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Principio pro persona
tución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable –en materia de derechos
humanos–, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona,
de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1º constitucional. Según dicho
criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida
en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección
para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales
no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos
aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 56
Sin minimizar la relevancia de dicho criterio, éste parece ser parte de la dicta de los fallos relevantes,
ya que en realidad, en los casos correspondientes, no se discutió de manera directa la existencia de una
antinomia en las normas constitucionales e internacionales. Este criterio deberá ser puesto en prueba,
nuevamente, en un contexto en que exista una antinomia directa entre normas constitucionales e internacionales,
tal como parece suceder en el caso del arraigo. Más allá de esas consideraciones, lo cierto es que
actualmente éste es el criterio jurisprudencial que ha establecido una sala de la scjn sobre este debate.
En contraste con la noción segmentada que hemos venido analizando, la posición integradora implica la
afirmación de que, a partir de la reforma constitucional, el parámetro de control tiene una conformación
compleja que depende de un ejercicio argumentativo por parte del juzgador. No existe, entonces,
un solo cuerpo normativo que pueda considerarse aisladamente como el parámetro de control, incluso
cuando se presente una antinomia entre las normas que deberán conformarlo. Así, estamos frente a un
parámetro de control de regularidad que tiene una conformación y un contenido propios, distintos del
control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Esto no implica, por supuesto, que
dicha postura desconozca la existencia de estos dos controles; simplemente se afirma que en nuestro
sistema jurídico el estándar que guía la adecuada interpretación y aplicación de las normas y actos está
conformado por los cuatro elementos esenciales, los cuales se relacionan entre sí en virtud de un ejercicio
integrador. Al respecto podemos referir, por ejemplo, el fallo adoptado por el Pleno de la scjn en la
acción de inconstitucionalidad 155/2007, que establece que
al resolver el asunto Varios 912/2010, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia determinó que [el artículo
1º constitucional] debe leerse e interpretarse de manera conjunta con lo que dispone el artículo 133 de
nuestra Constitución federal y, a partir de ello, estableció la existencia de un parámetro de control de la
regularidad de las normas que integran el sistema jurídico mexicano […]
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Las cinco decisiones con base en las cuales se estableció esta jurisprudencia son las siguientes: a) Facultad de atracción 135/2011,
solicitante: ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, mayoría de cuatro votos, disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro
ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, secretario: Javier Mijangos y González, 19 de octubre de 2011; b) Amparo directo 28/2010,
quejoso: Demos, Desarrollo de Medios, S. A. de C. V., mayoría de cuatro votos, disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, ministro
ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, secretario: Javier Mijangos y González, 23 de noviembre de 2011; c) Amparo directo en
revisión 2357/2010, quejoso: *****, mayoría de cuatro votos, disidente: José Ramón Cossío Díaz, ministro ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, secretario: Mario Gerardo Avante Juárez, 7 de diciembre de 2011; d) Amparo directo en revisión 772/2012, quejosa:
*****, cinco votos, ministro ponente: José Ramón Cossío Díaz, secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia, 4 de julio de 2012, y
e) Amparo directo 8/2012, quejosos: Arrendadora Ocean Mexicana, S. A. de C. V., y otros, mayoría de cuatro votos, disidente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, ministro ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, secretario: Javier Mijangos y González, 4 de julio
de 2012.
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