Anexos Anexo No.1 El derecho del público a saber Principios en ...

Artículo 27: Deber de publicación de las disposiciones de carácter general
adoptadas para regular la ejecución y prestación de los servicios.
Las entidades o personas que cumplen funciones públicas o que administren recursos
del Estado también deberán prever en sus presupuestos las sumas necesarias para
hacer publicaciones en los medios de comunicación colectiva, con amplia difusión
nacional, de los reglamentos y actos de carácter general que hayan sido adoptados en
forma definitiva.
La publicación en los diarios o gacetas oficiales, que es requisito indispensable para el
trámite de aprobación de estas normativas, no se tomará como la publicación en el
sentido de este artículo, por la limitada circulación de estos medios de difusión.
En los casos que la administración correspondiente cuente con un portal de Internet o
con una página en dicho medio de comunicación, deberá prever la existencia de un
lugar específico en ese medio para que los ciudadanos puedan también obtener
información sobre las disposiciones vigentes que regulan los servicios y su prestación
en el ámbito e la competencia de la administración de que se trate. Dicha información
deberá ser actual y explicativa de sus contenidos con un lenguaje entendible al
ciudadano común.
Sin perjuicio de las normas que regulan los requisitos de validez de los actos de
carácter general adoptados por la administración pública, es un requisito de validez
adicional para estos reglamentos y actos de carácter general el que sean difundidos en
las formas establecidas en el presente artículo.
Artículo 28: Prestación de servicios de información al público acerca de la
normativa regulatoria de los servicios.
Las entidades o personas que cumplen funciones públicas o que administren recursos
del Estado deberán prever en sus presupuestos, adicionalmente, las sumas
correspondientes para prestar un servicio de información, tanto en forma personal
directamente en la oficina de que se trate o por medio telefónico, a los ciudadanos,
cuando éstos requieran explicaciones acerca de las normativas que regulen la
prestación de los servicios públicos o las formas de acceso a los mismos.
Se deberá prever, igualmente, y en un plazo prudencial a partir de la vigencia de la
presente ley, que se ofrezca, igualmente, un servicio de entrega de información vía
Internet, directamente en la página que se diseñe al efecto y por vía de correo
electrónico.
Se deberá garantizar la seguridad y certificabilidad de las informaciones que se
entreguen por estos medios electrónicos, así como la protección de la privacidad e
intimidad de los ciudadanos que hacen las consultas.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS
Artículo 29: Impedimento u Obstrucción del acceso a la información.
El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya o impida el
acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de
libertad de uno a tres años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de
cargos públicos por cinco años.
Artículo 30: Acceso no autorizado a información reservada.
(1) Quien sin autorización