Derecho y desarrollo econÃ³mico: AproximaciÃ³n a las figuras ... - Ulacit

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DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 4 . Enero del 2013 Revista electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica mayoría de ellos no cuenta con los medios de representar su propiedad y crear capital. Tienen casas pero no títulos, cosechas pero no certificados de propiedad (De Soto, 2001, p. 32-‐33). Por otra parte, la titularización de las hipotecas (mercado hipotecario secundario) constituye fundamentalmente una técnica financiera por medio la cual se constituyen títulos valores que son garantizados por los recursos provenientes de una cartera hipotecaria (un conjunto de hipotecas). La titularización se refiere a la representación mediante documentos transferibles, endosables (títulos valores), de un conjunto de hipotecas que se respaldan por los flujos financieros que ellas mismas generan. Mediante la emisión de estos títulos representativos de carteras hipotecarias (o lo que denominan “bonos hipotecarios”), se flexibilizan los sistemas para la obtención de mayores fuentes de financiamiento, reduciendo los costos para, por ejemplo, la adquisición de viviendas por parte de los consumidores. Asimismo, la titularización de hipotecas permitiría un desarrollo del mercado de capitales que constituiría una fuente permanente de creación de títulos valores, lo cual motivaría una reactivación de los mercados bursátiles. En ese sentido, la trascendencia económica de la hipoteca resulta evidente, pues le otorga seguridad al intercambio de bienes y se promueve un funcionamiento eficiente de la economía de mercado 3 Perspectiva constitucional y legal A partir de lo arriba indicado, se demuestra que la propiedad constituye un factor esencial para estimular el desarrollo económico. Es por ello que la protección o la tutela de esta 3 La crisis hipotecaria y financiera del 2008, en los Estados Unidos, nos obliga a reestructurar mecanismos de regulación que sean efectivos pero que tampoco involucren un incremento exagerado de los costos de transacción. En todo caso, figuras como la propiedad y la hipoteca, que son centrales para el bienestar de los ciudadanos dentro de una economía de mercado, no pueden ser vilipendiadas por las malas decisiones de las instituciones bancarias y de las autoridades regulatorias. 62
DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 4 . Enero del 2013 Revista electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica resultan fundamentales, pero hasta cierto punto insuficiente. En ese sentido, la estructura normativa de un país relacionada con la propiedad debe estar dirigida, adicionalmente, hacia la promoción del desarrollo económico. La respectiva estructura normativa costarricense está conformada por un entramado descomunal de regulaciones cuya disección total sería tema para una investigación mucho más extensa y sin lugar a dudas reveladora. Sin embargo, en el presente artículo nos vamos a centrar fundamentalmente en la Constitución Política ―por ser el cuerpo normativo rector de nuestro ordenamiento― y en el Código Civil. El artículo 45 de la Constitución Política de Costa Rica regula la tutela de la propiedad definiéndola como inviolable, salvo que medie un interés público, para lo cual se deberán cancelar las indemnizaciones de ley. La Propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social (Córdoba, Fallas, Ramírez y Valerín, 1996, p. 317). El texto constitucional transcrito le otorga una preeminencia a la propiedad ―sujetándola únicamente a los casos de interés público― por lo que está cumpliendo con su objetivo de protegerla, al calificarla de inviolable. No obstante, la Constitución Política no busca ir más allá, pues pareciera que con la protección sería suficiente. Es innegable que la protección de la propiedad a nivel constitucional es fundamental para crear el marco de seguridad que requiere un libre mercado de intercambio de bienes; pero igualmente a nivel 63
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