Lo verdadero y lo falso - Juventud Rebelde

juventud rebelde DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2008 NACIONAL 05
El día de la notificación, inscripción y firma
del convenio se dejan claras todas las obligaciones
de cada una de las partes. Automáticamente
el solicitante ocupa las tierras de manera
oficial, al contar con el certificado de tenedor
inscripto que se le entrega en esa ocasión.
«A partir de ahí comienza su vida como usufructuario,
sin otro trámite. Por eso le decimos
a la gente que confíe en este proceso que está
concebido con agilidad y sencillez.
«Un expediente, en el mejor de los casos, va
a tener cinco documentos hasta la aprobación:
una declaración jurada, un aval de la CCS, un
mapa de certificación catastral, el acuerdo de
la Comisión Agraria y la resolución que aprueba
el trámite. Por lo tanto, si cada uno cumple
con el plazo decretado, ningún expediente
debe pasar de 20 a 30 días, por complicado
que pueda ser».
El funcionario especificó que hay casos que
requieren de un poco más de tiempo, como los
que están propensos a denegarse, pues requieren
de argumentos para informarle al solicitante
el porqué no se accedió a su petición.
«Es bueno que se sepa que cuando se niega
una solicitud el interesado tiene derecho a
reclamarle al delegado provincial, quien analiza
el caso en la Comisión Agraria de esa instancia.
Mientras llega el dictamen, esa tierra no se
le puede entregar a nadie más».
Si alguien solicita una tierra que no se haya declarado ociosa, los inspectores tienen la obligación
de visitarla y someterla a consideración. Foto: Heriberto González Brito
OTRAS ACLARACIONES
Existen lugares donde hay temores de que
las tierras no alcancen para todos los interesados,
y algunos se preguntan si pueden solicitarlas
en otros municipios colindantes, pertenecientes
en ocasiones a otras provincias.
En la capital, según Yanet Machado, funcionaria
de la Agricultura, la misión de rescatar todas
las áreas ociosas se hizo adelantadamente,
al amparo de la resolución 960; por eso
ahora solo existen 1 407 hectáreas deficientemente
explotadas.
En la provincia de La Habana, el fondo de
tierras ociosas asciende a 45 905 hectáreas y
según las autoridades de la Agricultura en el
territorio todas tienen bien definido su fin de
acuerdo con la calidad de los suelos.
Fidel Lorente, director del Centro de Control
de la Tierra en La Habana, aseguró que de estos
suelos baldíos existen 11 942 hectáreas
con posibilidades de riego, por estar cerca de
canales y poseer pozos.
El Director del Centro Nacional de Control de
la Tierra del Ministerio de la Agricultura aclaró
que el Decreto-Ley contempla que todos los
cubanos con capacidad legal pueden solicitar
tierras, pero cada municipio tiene que evaluar casuísticamente,
porque la entrega en otros territorios
puede traer consigo que en un futuro se
haga solicitud de construcción de vivienda.
«No podemos pensar que habrá un compromiso
de garantizar facilidades de construcción a
partir de que se reciba la tierra cuando se vive
en otro municipio. Las cuestiones relacionadas
con la vivienda están por definir todavía.
«Se podrá construir, pero esto estará sujeto
a las licencias, permisos y definiciones de
materiales como está establecido. Lo que sí
está claro es que para eso no habrá nada especial
ni extra».
El solicitante Guillermo Zulueta dice que hay
tierras sin declarar insuficientemente explotadas,
como las de Bijirita, en Rincón, donde existen
condiciones como carretera, agua y otras
inversiones del Estado, y no están disponibles
para quienes quieran trabajarlas.
Richard Pérez y Evelio Almanza, delegados
del MINAGRI en Boyeros y Bauta, respectivamente,
aseguraron que pueden aparecer más
hectáreas que las detectadas, y si alguien solicita
una tierra que no se haya declarado ociosa,
los inspectores tienen la obligación de visitarla
y someterla a consideración.
