LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA: CÓDIGO TRIBUTARIO ... - AELE

Vol. XVII N° 194 Marzo 2004
23°
LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA:
Art. 32-A° Reglas para determinar los Precios de Transferencia. Entre otros temas:
- Métodos: Precio comparable no controlado; Precio de Reventa; Costo incrementado; Partición de
utilidades; Residual de Partición de Utilidades; Margen Neto Transaccional.
- Nuevas obligaciones formales: Declaración jurada anual especial; Conservación de la información
traducidaalcastellano;EstudioTécnicoquerespaldecálculodePreciosdeTransferencia.
- Ajuste bilateral.
CÓDIGO TRIBUTARIO:
ARTÍCULO
62° numeral 18
85° y 87° numeral 12
92° inciso g)
125°
141°
142° y 144 °
Infracciones y Sanciones
INDICACIÓNESPECÍFICARESPECTOAPRECIOSDETRANSFERENCIA
Acreditación especial de la Representación para acceder a información de
empresas comparables
Facultad de SUNAT para exigir que el deudor tributario designe representantes
para evaluación sobre Precios de Transferencia
Obligación de la Administración de guardar reserva sobre la información
de terceros independientes utilizada como comparables.
Derecho a designar 2 representantes durante la fiscalización para acceder
a la información de terceros independientes utilizada como comparables.
Procedimiento contencioso-tributario: Plazo para ofrecer y actuar pruebas
respecto a precios de transferencia
Reclamación:Vigenciadecartafianzaparalapresentacióndemedios
probatorios extemporáneos
Plazode9mesespararesolverlareclamación,transcurridoelcualse
genera la resolución denegatoria ficta
146° Plazo de 30 días para presentar recurso de apelación
150° Plazo de 9 meses para resolver el recurso de apelación
179-A°
ARTÍCULO
INFRACCIÓN
Régimenespecialdeincentivosparalainfraccióndescritaenelart.178°
num. 1 respecto a omisiones en Precios de Transferencia que incidan en IR
175° numeral 7 Nocontarconladocumentacióneinformación
que respalde el cálculo de precios de transferencia,
traducidaalidiomacastellano,yqueseaexigida
porlasleyes,reglamentosoporResoluciónde
Superintendencia de la SUNAT
175° numeral 8 NocontarconelEstudioTécnicodepreciosde
transferenciaexigidoporlasleyes,reglamentos
o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT
175° numeral 9 No conservar la documentación e información que
respaldeelcálculodePreciosdeTransferencia
177° numeral 25 NopresentarelestudiotécnicodePreciosde
Transferencia
178° numeral 1 Noincluirenlasdeclaracionesingresos,rentas,
actos gravados...
SANCIÓN
2 UIT (S/.6,400)
30 UIT (S/.96,000)
30 UIT (S/.96,000)
15 UIT (S/.48,000)
50%deltributoomitidoo
del crédito o saldo indebido
Elaboración:AnálisisTributario

COYUNTURA
Análisis Tributario
Director Fundador
Luis Aparicio Valdez
Editores
Luis Durán Rojo
Shirley Andrade Culqui
Colaboradores Especiales
César Rodríguez Dueñas
Mónica Benites Mendoza
Rubén Del Rosario Goytizolo
Equipo de Investigación
Roberto Acevedo Mercado
Carlos Cevallos Correa
Marco Mejía Acosta
Composición de Textos y
Cuadros Estadísticos
Jeannette Flores Villanueva
Katia Ponce de Munive
Diseño y Montaje
Manuel Saravia Nuñez
Corrección de Textos
Teresa Flores Caucha
ANÁLISIS TRIBUTARIO
es una publicación mensual editada por
Asesoramiento y Análisis Laborales S.A.C.
Administración
María Helena Aparicio
Ventas
Samuel Reppó Córdova
Capacitación
Haydeé Blanco Obregón
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Registro Nº 98-2766
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REPRODUCCIÓN
EN CUALQUIER FORMA
SIN PERMISO ESCRITO
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LA REPRODUCCIÓN AUTORIZADA DEBERÁ
CONTENER CLARA Y EXPRESAMENTE LA CITA
SIGUIENTE: "TOMADO DE LA REVISTA ANÁLISIS
TRIBUTARIO Nº _, PÁGS. _ - _".
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COYUNTURA
• El Deber de Contribuir
APUNTES TRIBUTARIOS
• Incumplimiento en la entrega de certificados de Retenciones: Sanción aplicable
• RUS-Microempresas: Necesidad de ampliación excepcional del plazo de acogimiento
• Comprobantes de Pago: Próximamente nuevo reglamento
• SUNAT-Recaudación por tributos internos: Febrero 2004
• Gasto público: Destino del FEDADOI
• CIAT: "La Función de Fiscalización de la Administración Tributaria"
• SAT-Municipalidad de Lima: ¿Problemas de operatividad?
INFORME TRIBUTARIO
• Procedimiento Contencioso Tributario: Modificaciones al Código Tributario realizadas por el Decreto
Legislativo Nº 953.
• La Tributarización del Derecho Laboral: Puntos Interdisciplinarios entre los Derechos Laboral y
Tributario.
Jorge Toyama Miyagusuku
• Los intereses en suspenso para las Empresas del Sistema Financiero: Determinación de la Renta
Imponible.
Federico Canturini Pasquinelli/Mónica Benites Mendoza
• Los Precios de Transferencia en España determinación del valor de mercado.
María Begoña Villaverde Gómez
CASUÍSTICA
• Impuesto a las Transacciones Financieras
JURISPRUDENCIA COMENTADA
• Impuesto a la Renta: Renta Ficta de Primera Categoría e Incremento Patrimonial No Justificado
CONSULTA INSTITUCIONAL
• Impuesto a las Transacciones Financieras
SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
• Impuesto a la Renta
INDICADORES
• Impuesto a la Renta 2004 - Personas Naturales - Factores para el Ajuste Integral de los Estados
Financieros - Valor de la UIT aplicable de 1994 a 2004 - Índice de Precios-INEI.
• Calendario Tributario y de otros conceptos.
• Cronograma de vencimiento de pagos a cuenta semanales del ISC - Calendario para Buenos
Contribuyentes - Cronograma para la presentación de información de Entidades Estatales sobre la
adquisición de bienes y/o servicios - Tasas Activa y Pasiva de Intereses.
• Declaración de la base imponible en ADUANAS - Índice de Reajuste Diario.
• Tasa de Interés Moratorio - Tasa de Interés para Devoluciones de Pagos indebidos o en exceso -
Tasa de Interés Internacional.
• Dólar Norteamericano - Euro - Libra Esterlina - Yen Japonés - Franco Suizo.
LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
• Textos de los Principales Dispositivos Legales: Del 21 de febrero al 12 de marzo de 2004.
• Sumillas de Legislación Tributaria: Del 06 de febrero al 12 de marzo de 2004.
2 / Julio 2003

COYUNTURA
El Deber de Contribuir
El último paquete tributario ha concitado la atención
del país entero y la discusión entre especialistas
y legos en la materia. Los resultados, sin embargo,
no han sido los más satisfactorios, conforme hemos
señalado en esta misma sección el mes pasado.
Mientras preparábamos esta edición, al hacerse
de público conocimiento la existencia de pagos adicionales
que los congresistas han acordado darse a
ellos mismos, a nuestra dirección de correo electrónico
llegaron muchas comunicaciones de lectores que protestaban
por lo injusto de ese acto, luego del paquete
tributario que reclama más ingresos para el Estado.
El tema ha provocado que planteemos algunas
ideas respecto a dos temas centrales en el Derecho
Tributario: ¿hay obligación de contribuir? y ¿esta
debe ser proporcional al destino del gasto estatal?
Sobre lo primero, nos parece una verdad jurídica
–por lo menos en el Derecho occidental moderno–
que existe la obligación de contribuir al
Estado, especialmente para los ciudadanos del
mismo; igual criterio se extiende a los residentes
de ese Estado, y a los ocasionales obtentores de
beneficios del territorio de ese Estado.
Aunque nuestra Constitución no reconozca el
Deber de Contribuir con los alcances de otras –como
la Española–, éste existe implícitamente y es la base
de un Estado y sociedad sanamente estructurados.
Sin embargo, cabe recordar sus dos dimensiones:
(i) la de la facultad de imposición que tiene el Estado;
(ii) la de las garantías y derechos que los ciudadanos
tenemos reconocidos constitucionalmente para
que la creación, aplicación o discusión sobre los
tributos se haga en un marco de Estado de Derecho
y garantista de las libertades ciudadanas.
En el mundo académico, la idea del “Deber de
Contribuir” en sus dos dimensiones ha sido poco o
nada resaltada por los estudiosos de la materia, centrándose
superficialmente en el desarrollo de los derechos
y garantías constitucionales. En la práctica de
la Administración Tributaria, y en la acción del legislador
y reglamentador peruanos, se parte de la noción
siempre implícita de que la base del sistema es
el Deber de Contribuir pero se obvia o rebaja la perspectiva
de las garantías de los contribuyentes; por
otro lado, en la acción de los contribuyentes, la idea
de Deber de Contribuir no existe, viéndose a la tributación
como una carga arbitraria del Estado.
Ese marco, más o menos visible en cualquier
país en vías de desarrollo, debería ser superado
como consecuencia de la actuación de los órganos
jurisdiccionales: entre ellos, el Tribunal Fiscal, el
Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Este último
debería ser el supremo intérprete en la materia,
sin embargo hasta el momento sus sentencias
no establecen con suficiente claridad criterios a
aplicar en el futuro. Posiblemente los casos que
vengan –entre ellos el del Impuesto a las Transacciones
Financieras- sean un buen pretexto para
orientar los criterios relativos a este tema, para relacionar
el Deber de Contribuir con la existencia de
las garantías constitucionales de los contribuyentes.
El problema de fondo sigue siendo sin embargo
la educación ciudadana. Señalarles y hacer entender
a los ciudadanos de a pie que el tema tributario
es importante para el desarrollo del país, que hay
que discutir, controlar y decidir los pasos del fenómeno
tributario, de manera que el Deber de Contribuir
esté siempre a la base del sistema y sea aceptado
como pilar del modelo, pero que a la vez sepamos
que tenemos derechos y que el Estado tiene límites
en el cobro de los tributos, que los mismos se
desarrollan en un sistema de igualdad, de no discriminación
y de justicia tributaria. Eso supondría que
cualquier beneficio sectorial o territorial o cualquier
ventaja producto de la “técnica” o “naturaleza del
negocio” sea aceptado y discutido públicamente, de
manera de aprobar aquellos beneficios que creamos
que sirven para promover el desarrollo del país.
Respecto al segundo tema, el gasto fiscal no está
asociado al ingreso fiscal aunque sean –sociológicamente
hablando– dos partes de un mismo fenómeno
(1) . Nos explicamos, el pago del tributo no responde
jurídicamente hablando al destino del gasto.
El gasto es un fenómeno diferente: la decisión sobre
en qué y cuánto gastar corresponde al gobierno en
sus distintas instancias. En último término, el Deber
de Contribuir no responde al derecho ciudadano de
un Estado que gaste lo contribuido de manera idónea,
es un deber consustancial a la existencia del
Estado y la sociedad moderna, como ya dijimos.
Ello sin embargo no niega que los contribuyentes,
cuando ocurren injusticias como las señaladas
líneas arriba, cuestionemos el hecho de pagar
el tributo. Los alemanes lo han delineado bien:
el ciudadano debe ver reflejado su pago en las
obras que el Estado realiza para mejorar la vida
en común, de tal modo que debe mantenerse una
asepsia de gasto profunda. Ante la falta de ese
reflejo ocurre el desincentivamiento de la acción
ciudadana de tributar y cualquier trabajo serio que
se haya hecho para intentar que la gente forme
cultura ciudadana acaba en saco roto.
Con lo dicho, hemos de concluir que hay que
retomar con seriedad la discusión intelectual sobre
los alcances de la tributación bajo los parámetros
del Deber de Contribuir y los límites que
significan las garantías constitucionalmente reconocidas
a los contribuyentes. Por esa vía, de seguro,
asistiremos a construir un sistema más justo y
más eficiente. Asimismo, debemos promover la
participación ciudadana en la verificación del
gasto estatal, sólo eso dará garantía a que, en el
futuro, se use con más cuidado los bienes públicos.
Como siempre, en esta Revista estaremos comprometidos
con este proceso.
––––––
(1) Como señalamos en esta misma sección en la Revista Análisis
Tributario Nº 189, correspondiente a octubre 2003.
MARZO 2004 3

APUNTES TRIBUTARIOS
Apuntes Tributarios
• INCUMPLIMIENTO EN LA
ENTREGA DE CERTIFICADOS
DE RETENCIONES:
Sanción aplicable
Como sabemos, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 45° del Reglamento
de la Ley del Impuesto a la Renta,
los agentes de retención de rentas
de Cuarta y Quinta Categorías deben
entregar al perceptor de dichas rentas
antes del 1° de marzo de cada año un
Certificado en el que se deje constancia
del monto abonado y el impuesto retenido
correspondiente al año anterior.
Pues bien, a partir de este año y
como consecuencia de las modificaciones
introducidas al Código Tributario
por el Dec. Leg. Nº 953, se ha establecido
una nueva infracción que sancionará
el incumplimiento de dicha obligación,
en el numeral 26 del artículo
177° consistente en “No entregar los
Certificados o Constancias de retención
o percepción de tributos así como el certificado
de rentas y retenciones , según
corresponda, de acuerdo a lo dispuesto
en las normas tributarias”, la misma
que está sancionada con 20 por ciento
de la UIT, es decir, S/. 640. Dicha sanción
se aplica al momento sin rebaja
pues aún no se ha establecido la gradualidad
correspondiente.
Cabe, a propósito de esto, también
mencionar la necesidad de la pronta
emisión de los Regímenes de Gradualidad
correspondientes a las nuevas infracciones.
• RUS- Microempresas:
Necesidad de ampliación excepcional
del plazo de acogimiento
Como consecuencia de la modificación
del marco jurídico del Régimen
Único Simplificado–RUS a partir de la
vigencia del Decreto Legislativo Nº 937
publicado el 14 de noviembre último, a
partir de este ejercicio los contribuyentes
del RUS (acogidos al RUS antes del
1 de enero de 2004) que a la fecha del
vencimiento de la declaración y pago
correspondiente al mes de enero no realizaron
su acogimiento al nuevo RUS automáticamente
pasaron a formar parte
del Régimen General del Impuesto a la
Renta.
En ese sentido para seguir operando
deberán comenzar a cumplir las obligaciones
establecidas para el Régimen
General, tanto sustanciales como formales.
Así entre otras obligaciones deberán
pagar el 30 por ciento del Impuesto
a la Renta, pagar el IGV, llevar
libros o registros de contabilidad, presentar
todas las declaraciones juradas
en PDT y cumplir otras formalidades.
Para asumir estas nuevas obligaciones
tendrían que contratar un contador
o, de no ser posible, cerrar sus establecimientos
porque les será imposible cumplir
con tantas y tan complejas obligaciones
fiscales.
Como consecuencia razonable de
este complejo escenario, consideramos
que al nivel normativo correspondiente
debe emitirse alguna norma que conceda
a los contribuyentes un plazo excepcional
para acogerse al Nuevo RUS,
de no ser así se ocasionaría perjuicios
muy significativos a los pequeños contribuyentes.
• COMPROBANTES DE PAGO:
Próximamente Nuevo Reglamento
De manera anticipada, entre las nuevas
infracciones establecidas por el Dec.
Leg. Nº 953, norma modificatoria del
Código Tributario, se han aprobado algunas
vinculadas con obligaciones formales
relativas a los comprobantes de
pago que aún no han sido establecidas
en el Reglamento correspondiente.
Así, podemos referirnos por ejemplo
a las infracciones contempladas en:
(i) Los numerales 6 y 7 del artículo 174°
que incluyen en la tipificación de la infracción
referida a la obtención del comprador
o usuario de los comprobantes
de pago en las compras efectuadas, la
mención a los documentos complementarios
a los comprobantes de pago, sin
embargo, en la actual legislación de
comprobantes de pago dichos documentos
complementarios aún no han
sido establecidos; (ii) En el numeral 13
del artículo 174° del Código, se tipifica
como infracción el incumplimiento de la
obligación de que las máquinas automáticas,
deban cumplir con determinadas
características para efectos de transferir
bienes o prestar servicios. Dicha
obligación tampoco existe aún en el Reglamento
de Comprobantes de Pago.
Estas infracciones resultan pues un
anuncio tácito de importantes modificaciones
al Reglamento de Comprobantes
de Pago que deberán establecerse
próximamente.
• SUNAT- RECAUDACIÓN
POR TRIBUTOS INTERNOS:
Febrero 2004
De acuerdo a la Nota Tributaria de
SUNAT, la recaudación por tributos internos
(excluidas las contribuciones sociales)
ascendió en febrero a S/. 1,773
millones, experimentando un crecimiento
de 10.1por ciento en términos reales
respecto de similar mes del año anterior.
Con este resultado, febrero se constituye
en el décimo noveno mes consecutivo
de crecimiento de la recaudación
por tributos internos.
En lo referente a la recaudación de
los principales tributos se han obtenido
crecimientos reales de 17.1 por ciento
en el Impuesto General a las Ventas
(IGV) Interno, de 11.2 por ciento en el
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Interno
y de 0.4 por ciento en el Impuesto
a la Renta. En todos los casos, las cifras
se comparan con los resultados obtenidos
en similar mes del año anterior.
Entre las principales razones que explican
el comportamiento positivo del
IGV interno en Febrero se pueden men-
4
MARZO 2004

APUNTES TRIBUTARIOS
cionar:
a. El efecto del incremento de la alícuota
(tasa) del IGV, que pasó de
16 por ciento a 17 por ciento a
partir del 1 de agosto del año
pasado.
b. El efecto de las medidas de ampliación
de la base tributaria.
c. El incremento de la base imponible
declarada por los principales
contribuyentes del país respecto
al mismo período del año
anterior, debido al incremento
que experimentaron las ventas
gravadas –crecieron 3.6 por
ciento– en comparación con el
crecimiento de sus compras con
derecho a crédito fiscal –crecieron
0.5 por ciento–, según lo informado
para el período tributario
enero 2004.
Respecto a los resultados por sectores
económicos, las ventas gravadas de
los sectores no primarios (comercio, servicios,
construcción y manufactura no
primaria) crecieron 2.3 por ciento, mientras
que las ventas gravadas de los sectores
primarios (agropecuario, pesca,
minería e hidrocarburos y procesadora
de recursos primarios) lo hicieron en
10.2 por ciento. Cabe recordar que son
los sectores no primarios los que tienen
mayor incidencia en el comportamiento
de las ventas gravadas y, por lo tanto,
en la recaudación del IGV Interno.
• GASTO PÚBLICO:
Destino del FEDADOI
Recientemente el Ministerio de Economía
y Finanzas ha promulgado el Decreto
Supremo Nº 005-2004-EF, que incorpora
vía Crédito Suplementario, en
el Presupuesto del Sector Público del
2004, S/. 84.7 millones provenientes
del Fondo Especial de Administración
del Dinero Obtenido Ilícitamente (FEDA-
DOI).
De acuerdo a la norma, el dinero
será destinado, en su integridad a financiar
gasto corriente del Ejecutivo. Sin
embargo, cuando se creó este Fondo a
través del Decreto de Urgencia Nº 122-
2001 publicado el 28 de octubre de
2001, el FEDADOI tenía otros objetivos
originales los cuales eran: (i) construir
un penal de “máxima seguridad”; (ii)
financiar las procuradorías anticorrupción
y la Comisión de la Verdad; y, (iii),
intentar resarcir a víctimas de violaciones
de derechos humanos.
No obstante, este destino comenzó
a desvirtuarse través de sucesivas ampliaciones
de su destino mediante una
serie de Decretos de Urgencia, así podemos
recordar, por ejemplo que, a fines
del año pasado, se dispuso que una
parte de este Fondo se destinaría a: (i)
El proceso de reposición de trabajadores
“injustamente despedidos durante los
noventa”, según Ley Nº 27803; (ii) la
Decimosexta Disposición Final de la Ley
de Presupuesto autoriza al gobierno “a
transferir a favor de universidades públicas
hasta un monto de S/. 50 millones
para ser destinados a la adquisición
de materiales y equipos de investigación
y enseñanza”.
• CIAT:
“La Función de Fiscalización de la
Administración Tributaria”
Entre el 8 y el 11 de marzo último se
desarrolló en Cochabamba- Bolivia, la
38° Asamblea General del CIAT cuyo
tema central fue “La Función de Fiscalización
de la Administración Tributaria”.
A partir de este tema general se identificó
novedosas formas de encarar las
exigencias que el nuevo entorno de la
globalización y digitalización imponen
a las administraciones tributarias en el
desarrollo de su función de control del
cumplimiento.
Así, entre otros temas específicos se
analizó: (1) Los procesos para el diseño
de los programas de fiscalización;
(2) Las políticas de asignación de recursos
financieros y humanos para el
área de fiscalización; (3) El soporte normativo
necesario para las acciones de
fiscalización; (4) Verificación y auditoría
de grandes contribuyentes; (5) La
especialización sectorial; (6) La especialización
en auditoría computacional; (7)
Los requerimientos de información específicos;
(8) La evaluación y control de
las actividades de fiscalización; (9) La
supervisión y revisión de las actuaciones
de fiscalización; (10) Instrumentos
de apoyo para el acompañamiento de
las fiscalizaciones; (11) La evaluación
integral de resultados de las acciones
de fiscalización.
• SAT–Municipalidad de Lima:
¿Problemas de operatividad?
Cuando el Servicio de Administración
Tributaria de la Municipalidad de
Lima inició sus operaciones hace más
de seis años, felicitamos la dinamicidad
y eficiencia con la que esta entidad renovada
asumía las funciones de la notablemente
ineficiente Dirección de Rentas
de la municipalidad. El énfasis en el
servicio a los contribuyentes y la comunicación
como parte de su estrategia de
recaudación resultaron una propuesta
muy efectiva reflejada en la mejora en
los niveles de recaudación.
Sin embargo, en tiempos más recientes
se vienen presentando situaciones en
esta entidad que nos llaman a preocupación.
Una muestra de ello es el mantenimiento
de las bases de datos, las que al
parecer no proveerían de datos reales
a los ejecutores coactivos quienes en
más de una oportunidad, de la que hemos
tenido conocimiento, habrían ejecutado
bienes de contribuyentes que ya
habían cumplido con pagar sus deudas
total o parcialmente.
Otra muestra puede verse en las deudas
de los transportistas por papeletas
–tema que fue uno de los más reclamados
por dicho gremio durante la huelga
reciente– al momento habría una
deuda aproximada de S/. 74’000,000
que sin duda deben pagar los infractores
pero resulta lógico preguntarse ¿qué
pasó para que se llegará a un monto
tan desmesurado de deuda pendiente
de pago?
Confiamos en que, sin duda, el
SAT tiene la infraestructura y el personal
que puede hacerle superar estos
problemas.
MARZO 2004 5

INFORME TRIBUTARIO
Procedimiento
Contencioso Tributario
Modificaciones al Código Tributario realizadas
por el Decreto Legislativo Nº 953
I. MEDIOS PROBATORIOS: ASPECTOS
GENERALES
1. Precios de Transferencia
Con el fin de adaptar la etapa de ofrecimiento de pruebas
a los procedimientos contenciosos que se presentarán por acotaciones
vinculadas con la aplicación de precios de transferencia,
se ha incluido en el artículo 125° del Código Tributario un
plazo especial de 45 días hábiles para el ofrecimiento y actuación
de dichas pruebas dentro del procedimiento contencioso
tributario. Al respecto, debemos indicar que en este caso no se
ha señalado desde cuando se cuenta dicho plazo, a diferencia
de lo que ocurre con el plazo ordinario de 30 días para ofrecer
los medios probatorios que se cuenta desde que se interpone el
recurso de reclamación y apelación.
2. Definición de documento:
Conforme a la Tercera Disposición Final del Código Tributario,
cuando en el Código Tributario se haga referencia al término
“documento”, se aludirá a todo escrito u objeto que sirve
para acreditar un hecho y en consecuencia al que se le aplica
en lo pertinente lo señalado por el Código Procesal Civil.
II. DESISTIMIENTO
En este punto se ha llenado el vacío que tenía el artículo
130° del Código Tributario, pues se han regulado los efectos
del desistimiento.
En primer lugar se ha señalado que el desistimiento en el
procedimiento de reclamación o de apelación es incondicional e
implica el desistimiento de la pretensión. En relación con este
tema, anteriormente se discutía si el desistimiento regulado por
este artículo debía entenderse referido sólo respecto del proceso
o respecto de la pretensión, asunto que ha quedado aclarado.
Asimismo, otro tema que generaba dudas era el que se
refería a los efectos del desistimiento interpuesto contra una
resolución ficta denegatoria de devolución o el desistimiento de
una apelación interpuesta contra dicha resolución ficta. En este
caso, se ha indicado que dicho desistimiento, tiene como efecto
que la Administración Tributaria se pronuncie sobre la devolución
o la reclamación que el deudor tributario consideró denegada.
III. PUBLICIDAD DE LOS EXPEDIENTES
Se ha dispuesto que, en el caso de procedimientos contenciosos
y no contenciosos, los deudores tributarios o sus representantes
o apoderados tendrán acceso a los expedientes en
los que son parte, con excepción de aquella información de
terceros que se encuentra comprendida en la reserva tributaria.
Asimismo, se ha indicado que tratándose de procedimientos
de verificación o fiscalización, los deudores tributarios o sus
representantes o apoderados tendrán acceso únicamente a los
expedientes en los que son parte y se encuentren culminados,
con excepción de aquella información de terceros que se encuentra
comprendida en la reserva tributaria.
Al respecto, con la regulación anterior incluida en el artículo
131° del Código Tributario se habría recogido lo dispuesto
en el artículo 160° de la Ley del Procedimiento Administrativo
General.
Por último se ha dispuesto que los terceros que no sean
parte del procedimiento podrán acceder únicamente a aquellos
expedientes de procedimientos tributarios que hayan agotado
la vía contencioso administrativa ante el Poder Judicial,
siempre que se cumpla con lo dispuesto por el literal b) del
artículo 85°, es decir que se trate de realizar labores de investigación
o estudio académico y previa autorización de la Administración
Tributaria.
IV. ÓRGANOS COMPETENTES
Se ha perfeccionado la redacción del artículo 132° del
Código Tributario al haberse eliminado la referencia a la Superintendencia
Nacional de Aduanas cómo órgano competente,
puesto que, como sabemos, la SUNAT absorbió a dicho
organismo luego de un procedimiento de fusión.
V. ACTOS RECLAMABLES
Se han incluido como actos reclamables a las resoluciones
que resuelvan las solicitudes de devolución y aquéllas que determinan
la pérdida del fraccionamiento de carácter general o
particular. Con ello se ha dado término a la discusión existente
6
MARZO 2004

INFORME TRIBUTARIO
acerca de si los recursos presentados contra las resoluciones
que declaraban la pérdida de fraccionamientos eran actos reclamables
o se debía recurrir de ellos conforme al procedimiento
regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo
General.
VI. RECURSOS DE RECLAMACIÓN
1. Requisitos de admisibilidad y procedencia
– Reclamación contra Orden de Pago:
En lo que se refiere al pago previo de la deuda tributaria
contenida en una Orden de Pago, se han recogido
los cambios efectuados al artículo 119° del Código Tributario
que simplemente han ordenado dicho artículo y
mantienen la posibilidad de reclamar contra dichos valores
sin mediar el pago previo de la deuda objeto de
reclamo, sólo si se presentan circunstancias que evidencien
que la cobranza podría ser improcedente y que se
presente el recurso de reclamación dentro del plazo de
20 días hábiles de notificada la Orden de Pago.
– Reclamación contra resoluciones que declaran la pérdida
del fraccionamiento:
Se ha dispuesto que vencido el plazo de 20 días hábiles
para reclamar contra estas resoluciones, las mismas
quedarán firmes. Esta disposición se fundamentaría en
el hecho que al no haberse dispuesto la exigibilidad del
pago previo para reclamar contra estas resoluciones, ni
antes, ni con las actuales modificaciones, muchos contribuyentes
consideraban que se abría la posibilidad para
presentar recursos de reclamación incluso fuera del plazo
de 20 días hábiles, dilatando de esta manera la cobranza
de dichas deudas.
– Información del Abogado patrocinante:
Se ha dispuesto en forma expresa que en lugares donde
la defensa fuera cautiva, el recurso deberá presentarse
conteniendo el nombre del abogado que lo autoriza, su
firma y número de registro hábil. En lo que se refiere al
número de registro hábil, se estaría impidiendo que
aquellos abogados que no se encuentren como hábiles
en sus respectivos colegios de abogados (por no haber
pagado sus cuotas por ejemplo) presenten recursos de
reclamación puesto que en dicho caso los mismos serían
declarados inadmisibles. Entendemos que en se
deberá otorgar el plazo correspondiente para subsanar
dicha deficiencia procedimental.
– Plazos para presentar recurso de reclamación:
Se ha mantenido la regla general del plazo de 20 días
hábiles desde que se notificó el valor respectivo. En el
caso de la reclamación contra la resolución ficta denegatoria
de devolución se ha incluido en el numeral 2)
del artículo 137° del Código Tributario lo dispuesto en
el hoy derogado artículo 138° del Código Tributario que
señalaba que podrá interponerse vencido el plazo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 163°.
– Reclamación de resoluciones fuera de plazo: En este caso,
se ha modificado la redacción y regulación del artículo
137°, disponiéndose en el numeral 3 que la actualización
de la carta fianza deberá efectuarse cuando el recurso
se declare infundado o fundado en parte, lo cual
es correcto pues no sería justo que se obligue a renovar
una carta fianza ante una declaración de inadmisibilidad.
Sin embargo, en el caso de la declaración de improcedencia
del recurso tampoco existiría obligación de
renovar la carta fianza conforme a la redacción de la
norma. De otro lado, en el caso de recursos de reclamación
vinculados con valores en los que se han aplicado
precios de transferencia los plazos por los que se deberá
mantener y renovar la carta fianza no serán de seis
meses sino de nueve meses que es el plazo que tiene la
Administración Tributaria para resolver en estos casos
– Reclamación contra resoluciones de diversa naturaleza:
Al respecto, se ha modificado el artículo 139° del Código
Tributario eliminándose la referencia taxativa de las
resoluciones que debían ser objeto de recursos independientes,
con el fin de incluir otro tipo de resoluciones
reclamables como las que declaran la pérdida del fraccionamiento
o las Resoluciones de Intendencia.
– Subsanación de requisitos de admisibilidad:
Se mantiene el plazo de 15 días hábiles para la subsanación
de dichos requisitos. Sin embargo se ha efectuado
una modificación en el artículo 140° del Código Tributario
con el fin de establecer de manera clara el plazo
para subsanar la omisión de requisitos de admisibilidad
en el caso de las resoluciones de multa que sustituyan
a la sanción de internamiento temporal de vehículos.
2. Medios Probatorios extemporáneos
En este caso, se ha modificado y mejorado la regulación
establecida en el artículo 141° pues, se ha recogido lo señalado
en diversa jurisprudencia del Tribunal Fiscal en el sentido
que el monto que se debe cancelar o afianzar para presentar
los medios probatorios extemporáneos, es aquel vinculado con
las pruebas no presentadas y/o exhibidas en el procedimiento
de fiscalización.
Al respecto, no se ha señalado en este artículo, que la presentación
de medios probatorios luego de vencido el plazo indicado
en el artículo 75° del Código Tributario pero antes de
emitida la resolución de determinación será considerado como
extemporáneo, por lo que consideramos que debería proceder
su actuación.
3. Plazo para resolver las reclamaciones
Se ha modificado el artículo 142°, con el fin de incluir el
caso de las reclamaciones contra las resoluciones referidas a la
aplicación de precios de transferencia, en cuyo caso el plazo
de resolución será de nueve (9) meses.
Asimismo, como excepción a la regla general, se ha señalado
que tratándose de reclamaciones que sean declaradas
fundadas o de cuestiones de puro derecho, la Administración
Tributaria podrá resolver las mismas antes del vencimiento del
plazo probatorio. Entendemos que el legislador se ha querido
referir, a que en el caso de que los recursos vayan a ser declarados
fundados, entonces procede su resolución y emisión antes
de vencido el plazo probatorio.
MARZO 2004 7

INFORME TRIBUTARIO
VII. RECURSO DE APELACIÓN
1. Requisitos de Admisibilidad
– Resoluciones vinculadas a precios de transferencia:
Se ha establecido un plazo especial para interponer recurso
de apelación contra estas resoluciones que será
de 30 días hábiles de notificada la respectiva resolución
(el plazo ordinario es de 15 días). En el caso de que se
presente la apelación fuera del plazo de 30 días, la carta
fianza exigida para interponer el recurso deberá tener
un plazo de nueve meses y ser renovada por períodos
similares conforme a lo dispuesto en el artículo 146°
del Código Tributario.
– Otros requisitos incluidos
Asimismo, se han incluido los mismos requisitos exigidos
para el recurso de reclamación referidos a los datos
del abogado patrocinante del caso y la presentación de
Hoja de Información Sumaria.
2. Apelación contra resolución denegatoria ficta
– Recursos de reclamación en el caso de Precios de Transferencia:
En este caso, el plazo que deberá transcurrir para considerar
como denegado el recurso de reclamación será
de nueve (9) meses.
– Otras resoluciones:
En el caso de las resoluciones que establecen sanciones
de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos
y cierre, se podrá considerar denegado el recurso
presentado una vez transcurrido el plazo de 20 días
hábiles de interpuesto el mismo.
3. Medios Probatorios extemporáneos
Se ha precisado que el Tribunal Fiscal deberá aceptar las
pruebas presentadas extemporáneamente cuando el deudor
tributario acredite la cancelación del monto impugnado vinculado
a las pruebas no presentadas y/o exhibidas por el deudor
tributario en primera instancia, el cual deberá encontrarse actualizado
a la fecha de pago.
4. Plazo para resolver apelación
Se ha incluido el plazo especial de nueve (9) meses para el
caso de resoluciones vinculadas a la aplicación de precios de
transferencia.
VIII. AMPLIACIÓN O ACLARACIÓN DE FALLOS
DEL TRIBUNAL FISCAL
Se ha incluido como supuesto de aclaración en el caso de
que existan conceptos dudosos en la resolución emitida por el
Tribunal Fiscal. Antes, sólo existía la posibilidad de solicitar la
corrección en el caso de errores materiales o numéricos o ampliación
en el caso de puntos omitidos.
IX. RESOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO
Se ha ampliado el plazo para que la Administración Tributaria
cumpla con lo resuelto por el Tribunal Fiscal. En tal sentido,
el plazo actual es de 90 días hábiles de notificado el expediente,
debiéndose iniciar el trámite dentro de los primeros 15
días hábiles de dicho plazo.
X. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Luego de haber sido derivada la regulación del proceso
contencioso administrativo, en forma íntegra a lo dispuesto por
la Ley del Proceso Contencioso Administrativo aprobada mediante
Ley Nº 27584, se ha reintroducido nuevamente a nuestro
Código Tributario algunas disposiciones vinculadas con la
presentación de la Demanda. Al respecto, se ha dispuesto lo
siguiente:
1. Aspectos generales
– La resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa:
Dicha resolución podrá impugnarse mediante el Proceso
Contencioso Administrativo, conforme a las normas
contenidas en el Código Tributario y “supletoriamente”
por la Ley Nº 27584.
– Sujetos que pueden presentar la demanda: La demanda
podrá ser presentada por la Administración Tributaria,
“previa autorización” del Ministro de Economía y Finanzas
tratándose de la SUNAT, o por el deudor tributario
ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte
Superior respectiva.
Al respecto debemos señalar que mediante D.S. Nº 035-
2004-EF se han establecido los criterios para que el MEF
pueda otorgar la referida autorización a la SUNAT, y
que son los siguientes:
a) Que exista un error de forma o de fondo en la Resolución
del Tribunal Fiscal el cual no pueda impugnarse por
una vía procesal establecida en las normas vigentes.
b) Que se trate de un tema distinto a la mera interpretación
de normas, de procedimientos o de pruebas sobre
los cuales la SUNAT en la etapa de la reclamación
tuvo una opinión distinta a la del Tribunal Fiscal.
c) Cuando exista dualidad de criterio del Tribunal Fiscal
sobre la materia a demandar aun cuando se refiera
a un contribuyente distinto.
– Plazo para presentar la demanda: La demanda deberá
presentarse dentro del plazo de tres (3) meses computados,
para cada uno de los sujetos antes mencionados a
partir del día siguiente de efectuada la notificación de
la resolución debiendo tener peticiones concretas.
– Ejecución de los actos de la Administración Tributaria:
La presentación de la demanda no interrumpe la ejecución
de los actos o resoluciones de la Administración
Tributaria.
2. Requisitos de Admisibilidad
– Para la admisión de la Demanda Contencioso Administrativa,
será indispensable que ésta sea presentada dentro
del plazo de tres meses señalado anteriormente.
– El órgano jurisdiccional, al admitir a trámite la demanda,
requerirá al Tribunal Fiscal o a la Administración
Tributaria, de ser el caso, para que le remita el expediente
administrativo en un plazo de treinta (30) días
hábiles de notificado.
8
MARZO 2004

INFORME TRIBUTARIO
La Tributarización
del Derecho Laboral
Puntos Interdisciplinarios entre los Derechos Laboral y Tributario
“El efecto jurídico del Derecho Tributario es comparable con lo que
hacía el Rey Midas: todo lo que toca se convierte en Derecho
Tributario y se rige según sus principios” (Schick, W.) (*)
Jorge Toyama Miyagusuku (**)
Desde enero de 1999 quedó establecida de forma incuestionable
la aplicación del Código Tributario para las aportaciones
a la Seguridad Social (Ley Nº 27038) y desde agosto
del mismo año, la SUNAT comenzó a recaudar y fiscalizar las
aportaciones a ESSALUD y ONP. Es, pues, desde 1999, que
comenzó toda una orientación tendente a la tributarización
del Derecho Laboral (1) , esto es, un fenómeno por el cual las
instituciones del Derecho Laboral se han visto afectadas por
una regulación tributaria que no necesariamente sigue la naturaleza
y los parámetros del Derecho del Trabajo.
Mientras que el Derecho Laboral regula las prestaciones
subordinadas de un sujeto a otro a cambio de una retribución,
en un régimen de ajenidad; el Derecho Tributario incide
en los tributos que se generan sobre la relación laboral así
como el tratamiento que debe conferir el empleador a los pagos
realizados a su personal. El análisis de los puntos interdisciplinarios
del Derecho puede denotar, ciertamente, relaciones
de coordinación, complemento o subordinación. En
nuestra opinión, hay ciertas instituciones del Derecho Laboral
que han sido modificadas por las normas laborales y, en algunos
casos, por la interpretación que ha realizado la SU-
NAT, que ha “desestabilizado” ciertas instituciones laborales
o ha desplazado la regulación laboral.
Así, instituciones como la contratación directa laboral (aplicación
de la realidad económica), la intermediación laboral
(detracción del IGV), los beneficios sociales (vacaciones, utilidades
y cualquier pago a los trabajadores), los sistemas formales
(llenado de planillas) y las reglas de fiscalización de
personal, deben ser interpretadas o aplicadas en función a lo
previsto en las normas tributarias o los criterios de la SUNAT
en detrimento de lo expuesto en las normas laborales y, principalmente,
las instituciones del Derecho Laboral.
El objeto del presente artículo consiste en describir los principales
temas que han sido materia de regulación tributaria o
de interpretación de la SUNAT y que, a nuestro juicio, están
afectando algunas instituciones del Derecho Laboral.
I. EL PROCESO DE “QUINTIFICACIÓN”
CONTRACTUAL
1. La “rotura” de la división en la prestación de servicios
De un tratamiento de coherencia interdisciplinaria entre
los Derechos Laboral y Tributario hemos pasado a una situación
de diferenciación entre los Derechos Laboral y Civil con
el Tributario.
Efectivamente, la tradicional división de los contratos de
prestación de servicios por cuenta ajena, basada en los Derechos
Civil (prestación autónoma, contrato de locación de servicios)
y Laboral (prestación subordinada, contrato de trabajo),
tenía un tratamiento similar en el Derecho Tributario respecto
a la clasificación de las rentas afectas al Impuesto a la
Renta. Así, dentro de las rentas de cuarta categoría se incluía
a la retribución (honorarios profesionales) derivada de servicios
autónomos (contrato civil), mientras que como rentas de
quinta categoría se catalogaba a la remuneración, suma que
es la contraprestación de servicios subordinados (contrato laboral).
Sin embargo, hoy se aprecia un proceso de “quintificación”
de las rentas derivadas de la prestación de servicios por
cuenta ajena, esto es, de una calificación de una parte de las
rentas de “cuarta categoría” como de “quinta categoría”. De
este modo, la tradicional división en el tratamiento tributario
de los ingresos de servicios por cuenta ajena ha quedado
––––––
(*) Citado por PEÑA ALONSO, José. “Conexiones entre el Derecho Financiero y el Derecho
Laboral”. EN: AA.VV. (Dirección: Abdón Pedrajas) Puntos Críticos Interdisciplinarios
en las relaciones laborales. Ed. Lex Nova. Valladolid, 2000, pág. 221.
(**) Abogado especialista en Derecho Laboral. Profesor Universitario. Socio de Miranda &
Amado Abogados.
(1) Al respecto, puede verse TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “La SUNAT y la tributarización
de la Seguridad Social”. EN: Revista Análisis Tributario N° 139. Lima, agosto de 1999,
págs. 10 y sgtes.
MARZO 2004 9

INFORME TRIBUTARIO
resquebrajado: mientras que los Derechos Laboral y Civil presentan
una distinción, en el Derecho Tributario parte de la
diferenciación ha desaparecido.
Hace unos años se creó legalmente el sistema bautizado
como “cuarta-quinta”, conforme al cual se trata como ingresos
de quinta categoría al ingreso proveniente de un contrato
de locación de servicios cuya prestación se ejecuta en el lugar
y horario designados por el contratante y este último asume
los gastos que demanda la prestación de servicios. En suma,
se alude a contratos de locación de servicios con rasgos sintomáticos
de laboralidad.
Por otro lado, la reciente modificación tributaria (Dec. Leg.
Nº 945) ha establecido que se deben tratar como rentas de
quinta categoría todo ingreso que perciba un trabajador registrado
en planillas así como aquellos que se derivan de servicios
prestados para la misma empresa bajo modalidades
de cuarta categoría (honorarios, dietas).
Así, se han incorporado como rentas de quinta categoría
a los ingresos derivados de ciertos contratos de locación de
servicios (los llamados “cuarta-quinta”), y aquellas retribuciones
pagadas a profesionales que laboran para una misma
empresa en planillas. Entonces, a partir de esta calificación
tributaria, que rompe los esquemas civiles y también los propiamente
laborales, es importante apreciar los efectos que
estas modificaciones han ocasionado.
2. El contrato de “cuarta-quinta”
El inciso e) del artículo 34° de la Ley del Impuesto a la
Renta (en adelante LIR), cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado
por D. S. Nº 054-99-EF, señala que son rentas de quinta
categoría «los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en
forma independiente con contratos de prestación de servicios
normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado
en el lugar y horario designado por quien lo requiere y
cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo y asuma
los gastos que la prestación de servicios demanda».
El supuesto contemplado en la LIR comprende a las relaciones
jurídicas nacidas al amparo del Código Civil –en concreto,
un contrato de locación de servicios– y cuya prestación
de servicios se realiza en forma independiente. Sin embargo,
se precisa que esta misma relación se presta en un lugar y
horario -estos dos, son considerados como elementos del contrato
típico de trabajo- «designados» por quien requiere los
servicios. Por otra parte, se señala que el usuario del servicio,
para que se configure la percepción de la renta de quinta
categoría, debe «proporcionar» elementos necesarios de trabajo
y asumir los gastos que demanden los servicios prestados.
En estos supuestos, se genera una renta de quinta categoría.
¿Qué implicancias laborales ha supuesto el inciso e) del
artículo 34° de la LIR? ¿Una persona que ingresa en el supuesto
de la norma tributaria, puede ser amparada por el
Derecho Laboral? Ciertamente, verificado el hecho imponible,
se debe tributar por renta de quinta categoría (2) ; sin embargo,
esto no es suficiente para determinar si estamos ante
una relación tutelada por el Derecho Laboral.
En estos casos, estamos frente a las denominadas «zonas
grises», donde resulta difícil establecer la existencia de una
relación laboral. No basta con acreditar dependencia con
relación al lugar y horario de trabajo ni que exista una asunción
de materiales y gastos por parte del usuario del servicio,
es necesario apreciar otros elementos de laboralidad, tales
como el poder sancionador o fiscalizador, el pago de la remuneración,
el trabajo por cuenta ajena, la prestación personalísima
de los servicios, la dirección técnica, la prestación
personal de servicios, la sujeción a las órdenes de la empresa,
etc. (3) .
Así, lo dispuesto en el inciso e) del artículo 34 de la LIR no
«laboraliza» una relación civil. Las únicas consecuencias que
se generan son tributarias. El contrato, pues, seguirá siendo
civil –inclusive, el Reglamento de la LIR señala que estos contratos
no necesariamente son laborales-.
3. Contrato de servicios no personales: ¿modalidad de
cuarta-quinta?
Este contrato se encontraba regulado por el D. S. Nº 065-
85-PCM –Reglamento Único de Adquisiciones para el suministro
de bienes y Prestación de Servicios no Personales–, el
cual fue derogado por la Ley Nº 26850 –Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado– con fecha de publicación del
3 de agosto de 1997. Este contrato, de naturaleza civil, diferente
del contrato de trabajo, sigue vigente y se aplica en el
Sector Público. Muchas instituciones catalogan los ingresos
que perciben las personas bajo esta modalidad como una
relación de “cuarta-quinta” categoría.
Asimismo, dado que su naturaleza es la de un contrato de
locación de servicios (4) se aplicarán las normas del Código
Civil (5) . Pese a la referencia del Código Civil, nada impide
que se aplique el principio de primacía de la realidad para
determinar, en cada caso, si el contrato de locación de servicios
no personales es, en la realidad, un contrato de trabajo.
Dado que las normas sobre el contrato de servicios no
personales no especifican en forma clara cuando nos encontramos
ante un supuesto de subordinación, en ausencia de
ésta, debemos recurrir a la doctrina y la jurisprudencia laborales,
a fin de señalar algunas pautas que nos ayuden a delimitar
los casos en que se aprecie un supuesto en que el elemento
subordinación no se verifique y, por tanto, nos encontremos
frente a un contrato de servicios no personales. Pero,
lo que no debiera realizarse es calificar, por la sola denominación
a los contratos como no laborales.
La SUNAT ha indicado que estos contratos no originan la
–––––
(2) Al respecto, ya el Tribunal Fiscal ha indicado que debe comprobarse la existencia de los
elementos para que se configure una renta de “cuarta-quinta”; en caso contrario, se
puede reparar el gasto (RTF N° 479-1-2000).
(3) El propio Tribunal Fiscal ha analizado estos elementos. Así, mediante RTF N° 342-1-98
de fecha 6 de mayo de 1998 indicó que, pese a existir formalmente un contrato de
locación de servicios, cuando se aprecia en los hechos la existencia del elemento subordinación,
debemos considerar que estamos frente a una relación laboral para efectos,
en este caso, de la seguridad social.
(4) La Resolución N° 007-99-EF/76.01 (Glosario de Términos de Gestión Presupuestaria
del Estado) indica que “Por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado
al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado,
a cambio de una retribución, sin que medie vínculo laboral. En el Sector Público
dicho contrato se denomina Contrato de Servicios No Personales”.
(5) La aplicación del Código Civil, inclusive, se apreciaba en las normas del Estado. A título
de ejemplo, puede apreciarse el numeral 27 del Anexo No. 4 de la R. D. N° 047-99-
EF/76.01, Clasificadores para el Año Fiscal 2000 y Maestro del Clasificador de Ingresos
y Financiamiento Año Fiscal 2000. Esta disposición indicaba expresamente que los
contratos de servicios no personales se encuentran regulados por la legislación civil.
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MARZO 2004

