho internacional
de los derechos humanos constituyen un patrimonio comprobado
para preservar la paz, el desarrollo y la democracia.
Los delitos de difamación, injuria y los de vilipendio o desacato
cuando conllevan penas privativas de libertad o sanciones civiles desproporcionadas
son recursos de los poderes políticos y económicos para
debilitar el papel de los medios y periodistas en la mediación del
escrutinio público de los temas de interés para las sociedades. Su aplicación,
de forma directa e indirecta, tiene consecuencias restrictivas de
las posibilidades de las personas de conocer lo que realizan los funcionarios
de los distintos poderes públicos o de terceros que utilizan sus
relaciones para provecho personal.
Las recomendaciones y exigencias que planteamos están orientadas
a garantizar el mayor cumplimiento de los estándares internacionales,
y para crear las condiciones necesarias que permitan la mayor garantía,
disfrute y participación para todas las personas que conviven en el Estado
venezolano. Tiene como finalidad prevenir las violaciones, procurar
justicia y reparación a las víctimas existentes y evitar la repetición de
estas situaciones.
1. Desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a
réplica y rectificación en los medios de comunicación por parte de
los afectados. Un marco adecuado para este contenido de la libertad
de expresión permitiría fomentar y mantener el debate público y
permite a los afectados por imprecisiones u opiniones la posibilidad
de argumentar y defenderse con los mismos recursos del medio o
periodista.
2. Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales
durante el ejercicio de sus actividades profesionales, investigando y
sancionando cualquier agresión proveniente de funcionarios públicos
120