Anexos Anexo No.1 El derecho del público a saber Principios en ...

Art. 2 establece que toda persona tiene derecho a "solicitar sin expresión de causa la
información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el
costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad
personal y las que expresamente se excluyan por ley o razones de seguridad nacional. El
secreto bancario y la fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso
con arreglo a la ley y siempre que se refieran al acaso investigado".
Estos antecedentes permiten constatar la importante recepción del derecho de acceso a la
información pública por parte de la legislación de algunos países.
3) FUNDAMENTACION
El presente proyecto de Ley se funda jurídicamente en las siguientes normas del sistema
jurídico nacional y de las normas de Derechos Humanos suscritas por el Estado boliviano
y ratificadas por el H. Congreso Nacional:
a) Articulo 1º de la Constitución Política del Estado.
• El Artículo 1º de la C.P.E. establece que Bolivia es una República
democrática y representativa.
• El carácter republicano de una comunidad política implica el apego y
cumplimiento de los principios de la transparencia, publicidad y
responsabilidad de los actos de gobierno.
• Las normas legales que garantizan el acceso a la información oportuna y
completa acerca de todo lo que pertenece y está relacionado a la gestión
pública, constituyen los mecanismos que hacen operables esos principios y
permiten disponer a los ciudadanos de las herramientas que les posibilitan
convivir políticamente bajo el imperio de dichos principios.
b) El Art. 7º inciso h) de la C.P.E.
Este Artículo establece el derecho de petición, es decir, la facultad que asiste a
todo ciudadano para presentarse ante la autoridad competente y exigir un
pronunciamiento. El inciso establece la petición individual o colectiva.
En consecuencia, el ciudadano que ejerce su derecho de petición se transforma en
peticionante, es decir, en una persona que pide, solicita o insta oficialmente algo.
El reconocimiento constitucional de ese derecho faculta a cualquier ciudadano a dirigir
peticiones a los organismos del Estado, a las Cámaras Legislativas, al Poder Judicial y al
Poder Ejecutivo.
En materia de petición de información, actualmente los únicos que ejercen este derecho
son los parlamentarios, los miembros de los Consejos Municipales y otros funcionarios
públicos, mediante el instrumento de la petición de informe escrito u oral.