El licenciado Olivera Gutiérrez precisó que el
fondo de tierras se irá actualizando periódicamente,
en la medida de las posibilidades, demanda
y conveniencias locales.
«Para estas entregas se va a tener en cuenta
la necesidad de autoabastecimiento territorial.
Existen lugares con necesidades más
extremas que otros y les urge incrementar algunas
producciones, sobre todo en áreas del perímetro
urbano que son fáciles de explotar. Dichos
casos se evalúan con el Instituto de Planificación
Física para hacer un levantamiento de
las mismas y entregarlas.
«Estas estarán sujetas a lo que especifica la
ley: que las tierras previstas para el desarrollo de
pueblos y ciudades se podrán entregar, pero limitadas
al tiempo de inicio de las obras sociales».
AHORA LO MÍO ES MÍO
Persuadidas también por la necesidad de
producir alimentos, pero ahora de manera oficial,
las capitalinas Paula García e Idalmis Labrara,
acudieron a las oficinas para actualizar
la legalización, pues ambas disfrutan desde
hace tres años de un pedazo de tierra que se
les permitió explotar.
«Ahora sí lo mío es mío. Tengo ganado bovino
y porcino. Y produzco leche. El plan del año
ya lo cumplí, al entregar 386 litros al municipio
de Boyeros», nos dice Paula, quien aclara que su
hectárea no es muy fértil, pero gracias a que es
médica veterinaria aplica la medicina homeopática
para tratar a sus animales y plantas.
«Tres años atrás vine a la oficina de la Agricultura
de La Lisa y pedí la tierra que ahora tengo,
pero pertenecía a un centro de trabajo. Como
ya se la cedieron a la Agricultura me llamaron
para medirme el terreno y entregármela oficialmente.
Allí tengo aguacate, limón, mandarina,
maíz, plátano y yuca. No quiero más, vine a
legalizar las que tengo», aseguró Idalmis.
Alberto Gutiérrez pidió en el municipio habanero
de Bauta un terreno de una caballería y
media que tiene ubicado desde hace años.
«Esas tierras la trabajamos tres viejos, uno de
84 años, otro de 66 y yo con 74, que los cumplí
el 13 de agosto. Las cultivo hace 40 años;
primero fue con la Universidad, luego con
Comercio, y desde el 2000 la estoy trabajando
de forma particular, pues me las dieron, pero
no tengo papeles».
Algunos casos como estos, que acuden
solo para legalizar sus terrenos y ya tienen
experiencia de lo que rinden los suelos cuando
son explotados con sentido de pertenencia,
consideran que los volúmenes productivos
aumentarán de manera notable.
Gina Pineda, delegada del MINAGRI en Güira
de Melena, reconoce como fortaleza el hecho de
que los que más están solicitando tierras en esa
localidad son familiares de productores independientes,
con experiencia y medios para trabajar.
Precisó que aunque la mayoría de los interesados
son personas naturales, también tres
CCS solicitaron más área.
Sin embargo, no se sabe ciertamente a qué
niveles se elevará la producción cuando comiencen
a explotarse en toda la Isla las tierras improductivas
que arrojó el último levantamiento.
Funcionarios del Ministerio de la Agricultura
consideran que es muy difícil en este primer año
calcular lo que esas tierras pueden aportar.
«Se trata de tierras en su gran mayoría
infestadas de marabú u otras plantas invasoras;
por lo tanto en este primer año van a necesitar
de una actividad intensa en función de ponerlas
a producir», aseguró el licenciado Olivera
Gutiérrez.
La batalla más dura será el control
PEDRO Olivera Gutiérrez, director del Centro
Nacional de Control de la Tierra del Ministerio
de la Agricultura, hizo un aparte con JR para
esclarecer algunas inquietudes expresadas
por aspirantes a usufructuarios.
—¿Qué tierras son intocables?