INFORME TRIBUTARIO
obligación de efectuar aportaciones al Seguro Social de Salud;
en consecuencia, no serían contratos laborales (Informe
Nº 178-2001-SUNAT/K00000). No estamos de acuerdo con
la SUNAT pues es necesario analizar, en cada caso, si estamos
ante una relación laboral, no se puede indicar, de plano,
que no se generan obligaciones tributarias-laborales sin analizar
los hechos y la forma cómo en la práctica se prestaron
los servicios (principio de primacía de la realidad).
Posteriormente, la SUNAT, en el Informe Nº 309-2002-
SUNAT/K00000, ha modificado su posición en forma adecuada,
señalando que “Los ingresos que perciban los sujetos
contratados mediante contratos de servicios no personales de
carácter independiente pueden calificar como rentas de cuarta
o quinta categoría, según las características de la prestación
de servicios en cada caso y lo establecido en el TUO de
la Ley del Impuesto a la Renta”. De este modo, quedaría claro
que los contratos de servicios no personales pueden calificar
como contratos laborales y, por ende, generar rentas de quinta
categoría.
4. La acumulación de rentas de quinta: por servicios subordinados
y autónomos
En la última modificación tributaria (Dec. Leg. Nº 945) se
ha indicado que se deben tratar como rentas de quinta categoría
todo ingreso que perciba un trabajador que está registrado
en planillas (presta servicios subordinados) así como
aquellos ingresos por servicios para la misma empresa bajo
modalidades de cuarta categoría (honorarios, dietas). En suma,
si un trabajador está en planillas, si percibiera de la empresa
otros pagos que no provienen de una relación laboral, estos
ingresos también califican como de quinta categoría.
Ciertamente, ello no supone que el ingreso se considere
una remuneración, esto es, una retribución por servicios subordinados
que deba colocarse en planillas, y mucho menos
que nos encontremos ante una relación laboral. Pero tal ingreso
debe ser tratado como una renta de quinta categoría y,
además de los efectos tributarios (pérdida de la deducción del
20 por ciento), sujetarse al sistema de retenciones propio de
dicha categoría de renta.
Esta modificación ha sido radical, pues si bien existían
supuestos donde se evadía la aplicación de las normas laborales
y habían empresas que abonaban por planillas y por
recibo de honorarios profesionales sin que existiera una causa
objetiva ni mucho menos servicios diferenciados, hay una
serie de supuestos sobre los cuales la diferenciación de servicios
subordinados e independientes es clara: piénsese por
ejemplo, en un Gerente General que a su vez es Director de la
compañía. En este último caso, los servicios de gerencia son
laborales y califican como de quinta categoría; empero, la
posición de Director es ajena al Derecho Laboral y debería
seguir calificando como renta de cuarta categoría.
5. Conclusión: A partir de un ejemplo de la SUNAT de
cuarta-quinta
Queremos finalizar este primer punto, con una reflexión
de un ejemplo propuesto por la SUNAT. Mediante Directiva
Nº 001-2001/SUNAT, publicada el 19 de enero de 2001, la
SUNAT estableció algunos ejemplos tipo para que los trabajadores
pudieran determinar si el empleador correctamente
había determinado el Impuesto a la Renta.
El Caso 2 que se detalla indica lo siguiente: “Anita Quispe
tiene un contrato para prestar sus servicios de secretaria a la
municipalidad de Chacracerro. No se encuentra registrada
en planillas, pero la Municipalidad le fija el lugar y horario de
trabajo, y le proporciona una oficina, una computadora y los
útiles de escritorio que requiere para prestar sus servicios (…)
De acuerdo a las normas tributarias, tus rentas son de quinta
categoría (aunque no estés en planillas)”.
Como se aprecia, es un caso donde la persona percibe
rentas de “cuarta-quinta” categoría, y ha sido calificado como
tal. Lo curioso de este ejemplo es que, en realidad, se trata de
una persona que debería estar en planillas laborales bajo un
contrato de trabajo (¿cómo una secretaria puede ser una trabajadora
independiente?) y, por consiguiente, sus rentas son
de quinta categoría “pura o tradicional” (inciso a) del artículo
34° de la LIR) y no de “cuarta-quinta” (inciso e) del artículo
34° de la LIR); entonces, se originan los tributos laborales.
El enfoque del caso es, ciertamente, recaudatorio y se deja
de lado los aspectos laborales. Si bien escapa de la competencia
de SUNAT la fiscalización laboral, no puede dejar de
reconocerse que existe un nivel de competencia en los temas
laborales en la medida que recauda parte de los tributos laborales,
y por otro lado, desde nuestro punto de vista no deberían
colocarse ejemplos que, si bien parten de reconocer
una lamentable realidad (el “ocultamiento” de las relaciones
laborales), no podrían convalidarse brindando una “certificación
tributaria” de adecuada contribución (cuando estamos
ante una relación simulada).
II. LA DETRACCIÓN DEL IGV DE LA
INTERMEDIACIÓN ENCUBIERTA
1. La diferenciación entre la intermediación y el outsourcing
(tercerización)
La SUNAT ha aplicado el sistema de detracción del IGV
(14 por ciento) a la intermediación laboral y aquellos servicios
tercerizados (outsourcing o descentralización productiva)
encubiertos. Lo expuesto confiere a la SUNAT un mayor criterio
discrecional en la determinación de los alcances de la intermediación
laboral.
La SUNAT ha establecido un nuevo sistema de detracción
especial obligatoria de IGV a la prestación de servicios de
intermediación laboral (R. de S. Nº 131-2003/SUNAT del 28
de junio de 2003). Este régimen entró en vigencia el 14 de
julio de 2003 e importa que la SUNAT prevé un procedimiento
de detracción especial del IGV para la intermediación laboral,
similar al que se aplica para el azúcar y los combustibles:
las empresas usuarias (las que reciben los servicios de
intermediación laboral), deberán detraer el 14 por ciento del
precio del servicio -el mismo que no podrá ser a un valor
inferior al del mercado- y pagado en el Banco de la Nación a
nombre de las entidades de intermediación laboral.
Se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta
nueva norma: (i) los servicios prestados por empresas de servicios
(«services») y cooperativas de trabajadores, y, (ii) los
MARZO 2004 11

INFORME TRIBUTARIO
servicios considerados como tercerización (outsourcing) pero
que, en los hechos, representan auténticos servicios de intermediación
laboral (destaque de mano de obra).
Es importante diferenciar los servicios que califican como
«services» o no. Recordemos que la contratación de una empresa
de servicios ocurre cuando una empresa denominada
de “intermediación”, debidamente registrada y autorizada por
el Ministerio de Trabajo, cede “mano de obra” a otra empresa
denominada “empresa usuaria”, para la realización de
labores temporales, complementarias o especializadas.
Este régimen también se aplica a la intermediación laboral
y también a los servicios de tercerización, subcontratación
u outsourcing si, en los hechos, se verifica un servicio de intermediación
laboral (en mero destaque de mano de obra).
Seguidamente, presentamos un cuadro que pretende remarcar
las principales diferencias entre la intermediación laboral
y el outsourcing (tercerización):
Tipo de servicio
Materia Intermediación Outsourcing
Poder de dirección
Tipo de actividad Contratada
Tipo de personal
Autorizaciones
Sanciones
Detracción del IGV
Sólo hay destaque de
mano de obra (provisión
de mano de obra)
La empresa usuaria tiene
facultades de dirección y
fiscalización del personal
Complementaria Principal–
Temporal suplencia u ocasional
Especializada
Sólo pueden ser trabajadores
del tercero
Indispensable del MTPE +
ordinarias + especiales
Solidaridad, laboralización,
Multas.
Detracción del IGV (14%)
Se presta un servicio integral
(puede incluir personal
Sólo hay coordinación.
No hay poder de dirección
sobre personal del
tercero
Cualquier actividad: principal
o complementaria
Pueden o no ser trabajadores.
Ordinarias + especiales
Laboralización ante desnaturalización.
No detracción del IGV,
salvo que exista simulación
2. Detracción del IGV en intermediación: punto de encuentro
En este caso, debería existir un punto de encuentro entre
la diferenciación laboral y tributaria y no debiera presentarse
un tratamiento distinto pues se regula un mismo fenómeno: la
intermediación laboral.
Entonces, en cada caso se debe analizar si un servicio
prestado por un tercero representa un mero destaque de personal
o importa el cumplimiento de un servicio completo e
integral por las consecuencias laborales (límites, solidaridad,
laboralización directa, etc.) y tributarias (detracción) que esta
calificación representa. En suma, debe haber un tratamiento
uniforme: no puede existir detracción del IGV sin que se califique
el servicio como de intermediación laboral (y apreciar
las reglas y límites que existen para el destaque de personal)
o contar con una intermediación laboral sin que se produzca
una detracción tributaria. Hay, entonces, un punto de encuentro...
por ahora.
La referencia del Derecho Tributario al Laboral ha sido
abordada por la SUNAT. En efecto, en el Informe Nº 244-
2003-SUNAT/2B0000 se analizan los supuestos de intermediación
laboral a partir de lo expuesto en las normas laborales
(Ley Nº 27626 y complementarias) para fijar el ámbito de
aplicación de las normas laborales.
Estamos ante uno de los temas que está “moviéndose” en
el Derecho Laboral, el fenómeno de la externalización de los
servicios laborales se aprecia en muchas empresas. Dicha
externalización puede realizarse mediante un outsourcing (tercerización,
contratas, etc.) o una intermediación laboral. A
nivel teórico resulta clara la diferenciación pero, en la práctica,
se presentan muchos supuestos donde las zonas grises son
la característica común y el esfuerzo para distinguirlos debe
darse, tanto por las consecuencias laborales como por el tratamiento
laboral. Lo claro es que, desde que se ha implementado
el sistema de detracción, la necesidad de las empresas
por tener clara la diferenciación entre estos dos sistemas de
contratación es ineludible.
III. LA GENERALIDAD Y CAUSALIDAD DE LOS
PAGOS: los gastos por planilla y la facultad
premial del empleador
Las normas tributarias recientes (Dec. Leg. Nº 945) han
reforzado cierto criterio del Tribunal Fiscal y de la misma LIR,
sobre los pagos a los trabajadores que se pueden considerar
como gastos. Centralmente, se exige que sean generales y se
relacionen con la actividad productiva; ello, pese a las facultades
que tiene el empleador para realizar pagos a los trabajadores
y que, en muchos casos, está reconocida por las normas
laborales (la concesión de una gratificación extraordinaria,
por ejemplo).
De acuerdo con lo establecido por las normas vigentes,
para que sean considerados como gastos los conceptos entregados
a los trabajadores, deberán ser normales para la actividad
que genera la renta gravada y cumplir con dos criterios:
(i) razonabilidad en relación a los ingresos del contribuyente,
y; (ii) generalidad, esto es, un criterio general, impersonal,
abstracto en la entrega de un beneficio y, ciertamente,
debería existir algún nexo de conexión entre el beneficio que
se otorga y la generalidad a la que se dirige.
Se entiende por conceptos convencionales adicionales a
la remuneración ordinaria a los aguinaldos, las bonificaciones,
las gratificaciones y las retribuciones que se acuerden al
personal, lo que incluye los pagos que por cualquier concepto
se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral
existente y con motivo del cese. También se consideran
como tales los gastos y contribuciones destinados a prestar al
personal servicios de distinta naturaleza como salud, recreación,
culturales y educativos; así como los gastos por enfermedad.
En este caso, consideramos que la norma tributaria desborda
el ámbito laboral al exigir un criterio de generalidad y
causalidad cuando, las disposiciones laborales permiten la
entrega de conceptos a uno o más trabajadores. Por ejemplo,
la gratificación extraordinaria, contemplada como un concepto
no remunerativo en el literal a) del artículo 19° de la Ley de
CTS (cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por D. S. Nº
12
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INFORME TRIBUTARIO
001-97-TR), puede entregarse a uno o más trabajadores y no
se exige una “exposición” de la causa por la cual se entrega
(recuérdese que es una liberalidad); pese a ello, si una empresa
abonara una gratificación extraordinaria a un trabajador,
las disposiciones tributarias prevén la posibilidad de que
tal suma no sea reconocida como un gasto. De esta forma,
este tratamiento tributario podría motivar que las empresas
dejen de pagar una gratificación extraordinaria a sus trabajadores
por el riesgo a un desconocimiento del gasto.
En suma, la facultad “premial” –derivada de la facultad
de dirección– que tiene el empleador (6) se vería disminuida y,
de otro lado, las políticas de compensaciones de gestión humana
tendrían que elaborar criterios generales y con “causalidad”
para que los premios, gratificaciones, etc. que se entreguen
al personal no sean cuestionadas desde el punto de
vista tributario. Creemos, en suma que, en este caso, las facultades
del empleador (institución laboral) se han visto afectadas
por el tratamiento de las normas del Derecho Tributario.
IV. EL CRITERIO DE LO DEVENGADO DE LAS
RETENCIONES LABORALES
En virtud de lo previsto en las normas tributarias e interpretaciones
de la SUNAT, la retención de los tributos laborales
se rige por el criterio de lo devengado: de allí que, aun
cuando el trabajador no hubiera percibido la retribución, se
genera la obligación de pago del tributo (7) .
La aplicación del criterio de lo devengado ha generado
una serie de posiciones encontradas y que tienen enorme repercusión
sobre la tributación de las empresas. Por medio de
estas líneas queremos referirnos a este tema, utilizando como
eje central el concepto más interesante: la remuneración vacacional.
Consideramos que la aplicación del criterio de lo devengado
debe importar el estudio de la institución laboral sobre
la cual se aplicará el Impuesto a la Renta. Estimamos, en general,
que las rentas de quinta categoría se sustentan en el
contrato de trabajo y, por ello, desde esta óptica, debe partir
la aplicación de las reglas del Derecho Tributario, como sería
el caso de lo devengado.
La aplicación del criterio de lo devengado supone la necesidad
de abordar el supuesto desde la perspectiva laboral y
tributaria. Estamos, en definitiva, ante uno de los tantos puntos
de coincidencia de dos disciplinas jurídicas (8) .
1. Marco normativo
El segundo párrafo del artículo 71° de la LIR, recientemente
modificado por el Dec. Leg. Nº 945, indica que “Tratándose
de personas jurídicas u otros perceptores de rentas de tercera
categoría, la obligación de retener el impuesto correspondiente
a las rentas indicadas en los incisos a) (9) , b) y d),
siempre que sean deducibles para efecto de la determinación
de su renta neta, surgirá en el mes de su devengo, debiendo
abonarse dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario
para las obligaciones de carácter mensual» (el subrayado
es nuestro).
De esta manera, se ratifica el momento en que nace la
obligación para una empresa de retener y pagar el Impuesto
a la Renta de quinta categoría: se deja de aplicar el criterio
de lo percibido (10) –la obligación tributaria se genera para
una empresa a partir de la puesta a disposición de la renta a
favor del trabajador– y se adopta el criterio de lo devengado
–la obligación para la empresa de retener y pagar el Impuesto
a la Renta de quinta categoría nace en el momento en que
se genera para el trabajador el derecho a percibir la renta, y
ya no desde el instante en que realmente ésta es puesta a su
disposición–. Ciertamente, lo expresado no afecta que, para
el trabajador, la renta se continúe rigiendo por el criterio de lo
percibido (literal c) del artículo 47° de la LIR).
En consecuencia, no importa si efectivamente el empleador
ha abonado la remuneración de sus trabajadores a fin de
mes, puesto que en cualquier escenario éste debe cumplir
puntualmente con el fisco en abonar las sumas que correspondan
por el Impuesto a la Renta de quinta categoría que
dichas remuneraciones –efectivamente pagadas o no– pudieran
generar.
De otro lado, cabe indicar que el literal v) del artículo 37°
de la LIR prevé que los gastos de personal se pueden deducir
siempre que se hubieran pagado dentro del plazo previsto
por el Reglamento para la presentación de la declaración jurada
anual de dicho ejercicio. Empero, si el empleador cumple
con realizar la retención –conforme al artículo 71° de la
LIR–, no será necesario el pago en dichos plazos.
2. Efectos del criterio de lo devengado
El criterio de lo devengado no se encuentra definido en la
LIR. Es por ello necesario recurrir a la doctrina tributaria a fin
de establecer los alcances del citado criterio. Así, REIG, refiriéndose
al concepto de “devengado”, explica que “[…] rédito
devengado es todo aquél sobre el cual se ha adquirido el
derecho de percibirlo por haberse producido los hechos necesarios
para que se genere. Correlativamente en cuanto a
los gastos, se devengan cuando se causan los hechos en función
de los cuales, terceros adquieren derecho a cobro” (11) .
Por su parte, Juan Roque GARCÍA MULLIN informa que
“En el sistema de lo “devengado” (…) se atiende únicamente
al momento en que nace el derecho al cobro, aunque no se
haya hecho efectivo. Dicho de otro modo, la sola existencia
de un título o derecho a percibir la renta, independientemente
de que sea exigible o no, lleva a considerarla como devengada
y por ende imputable a ese ejercicio. Como contrapartida,
––––––
(6) Sobre este tema, puede verse el texto clásico de DEVEALI, Mario. Tratado de Derecho
del Trabajo, T. II. Ed. La Ley. Buenos Aires, 1972, pág. 573.
(7) Un tema que no abordaremos se contrae en las reglas de determinación sobre el momento
preciso de devengamiento de las remuneraciones (especialmente cuando provienen
de actos autónomos).
(8) Al respecto, puede verse PEÑA ALONSO, José. Ob. Cit., págs. 217 y sgtes.
(9) El literal a) del artículo 71° de la LIR señala que se consideran agentes de retención a las
personas que pagan o acreditan rentas de segunda y quinta categoría.
(10) De acuerdo con el artículo 59° de la LIR, se considera que una renta ha sido percibida
cuando se encuentra a disposición del beneficiario en efectivo o en especie, incluso
cuando no la haya cobrado. Como se puede apreciar, lo que interesa es que el beneficiario
de la renta haya podido disponer de la misma en potencia. En este sentido informa
REIG que “el beneficiario ha percibido el rédito en cuanto ha podido disponer de él,
aun cuando su disposición no haya sido real sino sólo una posibilidad. Asimismo no es
necesario que personalmente haya percibido el titular del rédito, sino es suficiente que
haya hecho disponer de él a interpuesta persona.” (REIG, Enrique Jorge. El impuesto a
los réditos. Estudio teórico-práctico del gravamen argentino dentro de la teoría general
del impuesto. 5ª Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1970, p. 212).
(11) Loc. cit.
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INFORME TRIBUTARIO
tratándose de gastos, el principio de lo devengado se aplica
considerándoseles imputables (deducibles) cuando nace la
obligación de pagarlos, aunque no se hayan pagado, ni sean
exigibles” (12) .
Es decir, en el criterio de lo devengado, lo que interesa es
que se haya obtenido el derecho a percibir la renta –o que un
tercero haya obtenido el derecho a cobrar una renta y se esté
obligado a cancelarla–, y no que se haya percibido o se haya
puesto a disposición del beneficiario la citada renta –o que el
deudor haya desembolsado efectivamente el monto devengado–
(13) .
3. Vacaciones y criterio de lo devengado: punto de desencuentro
En el marco legal descrito, la SUNAT ha indicado que la
remuneración vacacional se devenga en el mes de cumplimiento
del año continuo de labores, aun cuando el trabajador
no gozara de descanso físico vacacional (Informe Nº 321-
2002-SUNAT/K00000). La razón central para la SUNAT reside
en que las normas de vacaciones prevén que el derecho
al descanso físico vacacional se genera por cada año de servicios.
Desde nuestro punto de vista, las vacaciones no se devengan
en el mes siguiente en que se cumple el año de servicios
(no existe la obligación de retención ni el derecho de
deducción) (I) . Hay dos razones que respaldan nuestra afirmación.
a) La Ley de Descansos Remunerados (en adelante la Ley),
aprobado por Dec. Leg. Nº 713, ha establecido este
derecho vacacional pero es la autonomía privada (las
partes y a falta de acuerdo, decide el empleador) quien
debe complementar su ejercicio fijando la oportunidad
del goce vacacional; si no se pronuncia la autonomía
privada, la Ley prevé el derecho a una indemnización
(“triple vacacional”). No existe un derecho (exigible o
no) el primer día del año siguiente al cual se adquiere
el derecho al goce físico vacacional pues se requiere
de la necesaria actuación de las partes para que este
derecho genérico se concrete y delimite.
b) El Impuesto a la Renta de quinta categoría se genera
cuando se devenga la remuneración vacacional –y no
cuando se genera el derecho al descanso físico vacacional–,
he aquí la importancia de una distinción.
1. Analicemos el derecho al descanso físico vacacional.
El empleador no está obligado a autorizar el
descanso físico al día siguiente a aquél en que el
trabajador cumple un año de servicios, sino que, el
derecho al goce físico vacacional se determina, en
principio, de común acuerdo con el empleador.
En efecto, de acuerdo al artículo 14° de la Ley, la
oportunidad del goce físico vacacional deberá ser
fijada, en primera instancia, de común acuerdo entre
el empleador y el trabajador teniendo en cuenta
tanto las necesidades de funcionamiento de una
empresa como los intereses particulares del trabajador.
En el supuesto que dichas posturas no pudieran
ser conciliadas (14) , el empleador decidirá unilateralmente
el momento en el que corresponderá el
descanso vacacional, en virtud, a su poder de dirección.
Debemos indicar que el goce efectivo del descanso
físico vacacional puede ocurrir en cualquier momento
del año siguiente a la fecha en que se cumplió el
aniversario –fecha de ingreso a la empresa– que
originó el derecho al citado descanso vacacional.
2. El segundo elemento a considerar es la remuneración
vacacional. Como indicamos, sólo se genera o
adquiere el derecho a percibir –criterio de lo devengado–
la remuneración vacacional antes del inicio
del descanso físico vacacional, y tal como lo
hemos indicado en el literal anterior, ello puede
ocurrir en cualquier momento del año siguiente a
aquél en que el trabajador cumple un año de servicios
para el empleador –aniversario de ingreso a
la empresa–. Es sólo en el momento en que se devenga
la remuneración vacacional que nace la obligación
para el empleador de retener y pagar el
Impuesto a la Renta de quinta categoría.
De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior, se
devenga el derecho a percibir la remuneración vacacional
por lo menos un día antes del inicio del
descanso físico vacacional cuando el trabajador
goza de dicho descanso, el cual, como hemos podido
apreciar, se hace efectivo válidamente en cualquier
momento del año siguiente a aquél en que el
trabajador cumple un año de servicios para su
empleador. No se puede confundir el momento en
que se adquiere el derecho al descanso físico vacacional
–al día siguiente de cumplir el año calendario
de servicio para el empleador– del momento en
que se adquiere el derecho a percibir la remuneración
vacacional.
Ahora bien, puede darse el caso donde el trabajador
percibe la remuneración vacacional sin descanso
físico vacacional. Dos supuestos son cuando el
trabajador cesa luego del año de servicios sin goce
vacacional o cuando obtiene el derecho a la llamada
“triple vacacional” porque no gozó de vacaciones
físicas –tal como lo veremos en el siguiente punto–.
Podemos apreciar nuevamente la vital importancia
de distinguir remuneración vacacional de derecho
del descanso físico vacacional.
Sin perjuicio de lo dicho, existen otros cuatro mo-
–––––
(12) GARCÍA MULLIN, Juan Roque. Impuesto a la Renta. Teoría y Técnica del Impuesto.
Santo Domingo: Instituto de Capacitación Tributaria, 1980, pág. 46. Además, se ha
visto para este trabajo: VILLEGAS, Héctor. Curso de finanzas derecho financiero y
tributario. Ed. Astrea, Buenos Aires, 2002; PEREZ ROYO, Ignacio. Manual del impuesto
sobre la renta de las personas físicas. Ed. Marcial Pons. Barcelona, 2000; COLAO
MARÍN, Pedro. Las rentas en especie en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Ed. Marcial Pons. Madrid, 1996; MEDRANO CORNEJO, Humberto: “El método
de lo percibido y la entrega de título-valores”. EN: Derecho Tributario. Lima, 1991.
(13) Los Principios Generales de Contabilidad y las llamadas Normas Internacionales de
Contabilidad coinciden con la citada definición cuando indican que lo devengado se
verifica en el momento que ocurre una transacción que corresponde a un determinado
ejercicio sin distinguir si se han cobrado o pagado en dicho período.
(I) NOTA DEL EDITOR: La posición de la revista a este respecto puede apreciarse en el
artículo "Principio de lo Devengado y las Rentas de Quinta Categoría" (Tercera Parte).
EN: Suplemento Especial Informe Tributario, Nº 130, marzo 2002, págs. 4-6.
(14) Supuesto que ocurrirá inevitablemente en muchos casos, puesto que no todos podrán
‘salir de vacaciones’ al mismo tiempo, como por ejemplo, en los meses de verano. La
única excepción, la constituye la madre trabajadora quien podrá acumular los días de
descanso vacacional luego del término del período post natal.
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mentos en que se devenga el pago de la remuneración
vacacional –y por tanto, nace la consiguiente
obligación de retener y pagar el Impuesto a la Renta
de quinta categoría por parte del empleador–:
– Al cese de la relación laboral. En ese momento,
debe realizarse la liquidación de todos los beneficios
laborales al trabajador, dentro de los
cuales se incluye obviamente el pago de las vacaciones
truncas (15) , y de las vacaciones simples
que hayan sido adquiridas pero que aún no
hayan sido gozadas físicamente puesto que todavía
quedaba parte del año siguiente a aquél
en que se generó el derecho para hacer efectivo
su goce.
– Cuando se genera la triple vacacional. La triple
vacacional está compuesta por: una remuneración
por el trabajo realizado, una remuneración
por el descanso vacacional adquirido y no
gozado, y, una indemnización equivalente a una
remuneración por no haber disfrutado del descanso;
y se genera cuando, transcurre el año
siguiente a aquél en que el trabajador adquiere
el derecho al descanso físico vacacional sin que
efectivamente goce físicamente de vacaciones.
– Cuando se celebren pactos de acumulación de
vacaciones. De acuerdo al artículo 18° de la
Ley, el trabajador y el empleador pueden pactar
por escrito la acumulación de hasta dos descansos
consecutivos, siempre que después de un
año de servicios continuo disfrute por lo menos
de un descanso de siete (7) días naturales.
– Cuando se vendan las vacaciones hasta por
quince (15) días por cada período vacacional.
En estos casos, en el momento en que se produce
el acuerdo de la venta de vacaciones, se genera
el derecho al pago correspondiente y, por
consiguiente, la obligación de retener y pagar
el Impuesto a la Renta de quinta categoría. Ciertamente,
cuando se goce de vacaciones por los
restantes quince (15) días se genera el derecho
al pago de la remuneración vacacional y la obligación
de retener y pagar el Impuesto a la Renta.
De lo expresado, a nuestro modo de ver, existe un desencuentro
entre la aplicación de la norma tributaria y la naturaleza
jurídica de una institución laboral (vacaciones).
V. FISCALIZACIONES LABORALES DE SUNAT: la
acreditación del contrato de trabajo
1. Las fiscalizaciones laborales de SUNAT
La SUNAT está realizando algunas visitas inspectivas laborales
a las empresas: reparte una encuesta a cada trabajador
para que detalle su jornada, horario, tipo de contrato,
forma de trabajo, ubicación en la empresa, etc. La finalidad
es determinar si hay trabajadores bajo contratos no laborales
encubiertos e imponer una acotación por tributos laborales.
Consideramos que estas fiscalizaciones –que, en ciertos casos,
son más eficaces que las realizadas por el Ministerio de
Trabajo– deben llevarse a cabo en cautela del principio de
presunción de inocencia constitucional, de tal manera que no
se afecten los derechos de las compañías fiscalizadas.
Como sabemos, desde julio de 1999, la SUNAT se encarga
de la fiscalización de parte de los tributos laborales, esto
es, aquellos que se derivan de los contratos de trabajo (aportes
a ESSALUD, ONP, Seguro de Riesgo ESSALUD) además
de la que ya ostentaba (Impuesto a la Renta de Quinta Categoría
e Impuesto Extraordinario de Solidaridad). Bajo este
marco y teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la
SUNAT desde el 2003 sería la fiscalización de los tributos
laborales (Plan Estratégico), se viene implementando una nueva
forma de fiscalización laboral.
La SUNAT ha ingresado a ciertos centros de trabajo para
que los trabajadores respondan unas preguntas relacionadas
con la forma cOmo prestan sus servicios. Tenemos entendido
que el ingreso se produjo casi al final de la jornada laboral y
funcionarios de la SUNAT repartieron una encuesta entre el
personal que se encontraba laborando para responder aspectos
como: vinculación contractual –contrato de locación
de servicios o laboral–, jornada y horario de trabajo, actividades
desarrolladas –con detalle de las etapas de las mismas–,
forma y período de pago de la retribución laboral, precisión
sobre turnos de trabajo, indicación si es destacado por
una empresa de servicios especiales, constancia del pago,
control de asistencia, tipos de sanciones recibidas, etc.
El objetivo de esta fiscalización es claro: determinar si las
personas que se encuentran en el centro de trabajo están vinculadas
por un contrato de trabajo con la empresa fiscalizada.
Las preguntas pretenden que se aprecie cómo, cuándo,
dónde y de qué manera se prestan los servicios contratados y,
de esta forma, determinar la existencia o no de la subordinación
o dependencia jurídica.
Como se conoce, en el Derecho Laboral los hechos son lo
determinante para concluir si nos encontramos o no ante una
relación laboral, por encima del contrato de locación de servicios
y los recibos por honorarios profesionales que se suscriban.
A ello, se le denomina principio de primacía de la realidad:
cuando en los hechos se aprecia la existencia de los
elementos esenciales del contrato de trabajo, se generan los
derechos y beneficios sociales laborales y, además, la obligación
de pago de los tributos laborales. En este sentido, la SU-
NAT pretendería apreciar si, en los hechos, existe un contrato
de trabajo para con posterioridad determinar la existencia de
un adeudo por los tributos laborales que recauda o desconocer
todo el gasto imputado como de cuarta categoría (los pagos
efectuados por locación de servicios) por la empresa fiscalizada.
2. Facultades de fiscalización: presunción de certeza
Sin duda, lo central en las inspecciones es apreciar si pro-
–––––
(15) En este supuesto, el trabajador no ha prestado un año de servicios completo, pero sí una
fracción del mismo, la cual le genera un derecho al pago proporcional de la remuneración
vacacional (considerando dozavos y treintavos de la remuneración como meses y
días computables hubiera laborado). Igualmente, de acuerdo al artículo 23° de la Ley,
la indemnización no está sujeta a pago o retención de alguna aportación, contribución
o tributo.
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INFORME TRIBUTARIO
cede la aplicación del principio de “Primacía de la Realidad”
(Realidad Económica, en los términos del Título Preliminar del
Código Tributario). Este principio impone la necesaria confrontación
de los actos formales (contratos, documentos y denominaciones)
con la realidad material del trabajo, privilegiando
en caso de discordancia a esta última; ello será aplicable
especialmente en la determinación de la existencia del
vínculo laboral, sobre todo en el caso de celebración de contratos
de locación de servicios que encubren verdaderas relaciones
laborales. La primacía de la realidad también incide
en el ejercicio de las facultades que le permitan tener suficiente
conocimiento de la realidad del trabajo; por ejemplo, interrogatorio
de trabajadores o terceros.
Ciertamente, las normas otorgan a la SUNAT facultades
para realizar cualquier investigación, solicitar la presentación
de la declaración jurada anual de Impuesto a la Renta y de
cualquier otro documento relacionado a la materia de inspección.
Las constataciones de la SUNAT gozan de una presunción
de veracidad (16) y que se deriva del carácter especial del
Derecho Laboral: la llamada “fugacidad” y urgencia de los
hechos que motivan una inspección suele importar que se tenga
que conferir una presunción legal de validez a las afirmaciones
del fiscalizador (por ejemplo, el trabajo de un extranjero
que solamente puede ser apreciado por una constatación
directa, ante la ausencia de otros medios probatorios). Ciertamente,
a lo dicho, habría que incorporar la labor de los
fiscalizadores que deben actuar con objetividad, razonabilidad
y equidad. En nuestro ordenamiento, lo expresado se
concreta en el carácter de “instrumento público” que se confiere
a la constatación de un Auditor de la SUNAT.
3. La presunción de inocencia del empleador
Las fiscalizaciones no deben vulnerar la garantía constitucional
de la presunción de inocencia. Esta garantía, está consagrada
en el literal e) del artículo 24° de nuestra Constitución
y de conformidad con la interpretación y aplicación que
ha realizado el Tribunal Constitucional en innumerables casos
–inclusive para meros actos entre particulares–, nadie puede
ser sujeto de sanción penal o administrativa si previamente el
ministerio público o, en este caso, la administración, no ha
demostrado la responsabilidad del administrado. Como se
aprecia, la presunción de inocencia resulta aplicable a todo
ejercicio de la potestad de sanción que ejerce la Administración,
y ella demanda que previo al ejercicio de dicha potestad
la autoridad demuestre fehaciente e indubitablemente que
se ha incurrido en una infracción.
Ahora bien, esta exigencia de señalar los hechos o pruebas
en general que configuran las infracciones es más intensa
todavía cuando se trata de la aplicación del principio de la
primacía de la realidad para determinar la existencia de una
relación laboral. Es claro que para aplicar cualquiera de las
presunciones legales relativas contenidas en la ley, es necesario
que en forma previa se acrediten los hechos sobre los
cuales se aplicará la presunción. Si ello no se cumpliera, la
autoridad inspectiva no podría nunca aplicar la presunción (17) .
Ante lo expuesto, la presunción de certeza de las constataciones
de SUNAT debe tener un límite, y éste es el derecho
fundamental de las personas, concretamente, la presunción
de inocencia del empleador. Como se anota en doctrina, la
presunción de inocencia resulta ser un instrumento administrativo
que tiene un carácter limitado y excepcional.
Así, ante un conflicto probatorio, la constatación de SU-
NAT debiera ser una prueba como cualquier otra; en esta
línea, la jurisdicción tendrá que apreciar todas las pruebas en
conjunto (libre valoración de las pruebas) para obtener un
criterio que respalde la emisión de una sentencia.
VI. REFLEXIÓN FINAL
Hemos visto solamente algunos de los principales puntos
de encuentro y desencuentro entre los Derechos Tributario y
Laboral.
Creemos que resulta necesario apreciar las instituciones
laborales antes que regularlas en una lógica recaudatoria o
de simplificación de la fiscalización tributaria. Hay aspectos
que deben merecer una revisión por parte de los legisladores
y algunos por la SUNAT pues, a nuestro entender, parten de
una perspectiva distinta al contenido esencial de ciertas instituciones
del Derecho Laboral.
El proceso de tributarización del Derecho Laboral ha generado
muchos desencuentros y contradicciones entre lo laboral
y tributario y esto es sólo el comienzo. No estamos ante
un tema tan interdisciplinario; hay, en esencia, más una modificación
de las reglas laborales por el Derecho Tributario…y,
por ello, una Tributarización del Derecho Laboral.
–––––
(16) Al respecto pueden verse: AA.VV. (Ignacio Vázquez: Coordinador). La inspección de
trabajo y seguridad social. Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999; GARCÍA, María. La presunción
de certeza de las actas de inspección de trabajo y Seguridad Social. Ed. Tirant
lo Blanch. Valencia, 1999; GONZÁLEZ BIEDMA, Eduardo. La inspección de trabajo y
el control de la aplicación de la norma laboral. Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999.
(17) El Tribunal Fiscal, en reiteradas ocasiones ha señalado que la conclusión de laboralidad
sobre una prestación de servicios está supeditada a la demostración por parte de la
Administración de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Al respecto, en el
Expediente Nº 673-97 indicó “que del análisis de la documentación que obra en autos,
no se puede inferir que la profesional se encuentre sujeta a la dirección del empleador
para prestar el servicio de regencia, no habiéndose aportado en el caso de autos elementos
que permitan determinar el requisito de la subordinación”. En otra ocasión, de
manera más contundente señaló (Expediente Nº 1753-99): “El Tribunal Fiscal mediante
las Resoluciones Nºs. 24148, 24011 y 24646, ha establecido que para identificar una
relación laboral no sólo se debe acreditar que la prestación de servicios es de carácter
regular y continuo, sino que básicamente debe acreditarse la existencia de subordinación
y exclusividad para con el empleador”.
16
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INFORME TRIBUTARIO
Los intereses en suspenso para las
Empresas del Sistema Financiero
Determinación de la Renta Imponible
Federico Canturini Pasquinelli (*)
Mónica Benites Mendoza (**)
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo, analizaremos aspectos conceptuales
que deben ser considerados para determinar si los intereses en
suspenso, cuyo registro en calidad de “suspenso” es exigido
por la Superintendencia de Banca y Seguros, deben considerarse
en la determinación de la base imponible del Impuesto a
la Renta anual, además de entender cuál sería el método correcto
de cálculo que debería emplear la Administración para
determinar la renta imponible anual en observancia de la RTF
Nº 710-4-2003.
I.- DETERMINACIÓN DEL CRITERIO DE LO
DEVENGADO PARA LOS INTERESES EN
SUSPENSO
El inciso a) del Artículo 57° de la Ley del Impuesto a la
Renta, señala que “Las rentas de tercera categoría se consideran
producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen”.
En este sentido, y como quiera que las normas tributarias no
han definido el concepto de “devengado”, en aplicación de la
Norma VIII del Código Tributario, se debe buscar una interpretación
válida para dicho concepto.
En doctrina se señala respecto a la imputación de rentas en
un período que “Los dos momentos relevantes, lo constituyen el
instante en que se adquiere el derecho a un ingreso (nacimiento
del crédito) y el momento en que se le percibe. Ellos dan
lugar, por consiguiente, a dos sistemas de imputación de un
cierto ingreso a un período, conocidos con los nombres de “de
lo devengado” y “de lo percibido”.
El sistema de lo “devengado”, también llamado “causado”,
se atiende únicamente al momento en que nace el derecho
al cobro, aunque no se haya hecho efectivo.” (1)
No obstante lo anterior, debemos destacar que la doctrina
nacional e internacional reciente viene aceptando que el principio
de lo devengado es un “principio contable”, y atendiendo
a que la estructura de la Ley del Impuesto a la Renta se basa en
principios contables, debemos remitirnos a las Normas Internacionales
de Contabilidad que por mandato del Artículo 223°
de la Ley General de Sociedades, forman parte del derecho
nacional. Asimismo, en las VII Jornadas Nacionales de Tributación,
organizadas por la Asociación Fiscal Internacional (IFA),
se llegó a la conclusión que “en la determinación del Impuesto
a la Renta de las empresas que llevan contabilidad completa,
para la imputación de los ingresos y gastos del ejercicio gravable,
debe aplicar plena y exclusivamente la acepción contable
de lo devengado, tal como ésta se encuentra regulada en los
principios de contabilidad generalmente aceptados, en las
Normas Internacionales de Contabilidad y demás normas contables
que lo desarrollan, salvo en los siguientes casos : a) Cuando
exista norma expresa contenida en la legislación vigente;
y b) Cuando la propia legislación restrinja dicha acepción por
razones fiscales o administrativas plenamente justificables”.
En este orden de ideas, algunos tratadistas coinciden en
señalar que el criterio de lo devengado no debe obedecer solamente
al momento en que se verifica el derecho a percibir un
ingreso, pues “Aun cuando el derecho de recibir un ingreso se
haya convertido en fijo dentro de un año en particular y el
monto de éste pueda ser determinado con una precisión razonable,
un contribuyente que determina sus ingresos en base al
método de lo devengado no necesita incluir el monto en el
ingreso si hay una duda razonable de su cobrabilidad” (2) .
Como dijimos anteriormente, los ingresos se reconocen por
el método de lo devengado, pero este criterio para efectos de
las NIC implica la observancia de ciertas condiciones, como la
establecida en el párrafo 34 de la NIC Nº 18 el cual señala que
“Los ingresos son reconocidos únicamente cuando es probable
que los beneficios económicos asociados con la transacción
fluirán a la empresa. Sin embargo, cuando surge una duda
sobre la cobranza de una cantidad ya incluida en los ingresos,
el monto incobrable, o el monto con respecto al cual su recuperación
ha dejado de ser probable, es reconocido como gasto,
en vez de como un ajuste del monto de los ingresos original-
––––––
(*) Economista, Gerente de Gestión y Asesoría Fiscal del BBVA Banco Continental, presidente
de la comisión de tributaristas de ASBANC
(**) Abogada, Colaboradora Especial de la revista Análisis Tributario, socia del estudio
Benites, Casteñeda & Solís, ex presidenta de la comisión de tributaristas de ASBANC,
catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
(1) GARCÍA MULLÍN, Roque. Impuesto sobre la Renta, Teoría y Técnica del Impuesto, 1980,
pág. 46.
(2) GERTZMAN, Stephen F. Federal Tax Accounting, Editorial Warren Gorham Lamont, USA
1993.
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mente reconocidos” (el subrayado es nuestro). En pocas palabras,
lo que dispone este párrafo sobre el reconocimiento de
ingresos en base al principio de lo devengado es que ante la
incertidumbre de que los beneficios económicos asociados con
la transacción fluirán a la empresa, entonces no se ha verificado
el criterio de lo devengado y por tanto no deben abonarse a
resultados del ejercicio los intereses calculados; no obstante, si
los ingresos ya se hubieran abonado a resultados lo que procede
es constituir una provisión por dichos ingresos. Similar criterio
adoptan los Principios Generales de Contabilidad incorporados
en el Plan Contable General Revisado, donde el principio de
“realización” importa que “Los resultados económicos sólo se
deben computar cuando sean realizados, cuando la operación
que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de
la legislación o las prácticas comerciales aplicables y se hayan
ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación.
Se debe establecer con carácter general que el concepto
“realizado” participa del concepto de “devengado”.
En tal sentido, consideramos que el principio de lo devengado
para efectos del Impuesto a la Renta se encuentra inseparablemente
vinculado al criterio contable adoptado por las NICs,
donde el devengamiento se podrá verificar siempre que se cumpla
entre otros, con el requisito de “probabilidad de que los
flujos económicos fluirán a la empresa” además de “haber
adquirido el derecho sobre la prestación”.
Por otro lado, cabe precisar que ante la existencia de una
norma expresa, debe respetarse la estricta observancia de lo dispuesto
en la Resolución SBS Nº 572-97 actualmente modificado
por la Resolución SBS Nº 808-2003, y aun cuando la entidad
financiera no quisiera ya registrar intereses sobre un préstamo
irrecuperable, aunque éste se realice en cuentas de orden y no
como abono a ingresos, debe cumplir con el mandato de la antes
citada Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros, por
lo que dicho registro no obedece nunca a una decisión de la entidad
financiera por percibir o por intentar percibir un monto mayor
de ingresos, debido a que ello en estos casos es improbable;
por lo que tampoco correspondería tratarlos para efectos tributarios
como un ingreso, de lo contrario se desnaturalizaría esta clase
de operaciones y el registro contable que debe efectuarse en
observancia del Principio de Especialidad.
II.- CRITERIO DE PROVISIÓN DEDUCIBLE
APLICABLE A LOS INTERESES EN SUSPENSO
La RTF Nº 10240-4-2001 señaló que : “... el concepto de
provisiones específicas utilizado por el inciso h) del artículo 37°
no puede entenderse que se refiere solamente a los créditos,
sino a sus respectivos intereses, excluyendo a los clasificados
como normales; (...) .
Que en el presente caso, en la medida que los intereses por
créditos vencidos, en suspenso y en cobranza judicial, deben
correr la misma suerte de su principal que haya sido materia
de una provisión específica, deducible del impuesto a la Renta,
también debe aceptarse la deducción de dichos intereses; (...)
Que en tal sentido, dado que la Administración en el caso
de autos ha realizado los reparos tomando los saldos de las
cuentas, sin analizar la clasificación de los créditos vinculados,
corresponde que tenga en consideración que las sumas observadas
formarán parte de la base imponible del tributo, en la
medida que correspondan a créditos clasificados como “normal”.
(el subrayado es nuestro).
De los párrafos precedentes, se puede inferir que el Tribunal
Fiscal aceptó la deducción de los intereses en suspenso al
considerarlos como provisiones específicas reconocidas en el
inciso h) del Artículo 37° de la LIR, aplicando como elemento
de interpretación un aforismo del derecho expresado bajo el
enunciado de que “lo accesorio corre la suerte de lo principal”.
Asimismo, se puede apreciar que el propio Tribunal solamente
condicionaba su imputación como base imponible a los
intereses de créditos clasificados como “normal”, sin mencionar
los intereses “provisionados” que excedan los porcentajes
dispuestos en las Tablas de exigencia mínima de constitución
de provisiones aplicables al capital de los créditos, incorporadas
en la Resolución SBS Nº 572-97. Lo expuesto aquí es válido
y lógico por cuanto la misma Resolución SBS señala en su
Capítulo IV numeral 7 sobre suspensión del reconocimiento de
ingresos por créditos riesgosos que “En tanto no se materialice
el cumplimiento de pago, los intereses y comisiones ....... deberán
ser contabilizados en las cuentas de intereses en suspenso”,
es decir, la exigencia es sobre el 100% de los intereses en
todos los casos aquí contemplados, lo que equivale a decir que
la tabla de exigencia de “provisiones” para los intereses en
suspenso es al 100% para todos los casos, por lo que sería
innecesario incorporar una Tabla como sí se hace para la exigencia
de provisiones del principal de la colocación, por tener
tasas diferenciadas según categoría de riesgo.
Este criterio ha sido confirmado por la Superintendencia de
Banca y Seguros mediante Oficio Nº 13288-2003-SBS el cual ratifica
que el tratamiento contable dispuesto por esta Superintendencia
tiene el mismo efecto financiero de permitir reconocer como
ingreso y a la vez exigir que por aquellos ingresos se reconozca el
cien por ciento (100%) de provisiones, siendo los dos tratamientos
prudenciales, y el efecto en el estado de ganancias y pérdidas nulo.
Asimismo, el principio de que lo “accesorio sigue la suerte del
principal” no se puede entender aplicable a la generalidad de los
casos sin distinguir las características particulares de lo accesorio,
puesto que el indicado principio permite mantener ciertas peculiaridades
de su accesoriedad que lo distinguen del principal, en aplicación
del principio de “especialidad”, principios que se fusionan en
el Código Civil en sus Artículos 888° y 889° que a la letra disponen
que “Son accesorios los bienes que, sin perder su individualidad,........”
y “Las partes integrantes de un bien y sus accesorios
siguen la condición de este, salvo que la ley o el contrato permita su
diferenciación o separación” (el subrayado es nuestro). El criterio
aquí definido acepta que deben ser tomadas en cuenta las disposiciones
especiales que permitan diferenciar las características de lo
accesorio, de forma tal que para los intereses en suspenso, la exigencia
de “provisiones” al 100% dispuesta en el Capítulo IV de la
Resolución SBS N° 572-97 debe prevalecer a los porcentajes escalonados
de “provisiones” aplicables al capital de la colocación según
las categorías de riesgo, establecidos en las tablas del Capítulo
III de la mencionada resolución.
Por lo antes expuesto, somos de la opinión que bajo la
interpretación dispuesta por el Tribunal Fiscal en esta resolución,
quedaría claro que la deducción de los intereses en suspenso
se debería efectuar al 100% del saldo de intereses registrados
en sus respectivas cuentas, excluyendo a los clasificados
como normales.
18
MARZO 2004

