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Principio pro persona
laciones jurídicas de común aplicación en nuestro sistema jurídico, incluidos el principio del interés
superior del menor o el principio protector en materia laboral. Nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la
relación entre estos mandatos de favorabilidad y el principio pro persona?
Como punto de partida, es importante reflexionar sobre el contenido y alcance de estos otros mandatos
de favorabilidad. Un estudio detallado al respecto excedería, por supuesto, el objetivo de este módulo;
sin embargo, recurriremos a algunos ejemplos concretos con el fin de sentar las bases para responder a la
cuestión planteada respecto de la relación entre el principio pro persona y los mandatos de favorabilidad
reconocidos ampliamente en la doctrina constitucional nacional y comparada.
Cuadro 15. Caso hipotético particular 2
Responsabilidad penal del señor XY y la pena aplicable
El señor XY ha sido encontrado penalmente responsable de la comisión de un delito y ha sido condenado en primera
instancia a una pena privativa de la libertad de 11 años. Antes de que el tribunal de alzada emitiera su fallo respecto
del recurso de apelación promovido por la defensa del señor XY, se publicó un paquete de reformas legislativas
que modifican, entre otros, el rango de la pena privativa de la libertad correspondiente al delito por el que el señor
XY había sido condenado anteriormente. De conformidad con la nueva legislación, la pena máxima para el delito
correspondiente es de cuatro años.
Considere las siguientes preguntas:
1. Ante la nueva legislación penal, ¿qué debería hacer el juez de alzada aun en el supuesto que confirme el fallo
apelado en cuanto a la comisión del delito y la responsabilidad del señor XY?
2. ¿Qué mandato de favorabilidad estaría aplicando el juzgador al reducir la condena impuesta al señor XY a cuatro
años de prisión, al atender la nueva legislación penal aplicable al caso?
Ahora suponga que la legislación penal no ha sido modificada y que el juzgador que conoce del recurso de apelación
promovido por la defensa del señor XY tiene dudas sobre si los medios de prueba aportados en el expediente son
suficientes para afirmar la responsabilidad penal del sujeto. Si bien es cierto que se han presentado testimonios de
algunos de los supuestos coautores del delito, los miembros del tribunal han identificado serias inconsistencias en
ellos. Más aún, algunas de las pruebas periciales aportadas en el juicio parecen no haber sido valoradas adecuadamente
por el juez de primera instancia.
1. Ante el cuestionamiento sobre la intervención del señor XY en los hechos delictivos, ¿qué debería hacer el juez
de alzada, aun cuando la legislación penal no hubiera sido modificada?
2. ¿Qué mandato de favorabilidad estaría aplicando el juzgador en caso de afirmar que los medios de prueba que
obran en el expediente no son consistentes y no pueden ser el fundamento para una sentencia condenatoria?
Con base en estos dos sencillos ejemplos, reflexione sobre los siguientes aspectos:
1. A pesar de que en ambos casos se utilizaron mandatos de favorabilidad, ¿es posible afirmar que el ejercicio normativo
realizado por los juzgadores en ambos casos fue equivalente?
2. En el primer supuesto, sobre la aplicación retroactiva de la norma más favorable, ¿implicó un ejercicio de interpretación
de las normas procesales aplicables al caso?
3. En el segundo supuesto, acerca de la aplicación de una presunción a favor de la persona sentenciada, ¿la decisión
del tribunal de alzada implicó la aplicación de una norma más favorable?
Estos sencillos ejemplos tienen por finalidad hacer patente que no todos los mandatos o principios de
favorabilidad que estén reconocidos expresamente en nuestro texto constitucional o hayan sido desarrollados
por la doctrina constitucional implican el mismo ejercicio normativo. Cuando nos referimos a
algún principio específico de favorabilidad será importante, entonces, determinar su contenido y alcance
para establecer si, con base en él, es posible, por ejemplo, a) aplicar retroactivamente una norma más
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