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Lunes 25 de agosto de 2014 o
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Todas
Desafío nacional
Aplicar leyes a favor
de las mujeres
especial
México cuenta con un amplio marco normativo nacional y local a favor de los Derechos
Humanos de las mujeres que contienen los más altos estándares internacionales en la
materia, que urge poner en práctica para frenar la discriminación y violencia de que
son objeto muchas de ellas por su sola condición de género
Pablo Navarrete Gutiérrez*
De poco sirven esas normas
si no son puestas al servicio
de las mujeres a casos particulares
por prejuicios de
género o desconocimiento
de su existencia. Entre ellas destacan la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la
Ley General contra la Trata, la NOM 046,
la tipificación del delito de feminicidio
en el nivel federal y en prácticamente
todo el país, -excepto Chihuahua-, y las
recientes reformas en materia de paridad
electoral, dirigidas todas ellas a proteger
de manera específica los derechos y libertades
fundamentales de las mujeres.
Estas normas se ven complementadas
y fortalecidas por dos importantes instrumentos
internacionales en materia
de Derechos Humanos de las mujeres, la
Convención para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las
Mujeres, por sus siglas en inglés CEDAW
y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, mejor conocida
como Convención Belém do Pará, cuyos
derechos contenidos tienen rango constitucional,
según lo dispone la Reforma
Constitucional de Derechos Humanos
de junio de 2011.
No obstante estos importantes logros
legislativos, resultado del incansable trabajo
del movimiento de mujeres en nuestro país,
en estos momentos el principal desafío
nacional es pasar de su aprobación a su
aplicación a casos reales y concretos. Las
leyes de igualdad y contra la violencia
hacia las mujeres, que se han replicado
en todo el país en el ámbito local, son
importantes no sólo porque contienen un
catálogo de derechos de las mujeres, sino
también por las obligaciones que éstas
imponen a las instituciones del Estado
mexicano para hacer efectivo su derecho
a la igualdad, la no discriminación y a
vivir sin violencia.
Si bien la ley por sí misma no resolverá
las profundas desigualdades que
persisten entre mujeres y hombres, si
éstas son invocadas y aplicadas a casos
reales y concretos, pueden contribuir a
transformar los patrones estructurales
de discriminación y violencia que se han
perpetuado muchas de las veces por los
prejuicios de los operadores del sistema de
procuración y administración de justicia
a la hora de invocarlas y aplicarlas con
sesgos de género o de plano ignorarlas y no
aplicarlas. Por ejemplo, la NOM 046, para
la atención de la violencia familiar y sexual,
que establece un catálogo de derechos de
las víctimas de violencia sexual, entre las
que se encuentran la anticoncepción de
emergencia e incluso la posibilidad del
aborto médico, habría que preguntarse
¿cuántas mujeres en el país han visto
obstaculizado este derecho porque no se
aplica esta norma por prejuicios de género,
motivos religiosos o desconocimiento de
la misma? Para las mujeres en situaciones
como esta, de nada le sirven estas normas
si no son aplicadas a sus casos concretos,
por el contrario, estas normas son utilizadas
perversamente como un “dique jurídico”
para limitar o restringir el ejercicio pleno
de sus derechos.
La ley puede tener un doble efecto:
contribuir a la vigencia plena de los derechos
de las mujeres o crear y/o reforzar
la discriminación y exclusión de que son
objeto; ello depende en gran medida
bajo qué criterios se aplican o no esas
normas. Es momento de hacer de las leyes
a favor de las mujeres una palanca de
transformación social y un instrumento
para garantizar los derechos y libertades
fundamentales de las mujeres en situación
de violencia y discriminación. T
* Coordinador de Asuntos Jurídicos del
Instituto Nacional de las Mujeres