INFORME TRIBUTARIO
III.- CRITERIO DE PROVISIÓN DEDUCIBLE
APLICABLE A LOS INTERESES EN SUSPENSO,
HASTA EL LÍMITE DE LOS PORCENTAJES
ESTABLECIDOS PARA EL CAPITAL DEL
CRÉDITO EN LAS TABLAS DE PROVISIONES
DE LA RESOLUCIÓN SBS 572-97
Mediante la RTF Nº 710-4-2003 el Tribunal Fiscal dispuso
que “(...) los intereses debían deducirse en la misma proporción
que su principal, es decir, en los mismos porcentajes según
la categoría del crédito”.
Si aplicamos este último criterio como válido para el sector
financiero –evidentemente contrario a los argumentos expuestos–
es preciso conocer el método correcto para determinar la
deducción de intereses en suspenso aplicables a cada ejercicio
y por oposición, los intereses que deberían incorporarse a la
materia imponible.
En principio, el procedimiento empleado debe aplicarse a
la totalidad de deudores, considerando la clasificación y el saldo
de los intereses registrados al inicio del ejercicio, tanto como
la clasificación y el saldo de los intereses registrados al cierre
del ejercicio, por cuanto la determinación de la Base Imponible
sobre los intereses en suspenso calculados según el planteamiento
conceptual de la RTF Nº 0710-4-2003, debe considerar
que se trata en todos los casos de una diferencia temporal,
no de una adición permanente a la Base Imponible. A continuación,
explicamos con un ejemplo cómo deberían tratarse
las conciliaciones de esta partida:
1. En el año 0 un deudor clasificado como normal que registra
intereses en suspenso por S/. 5 al cierre del ejercicio
y S/. 0 al inicio del ejercicio generaría un incremento
en la base imponible del Impuesto a la Renta por
intereses en suspenso de S/. 5 (se adiciona S/. 5 de
intereses y se deduce S/. 0).
2. Al cierre del año 1, el mismo deudor se encuentra clasificado
como CPP (con una exigencia de provisiones del
5% sobre el capital) y registra intereses en suspenso de
S/. 100 , por lo que deberían adicionarse S/. 95 ( solo
S/. 5 serían deducibles), a los cuales se les debe deducir
los S/. 5 correspondientes a la adición que debió
computarse al cierre del ejercicio anterior, con lo cual la
base imponible neta del impuesto a la renta por intereses
en suspenso sería S/. 90 (S/. 95 - S/. 5 = S/. 90).
3. Al cierre del año 2, el mismo deudor se encuentra clasificado
como pérdida con una exigencia de provisiones
del 100% sobre el capital, e intereses en suspenso registrados
por S/. 200 , los cuales serían deducibles en su
integridad, por tanto, debería adicionarse S/. 0, a los
cuales se les debe deducir S/. 95 correspondientes a la
adición que debió computarse al cierre del ejercicio
anterior, con lo cual la base imponible neta del impuesto
a la renta por intereses en suspenso sería - S/. 95 (S/. 0
- S/. 95 = - S/. 95). En este ejemplo, todos los importes
que debieron incrementar la base imponible en los ejercicios
precedentes serían deducibles de la materia imponible
en el presente ejercicio por efecto del deterioro
de la clasificación del deudor.
La lógica de este procedimiento reside en que al haberse
registrado los intereses en las cuentas en suspenso al 100 por
ciento de su importe, en teoría se habría “provisionado” un
exceso equivalente a 100 por ciento menos el porcentaje de
provisión exigido en las tablas de la SBS, por tanto la base
imponible se obtiene de calcular la adición equivalente al porcentaje
de exceso de provisión por el saldo de intereses en
suspenso al cierre del ejercicio, menos la deducción producto
de los efectos generados en ejercicios anteriores, equivalente
al importe de adición que debió determinarse al cierre del ejercicio
anterior de multiplicar el porcentaje no deducible según
la clasificación por el saldo de intereses en suspenso registrados
al cierre del ejercicio anterior.
Ahora bien, este supuesto es aplicable para todas las operaciones,
ya sea por deudores cuyo saldo de intereses en suspenso
al cierre del ejercicio se incremente o se reduzca, pues si
dicha reducción obedece a un pago de intereses, el pago ya se
encuentra adicionado a la renta imponible a través de la cuenta
5104.05, y si no existe pago, entonces obedece a una refinanciación,
reestructuración, castigo, venta o similar, por lo
que la reducción de intereses implica que sólo existe el derecho
a cobrar los últimos intereses registrados, debiendo deducirse
los intereses “provisionados” en exceso al cierre del ejercicio
anterior.
Como se puede apreciar, se trataría en todos los casos de
una diferencia temporal que se determina año tras año en base
al saldo final e inicial de los intereses en suspenso, considerando
la clasificación respectiva tanto al cierre como al inicio del ejercicio.
Dicha determinación se aplicaría sobre la totalidad de los
créditos, por cuanto el ejemplo anteriormente descrito demuestra
que siempre se aplica el mismo algoritmo a la totalidad de los
deudores, ya sea que la base imponible finalmente sea positiva
o negativa, evitando tributar sobre rentas inexistentes o sobre
rentas que ya tributaron al momento de su recuperación y registro
en resultados por haberse efectuado el cobro de los intereses,
tal como ordena el plan de cuentas de la SBS.
Como consideración adicional, conviene mencionar que la
tabla de porcentajes de provisiones exigibles que se debería
utilizar para el presente cálculo debería considerar que las
garantías se aplican en primer lugar al capital de la colocación,
y sólo de existir un remanente, estas se aplicarían a gastos
e intereses.
IV.- CONCLUSIONES
Por los fundamentos expuestos, consideramos que las dos
primeras interpretaciones son las que tienen mejores argumentos
de validez y generan resultados idénticos en la determinación
de la renta gravable por intereses en suspenso (sin embargo,
podrían generarse diferencias en otros aspectos, como en
la determinación de los pagos a cuenta) al considerar como no
gravables o deducibles según sea el caso, el 100% de los intereses
en suspenso de créditos distintos a los clasificados en la
categoría normal cuyo registro en suspenso se realiza por mandato
de la SBS. No obstante, si la Administración optara por
aplicar el último procedimiento descrito, se debe tener presente
que la conciliación debería en principio obedecer al de partidas
que generan diferencias temporales, cuyo método de cálculo
ha sido desarrollado en los párrafos precedentes.
MARZO 2004 19

INFORME TRIBUTARIO
Los Precios de Transferencia en España
determinación del valor de mercado
María Begoña Villaverde Gómez (*)
INTRODUCCIÓN
Con carácter general, puede señalarse que la regulación positiva
de lo que en nuestro ordenamiento interno se denominan operaciones
vinculadas está contenida en el artículo 16° de la Ley Nº
43/1995, del Impuesto sobre Sociedades (LIS) y su normativa de
desarrollo, en especial el Real Decreto Nº 537/1997, de 14 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
(RIS). Pero también debe destacarse que se prevé la aplicación
de las reglas de vinculación entre las personas físicas, de
manera que el artículo 42° de la Ley Nº 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF),
incluye algunas precisiones (1) , al lado de una remisión al régimen
general contenido en la LIS.
En todo caso, cabe afirmar que en el ordenamiento positivo
español se ha regulado las cuestiones relativas a los llamados precios
de transferencia de una forma muy similar a lo que señalan los
dictados de la OCDE al respecto, si bien, lógicamente, cabe hacer
referencia a algunas particularidades.
Como línea directriz de la actual normativa vigente ha de señalarse
que se han superado anteriores concepciones de este régimen
como sancionador de este tipo de operaciones vinculadas (2) . Esto
es, su finalidad es equiparar la tributación de las entidades vinculadas
con la que han de realizar otras sociedades o entidades, sin
que quepa entender que la vinculación responde a una intención
fraudulenta, sino a las nuevas realidades de distintas estructuras
económicas para operar en los mercados, particularmente en el
ámbito internacional. Lo que se pretende es la restitución del gravamen
de la verdadera renta, frente a la renta generada de forma
“artificial” entre entidades vinculadas. En concreto, se prevé en el
párrafo 1.1 del citado artículo 16° de la LIS que: “La Administración
Tributaria podrá valorar, dentro del período de prescripción,
por su valor normal de mercado, las operaciones efectuadas entre
personas o entidades vinculadas cuando la valoración convenida
hubiera determinado, considerada el conjunto de personas o entidades
vinculadas, una tributación en España inferior a la que hubiere
correspondido por aplicación del valor normal de mercado o
un diferimiento de dicha tributación”.
Si bien de una primera lectura podría desprenderse que la Administración
ostenta una facultad de valoración a precios normales
de mercado de este tipo de operaciones, lo que indica el párrafo
citado es que la Administración Tributaria debe proceder al ajuste
de los precios declarados cuando estos provoquen una minoración
de ingresos para la Hacienda Pública –ya en el mismo ya en sucesivos
períodos impositivos– atendiendo al conjunto de las personas
o entidades vinculadas. Se introduce, pues, como presupuesto de
aplicabilidad del régimen que tenga lugar una minoración de in-
gresos de la Hacienda en el conjunto de operaciones (3) , que, como
señala Pascual Pedreño, no será frecuente que se produzca a nivel
interno, salvo en supuestos de diferimiento del impuesto (4) . De esta
manera, en el orden interno, es requisito indispensable para la
aplicación de este régimen que tenga lugar una menor tributación
o un diferimiento del pago del impuesto –IS o IRPF– en España.
Este punto ha arrastrado la introducción de una de las novedades
más significativas de este régimen por la Ley Nº 43/1995, que se
manifiesta en la ausencia de carácter imperativo del artículo 16.1
de la LIS frente al régimen anterior y en la exigencia de realización
de un ajuste bilateral en el ámbito interno, que será fruto de las
facultades comprobadoras de la Administración Tributaria y no por
la corrección valorativa de las partes vinculadas (5) , a salvo del supuesto
de alcanzar un acuerdo previo sobre precios de transferencia
ex. artículo 16.6. DE LA LIS, o que se trate de una operación
vinculada en la que intervenga una persona física (6) , por el mandato
contenido en el artículo 42.2.2 de la LIRPF.
Por tanto, del artículo 16° de la LIS se deriva, como elemento
objetivo, la exigencia de que se hayan producido operaciones entre
esas entidades vinculadas, y, que éstas se hayan valorado a
–––––
(*) Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Doctora en Derecho. Universidad de Santiago
de Compostela (España). Dirección electrónica: bvgfin@usc.es
(1) Así, se señala en el artículo 42° de la LIRPF “1. Se aplicarán en este impuesto las reglas
de valoración de las operaciones vinculadas en los términos previstos en el artículo 16
de la Ley N° 43/1995, de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades. 2. En el
caso de que la operación vinculada con una sociedad corresponda al ejercicio de actividades
económicas o a la prestación de trabajo personal por personas físicas, éstas
deberán efectuar su valoración en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley N°
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, anteriormente citada,
cuando impliquen un aumento de sus ingresos.
En este caso, también la entidad procederá a realizar dicha valoración a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.
En todo caso, se entenderá que la contraprestación efectivamente satisfecha coincide
con el valor normal de mercado en las operaciones correspondientes al ejercicio de
actividades profesionales o a la prestación de trabajo personal por personas físicas a
sociedades en las que más del 50 por 100 de sus ingresos procedan del ejercicio de
actividades profesionales, siempre que la entidad cuente con medios personales y materiales
para el desarrollo de sus actividades”.
(2) MORENO FERNÁNDEZ, J. I. La tributación de las operaciones vinculadas, 2ª ed., Thomson-
Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 28, al que sigue GARCÍA-HERRERA BLANCO, C.: Precios
de transferencia y otras operaciones vinculadas en el impuesto sobre sociedades, IEF,
Madrid, 2001, pág. 35-36.
(3) ESTEVE PARDO, Mª L.: Fiscalidad de las operaciones entre sociedades vinculadas y distribuciones
encubiertas de beneficios, Tirant lo blanch, Valencia, 1996, pág. 145;
BANACLOCHE, J.; PALAO, C.: “Operaciones vinculadas y valores de mercado después del
nuevo Impuesto sobre Sociedades”, Impuestos, Nº 7/1996, pág. 48.
(4) PASCUAL PEDREÑO, E.: Las operaciones vinculadas en el IS, Jurisprudencia Tributaria, Nº
76/1996, pág. 22.
(5) Nos remitimos a los estudios monográficos sobre las operaciones vinculadas para el
examen de estos requisitos: ESTEVE PARDO, Mª. L.: Fiscalidad de las operaciones entre
sociedades vinculadas y distribuciones encubiertas de beneficios, op. cit.,; GARCÍA-HERRERA
BLANCO, C.: Precios de transferencia y otras operaciones vinculadas en el impuesto sobre
sociedades, op. cit.; CENCERRADO MILLÁN, E.: El Tratamiento de las entidades vinculadas
en la imposición directa española, Aranzadi, Pamplona, 2000; MORENO FERNÁNDEZ, J. I.:
La tributación de las operaciones vinculadas, op. cit., pág. 54 y ss; DE PABLO VARONA, C.:
Las operaciones vinculadas en el IRPF, Tirant lo blanch, Valencia, 2002, pág. 84 y ss.
(6) DE PABLO VARONA, C.: Las operaciones vinculadas en el IRPF, op. cit., pág. 72; MORENO
FERNÁNDEZ, J. I.: La tributación de las operaciones vinculadas, op. cit., pág. 66-67.
20
MARZO 2004

INFORME TRIBUTARIO
precios distintos a los que tendrían lugar en un mercado independiente
o de libre concurrencia.
Respecto a lo primero, ni en el artículo 16° de la LIS ni en su
desarrollo reglamentario se contiene una definición de operación
vinculada, sino que se limitan a señalar los supuestos en que se
entenderá procedente la aplicación de esta regla especial de valoración
(7) ; por esta razón ha sido la doctrina la que ha tratado de
delimitarlo. Para Calvo Ortega dos son los requisitos para que una
operación pueda ser calificada como vinculada: que produzca un
efecto tributario parcialmente distinto del que hubiese producido
normalmente o del previsto por el ordenamiento tributario y que se
dé entre los sujetos intervinientes una determinada relación de modo
previo (8) . Por su parte, Combarros Villanueva señala que tienen
lugar operaciones vinculadas cuando se producen “traslaciones de
beneficios entre sociedades vinculadas o entre sociedades y sus
socios bajo la capa de contratos en los que las contraprestaciones
difieren notablemente de las que serían acordadas en una situación
de independencia” (9) . Sin embargo, Esteve Pardo define las
operaciones vinculadas como “aquellas, que, al amparo de relaciones
comerciales o financieras cuyas condiciones difieren de las
que pactarían sociedades independientes en situación de libre concurrencia,
comportan traslaciones indirectas de beneficios de unas
a otras” (10) . Señala esta autora que no es posible una identificación
entre una operación vinculada y el uso de precios de transferencia,
aunque el recurso a éstos sea la manifestación más habitual de
llevar a cabo operaciones vinculadas (11) .
Y además, hay que tener en cuenta que no todas las operaciones
vinculadas dan lugar a una aplicación automática de un posible
ajuste de los precios a los que hayan sido realizadas, sino que
es necesario que se produzca una paridad. Así, debemos atender
a los precios de transferencia, denominación comúnmente aceptada
para referirse a aquellos supuestos en los que en la relación
económica existente entre dos entidades vinculadas, se fija un precio
distinto, superior o inferior, a aquel que sería acordado entre
dos entidades independientes (12) . A través de estos precios, las sociedades
vinculadas tendrían la posibilidad de alterar el contenido
de sus bases imponibles, pudiendo realizar transferencias de beneficios
de una sociedad a otra; ello puede tener lugar en una misma
soberanía fiscal, incidiendo en la cuota de impuesto de sociedades
a liquidar, o bien en soberanías fiscales distintas, desplazando entonces
los beneficios hacia los llamados paraísos fiscales o territorios
que ofrecen una fiscalidad más ventajosa.
Para el examen de este régimen especial de valoración, vamos
a hacer referencia a tres aspectos concretos: qué entidades se encuentran
vinculadas, cómo se determinan los precios de libre concurrencia
y la posibilidad de alcanzar acuerdos previos (13) .
I. PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS
De los requisitos que hemos señalado, para que se pueda hablar
de una operación vinculada, el primero de ellos, la existencia
de vinculación entre las partes, aparece reseñado en el artículo
16.2 de la LIS, donde se enumera una lista de los supuestos en que
se entenderá que se produce esta circunstancia de vinculación que
conlleva la aplicación de esta regla especial de valoración.
En particular, señala este artículo 16.2 de la LIS que: “Se considerarán
personas o entidades vinculadas las siguientes: a) Una sociedad
y sus socios. b) Una sociedad y sus consejeros o administradores.
c) Una sociedad y los cónyuges, ascendientes o descendientes
de los socios, consejeros o administradores. d) Dos sociedades
que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Código de
Comercio, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte
de un mismo grupo de sociedades, sin que sean de aplicación, a
estos efectos, las causas de exclusión previstas en el artículo 43 del
mismo. e) Una sociedad y los socios de otra sociedad, cuando ambas
sociedades pertenezcan al mismo grupo de sociedades definido en
el artículo 42 del Código de Comercio, sin que sean de aplicación,
a estos efectos, las causas de exclusión previstas en el artículo 43
del mismo. f) Una sociedad y los consejeros o administradores de
otra sociedad, cuando ambas pertenezcan al mismo grupo de sociedades
definido en el artículo 42 del Código de Comercio, sin
que sean de aplicación, a estos efectos, las causas de exclusión
previstas en el artículo 43 del mismo. g) Una sociedad y los cónyuges,
ascendientes o descendientes de los socios o consejeros de
otra sociedad cuando ambas sociedades pertenezcan al mismo
grupo de sociedades definido en el artículo 42 del Código de Comercio,
sin que sean de aplicación, a estos efectos, las causas de
exclusión previstas en el artículo 43 del mismo. h) Una sociedad y
otra sociedad participada por la primera indirectamente en, al
menos, el 25 por 100 del capital social. i) Dos sociedades en las
cuales los mismos socios o sus cónyuges, ascendientes o descendientes
participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por
100 del capital social. j) Una sociedad residente en territorio español
y sus establecimientos permanentes en el extranjero. k) Una
sociedad residente en el extranjero y sus establecimientos permanentes
en territorio español (14) . l) Dos entidades que forman parte
de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de sociedades
cooperativas. m) Dos sociedades, cuando una de ellas ejerce el
poder de decisión sobre la otra (15) .
En los supuestos en los que la vinculación se defina en función
de la relación socio-sociedad, la participación deberá ser igual o
superior al 5 por 100 o al 1 por 100 si se trata de valores cotizados
en un mercado secundario organizado.
A efectos del presente apartado se entenderá que el grupo de
sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio
–––––
(7) MORENO FERNÁNDEZ, J. I.: La tributación de las operaciones vinculadas, op. cit.,, pág. 33-
34.
(8) CALVO ORTEGA, R.: “Aspectos tributarios de las operaciones vinculadas y de los grupos
de sociedades”, Grupos de Sociedades: su adaptación a las normas de las Comunidades
Europeas, Confederación Española de Organizaciones Empresariales-Universidad
de Alcalá de Henares, Madrid, Barcelona, 1987, pág. 102.
(9) COMBARROS VILLANUEVA, V. E.: Régimen tributario de las operaciones entre sociedades
vinculadas en el Impuesto sobre sociedades, Tecnos, Madrid, pág. 19.
(10) ESTEVE PARDO, Mª. L.: Fiscalidad de las operaciones entre sociedades vinculadas y distribuciones
encubiertas de beneficios, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 46. Para
MORENO SÁNCHEZ, M. J.: “Operaciones vinculadas: ajustes y precios”, Impuestos Tomo II/
1992, pág. 442, estaremos ante una operación vinculada cuando no se den las condiciones
normales de mercado, es decir, libre concurrencia y total independencia de las
partes. Puede encontrarse un análisis de supuestos concretos en SANZ GADEA, E.: Impuesto
sobre sociedades. Comentarios y casos prácticos, Tomo I, 3ª ed., Centro de Estudios
Financieros, Madrid, 1991, pág. 320.
(11) ESTEVE PARDO, Mª. L.: Fiscalidad de las operaciones entre sociedades vinculadas y distribuciones
encubiertas de beneficios, op. cit., pág. 12.
(12) A juicio de GARCÍA-HERRERO BLANCO, estas dos notas –partes no independientes y pacto de
condiciones diversas a las de mercado- son las que definen a una operación vinculada.
En GARCÍA-HERRERA BLANCO, C.: Precios de transferencia y otras operaciones vinculadas
en el impuesto sobre sociedades, op. cit., pág. 25.
(13) No conviene olvidar que la determinación de los precios de mercado entraña enormes
dificultades y son muchos los factores a tener en cuenta para poder afirmar que nos
encontramos ante operaciones idénticas a las que tienen lugar entre las entidades vinculadas.
Así lo señala autores como GOTA LOSADA, A.: Tratado del Impuesto de Sociedades.
El hecho imponible, rendimientos presuntos y precios de transferencia, Tomo II. EXTECOM,
Madrid, 1989, pág. 261; SANZ GADEA, E.: Impuesto sobre sociedades…, op. cit., pág.
325. También la RTEAC 1995\779, Considerando 4º.
(14) Este supuesto queda afectado por el artículo 7 del MC OCDE que sigue España en sus
Convenios de Doble Imposición, que obliga a tratar al establecimiento permanente como
empresa separada de su casa central en las relaciones con la misma pero no obliga a la
propia casa central con sus establecimientos permanentes situados en el extranjero.
(15) Esta es la cláusula residual que permite incluir o considerar como vinculadas aquellas
sociedades que ejerzan el control sobre otras, directa o indirectamente, hasta el punto
de poder modificar los precios que normalmente acordarían o se impondrían entre dos
entidades independientes. Incluye cualquier forma de ejercicio del poder político sobre
la sociedad. Téngase en cuenta que en este supuesto no resulta exigible la concreción de
una participación de un determinado porcentaje mínimo, lo que convierte a dicha referencia
en auténtica cláusula de cierre que otorga a la Administración la facultad de
realizar el ajuste si logra demostrar la del ejercicio de dicho poder de decisión
MARZO 2004 21

INFORME TRIBUTARIO
es el contemplado en la Sección 1ª del Capítulo Primero de las
normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas,
aprobadas por el Real Decreto Nº 1815/1991, de 20 de diciembre”.
Moreno Fernández reúne los trece apartados enumerados en
este precepto en torno a cinco supuestos, que agrupa en situaciones
de dominio directo o indirecto de las entidades (a, b, c, h, i);
pertenencia a un grupo de sociedades (d, e, f, g); ejercicio del
poder de decisión (m); relaciones matriz-establecimiento permanente
(j, k) y pertenencia a un grupo de sociedades cooperativas
(l) (16) .
Por tanto, produciéndose alguna de estas situaciones, será procedente
la aplicación de la regla especial de valoración cuando el
precio acordado entre las partes difiera del que acordarían partes
independientes. Ahora bien, conviene precisar que el legislador
español se refiere a los supuestos de vinculación de los entes con
forma societaria, dejando fuera del campo de aplicación determinadas
entidades que no tengan dicha forma, como fundaciones,
herencias yacentes, asociaciones… (17) , que sin embargo son tratados
como sujetos pasivos en la imposición sobre la renta.
II. MÉTODOS DE CÁLCULO DEL VALOR NORMAL
DE MERCADO
El significado del valor normal de mercado se concreta en el
artículo 15 de la LIS como el que hubiera sido acordado en condiciones
normales de mercado entre partes independientes, determinándose
conforme a los criterios del artículo 16.3 de la LIS. La
concreción del significado del precio at arm´s length o valor de
mercado entre partes independientes en terminología española se
infiere del propio artículo 9 MC OCDE. El precio de libre concurrencia
que se utiliza como criterio de referencia para realizar el
ajuste por parte de la administración se extrae de la propia dicción
del artículo. El precio o beneficio at arm´s length es aquel que sería
acordado u obtenido por empresas independientes en la medida
en que no se encuentran unidas en sus relaciones comerciales o
financieras por especiales condiciones de asociación. Este es el criterio
fundamental, máximo límite, que debe respetarse cuando los
estados contratantes intenten aplicar la normativa interna para corregir
el resultado o beneficio obtenido por las empresas que realizan
o intervienen en operaciones en sus países o fuera de los mismos.
Puede concluirse por tanto que el ajuste previsto por el artículo
16 responde a las exigencias del artículo 9 MC OCDE y en consecuencia
a los convenios de doble imposición firmados por España.
Como acabamos de señalar, es el apartado 3 del artículo 16 de
la LIS el que nos da estas reglas para calcular el valor normal de
mercado, cuando indica que:
“Para la determinación del valor normal de mercado la Administración
Tributaria aplicará los siguientes métodos:
a) Precio de mercado del bien o servicio de que se trate o de
otros de características similares, efectuando, en este caso, las correcciones
necesarias para obtener la equivalencia, así como para
considerar las particularidades de la operación.
b) Supletoriamente resultarán aplicables:
a’) Precio de venta de bienes y servicios calculado mediante el
incremento del valor de adquisición o coste de producción de los
mismos en el margen que habitualmente obtiene el sujeto pasivo en
operaciones equiparables concertadas con personas o entidades
independientes o en el margen que habitualmente obtienen las
empresas que operan en el mismo sector en operaciones equiparables
concertadas con personas o entidades independientes.
b’) Precio de reventa de bienes y servicios establecido por el
comprador de los mismos, minorado en el margen que habitualmente
obtiene el citado comprador en operaciones equiparables
concertadas con personas o entidades independientes o en el margen
que habitualmente obtienen las empresas que operan en el
mismo sector en operaciones equiparables concertadas con personas
o entidades independientes, considerando, en su caso, los costes
en que hubiera incurrido el citado comprador para transformar
los mencionados bienes y servicios.
c) Cuando no resulten aplicables ninguno de los métodos anteriores,
se aplicará el precio derivado de la distribución del resultado
conjunto de la operación de que se trate, teniendo en cuenta los
riesgos asumidos, los activos implicados y las funciones desempeñadas
por las partes relacionadas”.
En general, cabe destacar que los cuatro métodos propuestos
se aplican de forma sucesiva, y cada uno en defecto del anterior,
de manera que no cabe que la Administración acuda a cualquiera
de ellos de forma discrecional (18) . El problema se centra fundamentalmente
en el hallazgo y determinación de métodos que tengan
alguna utilidad, relevancia o posibilidad de utilización cuando las
transacciones entre operaciones vinculadas se refieran a servicios,
transferencias de tecnologías, transacciones circulares –fundamentalmente
prestación de servicios, cesiones de intangibles, bienes
inmateriales y operaciones financieras– para las que no existe un
precio comparable o ni tan siquiera un mercado propiamente dicho.
O dicho de otro modo, el problema se centra fundamentalmente
en señalar los métodos adecuados para la valoración de transacciones
entre entidades vinculadas que afecten a aquellos bienes
y derechos para las que no existe un precio comparable o ni tan
siquiera un mercado propiamente dicho (19) , particularmente en
materia de bienes intangibles cada vez más presentes en las transacciones
económicas.
Pues bien, los métodos recogidos en la legislación española son
los denominados métodos tradicionales, entre los que se encuentran
el método del mercado comparable (20) ; el método del coste
––––––
(16) MORENO FERNÁNDEZ, J. I.: La tributación de las operaciones vinculadas, op. cit., pág. 38-
39, describiendo cada uno de los supuestos en las páginas siguientes.
(17) Este criterio restrictivo choca aunque resulta totalmente compatible con la formulación
genérica de la asociación del artículo 9 MCOCDE, que se refiere al supuesto de empresas
de alguno de los países contratantes, y no únicamente a las sociedades residentes en
dichos Estados.
(18) Sobre estos métodos, ZORNOZA PÉREZ, J. J.: “Determinación de los precios de transferencia
en ausencia de precios de mercado comparables”, CT Nº 77/1993. ESTEVE PARDO,
Mª. L.: Fiscalidad de las operaciones entre sociedades vinculadas y distribuciones encubiertas
de beneficios, op. cit.,; GARCÍA-HERRERA BLANCO, C.: Precios de transferencia y
otras operaciones vinculadas en el impuesto sobre sociedades, op. cit.; CENCERRADO MILLÁN,
E.: El Tratamiento de las entidades vinculadas en la imposición directa española, Aranzadi,
Pamplona, 2000; MORENO FERNÁNDEZ, J. I.: La tributación de las operaciones vinculadas,
op. cit., pág. 54 y ss; DE PABLO VARONA, C.: Las operaciones vinculadas en el IRPF, Tirant
lo blanch, Valencia, 2002.
(19) De hecho, en el Informe de la OCDE se señalan unas condiciones para que pueda
procederse a la comparación. El TEAC también ha considerado necesario que se cumplan
algunos requisitos para que pueda entenderse viable la comparación de operaciones,
que extractamos de la exposición de ZORNOZA PÉREZ: que se tome como referencia el
mismo mercado en términos geográficos; que las operaciones se refieran a una mercancía
igual o similar; que las transacciones tengan un volumen equivalente; que la fase
del proceso productivo y que las operaciones comparadas se hayan desarrollado en el
mismo período de tiempo. Añade el mismo autor que también deberían tomarse en
consideración condiciones como las modalidades contractuales en que se plasman las
operaciones. En “Determinación de los precios de transferencia en ausencia de precios
de mercado comparables”, CT Nº 67/1993, pág. 128-129. Más recientemente, GARCÍA-
HERRERO BLANCO, C.: Precios de transferencia y otras operaciones vinculadas en el Impuesto
sobre Sociedades, op. cit., pág. 114 y ss.
(20) Denominado precio libre comparable en los informes de la OCDE. Consiste en comparar
el precio de un bien o servicio transferido en el ámbito de una operación vinculada
con el de un bien o servicio de características similares transferido entre empresas independientes.
Señala HORTALÀ I VALLVE que “las operaciones serán comparables cuando no
existen diferencias entres ellas o cuando existiendo se conoce la repercusión de éstas en
el precio y por tanto pueden ajustarse. Las diferencias pueden deberse a la calidad, a
que un producto disponga o no de marca, etc”. Vid. “Informe sobre precios de transferencia
de la OCDE de 1979 a 1985”, CT Nº 75/1995, pág. 19.
22
MARZO 2004

INFORME TRIBUTARIO
incrementado (21) , el método del precio de reventa (22) ; y una cláusula
residual, por la que es posible aplicar el método de distribución
del resultado. De otra parte, en la OCDE se está aceptando la aplicación
de nuevos métodos (23) con los que se intenta hacer frente a
los problemas de aplicación de los métodos tradicionales a las nuevas
transacciones (24) ; tales métodos serían aquellos basados en el
beneficio y análisis funcional, entre los que se incluyen el método
de la división del beneficio y método del margen neto de la transacción
(25) . En principio, los mismos no tendrían cabida en nuestro
ordenamiento, puesto que la lista del artículo 16.3 de la LIS es
cerrada, sin que sea posible acudir a otros métodos, a salvo del
supuesto de adopción de un acuerdo previo de valoración.
III. LA POSIBILIDAD DE ADOPTAR ACUERDOS
PREVIOS DE VALORACIÓN
El artículo 16.6. de la LIS señala que:
“Los sujetos pasivos podrán someter a la Administración Tributaria
una propuesta para la valoración de operaciones efectuadas
entre personas o entidades vinculadas con carácter previo a la realización
de las mismas. Dicha propuesta se fundamentará en el
valor normal de mercado”.
El pacto recoge la valoración a precios normales de mercado
de las operaciones que tengan lugar entre entidades vinculadas y,
simultánea o separadamente, de una serie de gastos (26) derivados
de esta misma relación (27) . Por tanto, deberán describirse de una
parte las operaciones a las que entendemos serán de aplicación los
acuerdos alcanzados (28) , y de otra, los criterios que van a ser empleados
para establecer el valor normal de mercado de esas operaciones
(29) . Ante el silencio del artículo 16.6 de la LIS sobre los
métodos de valoración, y en la medida en que el artículo16.3 de la
LIS se refiere expresamente a los supuestos en que sea la Administración
la que realice la valoración, entendemos que nada impide
que se proponga un método diverso (30) . De hecho, las entidades,
como las mejores conocedoras de sus propias actividades, pueden
proponer un método distinto y específico para las actividades económicas
que realizan, que permita establecer el precio normal de
mercado (31) .
Tanto las sociedades como la Administración quedan obligadas
a respetar el contenido del acuerdo, en tanto subsistan las circunstancias
en las que se pactó. Ello supone que cada una de las
entidades deberá reflejar en su contabilidad y en su autoliquidación
los precios normales de mercado, calculados según los criterios
pactados, cuando se den las condiciones previstas en el acuerdo
(32) . Por su parte, la Administración queda vinculada a respetar
esas autoliquidaciones, no sancionando a la entidad cumplidora
del pacto en caso de discrepancia sobrevenida, porque realmente
se estará ante una inexistencia de culpabilidad (33) .
Las propuestas deben efectuarse con anterioridad a la realización
de las operaciones, y sólo producen efectos en relación a aquellas
que se inicien con posterioridad a su aprobación. La imposibilidad
de negociación sobre hechos ya producidos debe interpretarse
como una garantía para evitar usos fraudulentos que permitan
–––––––
(21) Se basa, al contrario que el método del precio de reventa, en el precio de transmisión
del bien o servicio, partiendo para ello del precio de adquisición de tales bienes. El
precio de adquisición se incrementa en los costes incurridos y en un margen de beneficios.
HORTALÀ I VALLVE, J.: “Informe sobre precios de transferencia de la OCDE de 1979 a
1985”, op. cit., pág. 20.
(22) Este método parte del precio de venta de un determinado producto que ha sido adquirido
a una entidad vinculada, precio que se minorará en el margen de reventa habitual
para obtener el precio de adquisición en situaciones de libre concurrencia. HORTALÀ I
VALLVE, J.: “Informe sobre precios de transferencia de la OCDE de 1979 a 1985”, op.
cit., pág. 19.
(23) Que pueden identificarse con los llamados métodos globales, cuyo respeto por el principio
at arm´s lenght sigue negando la OCDE, y los métodos basados en el beneficio,
como el profit split y el método de beneficios comparables. Un análisis de los mismos
puede encontrarse en SYMONS, T. A.; ORTEGA ESCOS, J. M.: “Métodos orientados a beneficios
versus métodos basados en la orientación”, Impuestos, Nº 22/1997, pág. 19 y ss,
quienes los entienden más como métodos complementarios que como métodos sustitutivos.
(24) Para la valoración de este tema, vid. MORENO FERNÁNDEZ, J. I.: La tributación de las operaciones
vinculadas, op. cit., pág. 92. Cita este autor la RTEAC de 13 de enero de 1999
(JT 186/1999) que rechaza el precio de mercado propuesto por la Inspección respecto
a un canon que incluía el pago por las marcas presentes y futuras de una filial a su
matriz, porque no resulta acreditado que existiese un precio de transferencia ni tampoco
un mercado comparable. Sobre esta misma Resolución, vid. DELGADO PACHECO, A.: “El
régimen de los llamados precios de transferencia”, op. cit., pág. 261; COLLADO ARMENGOL,
A; DELGADO PACHECO, A.: “Pasado, presente y futuro del régimen de los precios de transferencia
en España”, Fiscalidad internacional, CEF, Madrid, 2001, pág. 647.
(25) Es creciente la aceptación de estos métodos por las distintas Administraciones, y de esta
situación se han hecho eco diversos autores, que analizan los nuevos métodos de valoración.
Vid. COLLADO ARMENGOL, A; DELGADO PACHECO, A.: “Pasado, presente y futuro del
régimen de los precios de transferencia en España”, op. cit., pág. 664 y ss; GARCÍA PRATS,
F. A.: “Tributación de las rentas empresariales: rentas asociadas en los convenios de
doble imposición”, op. cit., pág. 241 y ss.
(26) Otros elementos sobre los que cabe pacto previo son alguno de los gastos que genera
en una sociedad su vinculación con otra, previstos en el artículo 16 de la LIS. Sobre estos
no se establecen criterios de valoración sino de distribución de los gastos. No obstante,
se trata de cuantías que inciden en la determinación de la base imponible al afectar
directamente a la deducibilidad de esos gastos por cada una de las entidades vinculadas.
En particular, se señalan por la LIS como supuestos especiales de gastos dos casos:
-los gastos en concepto de contribuciones a actividades de investigación y desarrollo
realizadas por una entidad vinculada, cuya deducción, según el artículo 16.4 de la LIS,
estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a/ Que sean exigibles en virtud de un contrato escrito, celebrado con carácter previo,
en el que se identifiquen el proyecto o proyectos a realizar y que otorgue el derecho a
utilizar los resultados de los mismos.
b/ Que los criterios de distribución de los gastos soportados efectivamente por la entidad
que efectúa la actividad de investigación y desarrollo se correspondan racionalmente
con el contenido del derecho a utilizar los resultados del proyecto o proyectos por
las entidades que realizan las contribuciones.
-los gastos en concepto de servicios de apoyo a la gestión prestados entre entidades
vinculadas, deducibles cuando su importe se establezca en base a un contrato escrito,
celebrado con carácter previo, a través del cual se fijen los criterios de distribución de
los gastos incurridos a tal efecto por la entidad que los presta. Dicho pacto o contrato,
como señala el artículo 16.5 de la LIS, deberá reunir los siguientes requisitos:
a/ Especificará la naturaleza de los servicios a prestar.
b/ Establecerá los métodos de distribución de los gastos atendiendo a criterios de continuidad
y racionalidad.
(27) Además, se prevé en el artículo 20.3 de la LIS, así como en el desarrollo reglamentario
de estos acuerdos previos, la posibilidad de que se pacte un coeficiente de
subcapitalización.
(28) El artículo 19 RIS detalla la documentación que debe presentarse conjuntamente con la
solicitud de acuerdo de valoración; de sus previsiones entendemos especialmente afortunada
la prevista en su letra h, que exige la identificación de las operaciones realizadas
entre las entidades vinculadas a las que no afectará la propuesta de valoración, de
tal manera que se procede a una doble delimitación, positiva y negativa, de las operaciones
objeto del acuerdo
(29) En este sentido, el artículo 19.2 RIS indica que las propuestas deberán aportar una
descripción del método de valoración propuesta, una justificación del método elegido
así como el valor o intervalo de valores que se derivan de la aplicación del método de
valoración.
(30) ESTEVE PARDO, Mª. L.: Fiscalidad de las operaciones..., op. cit., pág. 188. En contra,
MARTÍN FERNÁNDEZ, J: Las operaciones vinculadas.., op. cit., pág. 45, afirma que deben
aplicarse los métodos del artículo 16.3 de la LIS.
(31) Sin embargo, desde la perspectiva de la solución americana, aunque se destaca la
necesidad de flexibilidad del acuerdo para su correcto funcionamiento, los acuerdos
siempre estarán ajustados a alguno de los diferentes métodos previstos por la ley para
asegurar un resultado equivalente al de los precios de mercado. Vid. GÓMEZ-POMAR
RODRÍGUEZ, J.: Los acuerdos previos sobre precios de transferencia: una reflexión desde
la experiencia americana, Papeles de Trabajo Nº 14/1994, pág. 21-22.
(32) Sin embargo, FALCÓN Y TELLA considera que los efectos de la aprobación de una
propuesta de valoración han de operar también como límites al ajuste que en su caso
proceda, es decir, una valoración a efectos fiscales. Por ello critica la previsión del
artículo 24 RIS que señala que la Administración valorará las operaciones “por los
valores a los que se hayan efectuado”, ya que, a su juicio, parece obligar al sujeto
pasivo no sólo a valorar por el valor de mercado sino incluso a vender por el valor de
mercado. De esta forma, sólo tienen sentido las propuestas cuando las partes vayan a
operar a precios de mercado. FALCÓN Y TELLA, R.: “La libertad de pactos y los precios de
transferencia: efectos de las propuestas de valoración previa”, Quincena Fiscal, Editorial,
Nº 11/1997, pág. 6 y ss.
(33) Con carácter general se rechaza la procedencia de sanciones cuando la Administración
proceda al ajuste conforme al artículo 16.1 de la LIS; es perfectamente razonable que
suceda lo mismo en los supuestos en que se respete un acuerdo previo entre las partes.
Vid. MARTÍN FERNÁNEZ, J: Las operaciones vinculadas..., op. cit., pág. 45.
MARZO 2004 23

INFORME TRIBUTARIO
“rebajas” de tributación paccionadas, aunque se han oído voces
favorables a la retroacción de efectos al momento de presentación
de la propuesta (34) .
En cuanto a los efectos del acuerdo aprobado, se extenderán
sobre tres períodos impositivos posteriores a la aprobación del acuerdo.
El artículo 22.2.e/ RIS indica que, dentro del contenido mínimo
de la resolución que adopta el acuerdo alcanzado, deberá incluirse
el período de tiempo al que se refiere la propuesta, lo que nos
permite entender que cabe un pacto por un plazo inferior a los tres
períodos impositivos fijados legalmente. En ningún caso parece
poder admitirse la aplicación retroactiva de efectos (35) , porque se
exige el carácter previo del pacto a la realización de las operaciones.
Para que produzca sus efectos entre las partes es preciso que
las operaciones que regule el convenio se efectúen según los términos
en los que se haya aprobado la propuesta. Si los sujetos pasivos
se separasen de esos términos no se dan las condiciones de
aplicabilidad del convenio, con lo que sería de aplicación la regla
rebus sic stantibus (36) .
Sin embargo, si las circunstancias económicas sufren una variación
significativa, se prevé en la ley que se podrá instar la modificación
del convenio (37) , estando legitimado para ello tanto la Administración
como los sujetos pasivos (38) . La finalización de efectos
del acuerdo alcanzado se producirá automáticamente transcurridos
tres períodos impositivos o el plazo inferior que se hubiese convenido.
Podríamos entender que no existen otras posibles causas
de resolución de los convenios, dado que la disposición específica
que lo regula –artículo 16.6 de la LIS– no señala más que el transcurso
del plazo fijado y el incumplimiento de los términos fijados en
el acuerdo para la realización de las operaciones.
Las ventajas de este tipo de acuerdos son muy numerosas, en
cuanto fortalecen la seguridad jurídica y contribuyen a la disminución
de litigiosidad. También se evitan inspecciones costosas y trámites
complejos que serían necesarios para determinar por la Administración
los precios normales de mercado, lográndose además
la aceptación por el contribuyente del sistema, en el que resulta
involucrado y del que va a conocer de antemano las consecuencias
jurídicas.
IV. BREVE REFERENCIA AL CONVENIO Nº 90/436/
CEE, DE 23 DE JULIO DE 1990
Dada la pertenencia de España a la Unión Europea, resulta
imprescindible realizar una breve referencia al régimen establecido
en esta materia (39) , que en realidad no es una norma de la Unión
Europea sino un tratado multilateral (40) . Nos referimos al Convenio
90/436/CEE, de 23 de julio, relativo a la supresión de doble imposición
en caso de corrección de los beneficios de empresa asociados.
El convenio permite establecer un mecanismo de negociación
entre los Estados Miembros para evitar la doble imposición que se
produce como consecuencia de los ajustes fiscales no correlativos
en empresas vinculadas que utilizan precios de transferencia, doble
imposición que produce una carga fiscal suplementaria que
atenta contra el principio de neutralidad fiscal y perjudica la libre
circulación de capitales, la libertad de establecimiento, la formación
de grupos empresariales en el seno de la Unión Europea y el
buen funcionamiento del mercado comunitario. Este convenio propugna
la realización del ajuste bilateral en las operaciones realizadas
por empresas vinculadas y residentes en los estados miembros
de la Unión Europea.
La aprobación de dicho convenio, que permanece inaplicado,
constituye una garantía para la eliminación de la doble imposición
potencial a consecuencia de la realización de los ajustes sobre los
precios de transferencia entre entidades vinculadas, en la medida
en que otorga efectos vinculantes a la resolución que proponga –en
materia de ajustes- la Comisión consultiva nombrada al efecto. La
existencia de este mecanismo puede forzar a los Estados a llegar a
una solución satisfactoria en el marco del procedimiento amistoso
que decida iniciarse.
La finalidad del convenio es la de evitar el exceso de imposición
que puede derivarse de una corrección de beneficios imponibles
por razón de una operación realizada entre entidades vinculadas
residentes en Estados miembros pertenecientes a la Unión Europea.
El exceso de imposición se refiere a la tributación que recae sobre
las empresas (España: IS e IRPF). Por tanto, el convenio se aplica
cuando los beneficios de una empresa de un Estado de la Unión
Europea se vayan a incluir probablemente en los beneficios de otra
empresa de otro Estado de la Unión Europea, siempre que estos
beneficios estén sujetos a un impuesto sobre la renta de sociedades
o personas físicas en otro Estado de la Unión Europea. El principio
establecido en el Convenio para evitar la doble imposición consiste
en la imputación del Estado residente de la Empresa, tal y como si
se tratara de empresas independientes con lo que se corrigen los
beneficios obtenidos en el otro Estado y se evita la doble imposición.
En principio, estará en vigor, si no se decide otra cosa, hasta
el 2005, tras acordarse una prórroga automática de cinco años
tras el 2000.
–––––––
(34) E incluso sería conveniente una aceptación de la valoración convenida con carácter
retroactivo para las operaciones denominadas de “flujo continuo”, por cuanto la presentación
anterior al inicio de tales operaciones exigiría presentar la propuesta antes
del inicio de la actividad misma de la entidad vinculada.
(35) Excepción hecha del supuesto previsto en la Disposición Transitoria Novena del RIS,
relativa a propuestas presentadas antes del 1 de julio de 1997.
(36) Ahora bien, la expresión utilizada por la LIS, “según los términos”, da a entender que
no se trata de una vinculación estricta, sino de que la propuesta fije unas pautas dentro
de las cuales las operaciones presenten una unidad de condiciones que permitan una
valoración en función de unos mismos criterios. De otro modo no se lograría una aproximación
a los precios de mercado.
(37) El artículo 28 RIS prevé un procedimiento para instar la modificación del acuerdo en
caso de variación significativa de las circunstancias económicas, que puede ser iniciado
por cualquiera de los pactantes. El iter procedimental dependerá de quien haya instado
la variación, pero siempre con el objetivo de lograr la sustitución del acuerdo alcanzado
por otro que responda a la nueva situación
(38) El empleo de conceptos jurídicos indeterminados vuelve a plantear problemas para un
claro entendimiento de la norma, ya que será imprescindible delimitar cuando estamos
ante una variación significativa que dé lugar a una modificación del pacto, una variación
que no provoque efecto alguno por su escasa entidad o una variación tan importante
que suponga una mutación en el objeto del acuerdo y que tendría que desembocar
en una extinción del mismo por falta de objeto.
(39) Debe reseñarse que la imposición directa es una de las asignaturas pendientes de armonización
por parte de la Unión Europea. Podemos destacar la reciente aprobación de la
Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal
común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas
de diferentes Estados miembros, que sin embargo no se aplicará en los supuestos en
que se hayan acordado precios diversos a los normales de mercado entre el pagador y
el beneficiario efectivo, como se señala en el artículo 4.2: “Cuando, debido a una
relación especial entre el pagador y el beneficiario efectivo de los intereses o cánones,
o entre ambos y un tercero, el importe de dichos intereses o cánones supere el que
habrían acordado ambos de no existir dicha relación especial entre ellos, lo dispuesto
en la presente Directiva se aplicará, en su caso, a este último si lo hubiere”. Esto es, de
este precepto se desprende que se beneficiará de la exención en el impuesto la cantidad
pagada en concepto de canon que habría sido acordada entre partes independientes,
pero no aquella que suponga un precio superior al de mercado. Si el canon acordado
supera este precio, el Estado de la fuente no está obligado a aplicar la exención a toda
la cuantía, pudiendo tomar esta decisión de manera unilateral. Por tanto, habrá que
estar a la normativa interna de cada uno de los Estados miembros; en el caso español,
en aplicación del régimen de valoración de las operaciones vinculadas, será la Administración
Tributaria la que determinará si el canon se ajusta al valor de normal mercado,
de forma unilateral y previa comprobación administrativa.
(40) Por tanto ni es de aplicación obligatoria por el Derecho Comunitario ni tampoco el TJCE
puede interpretarlo u obligar a su aplicación. Respecto a su posible solapamiento con
un convenio de doble imposición bilateral en un procedimiento amistoso, puede entenderse
que el Convenio debe aplicarse como norma especial respecto del derecho interno
y los demás convenios, si la tutela y eficacia de esa norma especial sea superior a las
de otras normas concurrentes
24
MARZO 2004

CASUÍSTICA
Impuesto a las
Transacciones Financieras(*)
En relación con el Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF), presentamos
a continuación diversos casos analizados
por SUNAT que pueden ser de su interés
para conocer la posición de la Administración
Tributaria. Sin embargo, hacemos
la salvedad de que dichas respuestas deben
ser analizadas luego detenidamente,
confrontándolas con las distintas disposiciones
emitidas hasta la fecha y que han
sido publicadas y analizadas en nuestra
revista.
1. ¿Están gravados los saldos de remuneraciones
abonadas, por ejemplo en
marzo, y que se utilicen en abril?
No. Es importante saber que el saldo
no utilizado de remuneración por un mes
se acumula hacia los otros meses, hasta
que sea agotado.
Por ejemplo, si en el mes de marzo le
depositaron remuneraciones por S/. 1000
y retiró S/. 800, ambos movimientos estarán
exonerados. Asimismo, si en el mes
de abril le depositan remuneraciones por
S/. 1000 y retira S/. 1200, este retiro
estará totalmente exonerado, ya que se
compone del saldo de remuneración exonerada
de marzo (S/. 200) más el de abril
(S/. 1000).
2. Tengo un cheque por S/. 2,500.
¿Al cobrarlo en el banco pagaré el ITF?
No, los cobros de cheques no están
gravados con el ITF. Si me acerco a ventanilla
a cobrar un cheque por S/. 2,500,
esa será la cantidad de dinero en efectivo
que me entregarán.
3. ¿Están gravados los ahorros en
moneda nacional o extranjera vigentes
al momento de entrar en vigencia el ITF?
No. El ITF grava los depósitos o retiros
de dinero desde la vigencia del impuesto,
no los ahorros por sí mismos. Hay
que recordar que el ITF no grava los saldos
de los ahorros, sino movimientos de
dinero en cuentas.
4. Los pagos mediante débito automático
en cuenta ¿están afectos al ITF?
En principio todo retiro de dinero de
una cuenta, sin importar el motivo que lo
origine, se encuentra afecto al ITF, salvo
que dicha cuenta se encuentre exonerada.
En tal sentido, si se realizan débitos
automáticos con cargo a una cuenta exonerada,
como por ejemplo la cuenta de
remuneraciones, estos se encontrarán exonerados
del ITF.
5. ¿Están gravados los depósitos en
una cuenta de dinero enviado desde el
exterior?
Sí. Todo depósito de dinero que se realice
en una cuenta abierta en el Sistema
Financiero Nacional está afecto al ITF.
6. ¿Existe un monto mínimo para cobrar
el impuesto en vista del redondeo
que se aplica para el cálculo del ITF?
El Decreto Legislativo Nº 939 modificado
por el Decreto Legislativo Nº 947
establece que el impuesto se redondeará
a dos decimales.
En tal sentido, para los importes menores
a S/. 3.30, no existirá impuesto a
cobrar debido al procedimiento de redondeo.
7. ¿El pago de la comisión que cobran
los bancos por los servicios públicos
cancelados en su ventanilla, está afecto
al ITF?
Sí, debido a que los mismos constituyen
pagos en efectivo realizados a empresas
del Sistema Financiero Nacional.
Sin embargo, considerando la pregunta
anterior, las comisiones que sean menores
a S/. 3.30 no pagarán ITF.
8. Me desempeño como trabajadora
independiente, por lo cual la empresa
para la que trabajo me paga a mi
cuenta de ahorros y expido mis recibos
por honorarios. ¿Puede esta cuenta exonerarse
y nombrarse como cuenta de
remuneraciones?
No, dado que la renta abonada pertenece
a la cuarta categoría. Sólo están
exonerados los depósitos y retiros de remuneraciones
consideradas como de
quinta categoría para efectos del Impuesto
a la Renta.
9. ¿Está gravado el retiro de dinero
de la cuenta del empleador para el pago
de remuneraciones, pensiones, CTS o
AFP?
Sí. Sólo está exonerado el depósito de
las remuneraciones, pensiones y CTS en
la cuenta del trabajador.
10. ¿Los giros o envíos de dinero están
gravados con el ITF?
Sí. Se encuentran gravados los giros
o envíos de dinero efectuados a través de
una Empresa del Sistema Financiero, una
Empresa de Transferencia de Fondos u otra
persona o entidad generadora de renta
de tercera categoría.
11. ¿Están gravadas las transferencias
de dinero efectuadas hacia el exterior
desde una cuenta del Sistema Financiero
Nacional?
Sí, salvo que dicha cuenta se encuentre
exonerada.
12. Los cargos bancarios por gastos
de mantenimiento y portes están gravados
con el ITF?
No, los débitos en la cuenta del cliente
referidos exclusivamente a gastos de
mantenimiento de cuentas y portes están
exonerados al no estar relacionados a
operaciones específicas.
13. Los cargos bancarios por chequera,
comisiones, etc., están gravados con
el ITF?
Sí, la comisión por emisión de chequera
o la comisión por la adquisición de un
cheque de gerencia, por ejemplo, están
afectas al ITF al estar relacionadas a operaciones
específicas.
14. ¿Está gravado con el ITF el pago
en efectivo realizado al banco por letras
en cobranza libre de empresas que no
forman parte del Sistema Financiero
Nacional?
No, en la medida que no constituye
un pago realizado a una empresa del sistema
financiero. En los pagos por letras
en cobranza libre, el banco realiza la
cobranza de documentos o títulos valores
por cobrar que pertenecen a empresas
–––––
(*) Fuente: página web de SUNAT.
MARZO 2004 25

