El Peso de las Palabras

• OBJETIVOS Y PRELIMINARES •
de posibilitar un debate abierto de la ciudadanía sobre estos temas. En
este sentido, los medios de comunicación no sólo tienen el derecho sino
también la obligación de mantener informados a los ciudadanos sobre
estos temas. Esta fue la interpretación de la Corte Europea, al advertir
que “[la] libertad [de expresión] requiere garantías extras cuando la
discusión se relaciona con una cuestión de público interés”.
Particularmente, “se exige el más cuidadoso escrutinio por parte de la
Corte cuando... las medidas adoptadas o las sanciones impuestas por las
autoridades nacionales son capaces de desalentar la participación de la
prensa en los debates sobre cuestiones de legítimo interés público”. 10
La Corte Interamericana se pronunció sobre este extremo estableciendo
que,
“[el] control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión
pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la
responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la
cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate
político o del debate sobre cuestiones de interés público... 11 En este contexto
es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios
públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública
deben gozar en los términos del artículo 13.2 de la Convención, de un
margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés
público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente
democrático. Esto no significa, de modo alguno, que el honor de
los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente
protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios
del pluralismo democrático... Es así que el acento de este umbral
diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el
carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de
una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de
interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más
exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir
10
Corte EDH, Caso de Bladet Tromsø y Stensaas c. Noruega, Sentencia de 20 de mayo
de 1999, Demanda Nº 00021980/93
11 CIDH, Caso Ivcher Bronstein,, párr. 155; en el mismo sentido, Eur. Court H.R.,
Case of Feldek v. Slovakia, Judgment of 12 July, 2001, para. 83; Eur. Court H.R., Case
of Sürek and Özdemir v. Turkey, Judgment of 8 July, 1999, para. 60.
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