El Peso de las Palabras

• EL PESO DE LAS PALABRAS •
La larga duración de los juicios obliga a los periodistas y medios a
invertir tiempo, dinero y energía en la resolución de su caso, pero sin
la certeza de que pueda llegar a un término pronto y razonable. Alargar
los casos sin llegar a ningún tipo de solución alimenta una estrategia
de desgaste del periodista, sus espacios de solidaridad y ello contribuye
con el olvido de la sociedad acerca de esta situación. Esto facilita la
ocultación mediática de estas situaciones, el desgaste de los esfuerzos
de contención y la aceptación social de estas violaciones, así se reducen
las reacciones de la sociedad, se cristalizan este tipo de situaciones y ello
dificulta las posibilidades de alcanzar justicia.
En los casos en estudio observamos que uno de los mecanismos es
la apertura y demora de los procesos; y en otros registramos una
velocidad extrema en procura de la sanción de los periodistas. Los 7
casos de privación de libertad contabilizados en el quinquenio que
transcurre entre 2002 y 2006 y de sanciones civiles, como multas, se
realizaron con mucha velocidad en procura de la sanción. Entre los casos
de sanciones administrativas rápidas resalta el caso de Laureano Márquez
y el diario Tal Cual, quienes fueron penalizados con una multa de 105
millones de bolívares en aproximadamente tres semanas. En estos casos
se observa que la intención no es sancionar por las posibles faltas sino
escarmentar a los que ejercen el periodismo en el país, creando un efecto
inhibitorio para mostrar las consecuencias de quienes critiquen a las
autoridades.
Este caso es uno de los dos que entran en la categoría de censura
judicial junto al que prohíbe a los medios de comunicación divulgar
información sobre el testigo clave del caso Anderson, Geovanny
Vásquez. Ambos casos y sus respectivas sentencias son percibidos por
los comunicadores como cercos a la libertad de expresión, que reducen
su espacio de acción. El caso de Geovanny Vásquez se encuentra
asociado con las políticas de acceso a la información que mantiene el
Estado venezolano, en tanto que información que, por su alcance
social, debería ser de dominio público, es limitada exclusivamente al
contexto de la jurisprudencia cortando toda posible auditoría social.
La muestra seleccionada en el estudio, se conforma por 47 de los
63 casos del universo completo de los cinco años en estudio. Según la
información contenida en los expedientes y la información reseñada en
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