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Es justo y congruente con la norma constitucional extender esa facultad a todos los ciudadanos para que los mismos ejerzan el derecho de acceso a la información pública de manera directa. c) El Artículo 35º de la Constitución Política del Estado. El derecho de acceso a la información pública no está establecido de manera explícita en nuestra Carta Fundamental. Este derecho no figura en la lista de derechos constitucionales de manera expresa, clara e inobjetable, razón por la cual es urgente su incorporación mediante la reforma constitucional. Empero, el sistema constitucional boliviano al igual que otros sistemas constitucionales como los de Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, etc. contienen la llamada "cláusula abierta de derechos" o cláusula de derechos implícitos. En el caso boliviano esa cláusula está expresada por el Artículo 35º de la C.P.E. que dice: “Las declaraciones, derechos y garantías que proclama esta constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno” Este artículo de la C.P.E. permite el reconocimiento de derechos que no están expresamente consagrados en la Constitución. Los soportes o cimientos que dan lugar al reconocimiento de derechos son: • El carácter fundamental de los derechos, el que sobrepasa a la consagración expresa de derechos en la Constitución Política del Estado. Al respecto, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano, es decir, un derecho fundamental de la persona consagrado por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos realizado en San José de Costa Rica en 1969. La doctrina sobre derechos humanos clasifica al derecho de acceso a la información como un derecho humano de tercera generación. • La existencia de un consenso político y voluntad colectiva en torno a la naturaleza del derecho en cuestión. La necesidad de proporcionar a los ciudadanos una herramienta (el ejercicio de un derecho) que les permita ejercer un control directo y permanente de los actos de gobierno es impostergable e imprescindible para el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones fundamentales de la democracia y de los titulares del poder político. d) La Ley Nº1430 de 11 de febrero de 1993 sancionada por el H. Congreso Nacional que ratifica la suscripción por parte del Estado boliviano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta referencia normativa de derechos humanos permite establecer una conexión esencial entre el orden jurídico nacional y el derecho de acceso a la información pública.
Tales son los fundamentos jurídicos que sustentan al proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. Susana Peñaranda de del Granado DIPUTADA NACIONAL EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL DECRETA: Articulo 1º. (Naturaleza jurídica) El derecho de acceso a la información pública es un derecho que faculta a las personas físicas y jurídicas, a solicitar, exigir y recibir información adecuada, oportuna y completa referida a todo lo que pertenece y está relacionado con la esfera pública. Este derecho podrá ser ejercido en forma directa, sin condicionamiento alguno y ante cualquiera de las instancias jurisdiccionales de los poderes u órganos públicos establecidos por la Constitución Política del Estado. Artículo 2. (Objeto) La presente Ley tiene por objeto: a) Regular el derecho que tiene toda persona física o jurídica de acceder a la información pública de conformidad con los principios de transparencia, publicidad y responsabilidad de los actos de las instituciones públicas; los derechos humanos y el derecho de petición establecido en el Art. 7º de la Constitución Política del Estado. b) Promover el control y la evaluación ciudadana, directa y permanente de las actividades de los funcionarios públicos, la gestión pública, el manejo de cuentas públicas y el mandato conferido por el pueblo. c) Fortalecer el espíritu público de la ciudadanía proporcionándole una herramienta que le permita formarse juicios ajustados a los hechos frente a los actos de gobierno y a las actividades de los funcionarios públicos en general. d) Garantizar el cumplimiento de la obligación que tienen los funcionarios públicos de atender peticiones de información hechos por ciudadanos en forma particular o colectiva, sin perjuicio de la información pública que producen por iniciativa propia. Artículo 3º (Sujetos) Se define como sujetos del derecho de acceso a la información de las instituciones públicas a todas las personas físicas y jurídicas nacionales y radicadas en el país. Los sujetos del derecho de acceso a la información pública no pueden ejercer este derecho en forma indiscriminada, ni en perjuicio de otros derechos ni afectar
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