Derecho y desarrollo econÃ³mico: AproximaciÃ³n a las figuras ... - Ulacit

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DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 4 . Enero del 2013 Revista electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica constitucional, se debe crear la base normativa primaria para encuadrar a la propiedad como factor generador de desarrollo económico 4 . Sin embargo, la Sala Constitucional ha venido a respaldar la tutela absoluta colegida en el artículo 45, pero al mismo tiempo ha tratado de flexibilizar el concepto de propiedad para adaptarla a las necesidades económicas del país. El voto 5097 – 93 de la Sala Constitucional realiza una aproximación: La inviolabilidad de la propiedad privada es una garantía de rango constitucional recogida por el canon 45 de la Carta Política. Este derecho contrariamente a como se le concebía en otros tiempos, no es de naturaleza estática sino que conforme a las exigencias de nuestro tiempo se le ha de considerar elástico y dinámico esto es, que atribuye a sus titulares, tanto interna como externamente facultades, deberes y limitaciones. El poder del propietario sobre la propiedad está determinado por la función que ésta cumpla. El objeto del derecho de propiedad ha sufrido transformaciones importantes. Actualmente, no es solo tutelable el derecho de los propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales que co-‐existen con aquél (Córdoba, Fallas, Ramírez y Valerín, 1996, p. 322 ). Igualmente, el voto 2050-‐91 de la Sala Constitucional realiza una elaboración que va un poco más lejos que la mera protección: Este concepto constitucional de propiedad es más amplio por cuanto comprende todos los derechos patrimoniales de una persona – es decir-‐ todo lo que puede tener valor económico – además del derecho real de dominio – concepto civil de propiedad – que se integra por derechos reales, industriales, comerciales, sociales, judiciales, legales, entre otros. Nuestra Constitución garantiza la inviolabilidad, uso y disposición de la propiedad, lo cual significa un límite frente al Estado -‐ derecho 4 La intención del presente artículo no es entrar a analizar las contradicciones ideológicas y políticas que pueda tener el artículo 45 de nuestra Carta Magna. 64
DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 4 . Enero del 2013 Revista electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica subjetivo público – en el ejercicio del poder de policía (Córdoba, Fallas, Ramírez y Valerín, 1996, p. 323). La Sala Constitucional ha intentado acercarse al tema de los beneficios conexos del derecho de la propiedad junto con su valor económico. Sin embargo, la trascendencia de la propiedad en la economía es tal, que no puede estar sujeta únicamente a la interpretación de nuestro máximo tribunal constitucional. La Constitución Política debe hacer una manifestación expresa y directa de la propiedad como elemento generador de riqueza y de bienestar de los ciudadanos. Dentro del mismo orden de ideas, nuestro Código Civil, como norma superior de regulación de la propiedad, en su Libro II, De los Bienes y de la Extensión y Modificaciones de la Propiedad, se encarga de establecer las condiciones generales de la propiedad, de definir su protección junto con la regulación de sus diferentes formas de uso y disfrute, además de las limitaciones respectivas. Pero tampoco hay una mención específica a la propiedad como elemento esencial para la generación de bienestar en los ciudadanos 5 . De hecho, el ex magistrado Ricardo Zeledón, en su ensayo Código Civil y Realidad, de 1987, ya lo advertía: Parece que los codificadores de 1886 nunca se plantearon como criterio definidor del nuevo cuerpo de leyes la posibilidad de lograr introducir en la propiedad concebida un instrumento de eficacia económica: se buscó una titularidad jurídica pretendiendo –al igual de cómo lo instituyó el Código Civil – un derecho al cual debían otorgársele todas las prerrogativas, como forma de garantizar la libertad económica del propietario. Nada más. Los criterios económicos de los liberales se orientaban más al tener que al hacer, no solo por un planteamiento eminentemente 5 Es probable que exista una tendencia doctrinaria que sustente que el Código Civil no debe tener menciones de este tipo, pues consideraría que una formulación a nivel constitucional sería suficiente. Sin embargo, para el autor, la mención explícita en el Código Civil vendría a respaldar la posición establecida en la Constitución Política por lo que sería también necesario. 65
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