NÂº 34, Septiembre 2011 - Centro de Estudios Garrigues

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CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES GLOBAL ALUMNI Nicaragua se prepara para unificar criterios en materia laboral Róger Pérez Grillo Abogado asociado Arias & Muñoz. Antiguo Alumno Máster en Asesoría Jurídico Laboral 2008-2009 Tanto en Nicaragua como en España, la existencia de distintos órganos judiciales dentro del proceso laboral en razón de la fase procesal en que se encuentre el caso y también en razón del territorio provoca que exista una disparidad de criterios e interpretaciones de las normas laborales en sedes judiciales de mismo rango. Si bien es cierto, España tiene el recurso ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina, en Nicaragua no existe tal posibilidad y los distintos tribunales de apelaciones tienen la última palabra en los juicios laborales. Lo anterior ha provocado que exista una disparidad de criterios en los tribunales de apelaciones existentes (sentencias de los Tribunales de Apelaciones Sala Civil y Laboral, Circunscripción Sur número 10, Granada, Nicaragua, y Sala Laboral Circunscripción Managua, Nicaragua, Nº 183). Visto lo anterior, es aplaudible la entrada en vigencia en Nicaragua de la Ley No. 755 “Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial y Creadora del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones” que entró en vigencia el día 24 de marzo del 2011. Con dicha ley se pretende unificar criterios en materia laboral mediante la creación de un tribunal nacional con sede en Managua, en sustitución de los nueve tribunales de apelaciones existentes en el país de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua. El objetivo es reducir o eliminar la disparidad en sentencias basadas en supuestos de hecho similares presentadas frente a los distintos tribunales de apelaciones que existían previo a la reforma. En España, con algunas excepciones como es el caso de la impugnación de procesos colectivos, que son competencia de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, o de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la mayoría de los procesos laborales deben seguir su curso normal, que comienza en el juzgado social de la provincia, apelable ante la sala del tribunal superior de justicia de la comunidad y con último recurso ante el Tribunal Supremo. En Nicaragua, en aquellos lugares donde no hubiese jueces del trabajo –cabe indicar que solo existían juzgados laborales en 2 de las 9 circunscripciones existentes previo a la reforma -, los jueces de distrito civil y locales de lo civil asumían las funciones de los jueces del trabajo. Además, la última instancia en materia laboral en Nicaragua eran los 9 tribunales de apelaciones existentes, en dependencia de la jurisdicción territorial de los juzgados que emitían la sentencia de primera instancia. Esto implicaba que en Nicaragua, en materia laboral, existieran solo dos instancias, pero los tribunales de segunda instancia eran 9 tribunales de apelación independientes. Lo anterior originaba el problema de que existiera una diversidad de criterios en los distintos tribunales de apelaciones del país. Sin embargo, esto no es muy diferente a la realidad existente en España, pues es común encontrar sentencias con resoluciones distintas para considerandos similares tanto en los juzgados de lo social como en el ámbito de la comunidad autónoma, con la salvedad que España cuenta con un tercer y último recurso ante el Tribunal Supremo con opción de unificar doctrina y crear jurisprudencia. Esta posibilidad la tendrá también ahora Nicaragua, pues al eliminar los 9 tribunales de apelaciones que existían y concentrar todos los recursos de apelaciones en un mismo tribunal, es evidente que el fallo de los magistrados ante supuestos de hecho similares deberá permanecer constante y así evitar la diversidad de criterios que ahora existe. Consideramos que esta Ley No. 755, así como otros códigos y leyes que se discuten actualmente en el seno de la Asamblea Nacional y distintas cámaras del país, tales como el Código de Procedimiento Laboral –primero en Nicaragua- y la Ley de Pasantías, vienen a fortalecer las garantías de los trabajadores y mejorar y esclarecer la situación legal de los trabajadores nicaragüenses. Esperamos pues que al lado oeste lado del Atlántico las discrepancias entre nuestros órganos judiciales en materia laboral sean drásticamente reducidas y así poder crear criterios unificados a lo largo y ancho del país, asegurando de esta manera el respeto a los derechos de los trabajadores y empleadores en la relación laboral. 24
EL CENTRO POR DENTRO NOTICIAS DEL CENTRO EL PASADO MES DE JUNIO SE CLAUSURÓ DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN FISCALIDAD INTERNACIONAL El martes 7 de junio se celebró la mesa redonda que clausuraba el Programa de Actualización en Fiscalidad Internacional, organizado por el Centro de Estudios en colaboración con el grupo de fiscalidad internacional del despacho Garrigues. El acto reunió a prestigiosos ponentes de la empresa privada y altos cargos de la administración tributaria, como D.ª Roser Samplón, subdirectora general de Tributación de no Residentes, D. José Antonio López-Santacruz, subdirector general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, D.ª Julia Martínez Rico, subdirectora general de Asuntos Fiscales Internacionales, y D. Ginés Navarro, asesor fiscal e inspector de hacienda en excedencia. También intervinieron en el acto D. Ángel Bizcarrondo, director del Centro de Estudios Garrigues, y D. José Palacios, secretario general de la Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF). La mesa redonda abordó en un animado debate las materias de mayor relevancia y actualidad sobre fiscalidad internacional. De forma especial, se trataron los aspectos prácticos de las novedades normativas y jurisprudenciales en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, los recientes Convenios de Doble Imposición suscritos por España y la política de negociación, la lucha contra los paraísos fiscales desde la perspectiva de la Administración española, la fiscalidad de la inversión española en el extranjero (con especial referencia a la base impositiva consolidada común y a diversos aspectos prácticos del régimen de exención, etc.), y la relación entre el ordenamiento nacional y el ordenamiento comunitario, así como otros aspectos a considerar en la inversión internacional. José Palacios, José Antonio López-Santacruz, Julia Martínez, Ángel Bizcarrondo, Roser Samplón y Ginés Navarro HARVARD LAW SCHOOL Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DESARROLLAN EL PROGRAMA INTERNATIONAL BUSINESS LAW DURANTE EL MES DE JULIO El Centro de Estudios Garrigues y The Institute for Global Law and Policy at Harvard Law Scholl han desarrollado la primera edición del programa International Business Law que tuvo lugar del 4 al 14 de julio en las instalaciones del Centro. Destacacó la participación de asesores jurídicos de importantes compañías a nivel nacional e internacional y de miembros destacables de la administración y de la política internacional. Tanto en la sesión de apertura como en la de conclusión del programa, el director, D. Ángel Calleja, reflexionó sobre la importancia del enfoque internacional en la formación jurídica y expuso las principales claves legales que rigen el desarrollo de la asesoría jurídica internacional. Por parte de la prestigiosa Universidad de Derecho de Harvard, se contó con la colaboración de los profesores David Kennedy, Scott Brewer y Fesse Fried, quienes abordaron la aportación americana al sistema jurídico y político internacional. Del mismo modo, cabe mencionar la colaboración de D. Javier Marzo y D.ª Susana Cabrera quienes acotaron el uso de la regulación internacional, y D.ª Aranzazu Narbona quien, de forma adicional a las temáticas jurídicas, completó el programa con sesiones sobre aspectos macroeconómicos globales. David Kennedy impartiendo una sesión del programa International Business Law 25
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