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Principio pro persona
instrumentos de ratificación o accesión y procederá a publicar el tratado internacional respectivo en el
Diario Oficial de la Federación.
En contraste con esta dimensión formal, el artículo 1º constitucional parece remitir, como se ha venido
afirmando, a un debate de corte sustantivo con respecto a la relación entre las normas nacionales
e internacionales. En primer término, es importante recordar que el párrafo primero de esta disposición
constitucional establece expresamente que todas las personas que se encuentren en el territorio
mexicano gozarán de todos los derechos reconocidos por la propia Constitución y por los tratados internacionales
en la materia. Así, hemos de entender que los tratados internacionales de los que México sea
parte también pueden contener normas fundamentales para la existencia social y política de nuestro
Estado, como son aquellas que reconocen algún derecho humano o fundamental de las personas. En
el mismo párrafo del artículo 1º constitucional también se establece que el ejercicio de tales derechos
no podrá suspenderse ni restringirse salvo en los casos y las condiciones establecidas por la propia
Constitución.
Las disposiciones constitucionales que reconocen a los derechos deben leerse, además, a la luz de aquellas
que se refieren a las obligaciones estatales correspondientes, entre ellas, el mandato contenido en el
párrafo segundo del citado artículo en virtud del cual tanto la Constitución como los tratados internacionales
en la materia deben ser el referente para la interpretación y aplicación de todas las normas del
sistema. Ahora bien, cuando a esta premisa le añadimos el componente del principio pro persona, la
cuestión toma una dimensión distinta. Si consideramos que existe un mandato constitucional que obliga
a las autoridades a favorecer en todo momento la protección más amplia para la persona, debemos
de concluir que el parámetro para determinar la correcta interpretación y aplicación de otras normas
también debe ser el más favorable para la persona. De estas bases teóricas se derivan, como se discutirá
a continuación, los más amplios debates que rodean la consolidación de nuestra actual doctrina constitucional.
b) El problema de las antinomias en las normas que conforman el parámetro de control
Cuadro 21. Caso hipotético particular 4
Planteamiento de la problemática
Orden de arraigo contra el señor Alpha
El 1 de junio de 2011, el agente Delfos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (p g j d f) solicitó
al juez competente una orden de arraigo en contra del señor Alpha, al señalarlo como una persona de particular
interés en la investigación del homicidio de su esposa, perpetrado en marzo de ese año. Al día siguiente se llevó a
cabo la audiencia de arraigo, con la ausencia del representante legal del señor Alpha. Después de analizar el expediente,
el juez determinó otorgar la orden de arraigo por un plazo de 30 días. En su decisión, el juez se refirió de
forma expresa al artículo 16 constitucional y al artículo 270 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal (c p p d f). No se hizo ninguna consideración adicional sobre los hechos que motivaron la orden de arraigo. En
cumplimiento de ésta, el señor Alpha fue trasladado al Centro de Arraigo de la p g j d f, a pesar de la solicitud expresa
de su abogado para que la medida fuera cumplimentada en el domicilio del señor Alpha.
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