CASUÍSTICA
que, por lo general, no forman parte del
Sistema Financiero Nacional
15. ¿Qué empresas deben retener el
ITF en los pagos que realicen y sobre qué
montos?
El ITF es un impuesto que será cobrado
sólo por los agentes de retención o percepción
que se señalan en el artículo 14°
del Decreto Legislativo Nº 939.
Estos agentes de retención o percepción
son básicamente las empresas del
sistema financiero, las empresas de transferencia
de fondos y empresas que realicen
envíos de dinero.
Cabe señalar que todos los importes
que se paguen o se cobren deberán hacerse
por los importes totales, siendo el
agente de retención o percepción quien
realizará el cobro del ITF al respectivo
contribuyente.
16. ¿Qué sucede si nuestra empresa
compensa cuentas por cobrar contra
cuentas por pagar de un mismo cliente,
debo pagar el ITF? ¿es válida como deducción
de gasto?
Las compensaciones están permitidas
hasta un tope del 15 por ciento del total
de pagos realizados. El exceso pagará el
ITF.
Para efectos de bancarización, la obligación
se aplica para el pago de toda
suma de dinero exclusivamente. Las compensaciones,
al no implicar pagos de sumas
de dinero, no están incluidas en la
obligación de utilizar medios de pago.
17. En mi caso, mensualmente me
hacen un depósito en efectivo a mi cuenta
de ahorros por concepto de alquiler
de un local comercial. ¿Quién asume el
pago del ITF, el que deposita o yo
como arrendador? Suponiendo que el
monto de alquiler es de S/. 500.00, ¿el
depositante pagaría S/. 0.75 o este importe
se descuenta de los S/. 500.00?
Las obligaciones se deberán cancelar
por los montos totales, sin deducción alguna
por el ITF. Cuando ingrese o salga el
dinero de las cuentas, la empresa del Sistema
Financiero procederá a cobrar el ITF.
En el ejemplo, el alquiler que se depositará
en efectivo deberá ser siempre
S/. 500.00. El Banco será quien cobre
los S/. 0.75 por concepto de ITF al titular
de la cuenta, pues es el contribuyente de
dicho impuesto.
18. ¿El pago por Internet de mi tarjeta
de crédito con cargo a mi cuenta de
remuneraciones de otro Banco está gravado
por el ITF?
Todo débito en la cuenta de remuneraciones,
independientemente de la forma
que se debiten los fondos (valga decir
transferencia interbancaria, débito automático
o pago por Internet) estará exonerado
del ITF, siempre que el mismo se realice
hasta el límite de las remuneraciones
acreditadas.
19. Si tengo una cuenta de remuneraciones
en Nuevos Soles y una cuenta
de ahorros en Dólares en el mismo Banco,
¿las transacciones de compra de dólares
de mi cuenta de remuneraciones en
Nuevos Soles con abono a mi cuenta de
ahorros en dólares, estarían gravadas?
En este ejemplo, estará exonerada la
salida del dinero desde la cuenta de remuneraciones,
y se gravará el ingreso a
la cuenta de dólares.
En tal sentido, si retiro S/. 350.00 desde
una cuenta de remuneraciones para
abonar USD 100.00 en una cuenta de
dólares, el ITF a pagar por esta operación
sería USD 0.15, correspondiente al
depósito del dinero en la cuenta de dólares
(que no corresponde a un abono por
remuneración).
20. ¿Qué constancia emitirán los bancos
para acreditar la retención o percepción
del ITF?
Los bancos entregarán anualmente
una constancia de retención del ITF, en la
que constará el impuesto retenido por
cada cuenta bancaria del contribuyente
por las operaciones gravadas.
En cambio, respecto a las operaciones
realizadas sin utilizar cuenta bancaria,
el Banco entregará una constancia en
la oportunidad en que se realice la operación.
No existirá obligación de emitir
una constancia anual.
Estas constancias de retención constituirán
el sustento para la deducción de
gasto por concepto de ITF en las declaraciones
juradas del Impuesto a la Renta
Anual.
21. ¿Cómo se controlará que una empresa
está haciendo uso adecuado de su
cuenta exonerada?
El control del uso de las cuentas exoneradas
estará a cargo de SUNAT, quien
mediante cruces informáticos comparará
los movimientos de las cuentas exoneradas
con información proveniente de, por
ejemplo, remuneraciones, declaraciones
juradas del Impuesto a la Renta e IGV,
entre otros.
22. ¿Qué documentos bancarios deben
conservar los contribuyentes referidos
a la retención o percepción del ITF?
Los contribuyentes deberán conservar
las constancias de retención expedidas por
las empresas del Sistema Financiero con
las que sustentarán la deducción como
gasto del ITF a que tienen derecho.
Asimismo, deberán conservar los comprobantes
que acrediten la utilización de
medios de pago para aquellos pagos realizados
a partir de S/. 5,000 o USD
1,500.
23. ¿En qué parte del Decreto Legislativo
se establece la exoneración al ITF
del pago en efectivo de servicios públicos?
El pago en efectivo de servicios públicos
no se encuentra exonerado, sino
inafecto del ITF, al no estar incorporado
dentro de los hechos imponibles del impuesto,
señalados en el artículo 9° del Decreto
Legislativo Nª 939. Por tal motivo
no existe mención expresa a dicha operación
en el texto de la norma.
24. ¿Cómo funciona la exoneración
para el pago de impuestos de importación
realizados por los Agentes de Aduanas?
La exoneración al ITF de las operaciones
realizadas en cuentas para el pago
de impuestos aplicables a la importación,
aplica exclusivamente para los Agentes de
Aduana, mas no para el retiro del dinero
de la cuenta del contribuyente para el
pago de los mismos.
En tal sentido, la acreditación o débito
en las cuentas que utilicen los Agentes
de Aduana exclusivamente para el pago
de deuda tributaria de sus comitentes está
exonerada del ITF.
25. En el caso que mi empresa tenga
varias cuentas en un mismo banco todas
con la misma razón social, y realice transferencias
entre ellas, ¿se gravarán estas
operaciones?
Sí. El ITF grava todo ingreso o salida
en toda modalidad de cuenta abierta en
las empresas del Sistema Financiero, salvo
que dichas cuentas se encuentren exoneradas.
26. Si efectúo un pago de la cuota de
un préstamo otorgado directamente por
el constructor de un inmueble mediante
el depósito en su cuenta bancaria, ¿deberé
pagar el ITF?
No. El ITF no grava a los pagos de
préstamos realizados a empresas que no
forman parte del Sistema Financiero Nacional.
Sin embargo, el constructor deberá pagar
el ITF cuando reciba el dinero en su
cuenta.
26
MARZO 2004

JURISPRUDENCIA COMENTADA
Impuesto a la Renta
Renta Ficta de Primera Categoría
e Incremento Patrimonial No Justificado(*)
RTF Nº: 4761-4-2003
EXPEDIENTE Nº: 534-2000
INTERESADO: VILMA TANIA VÁSQUEZ RAMÍREZ
ASUNTO: Impuesto a la Renta
PROCEDENCIA: Lima
FECHA: Lima, 22 de agosto de 2003
VISTA la apelación interpuesta por VILMA TANIA VÁSQUEZ
RAMÍREZ contra la Denegatoria Ficta de la reclamación formulada
contra las Resoluciones de Determinación Nºs. 024-3-06499 a 024-
3-06501 por Impuesto a la Renta de los ejercicios 1993 y 1994 y
por omisión a los pagos a cuenta del referido Impuesto de 1994 y
las Resoluciones de Multa Nºs. 024-2-19447 a 024-2-19458, giradas
por declarar cifras y datos falsos que influyeron en la determinación
de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del ejercicio
gravable de 1994.
CONSIDERANDO:
Que la recurrente señala, con relación al reparo por rentas de
primera categoría por los ejercicios gravables 1993 y 1994, que la
Administración no ha considerado la condición de terreno sin construir
que tienen sus inmuebles a los que ha atribuido una renta ficta,
los mismos que no contaron con instalaciones de agua ni energía
eléctrica durante los períodos acotados, con lo cual se acredita que
en esa condición no podían generar rentas y que estuvieron totalmente
desocupados, precisando además que los terrenos fueron declarados
como tales para efecto del Impuesto Predial;
Que adicionalmente, indica que el predio ubicado en Los Paracas
Nº 395, Mz. O Lote 1, urbanización Salamanca Ate, no es de su
propiedad sino de su padre y que el predio ubicado en la Mz. Q Lote
6 de la urbanización Los Portales de Javier Prado Ate, fue permutado
con el Lote 7 dentro de la misma manzana y urbanización;
Que con respecto al reparo por rentas de segunda y cuarta
categorías por el ejercicio 1993, la recurrente alega que los ingresos
percibidos por el alquiler de equipos de cómputo a diversas
empresas, indebidamente fueron declarados como rentas de cuarta
categoría en su declaración del Impuesto a la Renta de dicho
ejercicio, señalando además que las rentas por tal concepto ascendieron
a S/. 31,350.00 y no a los S/. 43,038.00 atribuidos por la
Administración;
Que asimismo, señala que no se le ha reconocido la deducción
del 20% por concepto de depreciación, dispuesta por los artículos
35°, 44° y 47° de la Ley del Impuesto a la Renta, y el artículo 68°
de su Reglamento;
Que en el caso de las referidas rentas de segunda categoría
atribuidas por el ejercicio 1994 por concepto de alquiler de equipos
de cómputo ascendente a S/. 47,214.00, la recurrente sostiene
que por dicho ejercicio no se ha generado ninguna renta, ni
devengada ni percibida por tal concepto, indicando que por acuerdo
de las partes el aludido servicio de alquiler quedó resuelto y que en
el proceso de fiscalización no se comprobó la existencia de provi-
siones contables por tales gastos, ni comprobantes de pago que
acreditaran el pago por parte de las empresas arrendatarias;
Que en cuanto a la atribución de rentas de tercera categoría,
provenientes de la determinación de rentas establecidas en la fiscalización
efectuada a Importaciones Diesel del Perú S.C.R.L. por
S/. 128,993.12, señala que dado que las resoluciones determinando
tales rentas no han sido notificadas a la referida empresa a
efecto de realizar sus descargos, la atribución de las mismas debe
sujetarse a lo que se resuelva en el procedimiento de reclamo que
la indicada empresa interponga;
Que en cuanto al incremento patrimonial determinado a partir
del préstamo otorgado a la empresa Comercial del Centro por
S/. 125,000.00, sostiene que no se ha realizado el análisis correspondiente
del flujo monetario privado que acredite el importe prestado,
ni se ha tomado en cuenta como renta que sustenta su capacidad
patrimonial, los ingresos percibidos por segunda y cuarta
categorías, ni la renta presunta estimada de primera y tercera categorías
por dicho ejercicio;
Que con relación a los intereses generados por las omisiones a
los pagos a cuenta del ejercicio 1994, señala que aquéllas están
referidas a la presunta renta proveniente del alquiler de computadores
por dicho ejercicio, la que no se habría producido dado que
no se percibieron ingresos por dicho concepto;
Que en cuanto a las Resoluciones de Multa indica que aquéllas
son el resultado de los reparos por rentas de primera categoría por
el ejercicio 1994, las que deben dejarse sin efecto al no estar acreditada
la percepción de ingresos por el alquiler de computadores
por el citado ejercicio 1994;
Que de lo actuado se tiene que mediante Requerimiento Nº
0102700 (folios 238) notificado el 15 de noviembre de 1995, la
Administración solicitó a la recurrente la exhibición de diversa documentación
contable y tributaria, como la presentación de las declaraciones
del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 1994 y de
autoavalúo de los años 1994 y 1995 de sus propiedades inmuebles;
Que posteriormente, mediante Requerimiento Nº 0102716 (folios
237) se concedió a la recurrente un aplazamiento para la presentación
de la documentación solicitada mediante Requerimiento Nº
0102700 hasta el 29 de noviembre de 1995;
Que mediante Requerimiento Nº 0102737 (folios 236) notificado
el 8 de enero de 1996, la Administración reiteró a la recurrente
la solicitud de exhibición de las declaraciones juradas de
autoavalúo de 1994 y 1995, solicitándole además la escritura de
compraventa de dos de sus inmuebles y el sustento del ingreso de
cuarta categoría declarado por la recurrente en la declaración jurada
del Impuesto a la Renta de 1994;
Que mediante Requerimiento Nº 0102-96 (folios 235) notificado
el 2 de febrero de 1996, la Administración amplió la fiscalización
al ejercicio 1993 al comprobarse irregularidades referidas a
la determinación de la obligación tributaria en la declaración del
–––––––
(*) Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, publicada en el Diario Oficial El Peruano
de fecha 16 de setiembre de 2003.
MARZO 2004 27

JURISPRUDENCIA COMENTADA
Impuesto a la Renta del ejercicio 1994 y en base a los cruces de
información efectuados a empresas vinculadas;
Que como consecuencia del referido procedimiento de fiscalización,
la Administración emitió las Resoluciones de Determinación
recurridas al efectuarse reparos al Impuesto a la Renta del
ejercicio 1993 por renta ficta de primera categoría por predios
cedidos gratuitamente, por rentas de segunda categoría por el arrendamiento
de equipos de cómputo a diversas empresas, por rentas
de cuarta categoría por dietas de directorio percibidas en 1993,
por atribución de rentas de tercera categoría como resultado de la
fiscalización a la empresa Importaciones Diesel del Perú, y por incremento
patrimonial en razón del préstamo otorgado a Comercial
del Centro E.I.R.L., y al Impuesto a la Renta del ejercicio 1994 por
renta ficta de primera categoría por predios ocupados por terceros
así como por el arrendamiento de equipos de cómputo a diversas
empresas, por intereses por omisión a los pagos a cuenta del Impuesto
a la Renta por rentas de primera categoría por alquiler de
equipos de cómputo, emitiendo además Resoluciones de Multa relacionadas
a este último reparo, los mismos que procedemos a
analizar a continuación:
1. Reparo por renta ficta de primera categoría por predios
cedidos gratuitamente
La Administración Tributaria, según señala expresamente en la
Resolución de Determinación Nº 024-3-06499 (folios 412), acotó
a la recurrente renta de primera categoría por el ejercicio 1993
por predios cedidos gratuitamente por S/. 21,423.17, deduciéndole
gastos de conservación por S/. 1,071.16 y depreciación por
S/. 1,905.97, resultando un total de renta neta de primera categoría
de S/. 18,446.04.
Asimismo, de acuerdo a lo consignado por la Administración
en la Resolución de Determinación Nº 024-3-06501 (folios 268),
acotó a la recurrente renta de primera categoría por el ejercicio
1994 por predios ocupados por terceros por S/. 23,037.63.
En relación al citado reparo se debe señalar que el inciso c) del
artículo 22° de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por Decreto
Ley Nº 25751, modificado por el Decreto Ley Nº 26010
–vigente para el ejercicio 1993– establecía que entre otros, constituyen
rentas de primera categoría la renta ficta de predios cuya
ocupación hayan cedido sus propietarios gratuitamente o a precio
indeterminado, la que será equivalente al seis por ciento (6%) del
valor del predio declarado en el autoavalúo correspondiente al
Impuesto al Valor del Patrimonio Predial.
Cabe indicar que la referida disposición ha sido recogida también
por el inciso d) del artículo 23° de la Ley del Impuesto a la
Renta, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 774 –vigente para el
ejercicio 1994–, así como por el mismo inciso y artículo del Texto
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por
Decreto Supremo Nº 054-99-EF.
De otro lado, el último párrafo del mencionado artículo 22° de
la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por Decreto Ley Nº 25751,
modificado por el Decreto Ley Nº 26010, establece que se presume
que los predios han estado ocupados durante todo el ejercicio
gravable, salvo demostración en contrario a cargo del locador, de
acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento; norma que también
es recogida posteriormente en el artículo 23° de la Ley del
Impuesto a la Renta, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 774,
así como por el mismo artículo del Texto Único Ordenado de la Ley
del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
99-EF.
Por su parte, el artículo 32° del Decreto Supremo Nº 068-92-
EF, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, establece que
para efecto de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 22° de
la Ley, el período de desocupación de los predios se acreditará con
la disminución en el consumo de los servicios de energía eléctrica y
agua, la Resolución Municipal que declare el estado ruinoso, así
como con cualquier otro medio probatorio que se estime suficiente
a criterio de la SUNAT; siendo que la referida disposición ha sido
recogida también por el numeral 4 del inciso a) del artículo 13° del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto
Supremo Nº 122-94-EF.
De otro lado, en el numeral 5 del citado artículo 13° se dispone
que por renta bruta de primera categoría «se entenderá que existe
cesión gratuita o precio no determinado de predios cuando se encuentren
ocupados por persona distinta al propietario y siempre
que no se trate de arrendamiento o subarrendamiento, salvo prueba
en contrario».
Asimismo, en el numeral 5 del inciso a) del artículo 13° del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por el
Decreto Supremo Nº 125-96-EF, se establece: «Salvo prueba en
contrario, se entenderá que existe cesión gratuita o a precio no
determinado de predios o de bienes muebles cuando se encuentren
ocupados o en posesión de persona distinta al propietario, según
sea el caso, siempre que no se trate de arrendamiento o
subarrendamiento. En el caso de predios respecto de los cuales
exista copropiedad, no será de aplicación la renta presunta cuando
uno de los copropietarios ocupe el bien. Se presume que la
cesión indicada en el párrafo anterior se realiza por el total del
bien, siendo de cargo del contribuyente la probanza que la misma
se ha realizado de manera parcial, en cuyo caso la renta ficta se
determinará en forma proporcional a la parte cedida. Dicha proporción
será expresada con cuatro(4) decimales».
De lo expuesto, se desprende que las normas indicadas contienen
una presunción, que tiene como hecho base o hecho cierto la
acreditación de la existencia de un inmueble ocupado por un tercero
en virtud a un título distinto al arrendamiento o subarrendamiento
(cesión a título gratuito o a precio indeterminado), presumiéndose
que la totalidad del bien ha sido cedido gratuitamente o a precio
no determinado por todo el ejercicio.
La prueba del hecho base, corresponde a la Administración
Tributaria y una vez acreditado éste, se presume juris tantum que la
cesión se realizó por todo el ejercicio, (Ley Nº 25751 y Decreto
Legislativo Nº 774), o por la totalidad del bien, debiendo calcularse
en consecuencia, la renta ficta del 6% del valor del autoavalúo
correspondiente al Impuesto Predial, conforme a lo establecido por
la Ley del Impuesto a la Renta.
Cabe indicar que se produce la inversión de la carga de la
prueba por efecto de la presunción, puesto que si ésta no existiera,
la Administración tendría que probar que la totalidad del bien fue
cedido y que éste además, fue cedido por todo el ejercicio gravable
a título gratuito o a precio no determinado, a efecto de aplicarle las
consecuencias que de ello se desprendan, pero por efecto de la
presunción, se establece presuntamente todo ello como cierto, de
forma tal que, es el contribuyente quien tiene que probar que esos
hechos no se han producido, a efecto de desvirtuar el hecho presunto.
Es así que, es primero la Administración quien debe probar
que el inmueble ha sido ocupado por un tercero por una causa
distinta de la del arrendamiento o subarrendamiento, para que se
dé la consecuencia, esto es, que se considere que el predio ha sido
cedido gratuitamente, de forma tal que, si no se verifica el antecedente
o hecho cierto, no es posible establecer un vínculo con el
hecho presunto.
Es con posterioridad a la acreditación mencionada efectuada
por la Administración, que el contribuyente tiene la posibilidad de
probar que el referido bien sólo fue cedido parcialmente o que lo
fue por un plazo menor al del ejercicio; toda vez que de no haber
28
MARZO 2004

JURISPRUDENCIA COMENTADA
probado la Administración que el inmueble ha sido ocupado por
un tercero por una causa distinta a la del arrendamiento o
subarrendamiento, no se da el hecho base y consecuentemente no
se aplica la presunción en el sentido que el bien fue cedido en su
totalidad gratuitamente o a precio no determinado y por todo el
ejercicio, no existiendo por tanto renta ficta.
En conclusión, la obligación de probar el hecho base es de la
Administración, si ésta no cumple con ello no habrá presunción
que pueda aplicarse, puesto que no cabría sostener que es el contribuyente
quien está obligado a probar que el predio se encuentra
desocupado, a efecto que no se le aplique la presunción, dado que
ello implicaría una consideración distinta no prevista en la ley.
Debemos señalar que el criterio expuesto es el que ha sido adoptado
por este Tribunal mediante acuerdo aprobado en el Acta de
Sala Plena Nº 2003-17 de fecha 19 de agosto de 2003, estableciéndose
que: «Corresponde a la Administración probar que el
predio ha estado ocupado por un tercero bajo un título distinto al
de arrendamiento o subarrendamiento, debido a que ello constituye
el hecho base a fin que se presuma la existencia de renta
ficta por la cesión gratuita de la totalidad del mismo por todo el
ejercicio gravable, prevista en el inciso d) del artículo 23° de la
Ley del Impuesto a la Renta, correspondiendo al deudor tributario
acreditar, de ser el caso, que el inmueble no ha sido cedido en su
totalidad, o por todo el ejercicio». (1)
En el caso de autos, la Administración, según se señala en las
Cédulas de Determinación de Renta de Primera Categoría de los
ejercicios 1993 y 1994 (folios 325 y 231) y en el Anexo de las
Resoluciones de Determinación Nºs. 024-3-06499 y 024-3-06501
(folios 409 y 266), efectúa la acotación por renta ficta de primera
categoría por los ejercicios 1993 y 1994, por cesión gratuita de los
predios de la recurrente ubicados en Canadá Nº 3473 San Luis,
Calle Pablo Patrón Nº 312, Mz. Q Lotes 3, 6 y 7 de la Urbanización
Los Portales de Javier Prado, Mz. X Lote 28 y Mz. W Lotes 1 y
2 de la Urbanización Olimpo, La Floresta Nº 235-239 y Los Algarrobos
Nº 364 (antes Los Paracas Mz. D Lote 1), sustentando dicha
acotación en la verificación ocular efectuada el 9 de febrero de
1996 (folios 66 a 67), no obstante ello, del análisis del citado documento,
se aprecia que ésta se limita a describir los inmuebles y en
algunos casos el uso de los mismos, sin especificar quién o quiénes
los ocupan a efecto de verificar si se da el supuesto de la comprobación
de la ocupación por terceros distintos al propietario de los
referidos inmuebles, siendo pertinente indicar además que por la
fecha de realización de dicha inspección, ésta sólo podría certificar
la ocupación por personas distintas al propietario a la fecha de
efectuada la misma, mas no así respecto a los períodos materia de
acotación (ejercicios 1993 y 1994), por lo que procede declarar
fundada la apelación en este extremo, en la consideración que corresponde
a la Administración y no a la recurrente la probanza de
la ocupación de los predios por un tercero.
Con relación a lo alegado por la recurrente respecto a que no
es propietaria del inmueble ubicado en Los Paracas Nº 395, cabe
señalar que conforme a lo indicado en el Informe de la diligencia
de inspección ocular (folios 66, 67), así como de las Cédulas de
Determinación de Renta de Primera Categoría de los ejercicios 1993
y 1994 (folios 325 y 231) y de los anexos a las Resoluciones de
Determinación Nºs. 024-3-06499 y 024-3-06501 (folios 409 y
266), dicho predio no ha sido incluido por la Administración en la
determinación de la renta ficta en los precitados valores, al haber
acreditado la recurrente en la etapa de fiscalización que éste no es
de su propiedad.
2. Reparos por arrendamiento de equipos de cómputo
Con relación a los reparos por los ingresos derivados del alquiler
de equipos de cómputo, se debe indicar que conforme a lo dispuesto
por el inciso c) del artículo 23° de la Ley del Impuesto a la
Renta aprobada por Decreto Ley Nº 25751 –vigente para el ejercicio
1993– son rentas de segunda categoría las producidas por la
locación o cesión temporal de derechos y cosas muebles.
Asimismo, el inciso c) del artículo 64° de la referida norma,
establece que las rentas se imputarán, para el caso de las rentas de
segunda categoría, en el ejercicio gravable en que se perciban,
entendiéndose que se consideran percibidas cuando se encuentren
a disposición del beneficiario, aún cuando éste no las haya cobrado
en efectivo o en especie.
Por su parte el inciso b) del artículo 23° de la Ley del Impuesto
a la Renta vigente para el ejercicio 1994, aprobada por Decreto
Legislativo Nº 774, señala que son rentas de primera categoría las
producidas por la locación o cesión temporal de derechos y cosas
muebles o inmuebles, no comprendidos en el inciso a).
A su vez el inciso b) del artículo 57° de la precitada Ley, establece
que las rentas de primera categoría se imputarán al ejercicio
gravable en que se devenguen.
Obran en el expediente a folios 356, 360, 364 y 368, los Contratos
de Arrendamiento celebrados por la recurrente con las empresas
Repuestos Diesel de José Zurita Vásquez, Comercial del
Centro E.I.R.L., Importaciones Diesel del Perú S.C.R.L. e Importaciones
Comercial del Centro de Catalina Ramírez de Vásquez, respectivamente,
suscritos con fechas 2 de enero y 2 de mayo de 1992,
mediante los cuales se daba en arrendamiento equipos de cómputo,
cuyo plazo de contratación tendría una vigencia de dos años
forzosos contados desde el 2 de enero y 2 de mayo de 1992 hasta
el 31 de diciembre de 1994, pactándose para tal efecto una merced
conductiva de US$ 300.00 y US$ 600.00 dólares americanos,
según el caso.
En cuanto al ejercicio gravable 1993, cabe indicar que la recurrente
admite que percibió rentas por dicho concepto, señalando
sin embargo, que las mismas sólo ascendieron a S/. 31,350.00
conforme lo consignó en su declaración del Impuesto a la Renta del
referido ejercicio, las que erróneamente fueron consideradas como
de cuarta categoría y conforme además lo consigna en una relación
de ingresos por concepto de alquileres de equipos de computación
por el año 1993, por mes y compañía (folios 132) presentada
con posterioridad al cierre de la fiscalización (5 de marzo de
1996).
De la Declaración Anual del Impuesto a la Renta de Personas
Naturales presentada por el ejercicio 1993 (folios 390), se verifica
que la recurrente no declaró importe alguno por concepto de rentas
de segunda categoría, figurando en ella tan sólo rentas por
concepto de cuarta categoría por el importe de S/. 31,350.00 y de
tercera categoría por el importe de S/. 230.00.
Se puede observar del Informe General de Fiscalización (folios
335), así como de la cédula de determinación de ingresos anuales
por arrendamiento de computador (folios 319 a 323) que para
efectos de la valorización del arrendamiento de los equipos de cómputo
y dado que la recurrente no sustentó en forma documentaria
los pagos de dichos alquileres, la Administración consideró como
presunción de ingresos los importes en dólares mensuales consignados
en los contratos de alquiler a los que se les aplicó el tipo de
cambio dólar compra del último día hábil de cada mes.
Al respecto se debe indicar que el monto de la merced conductiva
consignada en los contratos de arrendamiento, no necesariamente
acredita la percepción de tales importes por parte de la recurrente
–––––––
(1) Respecto de este criterio, cabe señalar que también fue sometida al Pleno una segunda
interpretación que sostiene que corresponde al deudor tributario probar que el predio
de su propiedad, que no ha sido arrendado ni subarrendado, se encuentra desocupado,
a fin que no se aplique la presunción contenida en el inciso d) del artículo 23° de la
Ley del Impuesto a la Renta; la que no fue aprobada.
MARZO 2004 29

JURISPRUDENCIA COMENTADA
durante el ejercicio 1993, lo que era requerido a efecto de atribuir
las rentas al citado ejercicio, estando a que las mismas se regían
como se ha señalado en los considerandos precedentes, por el criterio
de lo percibido, siendo que a efecto de confirmar que el monto
anualizado de la merced conductiva fue pagado o puesto a disposición
de la recurrente, la Administración debió efectuar un cruce
de información con las empresas arrendatarias, lo que no se
encuentra acreditado en autos, por lo que corresponde que la Administración
verifique con las empresas arrendatarias los importes
abonados y/o puestos a disposición de la recurrente por concepto
de alquileres durante el citado ejercicio.
Ahora bien por el ejercicio 1994 la Administración determina
un reparo similar al detallado en los considerandos precedentes,
calificando las rentas por dicho concepto como de primera categoría
dada la modificación legislativa operada al respecto.
Sobre el particular, se debe señalar que mediante Requerimiento
Nº 0102-96 (folios 235) la Administración solicitó a la recurrente
presentar la documentación sustentatoria de los ingresos provenientes
del arrendamiento de los equipos de cómputo a las empresas
Comercial del Centro E.I.R.L., Repuestos Diesel de José Zurita
Vásquez, Importaciones Comercial del Centro de Catalina Ramírez
e Importaciones Diesel del Perú S.C.R.L. y la razón por la que dichos
ingresos no se tomaron en consideración en las declaraciones,
entre otros, del ejercicio 1994, siendo que la recurrente contestó
que por este ejercicio no percibió ingresos por tales conceptos,
sin adjuntar la documentación que sustentara su afirmación.
Posteriormente en la instancia de reclamación la recurrente
adjuntó copias simples de los documentos mediante los que se habría
rescindido los contratos de arrendamiento de los equipos de
cómputo fechados el 15 de noviembre de 1993 (folios 353, 357,
361 y 365), señalándose como fecha de finalización de los contratos
el 31 de diciembre de 1993.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141° en concordancia
con lo señalado en el artículo 148° del Código Tributario
antes citado, no procede aceptar como prueba los documentos antes
referidos dado que pese a la solicitud expresa de documentación
sustentatoria efectuada en el Requerimiento de fiscalización
antes indicado, la recurrente no acreditó la resolución de los contratos
de arrendamiento alegada con posterioridad, ni el haberse
encontrado imposibilitada de presentar dicha documentación, así
como tampoco acredita en autos que haya efectuado el pago del
monto reclamado, debiendo por tanto declararse infundada la apelación
en este extremo.
Adicionalmente, debe señalarse que de la verificación efectuada
en la presente instancia, se comprueba que la Administración
ha aplicado la deducción del 20%, por todo concepto, establecida
en el artículo 35° de la Ley del Impuesto a la Renta, no siendo
atendible lo alegado por la recurrente respecto a la deducción de
un monto adicional por depreciación, toda vez que la norma vigente
a partir del ejercicio gravable 1994 no la contempla.
3. Reparos por rentas de cuarta categoría
Con relación a las rentas de cuarta categoría del ejercicio 1993,
que según afirma la recurrente no ha percibido dado que las mismas
en realidad constituían rentas de segunda categoría, cabe indicar,
que según el Informe General de la fiscalización del referido
ejercicio, la Administración indica que la recurrente realizó funciones
de director por las que percibió remuneraciones de directorio
que constituirían rentas de cuarta categoría, las que fueron declaradas
y que se encontrarían plenamente justificadas, tomando como
sustento de ello la información presentada por Codecentro S.R.L.,
que fuera suscrita por la recurrente en su calidad de Gerente General
y proporcionada por el auditor de la referida empresa en la que
se reconocen provisiones efectuadas por concepto de remuneraciones
de directorio de los meses de noviembre y diciembre a nombre
de la recurrente (folio 301 y 302).
De lo indicado en el documento mencionado, se aprecia que
las rentas allí señaladas calificarían como rentas de cuarta categoría
de conformidad con lo establecido en el artículo 33° de la Ley
Nº 25751, que establece en su inciso b) que constituyen rentas de
cuarta categoría las obtenidas por el desempeño de funciones de
director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea
y actividades similares, careciendo de sustento lo alegado
por la recurrente en este extremo.
Es pertinente señalar sin embargo, que del referido documento
no resulta posible verificar si dichas provisiones corresponden al
ejercicio 1993 o al ejercicio 1994, como lo sostiene la recurrente
en la respuesta al Requerimiento Nº 0102737, así como tampoco
si dichas dietas de directorio fueron efectivamente pagadas o puestas
a disposición de la recurrente en el referido ejercicio, toda vez
que en ella se expresa que las mismas se encontraban pendientes
de pago en razón a las condiciones de iliquidez de la empresa, por
lo que corresponde que la Administración verifique si las dietas de
directorio reconocidas por Codecentro S.R.L. fueron efectivamente
abonadas por el ejercicio 1993 ó 1994 y emita nuevo pronunciamiento
al respecto, teniendo en cuenta que de conformidad con lo
previsto en el artículo 64° de la Ley del Impuesto a la Renta antes
citada, las rentas de cuarta categoría se rigen por el criterio de lo
percibido.
4. Reparos por atribución de rentas de tercera categoría
Respecto a la atribución de rentas de tercera categoría efectuada
por el ejercicio 1993, cabe mencionar que según el resultado
de la fiscalización realizada a la empresa Importaciones Diesel del
Perú S.C.R.L., se aprecia del Informe Final (folios 335), que la Administración
como resultado de la fiscalización practicada a la citada
empresa, de la cual es accionista la recurrente, le atribuye a
ésta por el ejercicio en mención la suma de S/. 128,763.12 como
renta neta de tercera categoría, de conformidad con lo informado
mediante Memorándum Nº 011-95-/IDP7INITE (folio 303).
De otro lado cabe mencionar que la Administración no ha consignado
en la Resolución de Determinación la forma en que se ha
determinado la referida renta, así como tampoco obra en el expediente
la documentación que acredite dicho cálculo, no resultando
suficiente la sola información remitida mediante el Memorándum
antes citado como sustento del mismo.
Adicionalmente cabe señalar que la Resolución de Determinación
Nº 024-3-06563 mediante la cual se determinó omisiones por
el Impuesto a la Renta de 1993 a la empresa Importaciones Diesel
del Perú S.C.R.L., ha sido impugnada ante la presente instancia,
habiéndose emitido al respecto la Resolución de Tribunal Fiscal Nº
03697-1-2003 del 27 de junio de 2003, por lo que aquélla deberá
estarse a lo resuelto en el referido expediente de apelación y
proceder en consecuencia.
5. Acotación por Incremento Patrimonial No Justificado
Con relación al reparo referido al incremento patrimonial acotado
a la recurrente por el ejercicio 1993, debido al préstamo otorgado
a la empresa Comercial del Centro E.I.R.L., la recurrente cuestiona
el procedimiento para su determinación alegando que no se
ha tenido en cuenta el flujo monetario privado y que las rentas
imputadas en la fiscalización superan el importe del préstamo considerado
como incremento patrimonial y por lo tanto que el referido
incremento no habría sido determinado conforme a lo dispuesto
por los artículos 54°, 96° y 97° de la Ley del Impuesto a la Renta, ni
a la norma reglamentaria pertinente.
Al respecto cabe señalar que el Artículo 54° de la ley Nº 25751
establece que se presume de pleno derecho que los incrementos
patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el contribu-
30
MARZO 2004

JURISPRUDENCIA COMENTADA
yente o responsable, constituyen renta neta no declarada por éstos,
indicando además que los incrementos patrimoniales a que hace
referencia este artículo, no podrán ser justificados con donaciones
que no consten de escritura pública o de otro documento fehaciente
y tampoco podrán justificarse con utilidades derivadas de actividades
ilícitas.
Por su parte el artículo 96° de la referida Ley dispone que la
SUNAT procederá a determinar de oficio el impuesto, de acuerdo
con el Código Tributario, cuando compruebe la existencia de incrementos
patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el
contribuyente o responsable, de conformidad con el artículo 54° de
dicha ley.
Asimismo el artículo 97° de la misma norma prevé que se presume
que para los efectos de la acotación y liquidación sobre base
presunta la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
podrá utilizar: coeficientes, signos exteriores de riqueza, así como
las variaciones o incrementos patrimoniales del contribuyente y cualquier
otro elemento de juicio que obre en poder de la SUNAT o que
se obtenga de terceros.
El artículo 156° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 068-92-EF, dispone que tratándose de incrementos patrimoniales
no justificados, a que se refieren los artículos 54° y 96° de la
Ley, cuando el contribuyente en un ejercicio gravable no justifique
los incrementos patrimoniales o la diferencia entre los gastos comprobados
y las rentas totales declaradas, la SUNAT determinará la
renta imponible mediante acotación de oficio. Para el efecto, en su
caso, se adicionará a la renta neta declarada el incremento patrimonial
no justificado o la referida diferencia.
En el presente caso, se advierte que mediante Requerimiento Nº
102-96 (folios 329), la Administración solicitó a la recurrente sustentar
documentalmente el origen de los fondos para el préstamo
otorgado a la empresa Comercial del Centro E.I.R.L. el 15 de diciembre
de 1993, por el importe de S/. 125,000.00 según cruce
de información, por lo que se evidencia la existencia de un incremento
patrimonial, considerando que en su declaración del Impuesto
a la Renta del ejercicio 1993 se aprecia que la recurrente declara
un total de rentas por dicho ejercicio de S/. 31,350.00 y no consigna
adicionalmente a ella, información alguna por concepto de
rentas exoneradas, ingresos o beneficios no afectos, ni rentas de
fuente extranjera, que pudieran sustentar el patrimonio indicado.
Según consta en el Resultado del referido Requerimiento y de la
comunicación remitida en respuesta al mismo (folios 305), la recurrente
indicó que dichos fondos provenían de los saldos de caja de
las otras empresas componentes del grupo y que son canalizadas
por su intermedio, dado que es la encargada de recibir los fondos
y efectuar los pagos de obligaciones de todas las empresas, sin
embargo no adjuntó documentación alguna que sustente el referido
argumento, por lo que la diferencia entre el incremento patrimonial
detectado en la fiscalización y el monto declarado, constituiría
en principio un incremento patrimonial no justificado a tenor de las
normas expuestas, debiendo verificarse si tal determinación del
patrimonio puede ser modificada por las otras rentas establecidas
en el curso de la fiscalización.
En efecto, en la fiscalización se establecieron rentas de tercera
categoría por el ejercicio 1993 atribuidas por la empresa Diesel
del Perú S.C.R.L., ascendentes a S/. 128,763.12, rentas de segunda
categoría por alquileres de equipos de cómputo por
S/. 43,038.00, sobre las que la Administración deberá emitir nuevo
pronunciamiento de acuerdo a lo dispuesto en esta instancia, y
como se ha indicado precedentemente, determinó rentas fictas de
primera categoría por S/. 21,423.17 que se han levantado en esta
instancia.
Estando a los hechos expuestos, corresponde determinar el incremento
patrimonial no justificado, que no es otro sino aquel establecido
por la Administración en la fiscalización que, no habiendo
sido justificado, no ha podido determinarse su procedencia y consecuentemente
su categoría de renta, toda vez que en caso contrario,
si bien estaríamos frente a una renta que no ha sido declarada,
ésta no constituiría incremento patrimonial no justificado.
Es así que al efectuarse la determinación del Impuesto a la Renta,
se tiene de un lado, la renta declarada, y de otro, la renta detectada
mediante fiscalización, siendo que en el caso de esta última,
pueda haberse establecido o no, su procedencia u origen.
En caso se hubiera establecido la procedencia total de los ingresos
omitidos, corresponde que éstos se adicionen a los declarados.
De haberse establecido la procedencia parcial de los mismos,
únicamente constituirán incremento patrimonial no justificado, aquéllos
cuya procedencia no fuera conocida, puesto que los otros ingresos
se gravarán como renta en la categoría que corresponda.
Consecuentemente, la renta imponible estará constituida por las
rentas declaradas, las detectadas mediante fiscalización cuya procedencia
es conocida y el incremento patrimonial no justificado.
De otro lado, si conforme a las normas expuestas se permite
justificar el incremento patrimonial detectado por la Administración
con los ingresos o rentas omitidos por el deudor cuyo origen ha
sido verificado por aquélla, a fin de evitar una doble afectación o
gravamen en la determinación de la obligación tributaria, consideramos
que ello parte de que esa renta omitida detectada en el procedimiento
de fiscalización debe tributar, formando parte de la renta
imponible.
El procedimiento descrito encuentra su sustento en lo previsto
en el artículo 96° de la Ley del Impuesto a la Renta Ley Nº 25751,
que dispone que la SUNAT procederá a determinar de oficio el
impuesto, de acuerdo con el Código Tributario, cuando compruebe
la existencia de incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda
ser justificado por el contribuyente o responsable, de conformidad
con el artículo 54° de esta Ley, habiéndose recogido la misma disposición
en el artículo 92° de la Ley del Impuesto a la Renta aprobada
por el Decreto Legislativo Nº 774, así como en el mismo artículo
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-99-EF.
Consecuentemente, si bien la norma reglamentaria, esto es, el
artículo 156° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
aprobado por Decreto Supremo Nº 068-92-EF, disponía que tratándose
de incrementos patrimoniales no justificados, a que se
refieren los artículos 54° y 96° de la Ley, cuando el contribuyente
en un ejercicio gravable no justifique los incrementos patrimoniales
o la diferencia entre los gastos comprobados y las rentas totales
declaradas, la SUNAT determinará la renta imponible mediante
acotación de oficio, indicando que para el efecto, en su caso, «se
adicionará a la renta neta declarada el incremento patrimonial no
justificado o la referida diferencia», disposición recogida también
en el artículo 59° del Decreto Supremo Nº 122-94-EF, debe entenderse
que esta última parte del dispositivo citado está referida a
establecer que el incremento patrimonial no justificado forma parte
de la renta imponible, esto es que aun cuando no se sabe la procedencia
de los ingresos omitidos éstos se encuentran gravados con
el Impuesto a la Renta y en ningún modo a establecer que los ingresos
omitidos determinados en fiscalización, cuya procedencia es
conocida, no se encuentran gravados.
Sostener una interpretación contraria a la expuesta en el párrafo
precedente nos llevaría a excluir del ámbito de aplicación del
Impuesto a la Renta a aquellos ingresos omitidos de declarar que,
encontrándose inicialmente gravados con dicho Impuesto, la Administración
hubiera determinado su origen en la fiscalización.
En efecto, si consideramos de un lado que los artículos 1°, 2° y 3°
MARZO 2004 31

JURISPRUDENCIA COMENTADA
de las Leyes del referido Impuesto establecen los ingresos que constituyen
rentas gravadas, siendo que los artículos 17° y 18° de la Ley
Nº 25751 y 18° y 19° del Decreto Legislativo Nº 774, así como del
Texto Único Ordenado de la referida Ley aprobado por Decreto Supremo
Nº 054-99-EF, prevén las exoneraciones e inafectaciones; un
ingreso que califica como renta gravada y que no ha sido declarado
por el contribuyente siendo posteriormente determinado vía fiscalización,
en ningún modo podría considerarse exonerado o inafecto
en virtud a una interpretación literal de la norma reglamentaria (artículo
156° del Decreto Supremo Nº 068-92-EF, artículo 59° del Decreto
Supremo Nº 122-94-EF «se adicionará a la renta neta declarada
el incremento patrimonial no justificado o la referida diferencia»).
De todo ello se establece que la norma reglamentaria citada en
el párrafo anterior, sólo puede tener la finalidad de establecer con
claridad que los incrementos patrimoniales no justificados forman
parte de la renta imponible del Impuesto a la Renta.
Es pertinente señala que si bien lo expuesto ha sido actualmente
corroborado con la precisión establecida mediante Decreto Supremo
Nº 045-2001-EF, publicado el 20 de marzo de 2001 cuyo artículo
10° modificatorio del artículo 59° Decreto Supremo Nº 122-
94-EF, establece que «Se entiende por renta neta declarada: Tratándose
de contribuyentes obligados a declarar (...): la que conste
en la respectiva declaración o la que el contribuyente debió declarar»,
y cuya Cuarta Disposición Final establece que «Lo dispuesto
en el numeral 5 del inciso a) del artículo 21° y en el segundo párrafo
del artículo 59° del reglamento, modificado por el presente Decreto,
tiene carácter de precisión», ello no enerva en modo alguno
las consideraciones antes expuestas, esto es que aun cuando no se
hubiera dictado dicha norma reglamentaria, no cabría sostener, a
tenor de lo previsto en los artículos 1°, 2°, 3°, 17°, 18° y 19° de las
Leyes del Impuesto a la Renta citadas anteriormente, que en este
caso, los ingresos que estando gravados con el Impuesto a la Renta,
determinados por la Administración no se encuentren afectos, cuando
su procedencia es conocida, sino únicamente aquéllos cuya procedencia
no lo es, esto es, el incremento patrimonial no justificado.
Debemos señalar que el criterio expuesto es el que ha sido adoptado
por este Tribunal mediante acuerdo aprobado en el Acta de
Sala Plena Nº 2003-17 de fecha 19 de agosto de 2003, estableciéndose
que: «Los ingresos omitidos de declarar que constituyen
renta gravada, detectados en el procedimiento de fiscalización,
cuya procedencia ha sido determinada por la Administración,
forman parte de la renta imponible a efecto de determinar el Impuesto
a la Renta, y consecuentemente se excluyen conjuntamente
con la renta declarada, a efecto de determinar el incremento
patrimonial no justificado» (2) .
En el presente caso, procede que de la totalidad del incremento
patrimonial determinado por la Administración, se deduzcan las rentas
declaradas, así como los ingresos que en definitiva sean acotados
por la Administración en cumplimiento de la presente Resolución,
toda vez que con ellos se podría sustentar el préstamo otorgado.
Un tratamiento distinto merecerían las rentas fictas de primera
categoría determinadas durante la fiscalización, puesto que no suponen
la generación real de ingresos, por lo que no cabe tenerlas
en cuenta para efecto del patrimonio que podría sustentar el préstamo,
como lo habría pretendido la recurrente.
Dicho criterio ha sido adoptado por este Tribunal mediante acuerdo
aprobado en el Acta de Sala Plena Nº 2003-17 de fecha 19 de
agosto de 2003, estableciéndose que: «La renta ficta para predios
arrendados o cedidos gratuitamente o a precio indeterminado no
permite justificar el incremento patrimonial determinado conforme
a lo dispuesto en los artículos 52° y 92° de la Ley del Impuesto
a la Renta» (3) .
El referido acuerdo se sustenta en que el artículo 92° de la Ley
del Impuesto a la Renta aprobada por Decreto Legislativo Nº 774,
que establece que la SUNAT procederá a determinar de oficio el
impuesto, de acuerdo con el Código Tributario, cuando compruebe
la existencia de incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda
ser justificado por el contribuyente o responsable, de conformidad
con el artículo 52° de la citada Ley.
Por su parte el artículo 52° citado, permite al contribuyente probar
el origen del incremento patrimonial detectado, evidenciándose
ello al establecer que «se presume de pleno derecho que los
incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por
el contribuyente o responsable, constituyen renta neta no declarada
por éstos». Conforme lo prevé el artículo 52° de la Ley del Impuesto
a la Renta, la justificación no puede realizarse con fondos
provenientes de actividades ilícitas ni con donaciones que no consten
en documento de fecha cierta o Escritura Pública.
Cabe indicar que las mismas disposiciones estuvieron recogidas
en la Ley del Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio 1993,
Ley Nº 25751, así como posteriormente en el Texto Único Ordenado
de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo
Nº 054-99-EF.
Lo previsto en las referidas normas legales concuerda con lo
establecido en el artículo 59° del Reglamento del Impuesto a la
Renta aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF que dispone
que «(...) cuando el contribuyente en un ejercicio gravable no justifique
los incrementos patrimoniales o la diferencia entre los gastos
comprobados y las rentas totales declaradas, la SUNAT determinará
la renta imponible mediante acotación de oficio. Para tal efecto,
adicionará a la renta neta declarada el incremento patrimonial no
justificado o la referida diferencia».
Tal disposición también fue recogida tanto en el artículo 156°
del Reglamento del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo
Nº 068-92-EF vigente para el ejercicio 1993.
Consecuentemente, de las normas expuestas se evidencia que
el concepto de incremento patrimonial no justificado está dado por
aquél patrimonio determinado mediante fiscalización que no ha
podido ser justificado ni con las rentas declaradas ni con aquellas
otras que habiendo sido determinadas en fiscalización, su procedencia
es conocida.
Es más, nada impediría que el referido incremento se justifique con
ingresos que incluso no constituyeran rentas, toda vez que la restricción
está dado sólo por lo previsto en el artículo 52° antes citado, esto
es, por fondos provenientes de actividades ilícitas y donaciones que no
consten en documento de fecha cierta o Escritura Pública.
Como se aprecia, incluso en la norma que establece la restricción,
la posibilidad de justificar el patrimonio detectado en la fiscalización
que no ha sido declarado, está relacionado únicamente
con la procedencia de ingresos o lo que es lo mismo, de fondos, o
en todo caso, por la transferencia de activos que a su vez hubieran
originado la adquisición de otros, puesto que es con ellos con los
que podría haberse adquirido el patrimonio detectado.
Distinto es el caso de las rentas fictas, establecidas como tales por
la ley en las que el ingreso real no existe. Tal es el caso de la renta
ficta de primera categoría establecida en el inciso c) del artículo 22°
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por Decreto Ley Nº
25751, modificado por el Decreto Ley Nº 26010 –vigente para el
––––––
(2) Respecto de este criterio, cabe señalar que también fue sometida al Pleno una segunda
interpretación que sostiene que los ingresos omitidos de declarar que constituyen renta
gravada, detectados en el procedimiento de fiscalización, cuya procedencia ha sido
determinada por la Administración, no forman parte de la renta imponible a efecto de
determinar el Impuesto a la Renta, no obstante lo cual se excluyen a efecto de determinar
el incremento patrimonial no justificado; la que no fue aprobada.
(3) Respecto de este criterio, cabe señalar que también fue sometida al Pleno una segunda
interpretación que sostiene que la renta ficha para predios arrendados o cedidos gratuitamente
o a precio indeterminado consistente en el 6% del valor del autoavalúo del
predio, permite justificar el incremento patrimonial determinado conforme a lo dispuesto
en los artículos 52° y 92° de la Ley del Impuesto a la Renta; la que no fue aprobada.
32
MARZO 2004

