archivos_Principio pro persona

Principio pro persona
Diagnóstico preliminar
Con base en la información presentada hasta el momento, responda las siguientes preguntas:
1. ¿De qué forma podría operar el principio pro persona en este caso?
2. En vista de que la Constitución sólo prevé la obtención de un título profesional como requisito para el ejercicio de
las profesiones y los tratados internacionales no establecen nada al respecto, ¿los requisitos adicionales establecidos
por la ley son una restricción inaceptable al ejercicio del derecho a la libertad de trabajo?
3. De acuerdo con lo discutido en las secciones anteriores, ¿qué debería hacer un juzgador para resolver este caso?
4. ¿Podría realizar la interpretación conforme de la norma secundaria o debería, por el contrario, determinar su
invalidez, considerando su incompatibilidad con el parámetro de control de regularidad aplicable en el caso?
5. ¿Cuál sería el parámetro de control de regularidad en este caso?
Análisis crítico del caso
En el estudio de los conceptos de violación alegados por la doctora Romo, el juez competente analizó los documentos
correspondientes a la reforma legislativa de la Ley General de Salud en virtud de la cual se introdujeron los
requisitos adicionales para el ejercicio de la profesión de médico cirujano con especialidad en cirugías estéticas. De
conformidad con la exposición de motivos correspondiente, en los últimos años se había dado un incremento exponencial
en el número de establecimientos que ofrecen al público la realización de procedimientos médicos estéticos.
Desgraciadamente, no en todos los casos se cuenta con el personal capacitado y con las instalaciones médicas
necesarias para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Ante dicho escenario –continúa detallando la exposición
de motivos–, resulta indispensable establecer mecanismos específicos para garantizar que los establecimientos
dedicados a la realización de procedimientos médicos y cirugías estéticas cuenten con los estándares de calidad
mínimos, en apego a la obligación estatal de proteger y garantizar el derecho a la salud de todas las personas, tal
como ha sido consagrado por el artículo 4º constitucional y por diversos tratados internacionales en la materia.
De manera más concreta, el legislador determinó que el ejercicio de cualquier especialidad médica requiere que el
profesionista cuente con “i) cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas competentes;
ii) certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos
y técnicas correspondientes en la materia, de acuerdo a la lex artis ad hoc de cada especialidad, expedido por el
Consejo de la especialidad según corresponda, de conformidad con el artículo 81 de la presente ley”, adicionalmente
al título profesional expedido por una autoridad educativa.
Al mismo tiempo, esta ley incluye una disposición adicional para el caso de los establecimientos en donde se realicen
los procedimientos de cirugías estéticas. Así, de conformidad con el artículo 272 bis 1, dichas instalaciones deberán
contar con una licencia sanitaria vigente, emitida por la autoridad competente.
Segundo análisis
Con base en la información proporcionada, replantee sus respuestas a algunas de las preguntas anteriores:
1. En este caso en particular, ¿cuál sería el parámetro de control: las normas constitucionales e internacionales que
reconocen el derecho a la libertad del ejercicio profesional o, por el contrario aquellas que consagran en derecho
a la salud?
2. ¿Con respecto a qué derecho se debería interpretar la norma secundaria?
A manera de complemento de estas preguntas, responda las siguientes:
1. Si bien el caso no presenta una controversia entre dos particulares determinados, ¿considera que la obligación de
proteger y garantizar el derecho a la salud es una justificación suficiente en cuanto a las restricciones impuestas
al libre ejercicio de la profesión de médico cirujano, con especialidad en cirugías estéticas?
2. ¿Estima que los requisitos establecidos en la ley, que constituyen una limitación al derecho al ejercicio profesional
de la doctora Romo, son un medio idóneo o adecuado para tutelar el derecho a la salud de sus pacientes? Sobre
esto, es importante apuntar que, de acuerdo con los hechos del caso, la doctora Romo no cuenta con ningún tipo
de acreditación que la reconozca como especialista en la práctica de procedimientos médicos estéticos, pero hasta
antes de la reforma legislativa los había venido realizando.
3. En una situación hipotética, imagine que en lugar de las condiciones detalladas, la ley requiriera a las y los
profesionistas médicos especialistas que presentaran ante la Secretaría de Salud un informe semanal acerca de
los pacientes a quienes han tratado en el ejercicio de su profesión, o que contaran con la presencia de una o un
funcionario de dicha dependencia para atestiguar cada uno de los procedimientos que realicen. ¿Estos requisitos
sería medios adecuados para proteger y garantizar el derecho a la salud de las y los pacientes potenciales?
70