—Está prohibida la entrega de áreas protegidas,
destinadas para fines de la Defensa y
otras de interés topográfico o de preservación
del medio ambiente. Las arrendadas al Estado
por agricultores pequeños, tampoco pueden
entregarse en usufructo; seguirán siendo
arrendadas, porque son parte de planes estatales
importantes. Igualmente ocurre con las
del patrimonio histórico y cultural, entre otras
que por interés estatal se decida no explotar
de ese modo.
—Se plantea que para solicitar tierra se
necesita demostrar capacidad física y legal.
¿Cómo no ser arbitrarios ante esta condicionante?
—El Decreto Ley 259 exige que se tenga
capacidad real, pero hay determinadas discapacidades
motoras, de visión y audición que no
imposibilitan la incorporación al laboreo de la tierra.
Las comisiones municipales deben analizar
cada caso y no pueden aceptar que alguien esté
solicitando a su nombre un área y otro sea quien
la trabaje.
«Los que decidirán tienen que evaluar sin
aplicar recetas fijas, de manera tal que cuando
se tenga delante un determinado sujeto
se pueda discernir justamente, para que individuos
sin escrúpulos no se amparen en estas
personas con limitaciones para obtener
tierras.
«Hemos previsto que el proceso se desarrolle
con transparencia, pero hay que hacer
un llamado a los interesados en tener tierra
y a funcionarios a todos los niveles, para
velar por la disciplina después que se entreguen.
Para estas entregas se va a tener en cuenta la necesidad
de autoabastecimiento territorial, afirma Pedro
Olivera Gutiérrez, director del Centro de Control de
la Tierra del Ministerio de la Agricultura.
«Se van a contraer compromisos serios relacionados
con la entrega de productos al Estado,
a fin de sustituir importaciones y elevar producciones
para bajar los precios en los mercados.
«La batalla más dura será el control a partir
de que entreguemos esas áreas. Debe fiscalizarse
el cumplimiento de las medidas fitosanitarias,
veterinarias, de conservación del
medio ambiente y de los compromisos contractuales.
«Las CCS a las que estos usufructuarios se
asociarán deben apoyar y controlar todo lo que
se exige. Esta etapa es muy revolucionaria,
pero lo que viene después es todavía más
importante».
—Todavía no existen precisiones sobre la
construcción de viviendas en esos terrenos,
el impuesto ni créditos bancarios. ¿Cuándo
se definirán estos asuntos?
—Los bancos han asegurado que se
ofrecerán créditos mediante los mecanismos
establecidos, siempre a través de las
CCS. Estos créditos serán para la inversión
y el fomento agropecuario.
«Sobre el crédito se está trabajando; se
sigue la idea de que este no sea para recaudar,
sino que tenga carácter ordenador. La
ANAP, el Ministerio de Finanzas y Precios, el
MINAZ, el MINAGRI y el Instituto de Cartografía
Hidrografía y Geodesia ultiman precisiones
para fijar su valor.
«El Instituto Nacional de la Vivienda, con
los ministerios del Azúcar y la Agricultura, define
el tratamiento que se les dará a los usufructuarios.
«Ninguna de estas imprecisiones debe
convertirse en intranquilidad para los solicitantes.
Tampoco deberían limitar el interés
de explotar las tierras, porque serán correctamente
aplicables una vez definidas, en un
tiempo que no admite mucha dilación y que
tiene que sintonizar con los plazos acordados
para empezar a responder a las solicitudes».
—¿Habrá tratamiento especial para quienes
asuman la atención de las áreas más
afectadas por el marabú y la degradación?
—No debe existir. Las personas se van a
vincular a las CCS y allí recibirán apoyo de sus
miembros. Tendrán, mediante la propia cooperativa,
servicio de comercialización, contratación
de fuerza de trabajo y asistencia en la
preparación de suelos. Además, los créditos
deberán apoyar a los más necesitados.