JURISPRUDENCIA COMENTADA
ejercicio 1993–, recogida también en el inciso d) del artículo 23° de
la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto Legislativo Nº
774, vigente para el ejercicio 1994, así como por el mismo inciso y
artículo del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado
por Decreto Supremo Nº 054-99-EF, que dispone que constituyen
rentas de primera categoría la renta ficta de predios cuya ocupación
hayan cedido sus propietarios gratuitamente o a precio no determinado.
En este caso la renta será equivalente al 6% del autoavalúo.
De las normas antes citadas se desprende que no obstante que
nada impide que en los hechos los predios puedan alquilarse o
cederse por un monto inferior al 6% del valor de autoavalúo, a
efecto de la determinación del Impuesto a la Renta se establece que
el impuesto deberá ser calculado sobre la base de un monto mínimo
equivalente al 6% del valor del predio.
Así por ejemplo, un contribuyente a quien se le hubiera detectado
un incremento patrimonial no justificado, y que tuviera ingresos
por concepto de arrendamiento de un predio ascendente al 4% del
valor de autovalúo de los mismos, tendría que considerar por concepto
de rentas de primera categoría el monto equivalente al 6%
del valor de autoavalúo de sus predios, conforme a lo previso en el
artículo 23° de la Ley del Impuesto a la Renta, para efecto de la
determinación de la base imponible de dicho tributo, sin que ello
signifique sin embargo, que pudiera afirmarse que recibió como
ingreso el 6% del referido valor de autoavalúo, sino únicamente
4%, que es el que puede justificar la adquisición de patrimonio
toda vez que resulta evidente, que la diferencia, esto es, el 2% del
valor de autoavalúo, constituye una renta ficta y no un ingreso real.
De lo expuesto se desprende que a efecto de la determinación
del Impuesto a la Renta, tratándose de predios cedidos gratuitamente,
en los que reconociendo que no existe un ingreso real para
el propietario, la Ley asigna una renta ficta, ésta no puede probar
ninguna adquisición ni la existencia de un mayor patrimonio, puesto
que realmente no existe ingreso.
6. Acotación por intereses por omisión al pago a cuenta del
Impuesto a la Renta de los meses de enero a diciembre del ejercicio
1994
En lo que se refiere a la Resolución de Determinación Nº 024-
3-06500 girada por intereses de la omisión al pago a cuenta del
Impuesto a la Renta de los meses de enero a diciembre del ejercicio
1994, emitida por no declarar las rentas de primera categoría provenientes
del alquiler de los equipos de cómputo, debemos señalar
que habiéndose declarado infundada la apelación respecto a dichos
ingresos, corresponde asimismo declararla infundada en cuanto
a la emisión del referido valor.
7. Resolución de Multa
Las Resoluciones de Multa impugnadas, si bien se encuentran
vinculadas a la Resolución de Determinación Nº 024-3-6500 antes
señalada, no obra en autos que la Administración hubiera verificado
la presentación de las declaraciones correspondientes a cada
uno de los períodos en los que hubiera constatado la omisión anotada,
a fin de verificar la configuración de la infracción prevista en
el artículo 178°, esto es, entre otros, el omitir ingresos en la declaración
que influyan en la determinación de la obligación tributaria,
por lo que procede en este extremo que la Administración realice la
verificación correspondiente.
Que cabe precisar que los acuerdos de Sala Plena aprobados
en el Acta de Reunión de Sala Plena Nº 2003-17 del 19 de agosto
de 2003, modifican lo establecido por la Resolución de Tribunal
Fiscal Nº 02171-1-2003 de 25 de abril de 2003;
Que asimismo, en el acuerdo aprobado en el Acta de Reunión
de Sala Plena Nº 2003-17 del 19 de agosto de 2003 se ha establecido
que los criterios aprobados se ajustan a lo dispuesto por el
artículo 154° del precitado Texto Único Ordenado del Código Tributario,
por lo que corresponde se emita una resolución con carácter
de observancia obligatoria, disponiéndose su publicación en el
Diario Oficial El Peruano;
Que finalmente, corresponde indicar que los criterios aprobados
en el acuerdo de Sala Plena Nº 2003-17 antes citado, tienen
carácter vinculante para todos los vocales de este Tribunal, conforme
con lo establecido por el Acuerdo de Sala Plena Nº 2002-10 de
fecha 17 de setiembre de 2002;
Con los vocales Flores Talavera, Márquez Pacheco y Caller
Ferreyros a quien se llamó para completar Sala, e interviniendo
como ponente la vocal Flores Talavera;
RESUELVE:
1.DECLARAR INFUNDADA la apelación contra la Denegatoria
Ficta del reclamo formulado contra las Resoluciones de Determinación
Nºs. 024-3-06499 a 024-3-06501, en el extremo del reparo
por rentas de primera categoría por el ejercicio 1994 proveniente
del alquiler de equipos de cómputo, así como de la Resolución de
Determinación Nº 024-3-06500; y DECLARARLA FUNDADA en el
extremo del reparo por los ejercicios 1993 y 1994 por renta ficta de
primera categoría por cesión gratuita de inmuebles, debiendo la
Administración proceder a emitir pronunciamiento conforme a lo dispuesto
en la presente Resolución respecto a lo demás que contiene.
2. DECLARAR que de acuerdo con el artículo 154° del Texto
Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo
Nº 135-99-EF, la presente resolución constituye precedente
de observancia obligatoria disponiéndose su publicación en el Diario
Oficial El Peruano en cuanto establece los siguientes criterios:
«Corresponde a la Administración probar que el predio ha estado
ocupado por un tercero bajo un título distinto al de arrendamiento
o subarrendamiento, debido a que ello constituye el hecho base a
fin que se presuma la existencia de renta ficta por la cesión gratuita
de la totalidad del mismo por todo el ejercicio gravable, prevista en
el inciso d) del artículo 23° de la Ley del Impuesto a la Renta, correspondiendo
al deudor tributario acreditar, de ser el caso, que el inmueble
no ha sido cedido en su totalidad, o por todo el ejercicio».
«Los ingresos omitidos de declarar que constituyen renta gravada,
detectados en el procedimiento de fiscalización, cuya procedencia
ha sido determinada por la Administración, forman parte de la
renta imponible a efecto de determinar el Impuesto a la Renta, y
consecuentemente se excluyen conjuntamente con la renta declarada,
a efecto de determinar el incremento patrimonial no justificado».
«La renta ficta para predios arrendados o cedidos gratuitamente
o a precio indeterminado no permite justificar el incremento patrimonial
determinado conforme a lo dispuesto en los artículos 52° y 92°
de la Ley del Impuesto a la Renta».
Regístrese, comuníquese y remítase a la Intendencia Regional
Lima de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,
para sus efectos.
FLORES TALAVERA
Vocal Presidente
MÁRQUEZ PACHECO
Vocal
CALLER FERREYROS
Vocal
ZÚÑIGA DULANTO
Secretaria Relatora
MARZO 2004 33

JURISPRUDENCIA COMENTADA
COMENTARIO:
En la RTF Nº 4761-4-2003 expedida por el Tribunal Fiscal con
carácter de observancia obligatoria y publicada en el Diario Oficial
el 16 de setiembre de 2003 se establecen criterios de interpretación
relativos a las rentas fictas para el Impuesto a la Renta generadas
por inmuebles de propiedad del recurrente, conforme veremos
a continuación.
1. Reparos sobre renta ficta de primera categoría por predios
cedidos gratuitamente
La recurrente cuestiona la acotación realizada por la Administración
respecto a renta ficta de primera categoría, ejercicios 1993
y 1994, por la cesión gratuita de algunos predios de la recurrente.
Dicha acotación es sustentada en la verificación ocular efectuada
por la Administración.
Para efectos de resolver la controversia el Tribunal debe definir a
quién correspondería la carga de la prueba respecto: (a) la ocupación
del inmueble por persona distinta al propietario del mismo; (b)
la cesión del inmueble en su totalidad; y, (c) La cesión del inmueble
por todo el ejercicio.
En la RTF materia de comentario el Tribunal considera, a partir
de la normatividad revisada en la Resolución, que lo que la presunción,
tiene como hecho base o hecho cierto es la acreditación de la
existencia de un inmueble ocupado por un tercero en virtud a un
título distinto al arrendamiento o subarrendamiento (cesión a título
gratuito o a precio indeterminado), presumiéndose que la totalidad
del bien ha sido cedido gratuitamente o a precio no determinado
por todo el ejercicio.
Es así que, es primero la Administración quien debe probar que el
inmueble ha sido ocupado por un tercero por una causa distinta de
la del arrendamiento o subarrendamiento, para que se dé la consecuencia,
esto es, que se considere que el predio ha sido cedido gratuitamente,
de forma tal que, si no se verifica el antecedente o hecho
cierto, no es posible establecer un vínculo con el hecho presunto.
Es con posterioridad a la acreditación mencionada efectuada por
la Administración, que el contribuyente tiene la posibilidad de probar
que el referido bien sólo fue cedido parcialmente o que lo fue
por un plazo menor al del ejercicio; toda vez que de no haber
probado la Administración que el inmueble ha sido ocupado por
un tercero por una causa distinta a la del arrendamiento o
subarrendamiento, no se da el hecho base y consecuentemente no
se aplica la presunción en el sentido que el bien fue cedido en su
totalidad gratuitamente o a precio no determinado y por todo el
ejercicio, no existiendo por tanto renta ficta.
En conclusión, la obligación de probar el hecho base es de la
Administración, si ésta no cumple con ello no habría presunción
que pueda aplicarse, puesto que no cabría sostener que es el contribuyente
quien está obligado a probar que el predio se encuentra
desocupado, a efecto que no se le aplique la presunción, dado que
ello implicaría una consideración distinta no prevista en la ley.
En ese sentido, el Tribunal establece como criterio de Observancia
Obligatoria que: «Corresponde a la Administración probar que
el predio ha estado ocupado por un tercero bajo un título distinto al
de arrendamiento o subarrendamiento, debido a que ello constituye
el hecho base a fin que se presuma la existencia de renta ficta
por la cesión gratuita de la totalidad del mismo por todo el ejercicio
gravable, prevista en el inciso d) del artículo 23º de la Ley del
Impuesto a la Renta, correspondiendo al deudor tributario acreditar,
de ser el caso, que el inmueble no ha sido cedido en su totalidad,
o por todo el ejercicio».
2. Acotación por Incremento Patrimonial No Justificado
En este extremo se debe definir: (a) cómo deben gravarse los ingresos
omitidos de declarar detectados en el procedimiento de fis-
calización; y, (b) si es posible justificar los incrementos patrimoniales
no justificados con la renta ficta generada por la cesión gratuita
de inmuebles.
(a) Cómo deben gravarse los ingresos omitidos de declarar detectados
en la fiscalización cuyo origen o procedencia ha sido precisado.
En cuanto al primer tema, debe distinguirse que al realizar la
Administración la fiscalización del Impuesto a la Renta, por una
lado se tiene la renta declarada y por otro se tiene la renta detectada
en la fiscalización. Respecto a esta última pueden darse dos
situaciones: que se haya establecido con claridad la procedencia u
origen de los ingresos omitidos de declarar, o que este no haya
podido establecerse.
En caso se hubiera establecido la procedencia total de los ingresos
omitidos, conforme al artículo 96° de la Ley del Impuesto a la
Renta, corresponde que estos se adicionen a los declarados. De
haberse establecido sólo parcialmente la procedencia de los ingresos,
constituirán incremento patrimonial no justificado aquellos cuya
procedencia no hubiese podido identificarse.
En resumen, la renta imponible estará constituida por: (i) las rentas
declaradas; (ii) las rentas detectadas mediante la fiscalización cuya procedencia
es conocida; y, (iii) el incremento patrimonial no justificado.
Debido a que la norma reglamentaria de este procedimiento contenida
en el artículo 156° del Reglamento de la Ley del Impuesto a
la Renta disponía que tratándose de los incrementos patrimoniales
no justificados, cuando el contribuyente en un ejercicio gravable
no justifique los incrementos patrimoniales o la diferencia entre
los gastos comprobados y las rentas totales declaradas, la SUNAT
determinará la renta imponible mediante la acotación de oficio,
indicando que para el efecto se adicionará a la renta neta declarada
el incremento patrimonial no justificado o la referida diferencia.
Respecto a esta disposición el Tribunal indica que esta última parte
del dispositivo está referida a establecer que el incremento patrimonial
no justificado forma parte de la renta imponible, esto es que
aun cuando no se sabe la procedencia de los incrementos omitidos,
estos están gravados con el Impuesto a la Renta y, a partir de ella no
puede entenderse que los ingresos omitidos determinados en fiscalización,
cuya procedencia es conocida, no se encuentran gravados.
Sostener una interpretación contraria a la expuesta nos llevaría a
excluir del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta a aquellos
ingresos omitidos de declarar que, encontrándose inicialmente gravados
con dicho Impuesto, la Administración hubiera determinado su
origen en la fiscalización.
En ese sentido, el Tribunal establece como criterio de observancia
obligatoria que: «Los ingresos omitidos de declarar que constituyen
renta gravada, detectados en el procedimiento de fiscalización, cuya
procedencia ha sido determinada por la Administración, forman parte
de la renta imponible a efecto de determinar el Impuesto a la Renta, y
consecuentemente se excluyen conjuntamente con la renta declarada,
a efecto de determinar el incremento patrimonial no justificado».
(b) Si es posible justificar los incrementos patrimoniales no justificados
con la renta ficta generada por la cesión gratuita de inmuebles.
No obstante, lo definido en el acápite anterior, el Tribunal indica
que las rentas fictas de primera categoría determinadas durante la
fiscalización, pese a ser ingresos omitidos cuya procedencia se ha
determinado merecen un tratamiento distinto, puesto que no suponen
la generación real de ingresos en consecuencia no es posible
justificar los incrementos patrimoniales no justificados en base a la
renta ficta procedente de la cesión gratuita de inmuebles.
A partir de ello, el Tribunal establece como criterio de observancia
obligatoria que: «La renta ficta para predios arrendados o cedidos
gratuitamente o a precio indeterminado no permite justificar el
incremento patrimonial determinado conforme a lo dispuesto en
los artículos 52° y 92° de la Ley del Impuesto a la Renta”.
34
MARZO 2004

CONSULTA INSTITUCIONAL
Impuesto a las
Transacciones Financieras
INFORME Nº 025-2004- SUNAT/2B0000
Lma, 20 de febrero de 2004
MATERIA:
Se consulta si son correctas las siguientes afirmaciones referidas
al pago de intereses por los depósitos a plazo:
1. El pago de intereses en efectivo se encuentra inafecto al Impuesto
a las Transacciones Financieras (ITF).
2. El pago de intereses que se capitalicen en la misma cuenta de
depósitos a plazo se encuentra inafecto al ITF.
3. El abono de intereses por la entidad financiera, según instrucciones
del cliente, en una cuenta corriente y/o en una cuenta
de ahorros y del mismo clientes se encuentra inafecto al ITF.
Sin embargo, los retiros futuros que las cuentas corrientes y/o
ahorros están gravados con dicho impuesto.
Asimismo, en relación con las renovaciones de los depósitos a
plazo, se solicita se confirme si la renovación de los depósitos a plazo
se encuentra inafecta al ITF.
BASE LEGAL :
• Decreto Legislativo Nº 939, que dicta medidas para la lucha
contra la evasión y la informalidad, publicado el 5.12.2003,
y normas modificatorias (1 ) .
• Reglamento del Decreto Legislativo Nº 939, Decreto Supremo
Nº 190.2003. EF, publicado el 24.12.2003 (2 ) (en adelante,
Reglamento del ITF).
ANÁLISIS:
Mediante el artículo 9° del Decreto Legislativo Nº 939 se crea con
carácter de temporal el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF),
con la finalidad de luchar contra la evasión y ampliar la base tributaria.
Este impuesto grava con la alícuota de 0.15 por ciento las operaciones
en moneda nacional o extranjera detalladas en dicho artículo.
Así, el inciso a) del artículo 9° antes citado, establece que se encuentra
gravada la acreditación o débito realizados en cualquier
modalidad de cuentas abiertas en las Empresas del Sistema Financiero.
Del mismo modo, el inciso h) del artículo 9° del Decreto Legislativo
Nº 939, dispone que se encuentran gravados la acreditación o
débito realizados en cualquier modalidad de cuentas abiertas en las
Empresas del Sistema Financiero.
Del mismo modo, el inciso h) del artículo 9° del Decreto Legislativo
Nº 939, dispone que se encuentran gravadas con el ITF las siguientes
operaciones efectuadas por las Empresas del Sistema Financiero,
por cuenta propia, en las que no se utilice las cuentas a que se
refiere el inciso a) antes citado:
1. Los pagos por adquisición de activos, excepto los efectuados
para la adquisición de activos para ser entregados en arrendamiento
financiero y los pagos para la adquisición de instrumentos
financieros.
2. Las donaciones y cualquier pago que constituya gasto o costo
para efectos del Impuesto a la Renta, excepto los gastos financieros.
Por su parte , el artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 939, dispone
que están exoneradas del Impuesto las operaciones que se detallan
en el Apéndice de dicho dispositivo.
Agrega el citado artículo, que lo establecido en el mismo operará
siempre que el beneficiario presente a la Empresa del Sistema Financiero
un documento con carácter de declaración jurada en el que
identifique el número de cuenta en la cual se realizarán las operaciones
exoneradas. La exoneración operará desde la presentación de la
declaración jurada.
Ahora bien, el inciso u) del Apéndice antes referido señala, como
operación exonerada del ITF, la renovación de depósitos a plazos y
de certificados de depósitos por montos iguales o distintos hasta por
el monto que no implique una nueva entrega de dinero en efectivo
por parte del titular del depósito o del certificado, así como la acreditación
(3 ) de intereses que se generen en éstos, en las cuentas corrientes
y en las cuentas de ahorro (4) (5) .
Conforme , al inciso m) del artículo 7° del Reglamento del ITF se
entiende por “renovación de depósitos a plazos y de certificado de
depósitos a plazos”, a la prórroga del plazo de un depósito o certificado,
por montos iguales o distintos, hasta por el monto que no implique
una nueva entrega de dinero en efectivo por parte del titular del
depósito o del certificado.
Asimismo, el inciso a) del artículo 13° del mismo texto normativo
establece que tratándose de la exoneración contenida en el inciso u)
del Apéndice, si conjuntamente con la renovación del depósito o del
certificado se produjera la entrega de un monto adicional de dinero
en efectivo, dicha entrega no estará comprendida en la exoneración.
Teniendo en cuenta, las normas anteriormente citadas, debemos
indicar lo siguiente:
1. Respecto al pago de intereses en efectivo por depósitos a plazo,
debe tenerse en cuenta que conforme al inciso a) del artículo
9° del Decreto Legislativo Nº 939, el ITF grava la acreditación
o débito que se realice en cualquier modalidad en las
cuentas abiertas de las Empresas del Sistema Financiero. Vale
decir que, el desembolso de dinero en efectivo por parte de
las Empresas del Sistema Financiero por concepto de los aludidos
intereses, no implica una acreditación en las cuentas
–––––––
(1) El numeral 20.1 del artículo 20° del Decreto Legislativo Nº 939, sustituido por el Decreto
Legislativo Nº 946 (publicado el 27 de enero de 2004), señala que el Decreto Legislativo
Nº 939 entrará en vigencia el 1 de enero de 2004, con excepción del Capítulo III que
entrará en vigencia el 1 de marzo de 2004. El Capítulo antes referido regula el Impuesto
a las Transacciones Financieras, para luchar contra la evasión y ampliar la base
tributaria.
(2) La vigencia del citado reglamento está supeditada a la entrada en vigencia de los correspondientes
capítulos del Decreto Legislativo Nº 939
(3) De acuerdo con lo dispuesto por el inciso b) del artículo 7° del Reglamento del ITF, se
entiende por Acreditación a todo incremento del saldo contable de las cuentas que el
contribuyente posee en alguna Empresa del Sistema Financiero.
(4) Es el caso indicar que el texto del inciso u) del Apéndice fue sustituido por el artículo 14°
del Decreto Legislativo Nº 947, publicado el 27 de enero 2004. Asimismo, el 4 de
febrero de 2004 se publicó la Fe de Erratas de dicho Decreto Legislativo.
(5) Al respecto, cabe mencionar que las exoneraciones a que se refiere este inciso operarán
de manera automática, sin que se requiera la presentación de documentación alguna;
tal como lo ha establecido el inciso c) del artículo 12° del Reglamento del ITF.
MARZO 2004 35

CONSULTA INSTITUCIONAL
abiertas en dichas Empresas.
Más aún, la operación antes mencionada tampoco se encuentra
incluida dentro de los alcances del inciso h) del artículo 9°
del Decreto Legislativo Nº 939, por cuanto el pago de intereses
por depósitos a plazos constituye un gasto financiero (6) .
En tal sentido, el pago de intereses por los depósitos a plazo
realizados en efectivo por parte de las Empresas del Sistema
Financiero, no se encuentra afecto al ITF.
2. Ahora bien, si dichos intereses son materia de capitalización,
tal hecho se encontrará exonerado, toda vez que constituye
una acreditación de intereses generados en los depósitos a
plazos, en los términos del inciso u) del Apéndice.
3. De otro lado, los intereses que generen el depósito a plazos
abonados en una cuenta corriente y/o de ahorros del titular
de dicho depósito a plazos se encontrarán igualmente exonerados
(7) , de conformidad con lo dispuesto en el inciso u) del
Apéndice del Derecho Legislativo Nº 939, precedentemente
citado.
4. Respecto de las operaciones de renovación de los depósitos a
plazos, las mismas se encontrarán exoneradas del ITF, siempre
que dichas renovaciones se efectúen por motivos iguales
o distintos, hasta por el monto que no implique una nueva
entrega de dinero en efectivo por parte del titular del depósito.
Así, en la medida que la renovación de los depósitos a plazos
no implique una nueva entrega de dinero, tal renovación se
encontrará exonerada del ITF.
CONCLUSIONES:
1. Los pagos de intereses por los depósitos a plazo realizados
en efectivo por parte de las Empresas del Sistema Financiero,
no se encuentran afectos al ITF.
2. Si en los depósitos a plazo, se capitalizan los intereses, tal
capitalización constituye una acreditación de intereses generados
en los depósitos a plazo, encontrándose dicha operación
exonerada del ITF.
3. La acreditación, de intereses que se generan en los depósitos a
plazos cuando sean abonados en cuentas corrientes o de ahorros
del mismo cliente, se encuentra exoneradas del ITF.
4. Las renovaciones de los depósitos a plazos se encuentran exoneradas
del ITF, siempre que las mismas se efectúen por montos
iguales o distintos, hasta por el monto que no implique una
nueva entrega de dinero en efectivo por parte del titular del
depósito.
Atentamente,
CLARA URTEAGA GOLDSTEIN
Intendente Nacional Jurídico
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA – SUNAT
––––––––
(6) En efecto, de acuerdo con el Manual de Contabilidad, aprobado por la Resolución SBS
Nº 895-98, publicada el 1 de setiembre de 1998, y normas modificatorias, los gastos
financieros comprenden, entre otros, aquellos incurridos por la empresa en el período,
tales como los intereses, comisiones, diferencia de cambio y otras cargas financieras,
devengadas por la captación de recursos del público en sus distintas modalidades.
(7) Cabe anotar que los débitos posteriores que se efectúen de las cuentas corrientes o de
ahorros en las que se hubiera abonado los intereses de los depósitos a plazo, se encontrarán
gravados con el ITF, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo
9° del Decreto Legislativo Nº 939.
INFORME Nº 036-2004-SUNAT/2B0000
Lima, 27 de febrero de 2004
MATERIA:
Se efectúan diversas consultas relacionadas con el Impuesto a las
Transacciones Financieras (ITF), creado con carácter temporal por el
Decreto Legislativo Nº 939.
BASE LEGAL:
• Decreto Legislativo Nº 939 (1) , que dicta medidas para la lucha
contra la evasión y la informalidad, publicado el 5 de diciembre
de 2003, y normas modificatorias (en adelante, el Decreto).
• Reglamento del Decreto Legislativo Nº 939, Decreto Supremo
Nº 190-2003-EF, publicado el 24 de diciembre de 2003 (2) , y
norma modificatoria (en adelante, Reglamento del ITF).
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES:
En principio, cabe indicar que mediante el artículo 9° del Decreto
se crea con carácter temporal el Impuesto a las Transacciones Financieras
(ITF), con la finalidad de luchar contra la evasión y ampliar la
base tributaria. Este impuesto grava con la alícuota de 0.15% las
operaciones en moneda nacional o extranjera detalladas en dicho
artículo.
Ahora bien, es preciso señalar que las consultas serán absueltas
en el mismo orden en que han sido formuladas:
1. ¿Las operaciones de arrendamiento financiero efectuadas por
Empresas del Sistema Financiero (ESF) se encuentran inafectas
y/o exoneradas del ITF, con excepción del pago de las
cuotas?
El inciso a) del artículo 9° del Decreto dispone que se encuentra
gravada con el Impuesto, la acreditación o débito realizados
en cualquier modalidad de cuentas abiertas en las ESF.
Asimismo, el inciso b) del referido artículo señala que también
se encuentran gravados los pagos a una ESF, en los que
no se utilice las cuentas a que se refiere el inciso anterior,
cualquiera sea la denominación que se les otorgue, los mecanismos
utilizados para llevarlas a cabo –incluso a través de
movimiento de efectivo– y su instrumentación jurídica.
Por su parte, el numeral 1 del inciso h) del artículo 9° del
Decreto, establece que se encuentran gravados con el ITF los
pagos por adquisición de activos efectuados por las ESF por
cuenta propia, en los que no se utilice las cuentas a que se
refiere el inciso a) antes mencionado, excepto los efectuados
para la adquisición de activos para ser entregados en arrendamiento
financiero y los pagos para la adquisición de instrumentos
financieros.
En tal sentido, los pagos que efectúen las ESF destinados a
adquirir activos con la finalidad de ser entregado en arrendamiento
financiero no están comprendidos dentro de los alcances
del ITF, es decir, dichos pagos se encuentran inafectos a
dicho Impuesto.
No obstante, en cuanto al pago de las cuotas del arrendamiento
financiero por parte de los arrendatarios, en tanto constituyen
pagos efectuados a una ESF, sea que se utilice o no
para ello una cuenta abierta en dichas empresas, se encontrará
gravado con el ITF, de acuerdo a lo dispuesto por los
incisos a) y b) del artículo 9° antes citado.
–––––––
(1) El numeral 20.1 del artículo 20° del Decreto Legislativo Nº 939, sustituido por el Decreto
Legislativo Nº 946 (publicado el 27 de enero de 2004), señala que el Decreto Legislativo
Nº 939 entrará en vigencia el 1 de enero de 2004, con excepción del Capítulo III que
entrará en vigencia el 1 de marzo de 2004. El Capítulo III antes referido regula el
Impuesto a las Transacciones Financieras.
(2) La vigencia del citado Reglamento está supeditada a la entrada en vigencia de los
correspondientes capítulos del Decreto Legislativo Nº 939.
36
MARZO 2004

CONSULTA INSTITUCIONAL
Finalmente, debe tenerse en cuenta que el inciso j) del artículo
9° del Decreto señala que se encuentra gravada con el ITF la
entrega de fondos al deudor o al tercero que éste designe,
con cargo a colocaciones otorgadas por una ESF, incluyendo
la efectuada con cargo a una tarjeta de crédito, sin utilizar las
cuentas a que se refiere el inciso a) del artículo 9°.
Como puede apreciarse, por la aplicación de este inciso se
encuentran gravadas con el impuesto las disposiciones de efectivo
que se efectúe con cargo a las colocaciones de fondos
que hubieran realizado las ESF, inclusive si dicha entrega de
dinero se realizó con cargo a una tarjeta de crédito. Esta afirmación
se ve corroborada por lo dispuesto en el inciso d) del
artículo 8° del Reglamento del ITF, el cual señala que se entenderá
que no se ha utilizado las cuentas a las que se refiere el
inciso a) del artículo 9° del Decreto cuando el agente de retención
o percepción entregue al contribuyente dinero bajo
cualquier modalidad, siempre que éste no haya sido acreditado
en una cuenta, incluyendo cheques o cualquier otro instrumento
financiero.
En consecuencia, la entrega al arrendatario del bien objeto
del contrato de arrendamiento financiero no se encuentra comprendida
dentro del ámbito de aplicación del ITF, ni siquiera
por la aplicación del inciso j) del artículo 9° del Decreto, el
cual sólo se refiere a la entrega de efectivo.
2. ¿La exoneración a la renovación de depósito a plazo y certificados
de depósito señalada en el inciso u) del Apéndice del
Decreto Legislativo Nº 939, hasta por el monto que no implique
una nueva entrega de dinero en efectivo por parte del
titular del depósito es aplicable cualquiera sea la modalidad
jurídica u operativa que se utilice?
Al respecto, cabe indicar que el artículo 10° del Decreto dispone
que están exoneradas del ITF las operaciones que se
detallan en el Apéndice de dicho dispositivo.
Ahora bien, el inciso u) del Apéndice antes referido, comprende
como operación exonerada del ITF, la renovación de
depósitos a plazos y de certificados de depósito por montos
iguales o distintos, hasta por el monto que no implique una
nueva entrega de dinero en efectivo por parte del titular del
depósito o del certificado, así como la acreditación de intereses
que se generen en éstos, en las cuentas corrientes y en la
cuentas de ahorro (3)(4) .
Por su parte, el inciso m) del artículo 7° del Reglamento del ITF
indica que se entiende por «renovación de depósitos a plazo y
de certificados de depósitos a plazo» a la prórroga del plazo del
depósito a plazo o certificado de depósito a plazo.
Asimismo, se señala que la renovación de depósitos a plazo y
de certificados de depósito a plazo puede realizarse mediante
una permuta entre cuentas o mediante débitos contables
efectuados en una cuenta a efecto de canjear un depósito a
plazo o certificado de depósito a plazo vencido por otro, siempre
que no implique una nueva entrega de dinero en efectivo
por parte del titular del depósito.
En consecuencia, se encuentra exonerada del ITF la renovación
de depósito a plazo y certificados de depósito a plazo,
siempre que la modalidad de la renovación se enmarque dentro
de lo establecido en el inciso m) del artículo 7° del Reglamento
antes glosado y que no implique una nueva entrega de
dinero en efectivo por parte del titular del depósito.
3. ¿La exoneración a la acreditación de intereses en depósitos a
plazo, certificados de depósito, cuentas corrientes y cuentas
de ahorro es aplicable inclusive cuando el abono de los intereses
se realice en cuenta distinta de aquella donde se encuentra
el capital que los generó?
Tal como se mencionara en el numeral precedente, el inciso u)
del Apéndice del Decreto, señala como operación exonerada
del ITF, la renovación de depósitos a plazos y de certificados
de depósito por montos iguales o distintos, hasta por el monto
que no implique una nueva entrega de dinero en efectivo por
parte del titular del depósito o del certificado, así como la
acreditación de intereses que se generen en éstos, en las cuentas
corrientes y en las cuentas de ahorro.
Conforme la define el inciso h) del artículo 7° del Reglamento
del ITF, la «Acreditación de intereses» es el incremento del
saldo contable de la cuenta que el contribuyente posea en
una ESF, producido por la generación de intereses.
Añade este inciso que, los intereses a que se refiere el párrafo
anterior se generan por los depósitos a plazo, certificados de
depósito, cuentas de ahorros o cuentas corrientes, indistintamente
de que la acreditación de intereses se realice en cualquiera
de las citadas cuentas.
Como se puede apreciar de las normas citadas, para efecto
de gozar de la exoneración referida a la acreditación de intereses,
no se exige como requisito que el abono de dichos intereses
deba realizarse en la misma cuenta donde se encuentra
el capital que los generó.
De esa manera, si los intereses correspondientes a depósitos
a plazos, certificados de depósito, cuentas corrientes o de
ahorros se acreditan, indistintamente, en cualquiera de dichas
cuentas, la mencionada operación se encuentra exonerada
del ITF (5) .
4. ¿La exoneración a la renovación de créditos señalada en el
inciso v) del Apéndice del Decreto Legislativo Nº 939, hasta
por el monto que no implique una nueva entrega de dinero en
efectivo por parte de la ESF es aplicable cualquiera sea la
modalidad jurídica u operativa que se aplique, sin importar
las dificultades financieras del deudor, inclusive cuando se
produzca por novación?
Sobre el particular, el inciso v) del Apéndice del Decreto, establece
como operación exonerada del ITF la renovación de
créditos, cualquiera sea su modalidad, hasta por el monto
que no implique una nueva entrega de dinero en efectivo por
parte de la ESF.
Conforme, al inciso n) del artículo 7° de Reglamento del ITF se
entiende por «renovación de créditos» a la refinanciación del
total o del saldo de los créditos otorgados por una ESF. Agrega
este inciso que, la renovación de créditos puede realizarse
mediante una permuta entre cuentas contables o mediante
acreditaciones contables efectuadas en una cuenta a efectos
de canjear una obligación vencida por otra, siempre que no
implique una nueva entrega de dinero en efectivo por parte
de la ESF.
De las normas glosadas en los párrafos precedentes, fluye
que la renovación de créditos se encontrará exonerada del
ITF siempre que no implique una nueva entrega de dinero en
efectivo por parte de la ESF, no importando la modalidad que
se emplee.
5. ¿Los retiros o cargos que se realicen a partir del 1 de marzo
de 2004 en las cuentas de remuneraciones ya existentes al 29
de febrero de 2004 habilitadas para tal fin según lo previsto
en el segundo párrafo del inciso c) del Apéndice del Decreto
Legislativo Nº 939, se encuentran exoneradas del ITF cuando
los fondos provengan de remuneraciones abonadas con an-
––––––
(3) Es del caso indicar que el texto del inciso u) del Apéndice fue sustituido por el artículo
14° del Decreto Legislativo Nº 947, publicado el 27 de enero de 2004. Asimismo, el 4
de febrero de 2004 se publicó la Fe de Erratas de dicho Decreto Legislativo.
(4) Al respecto, cabe mencionar que las exoneraciones a que se refiere este inciso operarán
de manera automática, sin que se requiera la presentación de documentación alguna;
tal como lo ha establecido el inciso c) del artículo 12° del Reglamento del ITF.
(5) Cabe anotar que los débitos posteriores que se efectúen de los depósitos a plazos,
certificados de depósito, cuentas corrientes o de ahorros en las que se hubieran abonado
los intereses, se encontrarán gravados con el ITF, de conformidad con lo establecido
en el inciso a) del artículo 9° del Decreto.
MARZO 2004 37

CONSULTA INSTITUCIONAL
terioridad a dicha fecha o solamente se podrían exonerar
aquellos cargos efectuados sobre fondos abonados a partir
del 1 de marzo de 2004?
Sobre el particular, cabe indicar que el inciso c) del Apéndice
del Decreto señala como operación exonerada del ITF a la
acreditación o débito en las cuentas que el empleador solicite
a la ESF abrir a nombre de sus trabajadores o pensionistas,
con carácter exclusivo, para el pago de remuneraciones o
pensiones.
Además, indica que si el empleador habilita una cuenta ya
existente a nombre del trabajador o pensionista, estará exonerada
la acreditación de las remuneraciones o pensiones,
así como los débitos hasta el límite de las remuneraciones o
pensiones abonadas.
La exoneración establecida en el presente inciso procederá
únicamente cuando la acreditación de la remuneración o pensión
se realice mediante transferencia desde una cuenta del
empleador o mediante cheques con las características señaladas
en el inciso g) del artículo 5° (6) , en los que se identifique al
empleador como al titular de la cuenta. En ambos casos, se
deberá comunicar a la ESF que el monto acreditado corresponde
a remuneraciones o pensiones.
Asimismo agrega la norma que, quedan exceptuados de utilizar
los Medios de Pago previstos en el párrafo anterior la
ESF que pague las remuneraciones o pensiones de sus trabajadores
o pensionistas en cuentas abiertas a nombre de éstos
y siempre que sea la misma ESF quien efectúe el pago.
Por remuneraciones o pensiones se entenderá todo concepto
que se considere como renta de quinta categoría para los
efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no se encuentre
afecto a este último impuesto.
En principio, debe tenerse en cuenta que el ITF resultará de
aplicación a las operaciones comprendidas en el artículo 9°
del Decreto realizadas a partir del 1 de marzo de 2004; en
igual sentido, se gozará de las exoneraciones comprendidas
en el Apéndice a partir de dicha fecha.
Ahora bien, fluye del propio inciso c) del Apéndice, al hacer
referencia a cuentas ya existentes a nombre del trabajador,
que sólo estará exonerada del ITF la acreditación de la remuneración
efectuada a partir del 1 de marzo de 2004.
En cuanto al débito de la misma, se gozará de la exoneración
en la medida que dicho débito tenga como límite la remuneración
abonada a partir del 1 de marzo de 2004. En consecuencia,
cualquier débito que se efectúe a partir del 1 de marzo
de 2004 respecto de remuneraciones abonadas con anterioridad
a esa fecha, se encontrará gravado con el ITF.
Esta afirmación se sustenta en que el mencionado inciso c) del
Apéndice hace referencia a débitos efectuados respecto de
remuneraciones que se «acrediten» mediante transferencia
desde una cuenta del empleador o mediante cheques con determinadas
características (7) , en los que se identifique al empleador
como al titular de la cuenta; vale decir, mediante mecanismos
que recién se implementan con la entrada en vigencia del
Decreto, esto es, a partir del 1 de marzo de 2004.
A mayor abundamiento, el artículo 14° del reglamento del ITF
señala que para efecto de la exoneración establecida en el
inciso c) del Apéndice, el empleador presentará a la ESF, con
una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles previos a
la primera acreditación, una declaración jurada según el
modelo que se indica en el Anexo 4, la misma que deberá ser
actualizada cada vez que se produzca alguna modificación
de los datos allí consignados. La declaración jurada que se
menciona en el párrafo anterior podrá ser presentada por el
empleador utilizando medios magnéticos o electrónicos.
Como puede apreciarse de la norma antes glosada, a fin de
gozar de la exoneración prevista en el inciso c) del Apéndice,
entre otros por el débito de las remuneraciones, se requiere
que el empleador presente una declaración jurada antes de
realizar la «primera acreditación». Ello implica que como la
primera acreditación de las remuneraciones la va a realizar a
partir del 1 de marzo de 2004, entonces los débitos que también
gozarán de la exoneración son aquellos que tienen como
límite las remuneraciones acreditadas a partir de dicha fecha.
6. ¿Para las operaciones de descuento de letras, si el Banco descontante
abona al cliente el importe del documento descontado,
neto de intereses, comisiones y otros gastos, solamente se
encontrará gravado con el ITF el importe efectivamente abonado
al cliente, sin considerar los intereses, comisiones y gastos
descontados?
En relación con el supuesto planteado, entendemos que la
consulta está referida a determinar si el importe que la ESF
deduce del monto a abonar en la cuenta del cliente, por concepto
de gastos, comisiones e intereses que se derivan de la
relación contractual con el último, se encuentran afectos al ITF.
Al respecto, el inciso b) del artículo 9° del Decreto señala que
el ITF grava los pagos a una ESF, en los que no se utilice las
cuentas a que se refiere el inciso a) del mismo artículo, cualquiera
sea la denominación que se les otorgue, los mecanismos
utilizados para llevarlas a cabo -incluso a través de movimiento
de efectivo- y su instrumentación jurídica.
Como se observa de la norma citada, en lo que respecta a los
pagos que se efectúan a favor de una ESF (8) , no resulta relevante
la denominación que se les otorgue o la modalidad
operativa o jurídica que se adopte, pues siempre estarán gravados
con el ITF, salvo que se configure algún supuesto de
exoneración establecido en el Apéndice del Decreto.
Ahora bien, considerando que los conceptos que la ESF deduce
del monto a entregar a su cliente, forman parte de las
obligaciones que se derivan de la relación contractual entablada
con el mismo, la citada deducción debe considerarse
como un pago realizado a favor de la ESF.
Por lo tanto, al calificar la citada deducción como pago, la
misma se enmarca dentro de lo establecido en el citado inciso
b) del artículo 9°, por lo que se encuentra gravada con el ITF.
7. En el caso de transferencias recibidas desde el exterior queda
claro que éstas no estarán gravadas con el ITF si se cobran en
efectivo, sin embargo, ¿si se hace un pago al Banco o se compra
un cheque de gerencia, se gravará con el ITF?
Al respecto, el artículo 9° del Decreto señala que el ITF grava
entre otras, las operaciones en moneda nacional o extranjera
que se detallan a continuación:
a) La acreditación o débito realizados en cualquier modalidad
de cuentas abiertas en las ESF.
b) Los pagos a una ESF, en los que no se utilice las cuentas a
que se refiere el inciso anterior, cualquiera sea la denominación
que se les otorgue, los mecanismos utilizados para
llevarlas a cabo –incluso a través de movimiento de efectivo–
y su instrumentación jurídica.
c) La adquisición de cheques de gerencia, certificados bancarios,
cheques de viajero u otros instrumentos financieros,
creados o por crearse, en los que no se utilice las
cuentas a que se refiere el inciso a).
e) (sic) Los giros o envíos de dinero efectuados a través de:
1. Una ESF, sin utilizar las cuentas a que se refiere el
inciso a).
2. Una Empresa de Transferencia de Fondos u otra per-
––––––
(6) El mencionado inciso g) hace referencia a cheques con la cláusula de «no negociables»,
«intransferibles», «no a la orden» u otra equivalente, emitidos al amparo de artículo
190° de la Ley de Títulos Valores.
(7) Las señaladas en el inciso g) del artículo 5º del Decreto.
(8) En los que no se utilice las cuentas a que se refiere el inciso a) del artículo 9º del Decreto.
38
MARZO 2004

CONSULTA INSTITUCIONAL
sona o entidad generadora de renta de tercera categoría.
También está gravada la entrega al beneficiario
del dinero girado o enviado.
De las normas citadas, puede apreciarse que el hecho descrito
en el mencionado numeral 1 del inciso e), no alcanza a los
giros o envíos efectuados desde el exterior, los cuales no se
encuentran gravados con el ITF, sino únicamente a los realizados
en el país. En este último caso, el contribuyente del ITF
será el que ordene los giros o envíos de dinero (inciso b.4 del
artículo 13° del Decreto).
En efecto, tal como se ha señalado en el Informe Nº 028-
2004-SUNAT/2B0000, la hipótesis de incidencia sólo califica
un hecho como hábil para determinar el nacimiento de
una obligación, cuando ese hecho se dé en el área espacial a
la que se extiende la competencia del legislador tributario;
por lo que no podrá considerarse como contribuyente del ITF
a aquel ordenante que realiza desde el extranjero el giro o
envío de dinero -en este caso, a través de una ESF- hacia un
beneficiario ubicado en territorio nacional, pues el mismo no
estaría comprendido dentro del ámbito espacial del impuesto.
No obstante, si bien la entrega en efectivo al beneficiario del
dinero girado o enviado no se encuentra gravada con el ITF,
ello no se aplica para el caso en que el giro o envío procedente
del exterior sea utilizado por el beneficiario en el país para
realizar un pago a la ESF (9) , pues en este último supuesto se
configura el hecho imponible descrito en el inciso b) del aludido
artículo 9° y, por tanto, el mencionado pago estará afecto
al ITF.
De igual forma, en el supuesto que con un giro o envío procedente
del exterior el beneficiario del mismo adquiera un cheque
de gerencia en el que no se utilice las cuentas a que se
refiere el inciso a) del artículo 9°, se producirá el hecho imponible
señalado en el inciso c) del mismo artículo, por cuanto
dicho inciso no ha establecido distinción alguna respecto a la
procedencia del dinero con el cual se adquiere el cheque de
gerencia (10) .
8. En los casos de desembolso de colocaciones diferentes al descuento
donde el Banco se cobra una comisión del desembolso
y abona posteriormente sólo el neto a la cuenta pasiva o emite
un cheque de gerencia por la diferencia, ¿hay ITF sólo por
el abono en la cuenta o también por el importe de la comisión
que se ha cobrado el Banco sin existir por ello débito en la
cuenta?
Considerando que la presente consulta tiene naturaleza similar
a la formulada en el numeral 6 del presente documento,
entendemos que le resulta aplicable el análisis allí expresado.
En consecuencia, se genera el ITF por el importe de la comisión
que se ha cobrado la ESF (11) .
9. ¿Los préstamos que el banco da a sus empleados se debe
tratar igual que los préstamos comerciales?
En este caso, todos los pagos son deducidos de la boleta de
pago, ya no constituyen cargos en cuenta, pero se asume que
no hay ITF pues equivaldría a un abono de planilla exonerado
con la inmediata utilización de este abono para cancelar
la cuota del préstamo.
Al respecto, el artículo 9° del Decreto señala que el ITF grava,
entre otras, las operaciones en moneda nacional o extranjera
que se detallan a continuación:
a) La acreditación o débito realizados en cualquier modalidad
de cuentas abiertas en las ESF.
b) Los pagos a una ESF, en los que no se utilice las cuentas a
que se refiere el inciso anterior, cualquiera sea la denominación
que se les otorgue, los mecanismos utilizados para
llevarlas a cabo –incluso a través de movimiento de efectivo–
y su instrumentación jurídica.
j) (sic) La entrega de fondos al deudor o al tercero que éste
designe, con cargo a colocaciones otorgadas por una ESF,
incluyendo la efectuada con cargo a una tarjeta de crédito,
sin utilizar las cuentas a que se refiere el inciso a) del
artículo 9°.
De otro lado, el inciso c) del Apéndice del Decreto exonera
del ITF a la acreditación o débito en las cuentas que el empleador
solicite a la ESF abrir a nombre de sus trabajadores o
pensionistas, con carácter exclusivo, para el pago de remuneraciones
o pensiones.
Señala además que si el empleador habilita una cuenta ya
existente a nombre del trabajador o pensionista, estará exonerada
la acreditación de las remuneraciones o pensiones,
así como los débitos hasta el límite de las remuneraciones o
pensiones abonadas.
La exoneración establecida en el presente inciso procederá
únicamente cuando la acreditación de la remuneración o pensión
se realice mediante transferencia desde una cuenta del
empleador o mediante cheques con las características señaladas
en el inciso g) del artículo 5° (12) , en los que se identifique
al empleador como al titular de la cuenta. En ambos casos, se
deberá comunicar a la ESF que el monto acreditado corresponde
a remuneraciones o pensiones.
Asimismo indica que quedan exceptuados de utilizar los Medios
de Pago previstos en el párrafo anterior la ESF que pague
las remuneraciones o pensiones de sus trabajadores o
pensionistas en cuentas abiertas a nombre de éstos y siempre
que sea la misma ESF quien efectúe el pago.
Finalmente, se señala que por remuneraciones o pensiones se
entenderá todo concepto que se considere como renta de quinta
categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando
no se encuentre afecto a este último impuesto.
Ahora bien, de las normas citadas se observa que en lo que
concierne al ITF no se ha establecido un tratamiento especial
para los préstamos que se otorguen a los empleados de las
ESF, siendo de aplicación, en consecuencia, las disposiciones
generales establecidas en el Decreto.
Asimismo, y conforme lo señala el mencionado inciso c) del
Apéndice, sólo se encuentran exoneradas del ITF la acreditación
o débito en las cuentas que la ESF abra a nombre de sus
trabajadores para el pago de remuneraciones, así como la
acreditación o débitos en las cuentas existentes que la ESF
habilite para el pago de remuneraciones hasta el límite previsto
en dicho inciso; lo cual no incluye la acreditación en
dicha cuenta de un préstamo que la ESF pudiera otorgar a sus
empleados.
En tal sentido, sea que el préstamo otorgado a los empleados
de la ESF se acredite en una cuenta perteneciente a aquéllos,
que dicho importe se entregue mediante cheque de gerencia
o en efectivo; la citada colocación estará gravada con el ITF,
en virtud de lo establecido en los incisos a) y j) del artículo 9°
del Decreto, según corresponda.
En lo que concierne al pago de los referidos préstamos, en el
supuesto que se opte por descontar las cuotas de pago respectivas
de la planilla de los empleados, se configurará el
supuesto previsto en el inciso b) del artículo 9° del Decreto,
por lo que los mismos también se encontrarán gravados con
el ITF.
––––––
(9) Sin utilizar las cuentas a que hace referencia el inciso a) del artículo 9º del Decreto.
(10) Ahora bien, resulta evidente que si se utilizan las cuentas señaladas en el inciso a) del
artículo 9º del Decreto, se generará el hecho imponible contemplado en dicho inciso.
(11) De otro lado, cabe recordar que la adquisición de cheques de gerencia también está
gravada con el ITF.
(12) El mencionado inciso g) hace referencia a cheques con la cláusula de «no negociables»,
«intransferibles», «no a la orden» u otra equivalente, emitidos al amparo del artículo
190º de la Ley de Títulos Valores.
MARZO 2004 39

