Full Journal - Pasos
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Erica Schenkel 175<br />
Luego, surgen otros pronunciamientos en<br />
la misma dirección. El Pacto Internacional de<br />
Derechos Económicos, Sociales y Culturales<br />
establece la responsabilidad de los Estados en<br />
el reconocimiento a “condiciones de trabajo equitativas<br />
y satisfactorias”, entre las que señala<br />
el “descanso”, el “disfrute del tiempo libre”, la<br />
limitación de las horas de trabajo, las “vacaciones<br />
periódicas pagadas” y la remuneración de<br />
los días festivos (1966: Art. 7). En una misma<br />
línea argumental, la Carta de Viena proclama<br />
el “derecho al turismo”, sostiene que es parte de<br />
la vida contemporánea de las sociedades, por lo<br />
que su práctica debe considerarse un “derecho<br />
inalienable del individuo”, establece que ningún<br />
gobierno puede concebir una política social integral,<br />
si no incluye una política social del turismo<br />
que apunte a la ampliación de la actividad a<br />
todos los sectores (1972, II: 1‐-7, III: 8).<br />
En 1980, la Declaración de Manila señala<br />
que el turismo surge en el marco de una “política<br />
social”, que coadyuvó a que la actividad<br />
adquiera una dimensión cultural y moral que es<br />
necesario proteger, debiendo los poderes públicos<br />
y los operadores técnicos participar en su<br />
desarrollo (1980: Inciso 14). Dos años después,<br />
el Documento de Acapulco profundiza la Declaración.<br />
Establece como prioridad el derecho al<br />
“descanso”, al “tiempo libre”, a las “vacaciones<br />
pagadas” y a la creación de condiciones sociales<br />
y legislativas que faciliten el acceso al “ocio” a<br />
todas las capas sociales, afirma que: “el derecho<br />
al descanso, consecuencia natural del derecho al<br />
trabajo, debe afirmarse como un derecho fundamental<br />
para la felicidad del ser humano […] La<br />
responsabilidad de los Estados no puede limitarse<br />
al simple reconocimiento de ese derecho,<br />
sino que implica la creación de las condiciones<br />
prácticas y apropiadas para el acceso efectivo a<br />
las vacaciones de los que tienen derecho a ellas”<br />
(1982, Inciso 9).<br />
Posteriormente, la Carta del Turismo y<br />
Código del Turista establece que el acceso al<br />
derecho al ocio es un “factor de equilibrio social”<br />
por lo que los Estados tienen que coadyuvar a su<br />
pleno desarrollo (1985, Art. 1). Del mismo modo,<br />
la Declaración de Montreal manifiesta que el<br />
turismo social es un instrumento de “reivindicación<br />
social”, que conduce a la lucha contra las<br />
desigualdades y la exclusión (1996, Art. 3).<br />
El último pronunciamiento en este sentido,<br />
corresponde al Código Ético Mundial para el<br />
Turismo (1999), que proclama el derecho al<br />
“turismo” para todos. En este sentido, afirma:<br />
“…la posibilidad de acceso directo y personal<br />
al descubrimiento de las riquezas de nuestro<br />
mundo constituirá un derecho abierto por igual<br />
a todos los habitantes de nuestro planeta” (Art.<br />
7, inciso 1).<br />
En cuanto a la posición latinoamericana en<br />
estos pronunciamientos, es importante destacar<br />
que ocupa un lugar de vanguardia. Además de<br />
impulsar el primer acuerdo internacional que<br />
refiere al derecho a las vacaciones pagadas, la<br />
Declaración Americana de los Derechos y Deberes<br />
del Hombre fue pionera en las ratificaciones<br />
del Convenio 52. México y Brasil se convirtieron<br />
en los primeros, a nivel mundial, en ratificar<br />
el Convenio del derecho a las vacaciones pagadas<br />
en 1938, acuerdo al que adhiere siete años<br />
después la Argentina, siendo el séptimo país<br />
del mundo en convalidarlo (OIT, Ratificaciones<br />
Convenio 52).<br />
Estos diferentes pronunciamientos, internacionales<br />
y regionales, originan una ampliación<br />
social del turismo, al general las condiciones<br />
materiales y legales que institucionalizan a<br />
la actividad como un derecho universal. Sin<br />
embargo, la realidad deja de manifiesto que aun<br />
existen aquellos que tienen vedado su acceso.<br />
Este carácter excluyente de la actividad se<br />
explica, principalmente, por causas económicas.<br />
La modalidad turística que da respuesta a esta<br />
problemática es el turismo social, que reivindica<br />
los principios humanistas y solidarios de la actividad<br />
y fundamenta su existencia en garantizar<br />
el acceso al derecho al ocio sin ningún tipo de<br />
barreras.<br />
3. El turismo social como política de inclusión<br />
El turismo social es un término complejo,<br />
que puede ser conceptualizado tanto de manera<br />
amplia como específica. Mientras que la primera<br />
alude a diferentes aspectos vinculados con la<br />
solidaridad a partir del desarrollo turístico, la<br />
segunda se centraliza sólo en una de sus áreas,<br />
en aquella relacionada a la subvención de las<br />
vacaciones.<br />
Desde una concepción amplia, Minnaert et al.<br />
(2009: 316) define al turismo social como un “…<br />
turismo con un agregado valor moral, que tiene<br />
el objetivo de beneficiar al anfitrión o al visitante<br />
en la experiencia turística”2. Sostiene que<br />
dentro la modalidad deben incluirse tanto las<br />
iniciativas destinadas a hacer accesible las vacaciones<br />
a sectores vulnerables, como a aquellas<br />
otras propuestas de base comunitaria en áreas<br />
subdesarrolladas.<br />
Entre las específicas, el BITS (Bureau International<br />
du Tourisme Social), señala que el<br />
turismo social se refiere al “…conjunto de relaciones<br />
y fenómenos que resultan de la partici-<br />
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 11(1). 2013 ISSN 1695-7121