CONSULTA INSTITUCIONAL
10. ¿Para los desembolsos de créditos, si el Banco abona al cliente
el importe neto de comisiones y otros gastos, entonces solamente
se encontrará gravado con el ITF el importe efectivamente
abonado al cliente? ¿Están gravados con el ITF los gastos
y comisiones que el Banco retiene para sí?
Considerando que esta interrogante es de naturaleza similar
a la formulada en el numeral 6 del presente documento, le
resulta aplicable el análisis efectuado en el mismo.
En consecuencia, se genera el ITF por el importe de los gastos
y comisiones que se ha cobrado la ESF.
11. ¿Para las Operaciones de Comercio Exterior, si el Banco abona
al cliente el importe neto de comisiones u otros gastos,
entonces solamente se encontrará gravado con el ITF el importe
efectivamente abonado al cliente? ¿Están gravados con
el ITF los gastos y comisiones que el Banco retiene para sí?
En lo que concierne a esta consulta, resulta de aplicación lo
señalado en el numeral anterior.
Por consiguiente, se genera el ITF por el importe de los gastos
y comisiones que la ESF se hubiera cobrado.
12. ¿Para las operaciones en cobranza garantía, el ITF afecta los
cargos y abonos en las «cuentas garantía»?
La operativa es la siguiente, el producto de las cobranzas se
abona en una cuenta garantía, de donde los recursos son
finalmente destinados al pago de las deudas a favor del banco
o se abonan a las cuentas del cliente en caso de no ser
necesario, ¿el ITF afecta los cargos y abonos en estas «cuentas
garantía»?
Al respecto debe tenerse en cuenta que el inciso a) del artículo
9° del Decreto Legislativo Nº 939, establece que se encuentra
gravada con el ITF la acreditación o débito realizados en cualquier
modalidad de cuentas abiertas en las Empresas del Sistema
Financiero.
Ahora bien, conforme al inciso f) del artículo 1º del Reglamento
del ITF, se entiende por «cuenta» a la cuenta abierta
bajo cualquier denominación en una ESF, que abarque las
obligaciones derivadas de la captación de recursos de tercero
mediante las diferentes modalidades. Se incluye a las cuentas
sobregiradas.
Agrega la norma que, no están incluidas las cuentas que las
ESF abran para el mejor control y/o registro de las operaciones
que realicen, siempre que no transgredan las disposiciones
emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, así
como la cuenta Tarjeta de Crédito.
En tal sentido, en la medida que para la realización de la
operación materia de consulta se utilicen «cuentas abiertas»
en los términos definidos en el mencionado inciso f) del artículo
1° del reglamento del ITF, los cargos y abonos en dichas
cuentas se encontrarán gravados con el impuesto.
13. En el caso de pagos de Tarjetas de Crédito, si el Banco que
recibe el pago es diferente al Banco emisor de la tarjeta, ¿quién
cobra el ITF: el Banco que recibe el pago o el Banco emisor de
la tarjeta?
En principio, para efecto de la presente consulta, partiremos
de las siguientes premisas:
a) Que la consulta está referida al ITF que se genera por el
pago que realiza el usuario de dicha tarjeta (que ha suscrito
un contrato de tarjeta de crédito con la ESF emisora
de la misma), y que dicho pago se efectúa sin utilizar las
cuentas abiertas en las ESF, a que se refiere el inciso a) del
artículo 9º del Decreto (13) .
b) Que la ESF que recibe los pagos de tarjetas de crédito
actúa en nombre (intermediaria) de la ESF emisora de la
mencionada tarjeta de crédito.
El inciso b) del artículo 9° del Decreto, dispone que están gravados
con el ITF los pagos a una ESF, en los que no se utilice
las cuentas a que se refiere el inciso a) antes mencionado,
cualquiera sea la denominación que se les otorgue, los mecanismos
utilizados para llevarlas a cabo -incluso a través de
movimiento de efectivo- y su instrumentación jurídica.
Ahora bien, en el supuesto citado, la obligación tributaria nace
al efectuar el pago (inciso b) del artículo 12° del Decreto),
siendo contribuyentes del ITF, las personas naturales, jurídicas,
sociedades conyugales, sucesiones indivisas, asociaciones
de hecho de profesionales, comunidad de bienes, fondos
mutuos de inversión en valores, fondos de inversión, fideicomisos
bancarios o de titulización, así como los consorcios,
joint ventures, u otras formas de contratos de colaboración
empresarial que lleven contabilidad independiente, que realicen
los pagos, respecto de las operaciones a que se refiere el
inciso b) del artículo 9° (inciso b.1) del artículo 13° del Decreto
Legislativo Nº 939).
Como puede apreciarse de las normas glosadas en los párrafos
precedentes, en el supuesto planteado, el contribuyente
del ITF será el usuario de la tarjeta de crédito que realiza el
pago correspondiente a la misma y, según lo previsto en el
inciso a) del numeral 14.1 del artículo 14° del Decreto (14) , el
responsable del impuesto será la ESF emisora de la tarjeta de
crédito, toda vez que la obligación asumida por el usuario
(cancelación del monto de pago) se cumple efectivamente ante
esta última entidad.
En efecto, debe tenerse en cuenta que por el contrato de tarjeta
de crédito surge una relación obligacional entre la ESF emisora
de dicha tarjeta y el usuario de la misma, en tanto que la
ESF que recibe el pago sólo actúa como intermediaria en dicha
relación recepcionando el pago respectivo.
14. ¿Está exonerado el pago de un crédito Mivivienda con cargo
en cuenta o la exoneración sólo se refiere a los pagos en
efectivo de este tipo de créditos?
De conformidad con lo dispuesto en el inciso w) del Apéndice
del Decreto, se encuentra exonerado del ITF el pago de préstamos
promocionales otorgados con cargo al Fondo MIVI-
VIENDA o al Programa TECHO PROPIO.
Como fluye de la norma antes glosada, se encuentra exonerada
del ITF la operación por la cual se efectúa el pago del
préstamo otorgado a través del Fondo MIVIVIENDA o Programa
TECHO PROPIO, sin haberse realizado distinción alguna
respecto a la modalidad en que se realizará dicho pago.
En tal sentido, se encuentra exonerada del ITF la operación
bajo comentario, independientemente que el pago se realice
en efectivo o con cargo en cuenta.
Atentamente,
CLARA URTEAGA GOLDSTEIN
Intendente Nacional Jurídico
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA – SUNAT
–––––––
(13) Este inciso señala que está gravada con el ITF la acreditación o débito realizados en
cualquier modalidad de cuentas abiertas en las ESF.
(14) En efecto, el citado inciso dispone que son responsables del Impuesto, en calidad de
agentes retenedores o perceptores, según sea el caso, las ESF, por la operación señalada,
entre otros, en el inciso b) del artículo 9º antes glosado.
40
MARZO 2004

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
Impuesto a la Renta
GASTOS DEDUCIBLES
Y NO DEDUCIBLES
• REINTEGRO TRIBUTARIO
RTF N°4697-4-2003/20.08.2003
Procede deducir como costo el IGV pagado
en las adquisiciones de bienes o servicios
realizadas por los contribuyentes de
la Región Selva, cuando éstos no hayan
optado por solicitar el reintegro tributario
del IGV.
• DEUDA DE COBRANZA
DUDOSA
RTF Nº 2184-3-2003/25/04/2003
Es procedente el reparo efectuado a la
deducción de la deuda de cobranza dudosa
de los créditos otorgados por un Banco
a sus deudores cuando no se ha demostrado
documentariamente la ocurrencia
de las circunstancias que motivan
tales provisiones. Las provisiones debieron
haber sido debidamente sustentadas ante
SUNAT no siendo suficiente la verificación
realizada por la Superintendencia de Banca
y Seguros.
• IMPUTACIÓN DE GASTOS
RTF Nº 3124-1-2003/04.06.2003
Conforme al artículo 57° de la LIR, la
imputación de gastos se rige por el principio
de lo devengado, en tal sentido, para
el Ejercicio 1997 los pagos efectuados en
julio, octubre y diciembre de 1997 por
pólizas de seguro de incendio y vehículos,
cuya cobertura abarcaba hasta julio, setiembre
y diciembre de 1998 sólo podía
ser considerado como gasto en la parte
correspondiente a la cobertura del período
comprendido entre la vigencia del contrato
y el 31 de diciembre de 1997.
• INVERSIONES EN BIENES Y
MEJORAS
RTF Nº 3124-1-2003/04.06.2003
La adquisición de una computadora personal
y la repotenciación de un computador
Pentium, sobrepasa en cada supuesto
el límite de 1/4 de UIT, representando en
el primer caso una inversión en bienes, y
en el segundo, la repotenciación del computador,
una mejora, de acuerdo a las características
que recoge la NIC Nº16 en
relación con el beneficio económico futuro
asociado al mismo y a la determinación
confiable de su costo.
• ACTIVO INTANGIBLE
RTF Nº 3124-1-2003/04.06.2003
La adquisición de un sistema informático
para el control de gastos califica como
activo intangible de duración limitada por
lo que procede deducirlo como gasto a
amortizarlo proporcionalmente en el plazo
de diez años conforme a lo dispuesto
en el inciso g) del artículo 44° de la LIR.
• REI
RTF Nº 3698-1-2003/27.06.2003
No cabe diferir el ingreso generado por
el REI del ejercicio, aun cuando se encuentre
vinculado a contratos de construcción
cuya ejecución es mayor a un ejercicio gravable.
• ALARMA Y GAS LACRIMÓGENO
RTF Nº 1704-4-2003/28.03.2003
Los gastos por adquisición de alarma y
gas lacrimógeno, por ser gastos efectuados
para brindar seguridad al local y a los
clientes y trabajadores de la recurrente,
constituyen gastos vinculados con el mantenimiento
de la fuente productora de renta,
por lo que son deducibles.
• VIGILANCIA
RTF Nº 2788-4-2003/23.05.2003
No es deducible el gasto correspondiente
al servicio de vigilancia de la residencia
del Gerente General de la empresa.
• REFRIGERIO Y ALIMENTACIÓN
RTF Nº 2788-4-2003/23.05.2003
Son deducibles los gastos por concepto
de refrigerio y alimentación a los efectivos
de la Policía Nacional que prestan servicio
de seguridad en las instalaciones de la
recurrente en virtud de un convenio firmado
con dicha entidad.
• TELEFONÍA
RTF Nº 2230-2-2003/25.04.2003
Se repara el gasto por servicios de telefonía,
debido a que si bien los recibos fueron
emitidos a nombre de la empresa recurrente,
indican un domicilio que no le
corresponde, por lo que sería un gasto ajeno
al giro del negocio; la recurrente argumenta
que la dirección consignada corresponde
al domicilio de uno de sus trabajadores,
y que el aparato telefónico fue colocado
allí debido a que el servicio de telefonía
no era prestado en las zonas donde
están los locales de la empresa. El Tribunal
indica que debe verificarse lo dicho
por la recurrente, debiendo además revisarse
el detalle de las llamadas facturadas
para determinar si corresponden a la empresa
o a terceros.
• DEUDAS DE COBRANZA
DUDOSA
RTF Nº 2235-2-2003/25.04.2003
Aun cuando se haya acreditado la morosidad
del deudor, no procede la deducción
de la provisión de cobranza dudosa,
al no haberse demostrado la existencia de
riesgo de incobrabilidad de la deuda dado
que: (i) el deudor señaló en reiteradas oportunidades
que procedería a efectuar el
pago de la deuda, (ii) el protesto de las
letras de cambio y el inicio del proceso judicial
se realizaron recién en el ejercicio
siguiente al de la deducción de la provisión.
• COMPAÑÍAS DE SEGUROS
RTF Nº 5355-1-2002/13.09.2002
Tratándose de compañías de seguros
procede la deducción de: (i) las reservas
de siniestros cargados en un ejercicio y no
utilizados hasta el ejercicio siguiente; (ii),
comisiones de agenciamiento de los corredores
de seguros durante el período de co-
MARZO 2004 41

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
bertura de la póliza de seguro, aun cuando
tales comisiones no hubiesen sido pagadas.
• ATENCIONES A CLIENTES –
CAMISETAS DEPORTIVAS
RTF Nº: 1989-4-2002/12.04.2002
Resulta razonable que una empresa dedicada
a la venta al por menor de artículos
electrodomésticos, con el fin de dar una
buena imagen, pueda brindar alguna atención
al público ofreciendo bebidas gaseosas,
por lo que el gasto es deducible al resultar
razonables los montos involucrados.
También es deducible el gasto incurrido en
la compra de camisetas deportivas para el
equipo de trabajadores de la empresa.
• PRENDAS DE VESTIR
RTF Nº 1265-4- 2003/12.03.2003
En cuanto a los gastos de adquisición de
prendas de vestir, la recurrente indica que
las adquirió para las impulsadoras de los
productos que comercializa, siendo que si
bien resulta razonable que las empresas
incurran en dichos gastos para promocionar
los productos que venden o los servicios
que prestan, en el caso la recurrente
no presenta documento alguno que acredite
fehacientemente que las prendas adquiridas
fueron destinadas al personal de
la empresa, así como tampoco han identificado
a estos, por lo que se mantiene el
reparo.
• SUSTENTO DE GASTOS EN EL
EXTERIOR
RTF Nº 2614-1-2002/17.05.2002
La copia del Libro de Actas en la que se
aprueba los gastos efectuados en el exterior,
por sí sola, no constituye prueba suficiente
para acreditar la causalidad del
gasto, ni el detalle de las facturas comerciales
permite por sí mismo establecer la
relación entre los productos que ellas contienen
y los cargos practicados.
• PÉRDIDA EXTRAORDINARIA:
ROBO DE VEHÍCULO
RTF Nº 5509-2-2002/20.09.2002
Procede deducir como gasto por pérdidas
extraordinarias, las sufridas por delitos
en perjuicio del contribuyente por terceros,
en la parte no cubierta por el seguro
y siempre que resulte inútil ejercitar la
acción judicial correspondiente, cuando se
ha acreditado el archivamiento provisional
de la denuncia penal por la no identificación
de los autores de dichos delitos.
• PÉRDIDA EXTRAORDINARIA:
DAÑOS EN VEHÍCULO POR
ACCIDENTE
RTF Nº 523-5-2001/25.05.2001
En el caso de un vehículo que ha sufrido
daños materiales por un accidente y que
posteriormente es vendido a un precio menor
al de su adquisición, sólo podría deducirse
como gasto (por la pérdida extraordinaria)
la diferencia entre el costo de adquisición
y el precio al que se ha vendido
el bien. Y resulta acreditada la inutilidad
de ejercer la acción judicial correspondiente
cuando se trata de “choque y fuga”.
• ARRENDAMIENTO FINANCIERO
RTF Nº 7255-1- 2002/19.12.2002
Dado que la depreciación de los bienes
entregados en arrendamiento financiero
tiene como única restricción legal su deducción
en un plazo no menor de tres años
computados desde el inicio de dicho contrato,
resulta improcedente condicionar
dicha depreciación a la forma pactada
para el pago de las cuotas del arrendamiento,
como se pretende cuando se repara
la deducción de la depreciación durante
el período de gracia otorgado por un
Banco a favor de los arrendatarios.
No resulta procedente exigir asientos
contables o vouchers para acreditar la utilidad
o ganancia de cambio originadas por
las colocaciones por arrendamiento financiero
por devengar, por lo que la Administración
debe verificar y comprobar los análisis
de las cuentas «Cambios» y «Conversiones»,
así como toda la documentación
presentada por la recurrente y emitir nuevo
pronunciamiento respecto al reparo por
ganancia por diferencia de cambio de cuotas
no devengadas de colocaciones por
arrendamiento financiero.
• MERMAS Y DESMEDROS
RTF Nº 199-4-2000/ 07.03.2000
Las mermas y desmedros no necesariamente
se derivan del proceso productivo,
puesto que se refieren a bienes, insumos y
existencias en general, sin distinguir si las
mismas se encuentran como productos en
proceso o productos terminados. Los bienes
que fueron destruidos por no pasar el
control de calidad no califican como merma.
• COSTO DE PRODUCCIÓN –
DEPRECIACIÓN DE
MAQUINARIA MINERA
RTF Nº 1086-1-2003/ 27.02.2003
El reparo a la deducción de la depreciación
de activos fijos destinados a la producción
de cobre como gasto, resulta arreglado
a Ley. Si bien nuestra legislación tributaria
no establece lo que debe entenderse
por costo de producción a que se refiere el
Reglamento de la LIR, es claro que se encuentra
referido a los importes que fueron
necesarios para la elaboración de los bienes,
por lo que para efectuar su deducción
a fin de determinar la renta bruta debe
establecerse los elementos que lo conforman,
por lo que resulta pertinente recurrir
a la contabilidad, toda vez que a partir de
la misma se realiza la determinación de la
renta susceptible de gravamen para dicho
tributo. Contablemente existen diversos
gastos que integran el costo, tales como
los de depreciación y mano de obra, y
aquellos que no son empleados en la producción
o transformación de bienes, se
contabilizan dentro de los gastos operativos
como gastos administrativos o de ventas,
los que se deducen de la renta bruta
para obtener la renta neta, conforme lo establece
el inciso f) del artículo 37° de la
LIR.
La Ley General de Minería extendió la
aplicación de la tasa de depreciación del
20% previsto para la maquinaria y equipo
utilizados para dicha actividad a todos los
bienes que formaran parte de su activo fijo,
sin excepción.
• INMUEBLE ACTIVADO
RTF Nº 781-2-2001/28.06.2001
Los gastos relacionados con la activación
de un bien inmueble (entre ellos, depreciación)
por aumento de capital sólo pueden
deducirse a partir del ejercicio en que se
inscribe dicho aumento en el Registro Mercantil.
• EVALUACIÓN DE PROYECTOS
RTF Nº 5355-1-2002/13.09.2002
Se reparó el gasto correspondiente a un
estudio arquitectónico para evaluar la posibilidad
de adquirir un inmueble colindante
con el fin de ampliar las oficinas de la
empresa, dado que se dejó sin efecto dicho
proyecto por lo que no tendría relación
con la generación de rentas. El Tribunal
considera al respecto que resulta razonable
que una empresa evalúe a través de
42
MARZO 2004

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
un informe técnico, si la inversión destinada
a adquirir un local es adecuada o favorable
para sus intereses, por lo que el
gasto efectuado con ese fin cumple con el
principio de causalidad siendo deducible.
• PRÉSTAMO OTORGADO A
ACCIONISTA DE LA EMPRESA
ANTES DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA MISMA
RTF Nº 781-2-2001/28.06.2001
No procede la deducción de gastos financieros
de una empresa cuando el solicitante,
futuro accionista de la misma, obtuvo
el préstamo a título personal, antes de
la constitución de aquélla.
• CASTIGO DE DEUDAS DE
COBRANZA DUDOSA
RTF Nº 3653-3-2002/09.07.2002
Para determinar la procedencia del castigo
de los créditos de cobranza dudosa
efectuado por las empresas del sistema financiero,
la Administración debió aplicar
la norma específica de la SBS que regula
la evaluación y clasificación del deudor y
la exigencia de provisiones, y no lo dispuesto
en el inciso i) del artículo 37° de la
LIR ni los requisitos establecidos en el inciso
f) de su reglamento.
• PROVISIONES POR DEUDAS DE
COBRANZA DUDOSA
RTF Nº 590-4-2002/31.01.2002
Se incumple con el requisito establecido
en el numeral 2 del inciso f) del artículo
21° del Reglamento de la LIR, si el listado
donde se encuentran detalladas las provisiones
por cuentas de cobranza dudosa
que figuran en el Libro de Inventarios y
Balances no se encuentra legalizado, no
pudiendo ser considerado como parte o
anexo de dicho libro contable.
• TRABAJADORES/ PLANILLAS-
LIBRO DE PLANILLAS
RTF Nº 611-5-2001/20.06.2001
Si el libro de planillas es legalizado y
autorizado con posterioridad a la fiscalización,
no pueden sustentarse en éste las
deducciones por remuneraciones.
-La sola anotación de las remuneraciones
en el libro de planillas no constituye
sustento suficiente de que las personas trabajan
en el negocio; se debe acreditar
además que se efectuaron las retenciones
del Impuesto a la Renta de quinta categoría
y/o aportaciones sociales para que el
gasto sea deducible.
• LIBRO DE PLANILLAS/ NÓMINA
DE TRABAJADORES
RTF Nº: 779-2-2000/06.09.2000
No es imprescindible que las retribuciones
otorgadas por algún concepto a los trabajadores
se encuentren reflejadas en el
Libro de Planillas, siendo válida la nómina
de trabajadores que incluye la firma de
cada uno de ellos y la determinación exacta
del monto percibido, a fin de deducir dichos
montos como gastos.
• ACREDITACIÓN DE VÍNCULO
LABORAL
RTF Nº 4923-4-2002/23.08.2002
Corresponde al recurrente acreditar mediante
la exhibición del Libro de Planilla que
las sumas entregadas en virtud del vínculo
laboral fueron recibidas por sus trabajadores,
a efecto de demostrar que no se trataba
de una liberalidad de la recurrente y constituya
un gasto deducible de acuerdo a Ley.
• GRATIFICACIONES
EXTRAORDINARIAS
RTF Nº 0947-4-2003/21.02.2003
Se discute si las gratificaciones extraordinarias
otorgadas por el recurrente a dos de
sus trabajadoras (en total son cinco trabajadores),
constituyen gasto deducible.
La recurrente justifica dicha entrega en el
concurso de las aludidas trabajadoras en
el incremento de los ingresos de la Estación
de Servicios, en un 42% de incremento.
Al respecto, el Tribunal indica que en
principio el incremento de los ingresos en
una empresa constituye el resultado de la
participación de todos los trabajadores de
la misma, siendo que si alguno de ellos ha
tenido una participación descollante que
lo haga merecedor de un premio o incentivo
mayor al obtenido por los demás, ella
podría justificarse con las funciones que
cumple en la empresa y su relación directa
con los resultados, lo que no ha sido acreditado
en el caso de autos, por lo que no
se acepta como gasto deducible.
• AGASAJOS POR ONOMÁSTICO
DE TRABAJADORES
RTF Nº 760-4-2002/15.02.2002
Son deducibles para efectos del Impuesto
a la Renta los gastos por agasajos y
obsequios con motivo del onomástico de
los trabajadores, pues tienen la finalidad
de mantener un grato ambiente de trabajo
y son razonables dentro de los niveles de
ingresos de la empresa y de sus cargas de
personal. Dichos gastos no constituyen renta
de quinta categoría.
• AGUINALDO
RTF Nº 603-2-2000/19.07.2000
Se entiende por aguinaldo, deducible de
acuerdo al inciso l) del artículo 37° de la
LIR, a los regalos y sumas adicionales de
dinero que otorgan los empleadores a los
trabajadores con motivo de Navidad o
Fiesta de Reyes, en forma voluntaria, y las
mayores remuneraciones impuestas por la
ley. Tales gastos son diferentes a los gastos
por agasajo, deducibles de acuerdo al inciso
ll) del artículo 37° de la LIR, que son
efectuados para realizar celebraciones
para los trabajadores.
• SERVICIOS DE ATENCIÓN
MÉDICA Y GASTOS POR
ENFERMEDAD
RTF Nº 382-2-2001/30.03.2001
Para poder deducir gastos por servicios
de atención médica y gastos por enfermedad
prestados al personal, se debe acreditar
que los beneficiarios del servicio cuenten
con un vínculo laboral con la empresa.
• CONVENIO COLECTIVO -
MOVILIDAD
RTF Nº 2788-4-2003/23.05.2003
Dado que la recurrente, en mérito al Laudo
Arbitral que resuelve el Convenio Colectivo
con sus trabajadores se encuentra
obligada a reconocer en favor de aquellos
que laboren en centros urbanos el valor
de los pasajes urbanos, se revoca el reparo
formulado por la Administración basado
en la exigencia de los comprobantes de
pago correspondientes, toda vez que el sustento
del reembolso del valor de los pasajes
urbanos lo constituye el referido Laudo.
• CONVENIOS COLECTIVOS-
SEGUROS MÉDICOS DE
FAMILIARES DE TRABAJADORES
RTF Nº 5380-3-2002/18.09.2002
Los gastos por seguros médicos para los
familiares de los trabajadores de la empresa
matriz, asumidos por la recurrente son
MARZO 2004 43

SÍNTESIS DE JURISPRUDENCIA
deducibles por haber sido asumidos por la
empresa en virtud a Convenios Colectivos.
Estos gastos son ajenos a la noción de
liberalidad, pues responden a una obligación
de carácter contractual, que es asumida
por la recurrente en representación de
la matriz frente a los trabajadores, con ocasión
de la labor que estos deben prestar a
favor de la recurrente, formando parte de
las prestaciones que debe cumplir la empresa
frente a su personal. De acuerdo a
ello, resulta irrelevante que el beneficio derivado
de la prestación sea directo, es decir,
para el propio servidor, o indirecto, para
los familiares de los mismos, puesto que la
relación causal entre el gasto y la renta gravada,
involucra el análisis de la obligación
que dio origen al gasto incurrido, esto es,
la asumida por el empleador, en el Convenio
Colectivo suscrito con los trabajadores.
• GENERALIDAD DEL GASTO –
SEGURO MÉDICO
RTF Nº 2230-2-2003/25.04.2003
El carácter de generalidad del gasto está
vinculado a la inclusión del mismo dentro de
las rentas de quinta categoría de los trabajadores.
Así, al amparo de esta disposición legal,
de haberse incurrido en un gasto en beneficio
del personal, este no constituirá renta
de quinta categoría si ha sido otorgado con
carácter general, esto es, a todos los trabajadores
que se encuentren en condiciones similares
para lo cual deberá tomarse en cuenta,
entre otros, lo siguiente: jerarquía, nivel, antigüedad,
rendimiento, área, zona geográfica.
De no cumplirse con el requisito de «generalidad»,
dicho gasto será incluido dentro
de las rentas de quinta categoría del trabajador.
En el caso evaluado, se cuestiona la generalidad
del gasto de seguro médico por
haber sido otorgado sólo al gerente de la
empresa, sin considerarse que, como se ha
señalado anteriormente, dicha característica
debe evaluarse considerando situaciones comunes
del personal, lo que no se relaciona
necesariamente con comprender la totalidad
de trabajadores de la empresa. Es así que la
generalidad del gasto debió verificarse en función
al beneficio obtenido por funcionarios de
rango similar, dentro de esta perspectiva, bien
podría ocurrir que dada la característica de
un puesto, el beneficio corresponda sólo a una
persona, sin que por ello se incumpla el requisito
de «generalidad».
No obstante, aunque el gasto observado
no cumpliese con la característica de
generalidad , conforme al inciso ll) del artículo
37° de la LIR, el mismo sería deducible,
sin perjuicio de incrementar la renta
de quinta categoría del empleado.
• MEJORAS
RTF Nº 1215-5-2002/06.03.2002
Los gastos por concepto de habilitación
de un terreno como playa de estacionamiento
(trabajos de albañilería) y de adquisición
de un grupo electrógeno, constituyen
mejoras de carácter permanente que
deben depreciarse.
• INMUEBLE EN USUFRUCTO:
GASTOS DE REPARACIÓN
RTF Nº 266-4-2002/18.01.2002
En el caso de un inmueble otorgado en
usufructo, sólo los gastos de reparación originados
por culpa del usufructuario pueden
ser deducidos por éste para efectos del pago
del IR, los otros gastos, al ser materia de
reembolso y no constituir gastos propios no
pueden ser deducidos por ella.
• ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLE PARA TRABAJADOR
RTF Nº 5217-4-2002/06.09.2002
Procede mantener el reparo de gastos
derivados del arrendamiento de un inmueble
para trabajador no domiciliado al no
haberse acreditado que las sumas destinadas
por dicho concepto constituyan condición
de trabajo.
• SERVICIOS PERSONALES
RTF Nº 916-1-2002/22.02.2002
Para deducir como gasto los servicios personales
sustentados con recibos por honorarios
profesionales, debe acreditarse además
la prestación de dichos servicios y su pago.
• ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN: Pago de
participación a asociante
RTF Nº 732-5-2002/13.02.2002
En el contrato de asociación en participación,
la participación en el negocio pagada
por el asociante al asociado sólo
podía ser deducida como gasto siempre
que se hubiera acreditado con el comprobante
de pago respectivo que el gasto se
realizó efectivamente.
• SERVICIO DE AUDITORÍA
RTF Nº 8534-5-2001/ 19.10.2001
En el caso del servicio de auditoría la
necesidad del gasto está supeditada a la
culminación del servicio cuyos resultados
serán consumidos o utilizados en el ejercicio
en que el mismo se termina de prestar.
• GASTOS NO SUSTENTADOS
CON COMPROBANTES DE
PAGO
RTF Nº 1404-1-2002/15.03.2002
La restricción a la deducción de gastos
que no se sustenten en comprobantes de
pago únicamente se aplica cuando exista
la obligación de emitirlos
OTROS TEMAS
• INGRESOS GRAVADOS
DIFERENCIA DE CAMBIO
RTF Nº 3005-4-2003/29.05.2003
El ingreso extraordinario contabilizado en
la cuenta 7619 como “Ingresos por Diferencias
de Cambio” constituye un ingreso
proveniente de las operaciones con terceros
, aunque no sea el objeto habitual de la
empresa, en la medida que la empresa es
una persona jurídica cuyo patrimonio se
diferencia del patrimonio de sus accionistas.
En ese sentido, la diferencia de cambio
constituye ingreso gravable y debe considerarse
dentro de la base imponible para
determinar los pagos a cuenta del IR.
• VENTAS CON RESERVA DE
DOMINIO
RTF Nº 3495-4-2003/20.05.2003
En caso de ventas con reserva de dominio,
la renta se devenga en el momento de
la transacción de conformidad con lo señalado
por la NICNº 18, aun cuando no se
haya transferido legalmente la propiedad.
• PAGOS A CUENTA:
MODIFICACIÓN DE
COEFICIENTE
RTF Nº1601-3-2003/25.03.2003
La modificación del coeficiente aplicable
a los pagos a cuenta de todo el ejercicio
2000 y enero y febrero de 2001 por
efecto de presentación de una declaración
rectificatoria del ejercicio 1999 en el mes
de octubre de 2002 es procedente y no
implica dar efectos retroactivos a los importes
rectificados.
44
MARZO 2004

PARTIDA
DEL
MES DE:
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Impuesto a la Renta 2004-Personas Naturales
A. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA GLOBAL (RNG)
RENTA BRUTA (RB)
Primera Categoría (1C)
Segunda Categoría (2C) (1)
Cuarta Categoría (4C)
Quinta Categoría (5C)
Factores para el Ajuste Integral de los
Estados Financieros (Índice de Precios al Por Mayor)
Mar.
1.011
1.013
1.008
1.000
Abr.
1.009
1.011
1.006
0.998
1.000
MES DE ACTUALIZACIÓN
2003
Jul. Ago. Set. Oct.
ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL (1)
2002
2003
2004
C. TABLA PARA CALCULAR EL IMPUESTO
RNGA
Base de Equivalencia en
Cálculo Nuevos Soles
Hasta 27
Hasta:
UIT
S/. 86,400
Más de 27 UIT
hasta 54 UIT
Más de 54 UIT
Más de S/. 86,400
Hasta S/. 172,800
Más de S/. 172,800
PERÍODO APLICABLE
AÑO MESES
INDICADORES
Fórmula para calcular
el Impuesto (I)
I = (0.15 x RNGA)
I = (0.21 x RNGA) – S/. 5,184
I = (0.30 x RNGA) – S/. 20,736
Valor de la UIT 1994 – 2004
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Índice de Precios - INEI
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero
Febrero - Diciembre
Promedio
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
Enero - Diciembre
VALOR (S/.)
1, 700
2, 000
2, 000
2, 200
2,183 (1)
2, 400
2, 600
2, 800
2, 900
3,000
3,100
3,100
3,200
BASE LEGAL
(1) Aplicable para la determinación anual del IR de ese año.
(2) Vigente a partir de febrero de 1996.
B. Índice General de Precios al Por Mayor (IPM) a Nivel Nacional y Variación Porcentual
D. S. Nº 168-93-EF
D. S. Nº 178-94-EF
D. S. Nº 178-94-EF
D. S. Nº 012-96-EF
D. S. Nº 012-96-EF (2)
D. S. Nº 134-96-EF
D. S. Nº 177-97-EF
D. S. Nº 123-98-EF
D. S. Nº 191-99-EF
D. S. Nº 145-2000-EF
D. S. Nº 241-2001-EF
D. S. Nº 191-2002-EF
D. S. Nº 192-2003-EF
A. Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana y Variación Porcentual
ÍNDICE PROMEDIO MENSUAL
VARIACIÓN PORCENTUAL
2003
2004
Base 1994 Base 2001 Base 1994 Base 2001
MENSUAL
ACUMULADA ANUAL (1)
MES
2003 2004
2003 2004 2003
2004
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
159.91
160.66
162.46
162.38
162.31
161.56
161.31
161.34
162.24
162.31
162.58
163.51
101.75
102.23
103.37
103.32
103.28
102.80
102.64
102.66
103.23
103.28
103.45
104.04
164.39
166.17
104.60
105.73
0.23
0.47
1.12
-0.05
-0.03
-0.47
-0.15
0.01
0.56
0.05
0.17
0.56
0.54
1.09
0.23
0.70
1.83
1.78
1.74
1.26
1.11
1.12
1.69
1.74
1.91
2.48
0.54
1.63
2.28
2.80
3.39
2.59
2.40
2.17
1.98
1.89
1.98
1.29
1.87
2.48
2.80
3.43
(1) Respecto al mismo mes del año anterior. FUENTE: INEI - Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales - Dirección de Índices.
MES
DEDUCCIONES PERMITIDAS RENTA NETA (RN)
(-) 20% de RB1C
= RN1C
(-) 10% de RB2C
= RN2C
= RNG
(-) 20% de RB4C (2)
(-) S/. 22,400
= RN de 4C y 5C
(-) IES (3) (7 UIT)
B. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA
GLOBAL ANUAL (RNGA) (4)
RNGA = (RNG – (ITF (5) + GxD (6) + Pérdidas de 1C (7) + Pérdidas de 2C (8) )) + RNFE
Donde:
ITF: Impuesto a las Transacciones Financieras; GxD: Gastos por donaciones; RNFE: Renta neta
de fuente extranjera
(1) No se incluye los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, los mismos que se
calculan bajo el sistema cedular.
May.
1.007
1.009
1.005
0.996
0.999
1.000
Jun.
1.004
1.006
1.002
0.993
0.996
0.997
1.000
1.001
1.003
0.999
0.991
0.993
0.994
0.997
1.000
1.003
1.005
1.000
0.992
0.994
0.996
0.999
1.002
1.000
1.010
1.011
1.007
0.999
1.001
1.002
1.005
1.008
1.007
1.000
1.012
1.013
1.009
1.001
1.003
1.004
1.007
1.010
1.008
1.002
1.000
Nov.
1.013
1.015
1.011
1.002
1.005
1.006
1.009
1.012
1.010
1.004
1.002
1.000
Dic.
1.020
1.022
1.017
1.009
1.011
1.013
1.016
1.019
1.017
1.010
1.008
1.006
1.000
(2) Aplicable sólo para rentas indicadas en el inciso a) del artículo 33° de la LIR. El límite deducible es
S/. 76,800 (24 UIT).
(3) El monto de impuesto determinado en el ejercicio.
(4) Después de las deducciones admitidas.
(5) El monto pagado en el ejercicio hasta el límite de la RNG sin considerar la RB5C.
(6) Gasto por donaciones realizadas conforme a lo señalado en el inciso b) del artículo 49° de la LIR.
(7) Pérdidas extraordinarias y/o de ejercicios anteriores de 1C.
(8) Pérdidas de capital originadas en la enajenación de inmuebles bajo las reglas del artículo 25° de la LIR.
2004
Ene. Feb.
VARIACIÓN PORCENTUAL
MENSUAL
ACUMULADA ANUAL (2)
2003 2004
2003
2004 2003
2004
Enero
Febrero
Marzo
151.599182
150.929564
151.111959
154.161062
154.834866
156.113192
158.365409
160.383658
-0.16
0.44
0.83
0.55
1.27
-0.16
0.27
1.10
0.55
1.83
1.69
2.59
3.31
2.73
3.58
Abril
152.121067 155.780901
-0.21
0.89
2.41
Mayo
152.142525 155.560078
-0.14
0.74
2.25
Junio
152.101959 155.087684
-0.30
0.44
1.96
Julio
152.988783 154.642665
-0.29
0.15
1.08
Agosto
153.276826 154.886242
0.16
0.31
1.05
Setiembre 154.686014 155.923529
0.67
0.98
0.80
Octubre
155.490183 156.191326
0.17
1.15
0.45
Noviembre 155.075785 156.489146
0.19
1.35
0.91
Diciembre 154.411106 157.506072
0.65
2.00
2.00
(1) Base año 1994. (2) Respecto al mismo mes del año anterior. FUENTE: INEI - Dirección General de Indicadores Económicos y Sociales - Dirección de Índices.
1.005
1.000
1.018
1.013
1.000
TASA
%
15%
21%
30%
MARZO 2004 45

INDICADORES
Calendario Tributario y de otros Conceptos
1 PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL TRIBUTO
R. de S. Nº 244-2003/SUNAT (02.01.2004) y normas especiales
2 MES DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO
CONCEPTO 1
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC DEL CONTRIBUYENTE (RUC DE ONCE DÍGITOS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9
FEB. MAR. FEB. MAR. FEB. MAR. FEB. MAR. FEB. MAR. FEB. MAR. FEB. MAR. FEB. MAR. FEB. MAR. FEB. MAR.
• Declaración Jurada y Pago
del IGV e ISC (1) (2)
2
MAR.
12.03.04
ABR.
19.04.04
MAR.
15.03.04
ABR.
20.04.04
MAR.
16.03.04
ABR.
21.04.04
MAR.
17.03.04
ABR.
22.04.04
MAR.
18.03.04
ABR.
23.04.04
MAR.
19.03.04
ABR.
26.04.04
MAR.
22.03.04
ABR.
13.04.04
MAR.
09.03.04
ABR.
14.04.04
MAR.
10.03.04
ABR.
15.04.04
MAR.
11.03.04
ABR.
16.04.04
• ESSALUD (2) de Segurid
– Régimen General (3)
12.03.04
19.04.04
15.03.04
20.04.04
16.03.04
21.04.04
17.03.04
22.04.04
18.03.04
23.04.04
19.03.04
26.04.04
22.03.04
13.04.04
09.03.04
14.04.04
10.03.04
15.04.04
11.03.04
16.04.04
– Grupos Especiales (3)
12.03.04 19.04.04 15.03.04 20.04.04 16.03.04 21.04.04 17.03.04 22.04.04 18.03.04 23.04.04 19.03.04 26.04.04 22.03.04 13.04.04 09.03.04 14.04.04 10.03.04 15.04.04 11.03.04 16.04.04
• ONP (2) (3)
12.03.04 19.04.04 15.03.04 20.04.04 16.03.04 21.04.04 17.03.04 22.04.04 18.03.04 23.04.04 19.03.04 26.04.04 22.03.04 13.04.04 09.03.04 14.04.04 10.03.04 15.04.04 11.03.04 16.04.04
• Pagos a Cuenta y Retenciones
del Impuesto a la Renta, incluye
RER (2)
12.03.04
19.04.04
15.03.04
20.04.04
16.03.04
21.04.04
17.03.04
22.04.04
18.03.04
23.04.04
19.03.04
26.04.04
22.03.04
13.04.04
09.03.04
14.04.04
10.03.04
15.04.04
11.03.04
16.04.04
• IES (Ex FONAVI) (2)
12.03.04 19.04.04 15.03.04 20.04.04 16.03.04 21.04.04 17.03.04 22.04.04 18.03.04 23.04.04 19.03.04 26.04.04 22.03.04 13.04.04 09.03.04 14.04.04 10.03.04 15.04.04 11.03.04 16.04.04
• SENCICO (2)
12.03.04 19.04.04 15.03.04 20.04.04 16.03.04 21.04.04 17.03.04 22.04.04 18.03.04 23.04.04 19.03.04 26.04.04 22.03.04 13.04.04 09.03.04 14.04.04 10.03.04 15.04.04 11.03.04 16.04.04
• SENATI (4)
16.03.04 20.04.04 16.03.04 20.04.04 16.03.04 20.04.04 16.03.04 20.04.04 16.03.04 20.04.04 16.03.04 20.04.04 16.03.04 20.04.04 16.03.04 20.04.04 16.03.04 20.04.04 16.03.04 20.04.04
• APORTES A LAS AFP:
– En Cheque (5)
03.03.04
05.04.04
03.03.04
05.04.04
03.03.04
05.04.04
03.03.04
05.04.04
03.03.04
05.04.04
03.03.04
05.04.04
03.03.04
05.04.04
03.03.04
05.04.04
03.03.04
05.04.04
03.03.04
05.04.04
– En Efectivo (6)
05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04
– Declaración sin pago (6)
05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04 05.03.04 07.04.04
– Pago de la deuda
hasta … (7)
19.03.04
23.04.04
19.03.04
23.04.04
19.03.04
23.04.04
19.03.04
23.04.04
19.03.04
23.04.04
19.03.04
23.04.04
19.03.04
23.04.04
19.03.04
23.04.04
19.03.04
23.04.04
19.03.04
23.04.04
• R.U.S. (2)
12.03.04 19.04.04 15.03.04 20.04.04 16.03.04 21.04.04 17.03.04 22.04.04 18.03.04 23.04.04 19.03.04 26.04.04 22.03.04 13.04.04 09.03.04 14.04.04 10.03.04 15.04.04 11.03.04 16.04.04
• CONAFOVICER (8)
15.03.04 15.04.04 15.03.04 15.04.04 15.03.04 15.04.04 15.03.04 15.04.04 15.03.04 15.04.04 15.03.04 15.04.04 15.03.04 15.04.04 15.03.04 15.04.04 15.03.04 15.04.04 15.03.04 15.04.04
(1) Rige también para el ISC; salvo que se aplique un calendario especial, como en el caso del ISC que afecta a los combustibles (ver Cronograma en página 47). (2) Salvo que se trate de contribuyentes considerados como «Buenos
Contribuyentes» (ver Calendario en página 47). (3) Los plazos para la presentación y/o pago en este caso son los mismos que para los tributos administrados por la SUNAT. (4) Doce primeros días hábiles del mes. (5) Tres primeros
días hábiles del mes. (6) Cinco primeros días hábiles del mes. (7) … Diez días hábiles siguientes luego de presentar la Declaración sin Pago; en este caso, se reduce en 50% el pago de intereses. (8) Quince primeros días calendario.
46
MARZO 2004

Cronograma de vencimiento de
pagos a cuenta semanales
del ISC (*)
MES AL QUE
CORRESPONDE LA
OBLIGACIÓN
MARZO 2004
VENCIMIENTO SEMANAL
SEMANA
N° DESDE HASTA
1
2
3
4
5
29 de Febrero de 2004
07 de Marzo de 2004
14 de Marzo de 2004
21 de Marzo de 2004
28 de Marzo de 2004
06 de Marzo de 2004
13 de Marzo de 2004
20 de Marzo de 2004
27 de Marzo de 2004
03 de Abril de 2004
(*) Según Anexo 2 de la R. de S. Nº 244-2003/SUNAT publicada el 02.01.2004.
Vencimiento
02 de Marzo de 2004
09 de Marzo de 2004
16 de Marzo de 2004
23 de Marzo de 2004
30 de Marzo de 2004
Calendario para
Buenos Contribuyentes (**)
PERÍODO AL QUE
CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN
INDICADORES
FECHA DE VENCIMIENTO
PARA DECLARACIÓN Y PAGO
FEBRERO 2004
23 de Marzo de 2004
MARZO 2004
27 de Abril de 2004
ABRIL 2004
25 de Mayo de 2004
MAYO 2004
23 de Junio de 2004
JUNIO 2004
23 de Julio de 2004
JULIO 2004
24 de Agosto de 2004
AGOSTO 2004
23 de Setiembre de 2004
(**) Según R. de S. Nº 012-2002/SUNAT, R. de S. Nº 183-2002/SUNAT y R. de S. Nº 244-2003/
SUNAT. Aplicable a contribuyentes expresamente considerados como tales por la SUNAT respecto
a tributos recaudados y/o administrados por esta entidad.
Cronograma para la presentación de información de
Entidades Estatales sobre la adquisición de bienes y/o servicios (***)
ADQUISICIONES
DEL MES DE:
ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Agosto
30.10.2003
30.10.2003
30.10.2003
30.10.2003
30.10.2003
3.10.2003
3.10.2003
3.10.2003
3.10.2003
3.10.2003
Setiembre
27.11.2003
27.11.2003
27.11.2003
27.11.2003
27.11.2003
28.11.2003
28.11.2003
28.11.2003
28.11.2003
28.11.2003
Octubre
30.12.2003
30.12.2003
30.12.2003
30.12.2003
30.12.2003
31.12.2003
31.12.2003
31.12.2003
31.12.2003
31.12.2003
Noviembre
29.01.2004
29.01.2004
29.01.2004
29.01.2004
29.01.2004
30.01.2004
30.01.2004
30.01.2004
30.01.2004
30.01.2004
Diciembre
26.02.2004 26.02.2004 26.02.2004 26.02.2004 26.02.2004 27.02. 2004 27.02. 2004 27.02. 2004
(***) Según D. S. Nº 053-97-PCM (modificado por D. S. Nº 063-97-PCM, D. S. Nº 048-98-PCM), R. M. Nº 083-2001-EF/10 y R. de S. Nº 043-2003/SUNAT.
27.02. 2004
27.02. 2004
Tasas Activa y Pasiva de Interés: (Mercado Promedio Ponderado: Circulares B.C.R. Nº 006 y 007-91-EF/90)
Del 01.02.2004 al 05.03.2004
FECHA
TAMN
(Moneda Nacional)
%A FD FA(1)
TAMEX
(Moneda Extranjera)
%A FD
TIPMN TIPMEX
(N) (N)
FA(1) %A %A
FECHA
TAMN
(Moneda Nacional)
%A FD FA(1)
TAMEX
(Moneda Extranjera)
%A FD
TIPMN TIPMEX
(N) (N)
FA(1) %A %A
D. 01.02.04
23,87
0,00059
283,11854
9,28
0,00025
6,12141
2,45
0,96
V. 20.02.04
24,27
0,00060
286,36805
9,17
0,00024
6,14993
2,45
0,97
L. 02.02.04
24,27
0,00060
283,28947
9,29
0,00025
6,12292
2,48
0,96
S. 21.02.04
24,27
0,00060
286,54094
9,17
0,00024
6,15143
2,45
0,97
M. 03.02.04
24,28
0,00060
283,46057
9,31
0,00025
6,12443
2,41
0,95
D. 22.02.04
24,27
0,00060
286,71395
9,17
0,00024
6,15293
2,45
0,97
M. 04.02.04
24,15
0,00060
283,63095
9,27
0,00025
6,12594
2,42
0,95
L. 23.02.04
24,08
0,00060
286,88583
9,18
0,00024
6,15443
2,43
0,97
J. 05.02.04
24,40
0,00061
283,80302
9,18
0,00024
6,12744
2,43
0,95
M. 24.02.04
24,12
0,00060
287,05808
9,23
0,00025
6,15594
2,41
0,97
V. 06.02.04
24,10
0,00060
283,97329
9,21
0,00024
6,12894
2,43
0,96
M. 25.02.04
24,12
0,00060
287,23043
9,25
0,00025
6,15746
2,42
0,97
S. 07.02.04
24,10
0,00060
284,14366
9,21
0,00024
6,13044
2,43
0,96
J. 26.02.04
24,12
0,00060
287,40288
9,26
0,00025
6,15897
2,44
0,96
D. 08.02.04
24,10
0,00060
284,31413
9,21
0,00024
6,13194
2,43
0,96
V. 27.02.04
23,93
0,00060
287,57421
9,26
0,00025
6,16049
2,41
0,97
L. 09.02.04
24,16
0,00060
284,48508
9,17
0,00024
6,13343
2,44
0.96
S. 28.02.04
23,93
0,00060
287,74565
9,26
0,00025
6,16200
2,41
0,97
M. 10.02.04
24,14
0,00060
284,65602
9,19
0,00024
6,13493
2,44
0,96
D. 29.02.04
23,93
0,00060
287,91718
9,26
0,00025
6,16352
2,41
0,97
M. 11.02.04
24,30
0,00060
284,82807
9,19
0,00024
6,13643
2,42
0,96
L. 01.03.04
23,43
0,00058
288,08559
9,30
0,00025
6,16504
2,43
0,99
J. 12.02.04
24,14
0,00060
284,99921
9,21
0,00024
6,13793
2,45
0,96
M. 02.03.04
23,54
0,00059
288,25480
9,29
0,00025
6,16656
2,36
0,99
V. 13.02.04
23,97
0,00060
285,16937
9,20
0,00024
6,13943
2,43
0,96
M. 03.03.04
23,71
0,00059
288,25480
9,30
0,00025
6,16656
2,37
1,00
S. 14.02.04
23,97
0,00060
285,33962
9,20
0,00024
6,14093
2,43
0,96
J. 04.03.04
23,67
0,00059
288,59548
9,32
0,00025
6,16961
2,37
0,99
D. 15.02.04
23,97
0,00060
285,50998
9,20
0,00024
6,14243
2,43
0,96
V. 05.03.04
23,70
0,00059
288,76603
9,33
0,00025
6,17114
2,36
0,99
L. 16.02.04
M. 17.02.04
M. 18.02.04
J. 19.02.04
23,79
23,99
24,22
24,32
0,00059
0,00060
0,00060
0,00060
285,67929
285,84998
286,02225
286,19525
9,18
9,18
9,19
9,20
0,00024
0,00024
0,00024
0,00024
6,14393
6,14543
6,14693
6,14843
2,42
2,43
2,44
2,44
0,96
0,97
0,96
0,97
(1) Desde el 01.04.91.
FD= Factor Diario. FA= Factor Acumulado. A= Anual. TAMN= Tasa Activa en Moneda Nacional.
TAMEX = Tasa Activa en Moneda Extranjera. TIPMN= Tasa Pasiva en Moneda Nacional.
TIPMEX= Tasa Pasiva en Moneda Extranjera.
(N)= Tasa Nominal. N/P= No Publicado.
MARZO 2004 47

INDICADORES
País
Alemania R. F. de
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Bélgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea del sur
Dinamarca
Ecuador
Filipinas
Guatemala
Hong Kong
India
Indonesia
Japón
Moneda
Marco
Peso
Dólar Australiano
Chelín Austriaco
Dólar de Barbados
Franco Belga
Boliviano
Real
Lev
Dólar Canadiense
Peso
Yuan
Peso
Won
Corona
Sucre
Peso
Quetzal
Dólar de Hong Kong
Rupia
Rupia
Yen
Lat
Letonia
----
(1) Según R. de S. NAA Nº 012-2004/SUNAT/A.
(2) Según R. de S. NAA Nº 059-2004/SUNAT/A.
Declaración de base imponible en ADUANAS
Factor de conversión
Equivalencia en US$
Equivalencia en US$
Del 22.01.2004 A partir del
Del 22.01.2004 A partir del
País
Moneda
al 16.02.2004 (1) 17.02.2004 (2) al 16.02.2004 (1) 17.02.2004 (2)
US$
US$
US$
US$
----
0,341297
0,752900
----
0,502513
----
0,128287
0,346021
----
0,773036
0,001688
----
0,000360
0,000840
0,168873
0,000040
----
----
0,128866
0,022002
0,000119
0,009314
----
0,341297
0,762486
----
----
----
0,127299
0,342466
0,637796
0,755858
0,001712
0,120820
0,000365
0,000853
0,167426
0,000040
0,017915
0,123305
0,128588
0,022090
0,000118
0,009462
1,876173
Malasia
México
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Panamá
Paraguay
Reino Unido
República Dominicana
Rusia
Singapur
Sudáfrica, Rep. de
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwan
Trinidad y Tobago
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
Unión Europea
Ringgit
Nuevo Peso
Naira
Corona
Dólar Neozelandés
Balboa
Guaraní
Libra Esterlina
Peso
Rublo
Dólar de Singapur
Rand
Corona
Franco Suizo
Baht
Nuevo Dólar de Taiwan
Dólar de Trinidad y Tobago
Lira
Hryvnia
Nuevo Peso
Bolívar
Euro
Índice de Reajuste Diario (*)
0,263227
0,089103
----
0,146608
0,656100
1,000000
0,000170
----
----
0,034206
0,588893
0,149844
0,138908
0,806452
0,025262
0,029490
----
----
----
0,034843
0,000627
1,256800
0,263193
0,090424
0,007407
0,142600
0,670421
1,000000
0,000162
1,824000
0,020161
0,035057
0,590598
0,142019
0,135520
0,795229
0,025491
0,030021
0,162602
0,000001
0,187424
0,034542
0,000627
1,246000
Para deudas que refiere el Art. 240° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.
Para los convenios de reajuste de deudas según Art. 1235° del Código Civil
Días
Marzo
5,80692
5,80780
5,80868
5,80957
5,81045
5,81133
5,81221
5,81310
5,81398
5,81486
5,81574
5,81663
5,81751
5,81839
5,81928
5,82016
5,82104
5,82193
5,82281
5,82370
5,82458
5,82546
5,82635
5,82723
5,82812
5,82900
5,82989
5,83077
5,83166
5,83254
5,83343
Abril
5,83559
5,83774
5,83990
5,84206
5,84422
5,84638
5,84854
5,85071
5,85287
5,85503
5,85720
5,85936
5,86153
5,86370
5,86587
5,86803
5,87020
5,87237
5,87454
5,87672
5,87889
5,88106
5,88324
5,88541
5,88759
5,88977
5,89194
5,89412
5,89630
5,89848
----
Mayo
5,89839
5,89830
5,89820
5,89811
5,89802
5,89793
5,89784
5,89774
5,89765
5,89756
5,89747
5,89738
5,89728
5,89719
5,89710
5,89701
5,89692
5,89682
5,89673
5,89664
5,89655
5,89646
5,89636
5,89627
5,89618
5,89609
5,89599
5,89590
5,89581
5,89572
5,89563
Junio
5,89555
5,89548
5,89540
5,89533
5,89525
5,89517
5,89510
5,89502
5,89495
5,89487
5,89479
5,89472
5,89464
5,89456
5,89449
5,89441
5,89434
5,89426
5,89418
5,89411
5,89403
5,89396
5,89388
5,89380
5,89373
5,89365
5,89358
5,89350
5,89342
5,89335
----
Julio
5,89246
5,89158
5,89069
5,88981
5,88892
5,88804
5,88715
5,88627
5,88539
5,88450
5,88362
5,88273
5,88185
5,88096
5,88008
5,87920
5,87831
5,87743
5,87655
5,87566
5,87478
5,87390
5,87302
5,87213
5,87125
5,87037
5,86949
5,86861
5,86772
5,86684
5,86596
2003
Agosto
5,86567
5,86537
5,86508
5,86478
5,86449
5,86419
5,86390
5,86360
5,86331
5,86301
5,86272
5,86242
5,86213
5,86184
5,86154
5,86125
5,86095
5,86066
5,86036
5,86007
5,85977
5,85948
5,85918
5,85889
5,85860
5,85830
5,85801
5,85771
5,85742
5,85712
5,85683
Setiembre
5,85687
5,85691
5,85694
5,85698
5,85702
5,85706
5,85710
5,85713
5,85717
5,85721
5,85725
5,85729
5,85732
5,85736
5,85740
5,85744
5,85748
5,85751
5,85755
5,85759
5,85763
5,85767
5,85770
5,85774
5,85778
5,85782
5,85786
5,85790
5,85793
5,85797
----
Octubre
5,85902
5,86006
5,86111
5,86216
5,86320
5,86425
5,86530
5,86635
5,86739
5,86844
5,86949
5,87054
5,87159
5,87264
5,87369
5,87473
5,87578
5,87683
5,87788
5,87893
5,87998
5,88103
5,88208
5,88314
5,88419
5,88524
5,88629
5,88734
5,88839
5,88944
5,89050
Noviembre Diciembre
Enero
2004
Febrero
5,93782
5,93892
5,94002
5,94112
5,94222
5,94332
5,94442
5,94552
5,94662
5,94772
5,94882
5,94992
5,95102
5,95212
5,95323
5,95433
5,95543
5,95653
5,95764
5,95874
5,95984
5,96095
5,96205
5,96315
5,96426
5,96536
5,96647
5,96757
5,96867
----
----
Marzo
5,97074
5,97281
5,97488
5,97695
5,97902
5,98110
5,98317
5,98524
5,98732
5,98939
5,99147
5,99355
5,99563
5,99770
5,99978
6,00186
6,00394
6,00603
6,00811
6,01019
6,01227
6,01436
6,01644
6,01853
6,02062
6,02270
6,02479
6,02688
6,02897
6,03106
6,03315
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5,89060
5,89069
5,89079
5,89088
5,89098
5,89107
5,89117
5,89126
5,89136
5,89145
5,89155
5,89164
5,89174
5,89183
5,89193
5,89202
5,89212
5,89221
5,89231
5,89240
5,89250
5,89259
5,89269
5,89278
5,89288
5,89297
5,89307
5,89316
5,89326
5,89335
----
5,89366
5,89398
5,89429
5,89460
5,89491
5,89523
5,89554
5,89585
5,89616
5,89648
5,89679
5,89710
5,89742
5,89773
5,89804
5,89835
5,89867
5,89898
5,89929
5,89961
5,89992
5,90023
5,90055
5,90086
5,90117
5,90148
5,90180
5,90211
5,90242
5,90274
5,90305
5,90413
5,90522
5,90630
5,90738
5,90847
5,90955
5,91064
5,91172
5,91280
5,91389
5,91497
5,91606
5,91714
5,91823
5,91932
5,92040
5,92149
5,92257
5,92366
5,92475
5,92584
5,92692
5,92801
5,92910
5,93019
5,93127
5,93236
5,93345
5,93454
5,93563
5,93672
(*) El índice de reajuste de deudas se ejerce respecto de pasivos de las empresas contraídos a plazo no menor de noventa días (90). No es aplicable para el
cálculo de intereses ni para determinar el valor al día del pago de las prestaciones a ser restituidas por mandato de la Ley o Resolución Judicial, según el
artículo1236° del Código Civil.
FUENTE: Banco Central de Reserva.
48
MARZO 2004

INDICADORES
DÍA
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Tasas de Interés Internacional
FECHA
01.02.04
02.02.04
03.02.04
04.02.04
05.02.04
06.02.04
07.02.04
08.02.04
09.02.04
10.02.04
11.02.04
12.02.04
13.02.04
14.02.04
15.02.04
16.02.04
17.02.04
18.02.04
19.02.04
20.02.04
21.02.04
22.02.04
23.02.04
24.02.04
25.02.04
26.02.04
27.02.04
28.02.04
29.02.04
01.03.04
02.03.04
03.03.04
04.03.04
05.03.04
FUENTE: Bloomberg
CONCEPTO
Tasa de Interés
Mensual
Tasa de Interés
Diario (2)
Diaria
LIBOR
1 MES 3 MESES 6 MESES 1 AÑO
N/P
1,100
1,100
1,099
1,199
1,100
N/P
N/P
1,100
1,099
1,099
1,094
1,094
N/P
N/P
1,094
1,091
1,091
1,091
1,090
N/P
N/P
1,090
1,090
1,090
1,096
1,098
N/P
N/P
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
N/P
1,130
1,130
1,130
1,130
1,130
N/P
N/P
1,130
1,130
1,130
1,122
1,120
N/P
N/P
1,120
1,120
1,120
1,120
1,120
N/P
N/P
1,120
1,120
1,120
1,120
1,120
N/P
N/P
1,120
1,120
1,120
1,120
1,120
DEL 01.08.2000
AL 31.12.2000
M. N. M. E.
2,2% 1,1%
N/P
1,201
1,201
1,200
1,200
1,220
N/P
N/P
1,200
1,200
1,209
1,180
1,175
N/P
N/P
1,170
1,170
1,170
1,178
1,172
N/P
N/P
1,180
1,170
1,170
1,170
1,170
N/P
N/P
1,170
1,173
1,190
1,190
1,190
N/P
1,449
1,449
1,430
1,438
1,484
N/P
N/P
1,420
1,420
1,453
1,390
1,373
N/P
N/P
1,360
1,371
1,360
1,378
1,371
N/P
N/P
1,410
1,375
1,363
1,364
1,368
N/P
N/P
1,368
1,376
1,420
1,419
1,420
PRIME RATE
N/P
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
N/P
N/P
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
N/P
N/P
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
N/P
N/P
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
N/P
N/P
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
N/P = No publicado
MES
MARZO 2003
ABRIL 2003
MAYO 2003
JUNIO 2003
JULIO 2003
AGOSTO 2003
SETIEMBRE 2003
OCTUBRE 2003
NOVIEMBRE 2003
DICIEMBRE 2003
PROMEDIO 2003
ENERO 2004
FEBRERO 2004
Tasa de Interés para Devolución
de Pagos indebidos o en exceso
ÁMBITO
TRIBUTOS
INTERNOS
Tasas de Interés Internacional
TRIBUTOS
ADUANEROS
Promedio
LIBOR
1 MES 3 MESES 6 MESES 1 AÑO PRIME RATE
1,307
1,313
1,315
1,163
1,106
1,111
1,120
1,120
1,126
1,150
1,211
1,106
1,099
Tasas de Interés Moratorio
1,291
1,302
1,285
1,124
1,109
1,135
1,143
1,158
1,172
1,170
1,217
1,130
1,124
1,273
1,280
1,235
1,084
1,122
1,195
1,186
1,203
1,243
1,233
1,231
1,191
1,186
1,341
1,361
1,249
1,099
1,196
1,409
1,353
1,402
1,507
1,479
1,358
1,413
1,403
4,25
4,25
4,25
4,22
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,12
4,00
4,00
Diario (4) VIGENCIA
CONCEPTO DEL 01.01.2002 DEL 01.01.2003 DEL 01.01.2004
AL 31.12.2002 (1) AL 31.12.2003 (2) AL 31.12.2004 (3)
0,016% 0,007% 0,01333% 0,005% 0,01333% 0,005%
M. N. M. E. M. N. M. E. M. N. M. E.
Tasa de
Interés
Mensual 0,50% 0,22% 0,40% 0,15% 0,40% 0,15%
Tasa de
Interés
Diario (4) 0,01667% 0,00733% 0,01333% 0,005% 0,01333% 0,005%
Tasa de
Interés
Mensual 0,48% 0,21% 0,40% 0,15% 0,40% 0,15%
Tasa de
Interés
M.N. = Moneda Nacional. M.E. = Moneda Extranjera.
(1) Según R. de S. Nº 002-2002/SUNAT y R. de S. de Aduanas Nº 022.
(2) Según R. de S. Nº 020-2003/SUNAT.
(3) Según R. de S. Nº 001-2004/SUNAT.
(4) Según la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT y la R. de S. Nº 116-2000/SUNAT, se aplica el
interés diario con cinco decimales.
TRIBUTOS INTERNOS
TRIBUTOS ADUANEROS
DEL 01.01.2001 DEL 01.11.2001 DEL 07.02.2003 DEL 01.06.2002 DEL 07.02.2003 DEL 01.02.2004
AL 31.10.2001 AL 06.02.2003 A LA FECHA AL 06.02.2003 AL 31.01.2004 A LA FECHA (1)
M. N. M. E. M. N. M. E. M. N. M. E. M. N. M. E. M. N. M. E. M. N. M. E.
1,8% 1,1% 1,6% 0,9% 1,5% 0,84% 1,8% 0,9% 1,5% 0,84% 1,5% 0,75%
0,07333% 0,003667% 0,06% 0,03667% 0,05333% 0,03%
ACUMULACIÓN: Los intereses acumulados al 31 de diciembre se agregarán al tributo impago, constituyendo la nueva base para el cálculo de los intereses diarios del año siguiente. Los
intereses moratorios correspondientes a los anticipos y pagos a cuenta mensuales, se aplicarán hasta el vencimiento o determinación de la obligación principal sin aplicar la acumulación
al 31 de diciembre.
M.N. = Moneda Nacional. M.E. = Moneda Extranjera.
(1) Según la R. de S. Nº 028-2004/SUNAT.
(2) De acuerdo a lo establecido en la R. de S. Nº 025-2000/SUNAT a partir del 25 de febrero de 2000 se consideran cinco decimales.
0,05%
0,028%
0,06%
0,03%
0,05%
0,028%
0,05%
0,025%
MARZO 2004 49

INDICADORES
Tipo de Cambio (en S/.):
Del 01.02.2004 al 05.03.2004
FECHA
D. 01.02.04
L. 02.02.04
M. 03.02.04
M. 04.02.04
J. 05.02.04
V. 06.02.04
S. 07.02.04
D. 08.02.04
L. 09.02.04
M. 10.02.04
M. 11.02.04
J. 12.02.04
V. 13.02.04
S. 14.02.04
D. 15.02.04
L. 16.02.04
M. 17.02.04
M. 18.02.04
J. 19.02.04
V. 20.02.04
S. 21.02.04
D. 22.02.04
L. 23.02.04
M. 24.02.04
M. 25.02.04
J. 26.02.04
V. 27.02.04
S. 28.02.04
D. 29.02.04
L. 01.03.04
M. 02.03.04
M. 03.03.04
J. 04.03.04
V. 05.03.04
Promedio
Ponderado al Cierre
de Operaciones
R.C. Nº 007-91-EF/90
C V
N/P
3,503
3,496
3,492
3,492
3,490
N/P
N/P
3,489
3,485
3,486
3,489
3,491
N/P
N/P
3,482
3,476
3,473
3,472
3,474
N/P
N/P
3,475
3,473
3,474
3,473
3,472
N/P
N/P
3,471
3,472
3,474
3,474
3,473
N/P
3,506
3,497
3,493
3,493
3,492
N/P
N/P
3,490
3,486
3,488
3,490
3,492
N/P
N/P
3,483
3,477
3,474
3,473
3,475
N/P
N/P
3,477
3,474
3,475
3,475
3,473
N/P
N/P
3,473
3,474
3,476
3,475
3,474
DÓLAR NORTEAMERICANO EURO
Promedio
Ponderado
a la fecha
de publicación( 1 )
Libre
al
Cierre de
Operaciones
C V C V
N/P
3,498
3,503
3,496
3,492
3,492
N/P
N/P
3,490
3,489
3,485
3,486
3,489
N/P
N/P
3,491
3,482
3,476
3,473
3,472
N/P
N/P
3,474
3,475
3,473
3,474
3,473
N/P
N/P
3,472
3,471
3,472
3,474
3,474
N/P
3,500
3,506
3,497
3,493
3,493
N/P
N/P
3,492
3,490
3,486
3,488
3,490
N/P
N/P
3,492
3,483
3,477
3,474
3,473
N/P
N/P
3,475
3,477
3,474
3,475
3,475
N/P
N/P
3,473
3,473
3,474
3,476
3,475
N/P
3,495
3,475
3,460
3,480
3,484
N/P
N/P
3,475
3,475
3,480
3,480
3,475
N/P
N/P
3,460
3,473
3,470
3,465
3,470
N/P
N/P
3,470
3,465
3,465
3,460
3,465
N/P
N/P
3,460
3,460
3,467
3,460
3,460
N/P
3,500
3,485
3,470
3,490
3,495
N/P
N/P
3,485
3,485
3,490
3,490
3,480
N/P
N/P
3,470
3,485
3,475
3,470
3,475
N/P
N/P
3,475
3,473
3,473
3,465
3,470
N/P
N/P
3,465
3,470
3,480
3,470
3,465
Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones
C V
N/P
4,357
4,280
4,262
4,390
4,375
N/P
N/P
4,351
4,343
4,360
4,355
4,334
N/P
N/P
4,375
4,422
4,411
4,356
4,337
N/P
N/P
4,333
4,368
4,327
4,326
4,303
N/P
N/P
4,323
4,277
4,249
4,252
4,287
N/P
4,418
4,409
4,433
4,400
4,419
N/P
N/P
4,474
4,473
4,451
4,454
4,474
N/P
N/P
4,453
4,447
4,469
4,444
4,429
N/P
N/P
4,433
4,411
4,431
4,402
4,292
N/P
N/P
4,378
4,340
4,318
4,311
4,314
Promedio
Ponderado
a la fecha
de publicación( 1 )
C V
N/P
4,372
4,357
4,280
4,262
4,390
N/P
N/P
4,375
4,351
4,343
4,360
4,355
N/P
N/P
4,334
4,375
4,422
4,411
4,356
N/P
N/P
4,337
4,333
4,368
4,327
4,326
N/P
N/P
4,303
4,323
4,277
4,249
4,252
N/P
4,336
4,418
4,409
4,433
4,400
N/P
N/P
4,419
4,474
4,473
4,451
4,454
N/P
N/P
4,474
4,453
4,447
4,469
4,444
N/P
N/P
4,429
4,433
4,411
4,431
4,402
N/P
N/P
4,292
4,378
4,340
4,318
4,311
FECHA
D. 01.02.04
L. 02.02.04
M. 03.02.04
M. 04.02.04
J. 05.02.04
V. 06.02.04
S. 07.02.04
D. 08.02.04
L. 09.02.04
M. 10.02.04
M. 11.02.04
J. 12.02.04
V. 13.02.04
S. 14.02.04
D. 15.02.04
L. 16.02.04
M. 17.02.04
M. 18.02.04
J. 19.02.04
V. 20.02.04
S. 21.02.04
D. 22.02.04
L. 23.02.04
M. 24.02.04
M. 25.02.04
J. 26.02.04
V. 27.02.04
S. 28.02.04
D. 29.02.04
L. 01.03.04
M. 02.03.04
M. 03.03.04
J. 04.03.04
V. 05.03.04
LIBRA ESTERLINA
Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones
C V
N/P
6,317
6,174
6,416
6,309
6,444
N/P
N/P
6,242
6,505
6,392
6,392
6,569
N/P
N/P
6,541
6,620
6,500
6,566
5,248
N/P
N/P
6,361
6,550
6,460
6,392
6,263
N/P
N/P
6,256
6,296
6,392
6,361
6,411
N/P
6,513
6,506
6,406
6,494
6,517
N/P
N/P
6,542
6,550
6,540
6,554
6,664
N/P
N/P
6,628
6,668
6,716
6,702
6,571
N/P
N/P
6,707
6,576
6,605
6,589
6,553
N/P
N/P
6,562
6,567
6,564
6,518
6,439
YEN JAPONÉS
Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones
C V
N/P
N/P
N/P
N/P
0,033
N/P
N/P
N/P
N/P
0,032
N/P
N/P
0,033
N/P
N/P
N/P
0,033
N/P
N/P
0,032
N/P
N/P
N/P
N/P
0,031
N/P
0,032
N/P
N/P
N/P
N/P
0,032
N/P
0,031
N/P
0,034
0,034
N/P
0,034
0,033
N/P
N/P
0,035
0,033
0,035
0,035
0,034
N/P
N/P
0,033
0,034
0,033
0,033
0,032
N/P
N/P
0,034
0,032
0,032
0,032
0,032
N/P
N/P
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
FRANCO SUIZO
Promedio
Ponderado al
Cierre
de Operaciones
C V
N/P
2,710
2,752
2,702
2,736
2,831
N/P
N/P
2,772
2,768
2,797
2,732
2,776
N/P
N/P
2,760
2,786
2,756
2,783
2,719
N/P
N/P
2,762
2,761
2,748
2,739
2,739
N/P
N/P
2,728
2,699
2,675
2,671
2,713
N/P
2,810
2,798
2,790
2,795
2,851
N/P
N/P
2,808
2,779
2,837
2,836
2,861
N/P
N/P
2,752
2,892
2,817
2,828
2,844
N/P
N/P
2,788
2,796
2,825
2,772
2,761
N/P
N/P
2,779
2,817
2,701
2,727
2,817
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros. C = Compra; V = Venta; N/P = No publicado.
(1) En el IGV, para la conversión en moneda nacional de operaciones realizadas en moneda extranjera se utiliza el tipo de cambio promedio ponderado venta publicado correspondiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria (numeral 17 del artículo 5° del Reglamento de la Ley del IGV e ISC).
50
MARZO 2004

LEGISLACIÓN
Principales Dispositivos Legales
Del 21 de febrero al 12 de marzo de 2004
PUBLICAN LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN
PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL
(24.02.2004 – 263092)
LEY Nº 28176
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:
Artículo 1°.- Inclusión de párrafo en el artículo 74°
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos
Agrégase el siguiente párrafo al artículo 74° de la Ley
Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos:
«Mediante contrato-ley, el Estado podrá otorgar a las
plantas de procesamiento de gas natural, los beneficios
que la presente Ley y sus normas reglamentarias
conceden».
Artículo 2°.- Beneficios aplicables a las Plantas de
Procesamiento de Gas Natural
Los beneficios a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 74° de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, que se aplicarán a las plantas de procesamiento
de gas natural, son los contenidos en los
siguientes artículo de dicha ley; artículo 12°, sobre la
aprobación, modificación y naturaleza del contrato;
artículo 17°, sobre las cesiones del contrato; artículos
48° y 52°, sobre Impuesto a la Renta; artículo 58°,
sobre el régimen de las exportaciones: artículos 60° y
61°, sobre importación temporal; artículo 63°, sobre
estabilidad tributaria y cambiaria; artículo 64°, sobre
contabilidad en moneda extranjera; artículo 66°, sobre
garantía de libre manejo y disponibilidad de divisas;
artículos 82°, 83° y 84°, sobre derechos de uso,
servidumbre y expropiación.
Respecto del régimen de estabilidad tributaria a que
se refiere el mencionado artículo 63°, será aplicable
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 032-95-EF, modificado
por Decreto Supremo Nº 059-96-EF.
Artículo 3°.- Régimen del Decreto Legislativo Nº 818
y de la Ley Nº 27343
En los contratos-ley a que se refiere el segundo párrafo
del artículo 74° de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica
de Hidrocarburos, agregado mediante la presente Ley,
se incluirá el régimen del Decreto Legislativo Nº 818 y
normas complementarias, modificatorias y reglamentarias.
Asimismo, a los referidos contratos-ley se aplicará
lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 1° de
la Ley Nº 27343.
Artículo 4°.- Depreciación
Los gastos de inversiones que realicen las plantas de
procesamiento de gas natural antes de indicar sus operaciones
comerciales serán acumulados en una cuenta
cuyo monto se amortizará mediante la amortización
lineal, deduciéndose en porciones iguales, durante
un período no menor de cinco (5) años.
El Ministerio de Energía y Minas podrá fijar el plazo
de la depreciación del ducto principal si lo hubiere, el
que no podrá ser menor de cinco (5) años.
Los gastos por servicios prestados al inversionista de
las plantas serán deducibles con sujeción al cumplimiento
de las normas del Decreto Supremo Nº 032-
95-EF.
Artículo 5°.- Normas Complementarias
Mediante decreto supremo refrendado por los Ministros
de Energía y Minas y de Economía y Finanzas se
dictarán las normas que sean necesarias para la aplicación
de lo dispuesto en la presente Ley, dentro del
plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha
de publicación de la presente ley.
PUBLICAN LEY DE INCENTIVOS MIGRATORIOS
(24.02.2004 – 263096)
LEY Nº 28182
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:
Artículo 1°.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene como finalidad promover el retorno
de los peruanos del extranjero para dedicarse a
actividades profesionales y/o empresariales, estableciendo
incentivos y acciones que propicien su regreso
para contribuir a generar empleo productivo y mayor
recaudación tributaria.
Artículo 2°.- Requisitos
Los peruanos que actualmente viven en el extranjero,
podrán acogerse a lo dispuesto en la presente Ley siempre
que cumplan los requisitos siguientes:
a) Haber permanecido en el extranjero no menos de
cinco (5) años anteriores a la fecha de la presentación
de la solicitud a que se refiere el inciso b) del presente
artículo.
b) Manifestar por escrito a la autoridad competente su
interés de retornar al país y acogerse a la presente
Ley.
Artículo 3°.- Incentivos Tributarios
Los que se acojan y cumplan con los requisitos señalados
en el artículo 2°, estarán liberados del pago de
todo tributo que grave el internamiento en el país de
los siguientes bienes:
a) Menaje de casa, hasta por treinta mil dólares (US$
30,000), y un (1) vehículo automotor, hasta por un
máximo de treinta mil dólares (US$ 30,000)
b) Instrumentos profesionales, maquinarias, equipos,
bienes de capital, y demás bienes que usen en el desempeño
de su profesión, oficio o actividad empresarial,
hasta por un máximo de cien mil dólares (US$
100,000).
Artículo 4°.- Pérdida de beneficios
Los beneficiarios que transfieran, bajo cualquier modalidad,
a favor de terceras personas los bienes, que hayan
internado en el país en virtud de la presente Ley, o
los adquirentes de dichos bienes, quedarán obligados
al pago de los tributos y los intereses correspondientes,
si la transferencia se efectuara dentro de los cinco (5)
años siguientes a su internamiento.
Artículo 5°.- Supervisión y control
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT) se encargará de las acciones de supervisión
y control de lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 6°.- Vigencia de beneficios
Los beneficios a que se refiere la presente Ley tendrán
una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la
fecha de su reglamentación.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Difusión
El Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado
de difundir, a través de sus delegaciones diplomáticas,
embajadas y consulados, los beneficios otorgados
por la presente Ley.
SEGUNDA.- Reglamento
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un
plazo que no excederá de sesenta (60) días contados
a partir del día siguiente de su publicación.
El Decreto Supremo que aprueba el Reglamento deberá
ser rubricado por los Ministros de Economía y
Finanzas y de Relaciones Exteriores.
TERCERA.- Norma Derogatoria
Derógase o déjase sin efecto, según corresponda, las
disposiciones que se opongan a la presente Ley.
MODIFICAN REGLAMENTO DEL D. LEG. Nº 939
(26.02.2004 – 263202)
DECRETO SUPREMO
Nº 030-2004-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
CONSIDERANDO:
Que los Decretos Legislativos Nºs. 946 y 947 han modificado
el Decreto Legislativo Nº 939;
Que, en consecuencia, resulta necesario modificar las
normas reglamentarias, aprobadas mediante Decreto
Supremo Nº 190-2003-EF;
En uso de las facultades conferidas por la Primera Disposición
Final del Decreto Legislativo Nº 939 y el numeral
8) del artículo 118° de la Constitución Política
del Perú;
DECRETA:
Artículo 1°.- Sustitúyase los literales a), f), g), h), i) y j)
e incorpórese los literales k) y l) del artículo 1° del
Decreto Supremo Nº 190-2003-EF de acuerdo a lo
siguiente:
«a) Decreto Legislativo: Al Decreto Legislativo Nº 939,
y normas modificatorias».
«f) Cuenta: A la cuenta abierta bajo cualquier denominación
en una Empresa del Sistema Financiero, que
abarque las obligaciones derivadas de la captación
de recursos de terceros mediante las diferentes modalidades.
Se incluye a las cuentas sobregiradas.
No están incluidas las cuentas que las Empresas del
Sistema Financiero abran para el mejor control y/o
registro de las operaciones que realicen, siempre que
no transgredan las disposiciones emitidas por la Superintendencia
de Banca y Seguros así como la cuenta
Tarjeta de Crédito».
«g) Giro: A la entrega de dinero, sin utilizar las cuentas
a que se refiere el inciso a) del artículo 9° del Decreto
Legislativo, a la Empresa del Sistema Financiero
MARZO 2004 51

LEGISLACIÓN
para ser entregado en efectivo a un beneficiario, en la
misma plaza o en otra distinta. La operación puede
ser realizada por la Empresa del Sistema Financiero
que recibió la orden, o por otra a quien ésta le encargue
su realización».
«h) Transferencia: A la autorización para que la Empresa
del Sistema Financiero debite en la cuenta del
ordenante un determinado importe, para ser abonado
en cuenta a un beneficiario, en la misma plaza o
en otra distinta. La operación puede ser realizada por
la Empresa del Sistema Financiero que recibió la orden,
o por otra a quien ésta le encargue su realización».
«i) Orden de pago: A la autorización para que la Empresa
del Sistema Financiero debite en la cuenta del
ordenante un determinado importe para ser entregado,
sin utilizar las cuentas a las que se refiere el inciso
a) del artículo 9° del Decreto Legislativo, a un beneficiario
en la misma plaza o en otra distinta. La operación
puede ser realizada por la Empresa del Sistema
Financiero que recibió la orden, o por otra a quien
ésta le encargue su realización».
«j) Tarjeta de débito: A la que permite a su titular pagar
con cargo a los fondos que mantiene en cualquiera
de sus cuentas establecidas en la institución financiera
que la emitió».
«k) Tarjeta de crédito: A la que permite a su titular
realizar compras y/o retirar efectivo hasta un límite
previamente acordado con la institución financiera que
la emitió».
«l) SUNAT: A la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria.
Artículo 2°.- Sustitúyase los literales h), m) y n) del
artículo 7° del Decreto Supremo Nº 190-2003-EF, de
acuerdo a lo siguiente:
«h) Acreditación de intereses: Al incremento del saldo
contable de la cuenta que el contribuyente posea en
una Empresa del Sistema Financiero, producido por
la generación de intereses.
Los intereses a que se refiere el párrafo anterior se
generan por los depósitos a plazo, certificados de
depósito, cuentas de ahorros o cuentas corrientes, indistintamente
de que la acreditación de intereses se
realice en cualquiera de las citadas cuentas».
«m) Renovación de depósitos a plazo y de certificados
de depósito a plazo: A la prórroga del plazo del
depósito a plazo o certificado de depósito a plazo.
La renovación de depósitos a plazo y de certificados
de depósito a plazo puede realizarse mediante una
permuta entre cuentas o mediante débitos contables
efectuados en una cuenta a efectos de canjear un depósito
a plazo o certificado de depósito a plazo vencido
por otro, siempre que no implique una nueva entrega
de dinero en efectivo por parte del titular del
depósito».
«n) Renovación de créditos: A la refinanciación del
total o del saldo de los créditos otorgados por una
Empresa del Sistema Financiero.
La renovación de créditos puede realizarse mediante
una permuta entre cuentas contables o mediante acreditaciones
contables efectuadas en una cuenta a efectos
de canjear una obligación vencida por otra, siempre
que no implique una nueva entrega de dinero en
efectivo por parte de la Empresa del Sistema Financiero».
Artículo 3°.- Sustitúyase el artículo 8° del Decreto Supremo
Nº 190-2003-EF por el texto siguiente:
«Artículo 8°.- OPERACIONES SIN UTILIZAR CUEN-
TAS
1. Se entenderá que no se ha utilizado las cuentas a
las que se refiere el inciso a) del artículo 9° del Decreto
Legislativo:
a) Cuando se entregue cualquier instrumento financiero
o dinero bajo cualquier modalidad, siempre que
éste no haya sido debitado de una cuenta, tratándose
de las operaciones a que se refieren los incisos b), c) y
e) del artículo 9° del Decreto Legislativo.
b) Cuando la Empresa del Sistema Financiero entregue
al contribuyente o a terceros dinero bajo cualquier
modalidad, siempre que éste no haya sido acreditado
en una cuenta, o cualquier otro instrumento financiero
o cuando lo deposite en cuentas de terceros,
respecto de las operaciones a que se refiere el inciso
d) del artículo 9°.
c) Cuando la Empresa del Sistema Financiero entregue
dinero bajo cualquier modalidad incluyendo cheques
o cualquier otro instrumento financiero, respecto
de las operaciones a que se refiere el inciso h) del
artículo 9°.
d) Cuando el Agente de retención o percepción entregue
al contribuyente dinero bajo cualquier modalidad,
siempre que éste no haya sido acreditado en una cuenta,
incluyendo cheques o cualquier otro instrumento
financiero, respecto de las operaciones a que se refiere
el inciso i) y j) del artículo 9°.
2. Respecto de las operaciones a que se refieren los
incisos b), c) y e) del artículo 9° del Decreto Legislativo
se entenderá que se ha utilizado cuentas cuando:
a) Se use cheques emitidos conforme a lo señalado en
el inciso g) del artículo 5° del Decreto Legislativo.
b) Una Empresa del Sistema Financiero, entregue una
suma de dinero a otra Empresa del Sistema Financiero
debitando dicho monto de una cuenta del contribuyente.
Para tal efecto, el contribuyente que solicita la
entrega, deberá presentar, por medios físicos o informáticos,
a la Empresa del Sistema Financiero beneficiaria
una declaración jurada mediante la cual comunique
que el dinero que ésta está recibiendo proviene
de un débito en una cuenta. En la citada declaración
se deberá consignar el número de cuenta y la razón
social de la Empresa del Sistema Financiero que ejecuta
la entrega por cuenta del contribuyente.
No se presentará la citada declaración cuando la Empresa
del Sistema Financiero que ejecuta la entrega
por cuenta del contribuyente pueda certificar por medio
físicos o informáticos a la Empresa del Sistema
Financiero beneficiaria que la operación se realizó
debitando dicho monto en alguna de las cuentas señaladas
en el inciso a) del Artículo 9° del Decreto Legislativo».
Artículo 4°.- Sustitúyase el artículo 10° del Decreto
Supremo Nº 190-2003-EF por el texto siguiente:
«Artículo 10°.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS POR LAS
EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO
No se encuentra comprendida en el numeral 1 del inciso
h) del artículo 9° del Decreto Legislativo la adquisición
de activos recibidos o adjudicados en pago por
colocaciones, a que se refiere el artículo 215° de la
Ley General, que la Empresa del Sistema Financiero
haya efectuado».
Artículo 5°.- Sustitúyase el literal a) del artículo 12°
del Decreto Supremo Nº 190-2003-EF, de acuerdo a
lo siguiente:
«a) Tratándose de las cuentas señaladas en los incisos
a), e), f), g), h), i), j), k), l), ll), m), n), o), p), s) y t), así
como de las cuentas que utilicen los agentes de aduana
exclusivamente para el pago de la deuda tributaria
de sus comitentes a que se refiere el inciso b) del
Apéndice, presentarán ante la Empresa del Sistema
Financiero, por cada exoneración solicitada, una declaración
jurada según el modelo que se indica en el
Anexo 2 en la que declararán que en dicha(s) cuenta(s)
se realizará exclusivamente operaciones exoneradas».
Artículo 6°.- Sustitúyase el artículo 14° del Decreto
Supremo Nº 190-2003-EF, por el siguiente texto:
«Artículo 14°.- CUENTAS DE REMUNERACIONES Y
PENSIONES
Para efecto de la exoneración establecida en el inciso
c) del Apéndice, el empleador presentará a la Empresa
del Sistema Financiero, con una anticipación no
menor a cinco (5) días hábiles previos a la primera
acreditación, una declaración jurada según el modelo
que se indica en el Anexo 4, la misma que deberá ser
actualizada cada vez que se produzca alguna modificación
de los datos allí consignados.
La declaración jurada que se menciona en el párrafo
anterior podrá ser presentada por el empleador utilizando
medios magnéticos o electrónicos».
Artículo 7°.- Sustitúyase el artículo 15° del Decreto
Supremo Nº 190-2003-EF, por el siguiente texto:
«Artículo 15°.- USO INDEBIDO DE CUENTAS ESPE-
CIALES
En los supuestos previstos en los numerales 1 y 2 del
artículo 15-A del Decreto Legislativo, los contribuyentes
deberán presentar a la Empresa del Sistema Financiero,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de ocurrido el hecho, una declaración jurada según
el modelo que se indica en el Anexo 3".
Artículo 8°.- Sustitúyase el numeral 4 del artículo 16°
del Decreto Supremo Nº 190-2003-EF, por el siguiente
texto:
«4. Devolver al contribuyente las retenciones y/o percepciones
efectuadas en forma indebida o en exceso».
Artículo 9°.- Sustitúyase el artículo 17° del Decreto
Supremo Nº 190-2003-EF por el siguiente texto:
«Artículo 17°.- CONSTANCIA DE RETENCIÓN O PER-
CEPCIÓN DEL IMPUESTO
1. Tratándose de operaciones realizadas a través de
las cuentas abiertas a que se refiere el inciso a) del
artículo 9° del Decreto Legislativo, la «Constancia de
retención o percepción del Impuesto a las transacciones
financieras» tendrá las siguientes características:
1.1 Comprenderá la totalidad de las operaciones realizadas
por el contribuyente en el ejercicio gravable
anterior.
1.2 Indicará:
a) Nombre o razón social y número de RUC del agente
retenedor o perceptor.
b) Nombre o razón social, número de RUC del contribuyente,
o número del documento de identidad que
corresponda así como el domicilio del contribuyente.
c) Importe total del Impuesto retenido o percibido respecto
de las acreditaciones realizadas, expresados en
moneda nacional.
d) Importe total del Impuesto retenido o percibido respecto
de los débitos realizados, expresados en moneda
nacional.
1.3 Se otorgará dentro del mes siguiente al cierre del
ejercicio gravable, ya sea en forma física o por medios
informáticos.
1.4 Podrá ser reemplazada por los estados de cuenta
que emitan las Empresas del Sistema Financiero, siempre
que en ellos consten los datos mínimos establecidos
en el numeral 1.2.
2. Tratándose de las operaciones comprendidas en los
incisos b), c), d), e), i) y j) del artículo 9° del Decreto
Legislativo, la constancia se deberá entregar en la oportunidad
en que se realice la operación gravada, debiendo
contener como mínimo la siguiente información:
a) Nombre o razón social y número de RUC del agente
retenedor o perceptor.
b) Nombre o razón social y número de RUC del contribuyente,
o número del documento de identidad que
corresponda.
c) Importe total de la operación gravada, expresados
en la moneda en que se realizó la operación.
d) Importe del Impuesto retenido o percibido, expresados
en la moneda en que se realizó la operación.
Esta constancia podrá ser reemplazada por el documento
que acredite la operación efectuada, en la medida
que contenga la información señalada en el presente
numeral.
3. El contribuyente a quien no se le hubiera entregado
o puesto a disposición la constancia en el plazo indicado
deberá denunciar el hecho ante la Administración
Tributaria dentro de los quince (15) días hábiles
del mes siguiente».
Artículo 10°.- Sustitúyase el primer párrafo del artículo
18° del Decreto Supremo Nº 190-2003-EF, por el
52
MARZO 2004

LEGISLACIÓN
siguiente texto:
«Tratándose de operaciones gravadas efectuadas en
moneda extranjera, el impuesto determinado, retenido
o percibido, en dicha moneda deberá convertirse
a moneda nacional, de acuerdo al siguiente procedimiento:
1. Se aplicará el tipo de cambio promedio ponderado
compra publicado por la Superintendencia de Banca
y Seguros en el Diario Oficial El Peruano el día en que
se contrajo la obligación o, en su defecto, el último
publicado.
2. Tratándose de monedas cuyo tipo de cambio no es
publicado en el Diario Oficial El Peruano pero sí en la
página web de dicha Superintendencia, se considerará
el tipo de cambio promedio ponderado compra correspondiente
al cierre de operaciones del día anterior.
3. Respecto de las monedas cuyo tipo de cambio no
es publicado en ninguna de las dos formas establecidas
en los numerales anteriores, se seguirá el siguiente
procedimiento:
a) Se determinará el equivalente de la moneda extranjera
en dólares americanos, utilizando el tipo de
cambio de cierre de la plaza de Nueva York-Estados
Unidos de Norteamérica, del día anterior a la fecha
en que se contrajo la obligación, disponible en un sistema
de información financiera internacionalmente
aceptado.
b) El monto así obtenido se convertirá a nuevos soles,
utilizando el tipo de cambio promedio ponderado compra
publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros
en el Diario Oficial El Peruano el día en que se
contrajo la obligación o, en su defecto, el último publicado».
Artículo 11°.- Existe la obligación de utilizar los Medios
de Pago previstos en el segundo párrafo del numeral
20.2 del artículo 20° del Decreto Legislativo, en
el caso de prestaciones a cargo de una o de todas las
partes contratantes.
Artículo 12°.- Deróguese la Segunda Disposición Final
del Decreto Supremo Nº 190-2003-EF.
Artículo 13°.- Sustitúyase la Tercera Disposición Final
del Decreto Supremo Nº 190-2003-EF, por el siguiente
texto:
«Tercera.- OTROS MEDIOS DE PAGO
1. De conformidad con el tercer párrafo del artículo
3° del Decreto Legislativo, tratándose de operaciones
de comercio exterior realizadas con personas naturales
y/o jurídicas no domiciliadas, se podrá emplear,
además, los siguientes Medios de Pago, siempre que
respondan a los usos y costumbres que rigen para dichas
operaciones y se canalicen a través de Empresas
del Sistema Financiero o de empresas bancarias o financieras
no domiciliadas.
a) Transferencias
b) Cheques bancarios
c) Orden de pago simple
d) Orden de pago documentaria
e) Remesa simple
f) Remesa documentaria
g) Carta de crédito simple
h) Carta de crédito documentario
2. De conformidad con el tercer párrafo del artículo
5° del Decreto Legislativo, autorízase como Medios de
Pago los documentos emitidos por las EDPYMES y las
Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a
captar depósitos del público, exclusivamente, en los
desembolsos y recuperaciones de créditos que efectúen
las citadas empresas».
Artículo 14°.- Incorpórese, como Quinta Disposición
Final del Decreto Supremo Nº 190-2003-EF, el siguiente
texto:
«Quinta.- CONTRIBUYENTES CON INAFECTACIO-
NES ESPECIALES
Los contribuyentes a quienes no les sea de aplicación
el Impuesto en virtud de lo establecido en leyes o normas
con rango de ley, tal como la prevista en el artículo
114° de la Ley General, deberán presentar a la
SUNAT, en la forma, plazo y condiciones que ésta establezca,
una declaración jurada según el modelo que
se indica en el Anexo 7.
Con dicho documento, y siempre que el contribuyente
no tenga la condición de no habido, la SUNAT emitirá
una «Constancia de presentación de la declaración
jurada de inafectación», dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a su presentación.
Los contribuyentes que tengan la condición de no habido,
deberán actualizar la información correspondiente
a su domicilio fiscal, previamente a la presentación
de la declaración jurada a que se refiere el primer
párrafo.
Los contribuyentes presentarán la referida constancia
a los agentes de retención o percepción».
Artículo 15°.- Incorpórese, como Primera Disposición
Transitoria del Decreto Supremo Nº 190-2003-EF, el
siguiente texto:
«DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Primera.- EJERCICIOS GRAVABLE 2004
Para efectos del Impuesto a las Transacciones Financieras
se deberá entender que el ejercicio gravable
2004 comprende desde el 1 de marzo de 2004 hasta
el 31 de diciembre de 2004".
Artículo 16°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco
días del mes de febrero del año dos mil cuatro.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO 7
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE INAFECTA-
CIÓN ESPECIAL
Ciudad y fecha
Señores SUNAT
Presente.-
Por la presente y bajo mi exclusiva responsabilidad,
declaro bajo juramento que a la fecha se encuentra
vigente a mi favor (a favor de mi representada) el artículo
................. de la (Ley/Decreto Ley/Decreto Legislativo)
Nº ..............., según el cual no son aplicables
los impuestos que se creen con posterioridad al
............... (dd/mm/aa). Para tal efecto, adjunto
...........
En consecuencia, se me deberá expedir la «Constancia
de presentación de la declaración jurada de inafectación»
a que se refiere la Quinta Disposición Final
del Decreto Supremo Nº 190-2003-EF, para efecto de
su presentación ante los agentes de retención o percepción
del Impuesto a las Transacciones Financieras-
Decreto Legislativo Nº 939 y normas modificatorias.
Por intermedio de la presente me comprometo a comunicarles
cualquier modificación que pudiera presentarse
sobre dicha situación, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas de su ocurrencia.
Finalmente, declaro que los datos consignados en el
presente documento son correctos y completos, y que
esta declaración se ha confeccionado sin omitir o falsear
dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión
de la verdad.
Nombre, apellido y documento de identidad del representante
legal.
Nombre o razón social y Número de RUC del contribuyente.
APRUEBAN FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DEL
PRODUCTOR AGRARIO (26.02.2004 – 263195)
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0185-2004-AG
Lima, 23 de febrero de 2004
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 4.2 del Artículo 4° de la Ley Nº 27360,
Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector
Agrario, establece que para efecto del Impuesto a la
Renta, las personas naturales o jurídicas que estén comprendidas
en los alcances del presente dispositivo podrán
depreciar, a razón de 20% (veinte por ciento)
anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura
hidráulica y obras de riego que realicen durante
la vigencia de la referida Ley;
Que, asimismo, el Artículo 5° de la referida Ley, prescribe
que las personas naturales o jurídicas comprendidas
en los alcances del presente dispositivo, que se
encuentren en la etapa preproductiva de sus inversiones,
podrán recuperar anticipadamente el Impuesto
General a las Ventas, pagados por las adquisiciones
de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de
construcción;
Que, el Artículo 5° del Reglamento de la Ley Nº 27360,
aprobado por Decreto Supremo Nº 049-2002-AG, señala
que los beneficiarios que realicen las inversiones
a que se refiere el numeral 4.2 del Artículo 4° y el
Artículo 5° de la Ley, deberán presentar un programa
de inversión ante el Ministerio de Agricultura, de acuerdo
al formato que éste apruebe;
Que, resulta necesaria la aprobación del Formato en
mención.
Con la visación de la Oficina de Planificación Agraria,
la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Promoción
Agraria y del Viceministro de Agricultura;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar el Formato de Declaración
Jurada del productor agrario a que se refiere el Artículo
5° del Reglamento de la Ley Nº 27360, aprobado
por Decreto Supremo Nº 049-2002-AG, el mismo
que en anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
MODIFICAN DISEÑO DEL FORMULARIO Nº 118 «RÉGI-
MEN ESPECIAL DE RENTA» A SER UTILIZADO POR CON-
TRIBUYENTES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A
LA RENTA (27.02.2004 – 263330)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 054-2004/SUNAT
Lima, 26 de febrero de 2004
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de Superintendencia Nº
087-99/SUNAT, se aprobó el formulario Nº 118-»Régimen
Especial de Renta», el mismo que debía ser utilizado
para la declaración y pago mensual del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto de Promoción
Municipal y del Impuesto a la Renta de tercera categoría
por parte de los contribuyentes del Régimen Especial
del Impuesto a la Renta (RER);
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 938 se sustituyó
el Capítulo XV del Texto Único Ordenado (TUO)
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 054-99-EF y modificatorias, denominado
«Del Régimen Especial del Impuesto a la
Renta»;
Que, el artículo 121° del referido TUO, establece la
aplicación de tasas diferenciadas por concepto de
Impuesto a la Renta a los sujetos del RER, según el tipo
de actividad que realicen. Asimismo, el último párrafo
del Artículo 117° del citado TUO, autoriza a la SU-
MARZO 2004 53

LEGISLACIÓN
NAT dictar las normas que resulten necesarias para la
mejor aplicación del citado régimen;
Que, por su parte, el numeral 5 del Artículo 87° y el
Artículo 88° del TUO del Código Tributario, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF y modificatorias,
facultan a la Administración Tributaria a
establecer la forma y condiciones para la presentación
de la declaración tributaria;
Que, atendiendo a las modificaciones normativas introducidas
al RER, resulta necesario modificar el diseño
del formulario Nº 118-»Régimen Especial de Renta»
aprobado por la Resolución de Superintendencia
Nº 087-99/SUNAT, a fin de facilitar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y permitir un adecuado
control de las mismas por parte de la Administración
Tributaria;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 11°
del Decreto Legislativo Nº 501, el Artículo 117° del
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por
el Decreto Supremo Nº 054-99-EF y modificatorias, el
numeral 5 del Artículo 87° y el Artículo 88° del TUO
del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo
Nº 135-99-EF y modificatorias, y el inciso q) del
artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria, aprobado por Decreto Supremo Nº
115-2002-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente resolución, se entenderá por:
a) RER: Al Régimen Especial del Impuesto a la Renta a
que se refiere el Capítulo XV de la Ley del Impuesto a la
Renta, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el
Decreto Supremo Nº 054-99-EF y modificatorias.
b) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 135-99-EF, y modificatorias.
c) IGV: Al Impuesto General a las Ventas.
d) IPM: Al Impuesto de Promoción Municipal.
Artículo 2°.- MODIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL FOR-
MULARIO Nº 118-»RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA»
Modifíquese el diseño del formulario Nº 118-»Régimen
Especial de Renta», aprobado por la Resolución
de Superintendencia Nº 087-99/SUNAT, por el que
figura como anexo de esta norma.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
resolución, el referido formulario en su nuevo
diseño, deberá ser utilizado para la declaración y pago
mensual del IGV e IPM y del Impuesto a la Renta de
tercera categoría por los sujetos acogidos al RER, independientemente
del período al que corresponda su
declaración.
Artículo 3°.- DECLARACIÓN INCOMPLETA Y RECTIFI-
CATORIA
La omisión en el llenado o llenado incorrecto de la
casilla 300 del formulario Nº 118-»Régimen Especial
de Renta», determinará que la declaración jurada por
concepto de Impuesto a la Renta sea considerada incompleta.
A tal efecto, se considerará que la casilla
300 del referido formulario ha sido llenada incorrectamene
cuando contenga un dígito distinto al solicitado,
según el tipo de actividad que realiza.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta sin perjuicio
de lo señalado por el artículo 6° de la Resolución
de Superintendencia Nº 100-97/SUNAT y modificatorias,
y de las sanciones que de acuerdo al Código
Tributario sean aplicables.
La información de la casilla 300 es susceptible de sustitución
o rectificación, según sea el caso.
Artículo 4°.- DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL FOR-
MULARIO
La distribución del formulario Nº 118-»Régimen Especial
de Renta» en su nuevo diseño, se realizará gratuitamente
a través de las entidades bancarias autorizadas
y las dependencias de la SUNAT, el mismo que
será utilizado obligatoriamente a nivel nacional a partir
de la entrada en vigencia de esta norma.
Artículo 5°.- VIGENCIA
La presente Resolución entrará en vigencia a partir del
5 de marzo de 2004.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- DECLARACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES
A ENERO DEL 2004
Lo dispuesto en el artículo 3° de esta resolución, no
resultará de aplicación a los contribuyentes que se encuentren
omisos a la presentación de la declaración
jurada por concepto de Impuesto a la Renta, por los
períodos anteriores a enero de 2004.
ESTABLECEN CRITERIOS PARA QUE EL MEF PUEDA AUTO-
RIZAR A LA SUNAT A IMPUGNAR RESOLUCIONES DEL
TRIBUNAL FISCAL MEDIANTE DEMANDA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA (04.03.2004 – 263888)
DECRETO SUPREMO
Nº 035-2004-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 76° del Decreto Legislativo Nº 953 incorporó
el artículo 157° del Código Tributario, el cual
estableció que las resoluciones del Tribunal Fiscal que
agotan la vía administrativa pueden ser impugnadas
por la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria-SUNAT- mediante el Proceso Contencioso
Administrativo tal como lo establece el artículo 157°
del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado
por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y modificado
por el Decreto Legislativo Nº 953, siempre que cuenten
con la autorización del Ministerio de Economía y
Finanzas;
Que es necesario establecer en forma transparente y
general los criterios para que el Ministerio de Economía
y Finanzas otorgue a la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria la autorización a que
se refiere el párrafo anterior;
En uso de las facultades conferidas por el inciso 8) del
artículo 118° de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1°.- Las resoluciones del Tribunal Fiscal que
agotan la vía administrativa pueden ser impugnadas
por la SUNAT, mediante el Proceso Contencioso Administrativo
tal como lo establece el artículo 157° del
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado
por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y modificado
por el Decreto Legislativo Nº 953, siempre que cuenten
con la autorización del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Artículo 2°.- La autorización del Ministerio de Economía
y Finanzas a que se refiere el artículo anterior
procederá siempre que la demanda contencioso administrativa
se encuentre en los supuestos establecidos
por el artículo 3° de la presente norma y cuente con
informe favorable de la Defensoría del Contribuyente
y del Usuario Aduanero del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Artículo 3°.- El Ministerio de Economía y Finanzas autorizará
a la SUNAT a presentar la demanda contencioso
administrativa a que se refiere el artículo 1° del
presente Decreto cuando:
1. Exista un error de forma o de fondo en la Resolución
del Tribunal Fiscal el cual no pueda impugnarse
por una vía procesal establecida en las normas vigentes.
2. Se trata de un tema distinto a la mera interpretación
de normas, de procedimientos o de pruebas sobre
los cuales SUNAT en la etapa de la reclamación
tuvo una opinión distinta al Tribunal Fiscal.
3. Cuando exista dualidad de criterio del Tribunal Fiscal
sobre la materia a demandar aun cuando se refiera
a un contribuyente distinto.
Artículo 4°.- La SUNAT deberá solicitar la autorización
a que se refiere el artículo 1° al Ministerio de
Economía y Finanzas a más tardar en un plazo de
cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde
la fecha en que se notificó a dicha entidad la Resolución
del Tribunal Fiscal. La solicitud deberá contar con
un informe legal sustentatorio de la Intendencia Nacional
Jurídica de la SUNAT.
Artículo 5°.- El presente Decreto Supremo será refrendado
por el Ministerio de Economía y Finanzas.
RESTABLECEN TEXTO DE NUMERAL 2 DE APÉNDICE II DEL
TUO DE LA LEY DEL IGV E ISC APROBADO POR D. S. Nº
055-99-EF (04.03.2004 – 263889)
DECRETO SUPREMO
Nº 036-2004-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, dentro del proceso de ampliación de la base tributaria
y fortalecimiento de la recaudación, se expidió
el Decreto Supremo Nº 084-2003-EF mediante el
cual se dejó sin efecto la exoneración del Impuesto
General a las Ventas al servicio de transporte público
terrestre interprovincial de pasajeros, en forma similar
al régimen aplicable al transporte aéreo y ferroviario;
Que, se ha visto por conveniente restablecer la exoneración
del Impuesto General a las Ventas al servicio
de transporte público terrestre interprovincial de pasajeros;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF y
normas modificatorias; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1°.- Restablézcase el texto del numeral 2 del
Apéndice II del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo
al Consumo aprobado por el Decreto Supremo Nº
055-99-EF y normas modificatorias, de la siguiente
manera:
«2. Servicio de transporte público de pasajeros dentro
del país, excepto el transporte público ferroviario
de pasajeros y el transporte aéreo».
Artículo 2°.- Derógase el Decreto Supremo Nº 084-
2003-EF.
Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas y entrará
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación.
PUBLICAN LEY QUE ESTABLECE LOS ALCANCES DEL DEC.
LEG. Nº 681 MEDIANTE EL CUAL SE REGULA EL USO DE
TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN MATERIA DE ARCHIVO DE
DOCUMENTOS E INFORMACIÓN (05.03.2004 – 263990)
LEY Nº 28186
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
La Comisión Permanente del
Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:
Artículo 1°.- Conservación de documentos con contenido
tributario
No podrán destruirse, aun cuando se hubieren conservado
mediante microformas, de acuerdo al Decre-
54
MARZO 2004

LEGISLACIÓN
to Legislativo Nº 681, normas modificatorias, ampliatorias
y reglamentarias, los originales de los documentos,
información y antecedentes de las operaciones o
situaciones que constituyan hechos generadores de
obligaciones tributarias así como toda otra documentación
relacionada con hechos que determinen tributación,
mientras el tributo no esté prescrito.
Artículo 2°.- Norma derogatoria
Derógase el segundo párrafo del artículo 66° del Texto
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-99-EF.
Artículo 3°.- Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
PUBLICAN LEY QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 244º A LA
LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI-
VO GENERAL (09.03.2004 – 264216)
LEY Nº 28187
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
Artículo Único.- Incorpora el artículo 244° a la Ley
Nº 27444
Incorpórase el artículo 244° a la Ley Nº 27444, el
cual tendrá el siguiente texto:
«Artículo 244°.- Denuncia por delito de omisión o retardo
de función
El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio
de la acción penal en los casos referidos a delitos de
omisión o retardo de función, deberá determinar la
presencia de las siguientes situaciones:
a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario
actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido
excedido.
b) Si el administrado ha consentido de manera expresa
en lo resuelto por el funcionario público».
MODIFICAN EL REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN
DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TER-
CEROS-DAOT (09.03.2004 – 264236)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 060-2004/SUNAT
Lima, 8 de marzo de 2004
CONSIDERANDO:
Que por Resolución de Superintendencia Nº 024-
2002/SUNAT y normas modificatorias, se aprobó el
Reglamento para la presentación de la Declaración
Anual de Operaciones con Terceros (DAOT);
Que a efecto de facilitar el cumplimiento y control de
la obligación de presentar la DAOT por parte de los
contribuyentes, resulta conveniente efectuar algunas
modificaciones al mencionado Reglamento;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 11º
del Decreto Legislativo Nº 501 y el inciso q) del artículo
19° del reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-
2002-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Para efecto de la presente resolución,
cuando se haga mención al término «Reglamento» se
entenderá referido al «Reglamento para la presentación
de la Declaración Anual de Operaciones con Terceros»,
aprobado por la Resolución de Superintendencia
Nº 024-2002/SUNAT y normas modificatorias.
Artículo 2°.- Incorpórase como inciso m) del artículo
1º del Reglamento, el siguiente texto:
«m) SUNAT Virtual: Al Portal de la SUNAT en la Internet,
cuya dirección es http://www.sunat.gob. pe.»
Artículo 3°.- Incorpórase como incisos i) y j) del artículo
8° del Reglamento, los siguientes textos:
«i) Las Operaciones con Terceros que se efectúen a
plazos y cuyas cuotas convenidas para el pago sean
exigibles en un plazo mayor a un (1) año, computado
a partir de la fecha de la transacción, se imputarán a
los ejercicios comerciales en los que se hagan exigibles
las referidas cuotas, en caso haber optado por lo
normado en el artículo 58° del Texto Único Ordenado
del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto Supremo
Nº 054-99-EF y normas modificatorias.
j) Las partes integrantes de los contratos de colaboración
empresarial que no lleven contabilidad independiente
a que se refiere el inciso a) del artículo 7° de la
presente Resolución, que estén obligadas a presentar
la Declaración por sus propias Operaciones con Terceros,
no considerarán las realizadas por los contratos.»
Artículo 4°.- Sustitúyase el numeral 10.1) del artículo
10º del Reglamento, por el siguiente texto:
«10.1. Los sujetos obligados presentarán la Declaración
Anual de Operaciones con Terceros utilizando el
PDT Operaciones con Terceros a través de SUNAT Virtual;
para tal efecto deberán obtener previamente su
Código de Usuario y su Clave de Acceso al Sistema
SUNAT Operaciones en Línea, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3° de la Resolución de Superintendencia
Nº 109-2000/SUNAT, modificado por
Resolución de Superintendencia Nº 147-2003/SU-
NAT.»
Artículo 5°.- Sustitúyase el artículo 11º del Reglamento,
por el siguiente texto:
«Artículo 11°.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA
«CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DE-
CLARAR»
La «Constancia de no tener información a declarar»
se efectuará a través de SUNAT Virtual utilizando el
formato respectivo, para tal efecto se deberá obtener
previamente el Código de Usuario y la Clave de Acceso
al Sistema SUNAT Operaciones en Línea, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución
de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT,
modificado por Resolución de Superintendencia Nº
147-2003/SUNAT».
Artículo 6°.- Derógase el inciso a.2) del artículo 7° y
el artículo 14° del Reglamento.
Artículo 7°.- La presente resolución entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- Para la presentación del «PDT Operaciones
con Terceros» correspondiente al ejercicio 2003, aquellos
sujetos comprendidos en el inciso b) del numeral
3.1 del artículo 3° del Reglamento deberán presentar
la Declaración siempre que en dicho ejercicio el monto
de sus ventas internas haya sido superior a S/.
216,000.00 (doscientos dieciséis mil y 00/100
Nuevos Soles). Para tal efecto se sumarán los montos
que deben ser consignados en las casillas Nºs. 100,
105 y 160 del «PDT IGV Renta Mensual» - Formulario
Nº 621, o en las casillas Nºs. 100 y 105 del Formulario
Nº 119 - Régimen General.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Apruébase el cronograma de vencimiento
de la presentación del PDT Operaciones con Terceros
correspondiente al ejercicio 2003, de acuerdo a las
fechas señaladas a continuación:
Último dígito del
número de RUC
0
1
2 y 3
4 y 5
6 y 7
8 y 9
Buenos Contribuyentes
Tratándose de la presentación del PDT Operaciones
con Terceros y de la «Constancia de no tener información
a declarar», éstos podrán efectuarse a partir del
15 de marzo del 2004.
Segunda.- Los sujetos que a la fecha de vigencia de la
presente resolución, se encuentren omisos a la presentación
del PDT Operaciones con Terceros correspondiente
a años anteriores al 2003, deberán regularizar
dicha presentación utilizando el PDT Operaciones con
Terceros versión 3.1, no siendo necesaria mayor información
que la solicitada por dicho PDT; la misma
que se efectuará a través de SUNAT Virtual, según lo
señalado en el numeral 10.1 del artículo 10° del Reglamento,
modificado por la presente Resolución.
Lo señalado en el párrafo anterior también será de
aplicación a las Declaraciones modificatorias que correspondan
a los ejercicios indicados.
APRUEBAN DISPOSICIONES PARA LA DECLARACIÓN JU-
RADA ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 2003 DE CON-
TRIBUYENTES QUE CUENTEN CON CONTRATOS DE EXPLO-
RACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
(09.03.2004 – 264237)
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 061-2004/SUNAT
Lima, 8 de marzo de 2004
Vencimiento
28.04.2004
29.04.2004
30.04.2004
03.05.2004
04.05.2004
05.05.2004
06.05.2004
CONSIDERANDO:
Que según el artículo 79° del Texto Únio Ordenado
(TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 054-99-EF y modificatorias,
los contribuyentes del impuesto que obtengan
rentas computables para los efectos de esta ley, deberán
presentar declaración jurada de la renta obtenida
en el ejercicio gravable en los medios, condiciones,
forma, plazos y lugares que determine la SUNAT;
Que por otra parte, el artículo 6° del Reglamento de
la Garantía de Estabilidad Tributaria y de las Normas
Tributarias de la Ley Orgánica de Hidrocarburos-Ley
Nº 26221, aprobado por Decreto Supremo Nº 32-
95-EF y modificatorias, establece que el monto a pagar
por el Impuesto a la Renta de cargo de los contribuyentes
que cuenten con contratos de exploración y/
o explotación de hidrocarburos suscritos al amparo
de la referida norma, será el que resulte de sumar los
importes calculados por cada contrato, por las Actividades
Relacionadas y por las Otras Actividades, y que
los formularios de declaración y pago del Impuesto a
la Renta serán determinados por la SUNAT;
Que adicionalmente, el artículo 2° del Reglamento
antes citado precisa que las Actividades Complementarias
a las Actividades del Contrato que generan ingresos
para el contratista provenientes de servicios
prestados a terceros, no estarán sujetos a los beneficios
y las garantías concedidas a los referidos contribuyentes;
Que la Resolución de Superintendencia Nº 019-2004/
SUNAT aprobó las disposiciones y formularios para
la declaración anual del Impuesto a la Renta 2003;
habiéndose aprobado una nueva versión del Programa
de Declaración Telemática para la declaración
anual del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría
mediante la Resolución de Superintendencia Nº 037-
2004/SUNAT;
MARZO 2004 55

LEGISLACIÓN
Que resulta necesario completar la Resolución de Superintendencia
Nº 019-2004/SUNAT con las disposiciones
aplicables a los contribuyentes que cuenten con
contratos de exploración y/o explotación de hidrocarburos,
a efecto que puedan presentar su declaración
jurada anual del Impuesto a la Renta correspondiente
al ejercicio gravable 2003;
Que al amparo del artículo 79° del TUO de la Ley del
Impuesto a la Renta, artículo 11° del Decreto Legislativo
Nº 501 e inciso q) del artículo 19° del Reglamento
de Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM y artículo 6°
del Decreto Supremo Nº 32-95-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente Resolución, se entenderá
por:
a. Impuesto: Al Impuesto a la Renta-Tercera Categoría.
b. Declaración: A la Declaración Anual del Impuesto
correspondiente al ejercicio gravable 2003, a que se
refiere el inciso a) del artículo 1° de la Resolución de
Superintendencia Nº 019-2004/SUNAT.
c. Formulario Nº 952: Al formulario para la Declaración
Pago Anual Impuesto a la Renta-Tercera Categoría-Ejercicio
Gravable 2003, aprobado por el inciso
2.2 del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia
Nº 019-2004/SUNAT.
d. Formulario Virtual Nº 652-versión 1.1: Al formulario
generado por el PDT-Renta Anual 2003-Tercera Categoría,
aprobado por el artículo 1° de la Resolución
de Superintendencia Nº 037-2004/SUNAT.
Cuando se mencione un artículo sin indicar la norma
a la que corresponde, se entenderá referido a la presente
Resolución. Asimismo, cuando se mencione un
numeral o inciso, sin indicar el artículo o numeral al
cual corresponde, se entenderá referido al artículo o
numeral en el que se encuentre, respectivamente.
Artículo 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La Declaración a cargo de los contribuyentes que se
indican a continuación, se efectuará de acuerdo a lo
dispuesto en la presente resolución, aun cuando cuenten
con otros contratos de exploración y/o explotación
de hidrocarburos sujetos a otros dispositivos legales:
a. Contribuyentes que cuenten con uno o más contratos
de exploración y/o explotación de hidrocarburos,
suscritos al amparo de la Ley Nº 26221.
b. Contribuyentes que hayan ejercido la opción prevista
en la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº
26221.
Artículo 3°.- PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
3.1 Los contribuyentes indicados en el artículo 2° declararán
su Impuesto utilizando el Formulario Virtual
Nº 652-versión 1.1, debiendo consignar información
en los siguientes rubros:
a. RUC.
b. Apellidos y nombres, denominación o razón social.
c. Información sobre convenios de estabilidad tributaria-Consignar
el número de orden del Formulario Nº
2305 donde se haya declarado la información referida
a dicho convenio-casilla 224.
d. Información complementaria relacionada al contador,
representante legal y, de ser el caso, inversiones
efectuadas e ingresos anuales no considerados en el
estado de ganancias y pérdidas.
Además, deberán consignar en los siguientes rubros
la información consolidada correspondiente a los contratos
que hubieren suscrito y a las actividades que
realicen, por los cuales se presentan los Formularios
Nº 952 a que se refiere el numeral 3.3:
a. Estados Financieros-Balance General y Estado de
Ganancias y Pérdidas.
b. Impuesto a la Renta-De ser el caso, consignar el
monto del Impuesto-casilla 113.
c. Créditos contra el Impuesto a la Renta-De ser el caso,
consignar los créditos a los que tenga derecho.
d. Determinación de la deuda tributaria-De ser el caso,
consignar información en las siguientes casillas:
(i) Actualización del saldo-casilla 140.
(ii) Saldo a favor del exportador-casilla 141.
(iii) Pagos contra el total de la deuda tributaria, realizados
con anterioridad a la presentación del Formulario
Virtual-casilla 144.
(iv) Interés moratorio-casilla 145.
(v) Importe a pagar-casilla 180 y la forma de pago.
3.2 Los contribuyentes que cuenten con un único contrato
de exploración y/o explotación de hidrocarburos
sujeto a lo dispuesto por la Ley Nº 26221 y que no
realicen, adicionalmente, Actividades Complementarias
que generen ingresos, Actividades Relacionadas,
ni Otras Actividades, consignarán el íntegro de la información
utilizando únicamente el Formulario Virtual
Nº 652-versión 1.1.
3.3 Los demás contribuyentes, presentarán el disquete
que contiene el Formulario Virtual Nº 652-versión 1.1,
con la información consolidada, y además, un Formulario
Nº 952 por cada contrato, cada Actividad Relacionada
y/o las Otras Actividades que realicen –incluyendo
las Actividades Complementarias que generen
ingresos–, en el que consignará el íntegro de la
información que fuera requerida, a fin de determinar
el Impuesto correspondiente a cada uno de dichos
contratos o actividades.
Artículo 4°.- PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN SUS-
TITUTORIA Y/O RECTIFICATORIA
En caso que los contribuyentes a que se refiere el artículo
2° presenten Declaración sustitutoria y/o rectificatoria,
se utilizará los formularios que se indican a
continuación:
a. Tratándose de los contribuyentes a que se refiere el
numeral 3.2 del artículo 3°, se presentará un nuevo
Formulario Virtual Nº 652-versión 1.1, indicando el
número de la declaración que se sustituye o rectifica.
b. Tratándose de los contribuyentes a que se refiere el
numeral 3.3 del artículo 3°, se presentará un nuevo
Formulario Nº 952 en forma independiente por cada
uno de los conceptos a que se refiere el citado numeral
cuya información se sustituya o rectifique. En este
caso, se presentará, adicionalmente, un nuevo Formulario
Virtual Nº 652-versión 1.1, indicando el número
de la declaración que se sustituye o rectifica,
aun cuando no se modifique información de este último
formulario.
Artículo 5°.- CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS A LLE-
VAR CONTABILIDAD EN MONEDA EXTRANJERA
5.1 Los contribuyentes comprendidos en el artículo 2°
autorizados a llevar contabilidad en moneda extranjera
presentarán su Declaración, de acuerdo a lo siguiente:
a. Contribuyentes con convenio de estabilidad tributaria
en el que no se hubiera pactado la declaración del
Impuesto en moneda extranjera: consignarán la información
del Formulario Virtual Nº 652-versión 1.1 y
del Formulario Nº 952, cuando corresponda, en moneda
nacional.
b. Contribuyentes con convenio de estabilidad tributaria
en el que se hubiera pactado la declaración del
Impuesto en moneda extranjera:
b.1 Tratándose de los contribuyentes comprendidos en
el numeral 3.2 del artículo 3°, éstos consignarán la
información del Formulario Virtual Nº 652-versión 1.1
en moneda extranjera.
b.2 Tratándose de los contribuyentes comprendidos en
el numeral 3.3 del artículo 3°, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
(i) La información sobre las Actividades del Contrato
se consignará en moneda nacional en el Formulario
Nº 952 que corresponda a cada contrato, salvo que
se hubiera pactado la Declaración del Impuesto en
moneda extranjera.
(ii) La información respecto del resto de actividades
que realice el contribuyente se consignará en moneda
nacional en el Formulario Nº 952 que corresponda
según el numeral 3.3 del artículo 3°.
(iii) La información del Formulario Virtual Nº 652-versión
1.1 se consignará en moneda nacional, salvo que
el contribuyente realizara únicamente Actividades del
Contrato respecto de las cuales se hubiera pactado la
Declaración del Impuesto en moneda extranjera, en
cuyo caso la información se consignará en esta última
moneda.
5.2 En todos los casos, los contribuyentes a que se
refiere el numeral 5.1 efectuarán el pago del Impuesto
en moneda nacional.
5.3 Para la presentación de la declaración y el pago
del Impuesto se utilizará el tipo de cambio establecido
en el numeral 2 del artículo 5° del Decreto Supremo
Nº 151-2002-EF, norma que establece las disposiciones
para que los contribuyentes que han suscrito contratos
con el Estado y recibido y/o efectuado inversión
extranjera directa, puedan llevar contabilidad en
moneda extranjera.
5.4 Para el pago del impuesto, en todos los casos el
importe de la casilla 180 –Importe a pagar– del Formulario
Virtual Nº 652-versión 1.1 se consignará en
moneda nacional, aun cuando el resto de la información
se declare en moneda extranjera.
Artículo 6°.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA DE-
CLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO
El lugar para la presentación de la Declaración y para
efectuar el pago del Impuesto es el siguiente:
CONTRIBUYENTES
Principales
Contribuyentes
Medianos y Pequeños
Contribuyentes
LUGAR DE DECLARACIÓN
Y PAGO
– Lugares fijados por la SUNAT
para efectuar la declaración y
pago de sus obligaciones tributarias.
– Los Formularios Virtuales Nº 652-
versión 1.1 se presentarán en las
sucursales o agencias bancarias
autorizadas o a través de SUNAT
Virtual. Sin embargo, cuando el
importe total a pagar sea igual a
cero, dichos formularios virtuales
se presentarán sólo a través de
SUNAT Virtual, de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución
de Superintendencia Nº 192-
2003/SUNAT y modificatoria.
– Los formularios Nº 952 a que se
refiere el numeral 3.3 del artículo
3°, en la Mesa de Partes de la
Intendencia Regional u Oficina
Zonal a la que pertenecen.
Artículo 7°.- NORMA SUPLETORIA
En todo lo no previsto en la presente Resolución, se
aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Resolución
de Superintendencia Nº 019-2004/SUNAT que
aprueba disposiciones y formularios para la declaración
anual del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable
2003 y la Resolución de Superintendencia Nº 062-
2003/SUNAT que aprueba normas para que medianos
y pequeños contribuyentes presenten sus declaraciones
determinativas y efectúen el pago de los tributos
internos a través de SUNAT Virtual.
Artículo 8°.- VIGENCIA
La presente norma entrará en vigencia el día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- Los contribuyentes que, en virtud de convenios
de estabilidad tributaria, deben pagar el Impuesto aplicando
las normas del Impuesto Mínimo a la Renta,
deberán consignar el monto que resulte de la comparación
correspondiente en la casilla 113.
56
MARZO 2004

LEGISLACIÓN SUMILLADA
Legislación Tributaria
Del 06 de febrero al 12 de marzo de 2004
1. CONTABILIDAD – Normas contables
gubernamentales (06.02.2004 –
261490).
Mediante R. de C. Nº 172-2004-EF/93.01 se incluye
en el Listado de Cuentas del Plan Contable
Gubernamental, las Cuentas Divisionarias, Subdivisionarias
y otros niveles de desagregación relacionadas
a las Fuentes de Financiamiento 15
Fondo de Compensación Regional, 16 Recursos
Ordinarios para Gobiernos Regionales y 17 Recursos
Ordinarios para Gobiernos Locales.
2. PESQUERÍA – Procedimientos administrativos
(06.02.2004 – 261500).
Por R. M. Nº 038-2004-PRODUCE se aprueba los
Cuadros de Factores del Recurso que dispone el
Reglamento de Inspecciones y del Procedimiento Sancionador
de las Infracciones en las Actividades Pesqueras
y Acuícolas, aplicables para el cálculo de
las multas que se impongan en el presente año y
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004.
3. ESSALUD – Estructura Interna
(06.02.2004 – 261509).
Mediante D. S. Nº 002-2004-TR se modifica el
Reglamento de la Ley de creación del Seguro Social
de Salud, para adecuarlo a la Ley Nº 27056
(Ley de ESSALUD), al incorporar disposiciones
adecuadas a las modificaciones operadas por la
Ley N° 28006 que restituye la autonomía administrativa,
económica, financiera y presupuestal
de dicha institución.
4. SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES –
Inversión del Fondo (06.02.2004 –
261520).
Por R. de SBS Nº 167-2004 se establece disposiciones
sobre instrumentos de inversión y operaciones a
que se refiere el artículo 25° de la Ley del Sistema
Privado de Administración de Fondo de Pensiones.
5. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – RUS
(06.02.2004 – 261534) (1) .
Mediante R. de S. Nº 032-2004/SUNAT se exceptúa
a los contribuyentes de la Categoría Especial
del Nuevo RUS de presentar Declaración Jurada,
estableciéndose mecanismos para que comuniquen
el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Dec. Leg. Nº 937.
6. ISC – Aplicación a los Cigarrillos
(07.02.2004 – 261571) (1) .
Por D. S. Nº 025-2004-EF se modifica el Literal C
del Nuevo Apéndice IV de la Ley del IGV e ISC.
7. CONASEV – Bolsa de Productos
(07.02.2004 – 261612).
Mediante R. de CONASEV Nº 002-2004-EF/
94.10 se aprueba el Manual de Especificaciones
Técnicas para la Remisión a CONASEV de Información
de las Bolsas de Productos.
8. IMPUESTO A LA RENTA – Rentas de
Cuarta Categoría (08.02.2004 –
261680).
Por R. de S. Nº 033-2004/SUNAT se dicta normas
relativas a los pagos a cuenta del Impuesto a
la Renta de Cuarta Categoría y pagos mensuales
del Impuesto Extraordinario de Solidaridad por
ingresos que constituyan rentas de cuarta categoría
para el ejercicio 2004.
9. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA – Texto Único de Procedimientos
Administrativos ( 08.02.2004 –
261684 ).
Mediante Ordenanza Nº 579 se modifica el TUPA
de la Municipalidad Metropolitana de Lima y se
aprueba el formulario para la solicitud de acceso
a la información pública.
10. SISTEMA FINANCIERO – Normas reglamentarias
(09.02.2004 – 261753).
Por R. de SBS Nº 182-2004 se modifica el numeral
6, Disposiciones Generales, del Reglamento
de Cuentas Corrientes, aprobado por R. de SBS
Nº 089-98.
11. ORGANISMOS REGULADORES – Osinerg
(09.02.2004 – 261759).
Mediante R. de Cons. Direc. Nº 013-2004-OS/
CD se aprueba el Reglamento de Supervisión de
Actividades Energéticas, dejando sin efecto el
Reglamento de Fiscalización de las Actividades
Energéticas que fuera aprobado mediante D. S.
Nº 029-97-EM.
12. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Cronograma
de presentación y pago
(09.02.2004 – 261766).
Por R. de S. Nº 036-2004/SUNAT se prorroga la
fecha de vencimiento para efectuar declaraciones
y pago de obligaciones tributarias correspondientes
a los períodos enero y febrero de 2004
en determinados distritos del país.
13. REGIONALIZACIÓN – Ley Marco de
Promoción de la Inversión Descentralizada
(09.02.2004 – 263481).
Mediante D. S. Nº 015-2004-PCM se aprueba el
Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la
Inversión Descentralizada.
14. IMPUESTO A LA RENTA – Declaración
Jurada 2003 (10.02.2004 – 261812).
Por R. de S. Nº 037-2004/SUNAT se aprueba
nueva versión del PDT para la elaboración y declaración
anual del Impuesto a la Renta de Tercera
Categoría del Ejercicio 2003, a través del Formulario
Virtual Nº 652, versión 1.1, este Formulario
está vigente desde el 11 de febrero último.
Se indica además que la versión 1.0 del Formulario
estuvo vigente hasta el 22 de febrero.
15. MINERÍA – Procedimientos Administrativos
(12.02.2004 – 262082).
Mediante R. de SUNARP Nº 052-2004/SUNARP/
SN se aprueba el Reglamento de Inscripciones del
Registro de Derechos Mineros que entrará en vigencia
a partir del 1 de abril de 2004.
16. SUNAT – Estructura Interna
(12.02.2004 – 262088).
Por R. de S. NATI Nº 009-2004/SUNAT se designa
Intendentes Regionales de la SUNAT.
17. SUNAT – Estructura Interna
(12.02.2004 – 262088).
Mediante R. de S. Nº 039-2004/SUNAT se designa
Intendente de la Aduana Postal del Callao.
18. SUNAT – Auxiliares coactivos
(13.02.2004 – 262175).
Por R. de I. Nº 070-00-0000148 se designa Auxiliar
Coactivo de la Intendencia Regional Lambayeque.
19. ACTIVIDAD EMPRESARIAL – Privatizaciones
(14.02.2004 – 262215).
Mediante R. M. Nº 085-2004-EF/10 se sustituye
los Formularios Nº 5 (Solicitud de Inscripción de
Convenios de Estabilidad Jurídica – Formulario
Modelo para Inversionistas) y Nº 6 (Solicitud de
Inscripción de Convenios de Estabilidad Jurídica
– Formulario Modelo para empresas) del TUPA
de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(PROINVERSIÓN).
20. PODER JUDICIAL – Estructura interna
(14.02.2004 – 262232).
Por R. Adm. Nº 010-2004-CE-PJ se aprueba el
Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial.
21. ADUANAS – Almacenes Aduaneros
(15.02.2004 – 262282).
Mediante R. de S. NAA Nº 000060-2004/SU-
NAT/A se aprueba nueva versión de Procedimiento
de Calidad “Visitas de Inspección a Almacenes
Aduaneros”.
22. ADUANAS – Factor de conversión
monetaria (16.02.2004 – 262380).
Por R. de S. NAA Nº 29-2004/SUNAT/A se fija
––––––––
(1) Publicado en el Suplemento Especial Informe Tributario
Nº 153, febrero de 2004.
MARZO 2004 57

LEGISLACIÓN SUMILLADA
factores de conversión monetaria a utilizarse en la
declaración de la base imponible a que se refiere el
Reglamento de la Ley General de Aduanas.
23. TRANSPORTE – Disposiciones legales
(17.02.2004 – 262401).
Mediante Ley Nº 28172 se modifican los artículos
15° y 23° de la Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre Nº 27181, y se formaliza el
transporte terrestre de pasajeros interprovincial o
interregional en automóviles –colectivos.
24. TRABAJO – Régimen del Químico Farmacéutico
(17.02.2004 – 262402).
Por Ley Nº 28173 se promulga el Régimen Legal
del trabajo del Químico Farmacéutico.
25. CANON – Disposiciones reglamentarias
(17.02.2004 – 262408).
Mediante D. S. Nº 029-2004-EF se modifica el D.
S. Nº 005-2002-EF, mediante el cual se aprobó el
Reglamento de la Ley Nº 27506, Ley del Canon.
26. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS – Disposiciones reglamentarias
(17.02.2004 – 262436) (1) .
Por R. de S. Nº 041-2004/SUNAT se aprueban las
disposiciones aplicables para la declaración y pago
del Impuesto a las Transacciones Financieras.
27. IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASI-
NO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
– Controles administrativos
(18.02.2004 – 262454).
Mediante R. D. Nº 096-2004-MINCETUR/VMT/
DNT se aprueba la Directiva “Normas aplicables a
los Procedimientos de Autorización Expresa, Renovación
y Adecuación a la Ley Nº 27153, modificada
por Ley Nº 27796”, que regula la explotación
de juegos de casino y máquinas tragamonedas.
28. TRANSPORTE – Disposiciones reglamentarias
(18.02.2004 – 262461).
Por D. S. Nº 005-2004-MTC se modifica el Reglamento
Nacional de Vehículos.
29. SAT – Texto Único de Procedimientos
Administrativos (18.02.2004 –
262501).
Mediante Ordenanza Nº 592 se aprueba el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del
Servicio de Administración Tributaria–SAT.
30. TRABAJO – Ley Marco del Empleo
Público (19.02.2004 – 262545).
Por Ley Nº 28175 se promulga la Ley Marco del
Empleo Público.
31. SECTOR PÚBLICO – Acceso a la información
pública (19.02.2004 –
262567).
Mediante R. de C. Nº 061-2004-CG se aprueba la
Directiva Nº 003-2004-CG/SGE, “Normas sobre difusión
y acceso a los informes de control gubernamental”.
32. SUNAT – Fedatarios (19.02.2004 –
262578).
Por R. de S. Nº 043-2004/SUNAT se aprueba la
relación de Fedatarios de la Intendencia Nacional
de Recursos Humanos de la SUNAT.
33. COMPROBANTES DE PAGO – Boletos
de Viaje (19.02.2004 – 262580) (1) .
Mediante R. de S. Nº 046-2004/SUNAT se modifica
las normas sobre el Boleto de Viaje que
emiten las Empresas de Transporte Terrestre Público
Nacional de Pasajeros.
34. SUNAT – Auxiliares coactivos
(19.02.2004 – 262581).
Por R. de I. Nº 020-00-0000084 se designa auxiliares
coactivos de la Intendencia Regional Lima.
35. SUNAT – Auxiliares coactivos
(19.02.2004 – 262582).
Mediante R. de I. Nº 090-00-0000222 se designa
auxiliar coactivo de la Intendencia Regional Cusco.
36. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA – Texto Único de Procedimientos
Administrativos (19.02.2004 –
262583).
Por Ordenanza Nº 591 se aprueba el TUPA 2004,
de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
37. ADUANAS – Disposición de mercaderías
(20.02.2004 – 262711).
Mediante R. de S. NAA Nº 000071-2004/SU-
NAT/A se deja sin efecto para la Comisión Central
de Disposición de Mercancías lo dispuesto en
el inciso a) del numeral 6 de la Sección VI del
Procedimiento INAR-PG.04 “Disposición de Mercancías”.
38. ADUANAS – Valoración aduanera
(20.02.2004 – 262711).
Por Circular Nº 003-SUNAT/A se establecen disposiciones
sobre la aplicación del valor provisional.
39. SISTEMA FINANCIERO – Normas contables
y de tesorería (22.02.2004-
262959).
Mediante R. de SBS Nº 232-2004 se modifica el
Anexo Nº 15-A del Manual de Contabilidad para
las Empresas del Sistema Financiero.
40. BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Sector
Hidrocarburos (24.02.2004 –
263092) (2) .
Por Ley Nº 28176 se establecen determinados
beneficios tributarios para promover la inversión
en Plantas de Procesamiento de Gas Natural.
41. SECTOR AGRÍCOLA - Régimen Extraordinario
de Regularización Financiera
(24.02.2004 - 263093).
Mediante Ley Nº 28177 se incorpora a DEVIDA
en los alcances de la Ley Nº 26803, sobre el Régimen
Extraordinario de Regularización Financiera–RERF.
42. TRABAJO – Inspección laboral
(24.02.2004- 263095).
Por R. Leg. Nº 28180 se aprueba el Convenio Nº
178 de la Organización Internacional del Traba-
jo sobre la Inspección del Trabajo (Gente de mar)
de 1996.
43. BENEFICIOS TRIBUTARIOS – Incentivos
Migratorios (24.02.2004 – 263096) (2) .
Mediante Ley Nº 28182 se establece disposiciones
legales sobre incentivos para el retorno de
peruanos del extranjero, entre otros, beneficios
tributarios para el internamiento de bienes.
44. TRANSPORTE – Disposiciones reglamentarias
(25.02.2004 – 263150).
Por D. S. Nº 007-2004-MTC se modifica el artículo
413° del Reglamento Nacional de Administración
de Transportes.
45. SISTEMA FINANCIERO – Contribuciones
correspondientes al año 2004
(25.02.2004 – 263166).
Mediante R. de SBS Nº 230-2004 se fija los montos
de la contribución única anual de los intermediarios
y auxiliares de seguros y de representantes
de empresas extranjeras para el año 2004.
46. SUNAT – Ejecutores Coactivos
(25.02.2004 – 263174).
Por R. de S. Nº 050-2004/SUNAT se nombra un
Ejecutor Coactivo de la Intendencia Regional Lima.
47. SUNAT – Auxiliares coactivos
(25.02.2004 – 263174).
Mediante R. de I. Nº 120-024-0000006/SUNAT
se deja sin efecto la designación del Auxiliar Coactivo
de la Oficina Zonal San Martín.
48. SECTOR AGRARIO – Productor agrario
(26.02.2004 - 263195) (2) .
Por R. M. Nº 0185-2004-AG se aprueba el Formato
de Declaración Jurada del productor agrario.
49. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS (26.02.2004 -
263202) (2) .
Mediante D. S. Nº 030-2004-EF se modifica el
Reglamento del Dec. Leg. N° 939, sobre Bancarización
e ITF.
50. REGIONALIZACIÓN – Fondo de Compensación
Municipal (26.02.2004 -
263206).
Por D. S. Nº 032-2004 se deja sin efecto artículo
2° del D. S. Nº 023-2003-EF sobre FONCOMUN.
51. IMPUESTO A LA RENTA –Régimen Especial
de Renta (27.02.2004 -
263330) (2) .
Por R. de S. Nº 054-2004/SUNAT se modifica el
diseño del Formulario Nº 118 – “Régimen Especial
de Renta” a ser utilizado por contribuyentes
del Régimen Especial del Impuesto a la Renta.
––––––––
(1) Publicado en el Suplemento Especial Informe Tributario
Nº 153, febrero de 2004.
(2) Publicado en el presente número de Análisis Tributario.
58
MARZO 2004

LEGISLACIÓN SUMILLADA
52. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNI-
CIPAL – Índices de distribución
(28.02.2004 – 263359 ).
Por R.M. Nº 101-2004-EF/15 se aprueba los Índices
de Distribución del Fondo de Compensación Municipal
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2004.
53. CANON – Índices de distribución
(28.02.2004 – 263405).
Mediante R. M. Nº 102-2004-EF/15 se aprueba
Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon
Petrolero para Piura y Tumbes a ser aplicados a
Gobiernos Locales e Institutos Superiores Tecnológicos
y Pedagógicos Estatales.
54. ADUANAS – Ingreso y mantenimiento
de mercancías (29.02.2004 –
263509).
Por Res. Nº 100-2004/SUNAT/A se deja sin efecto
procedimientos relacionados con el ingreso,
almacenamiento e inventario de mercancías.
55. ADUANAS – Distribución de los recursos
recaudados (29.02.2004 –
263509).
Mediante R.M. Nº 103-2004-EF/15 se aprueba
los Índices de Distribución de Recursos que se recauden
durante el Año Fiscal 2004, provenientes
de la participación en Rentas de Aduanas.
56. SECTOR PÚBLICO – Presupuesto Público
(29.02.2004 – 263463).
Por R.D. Nº 009-2004-EF/76.01 se aprueba la Directiva
para la Evaluación Anual de los Presupuestos
Institucionales del Gobierno Nacional y del Gobierno
Regional para el Año Fiscal 2003.
57. ADUANAS – Convenio de Cooperación
Mutua (01.03.2004 – 263593).
Mediante R. S. Nº 067-2004-RE se modifica la
resolución mediante la cual se renovó la Comisión
Administradora Nacional del Convenio de
Cooperación Aduanera Peruano - Colombiano.
58. SECTOR PÚBLICO – Presupuesto Público
(01.03.2004 – 263555).
Por la R.D. Nº 008-2004-EF/76.01 se aprueba
la Directiva para la Formulación, Suscripción y
Evaluación de Convenios de Administración por
Resultados para el Año Fiscal 2004.
59. ACTIVIDAD EMPRESARIAL – Parques Industriales
(02.03.2004 – 263717).
Mediante Ley Nº 28183 se publica la Ley Marco
de Desarrollo de Parques Industriales.
60. SISTEMA FINANCIERO – Normas legales
(02.03.2004 – 263718).
Por Ley Nº 28184 se modifica y deroga artículos
de la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, Ley Nº 26702.
61. CONASEV - Fondos Colectivos
(02.03.2004 – 263741).
Mediante R. de CONASEV Nº 014-2004-EF/94.10
se modifica la Res. CONASEV Nº 042-2004-EF/
94.10, en lo referido a Fondos Colectivos.
62. TRANSPORTES- Disposiciones reglamentarias
(03.03.2004- 263803).
Por el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC se
aprueba el Reglamento Nacional de Administración
de Transporte.
63. DECLARACIONES TRIBUTARIAS – Declaración
Anual del Impuesto a la Renta
(03.03.2004-263845).
Mediante R. de S. Nº 057-2004/SUNAT se sustituye
el anexo de la R. de S. Nº 019-2004/SU-
NAT respecto a los distritos donde se podrá presentar
la Declaración Anual del Impuesto a la
Renta 2003 mediante formularios preimpresos.
64. CÓDIGO TRIBUTARIO – Proceso Contencioso
Administrativo (04.03.2004
– 263888) (2) .
Por D.S. Nº 035-2004-EF se establece criterios
para que el MEF pueda autorizar a la SUNAT a
impugnar resoluciones del Tribunal Fiscal mediante
demanda contencioso administrativa.
65. IGV E IPM – Exoneraciones
(04.03.2004 – 263889 ) (2) .
Mediante el D.S. Nº 036-2004-EF se modifica el numeral
2 del Apéndice II del TUO de la Ley del IGV e
ISC restableciéndose la exoneración al servicio de
transporte público de pasajeros dentro del país.
66. SUNARP – Registro de Propiedad Vehicular
(04.03.2004-263937).
Por R. de SUNARP Nº 087-2004-SUNARP/SN
se aprueba el Reglamento de Inscripciones del
Registro de Propiedad Vehicular.
67. SUNAT – Ejecutores Coactivos
(04.03.2004 – 263960).
Mediante R. de S. Nº 055-2004/SUNAT se deja
sin efecto el nombramiento de ejecutores coactivos.
68. CÓDIGO TRIBUTARIO – Fiscalización
Tributaria (05.03.2004 – 263990) (2) .
Por Ley Nº 28186 se establece los alcances del
Dec. Leg. Nº 681 mediante el cual se regula el
uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo
de documentos de información, así como
se indica el plazo durante el cual deben conservarse
los documentos con contenido tributario.
69. TRANSPORTES- Disposiciones reglamentarias
(06.03.2004- 264068).
Mediante el Decreto Supremo Nº 011-2004-MTC se
suspende por treinta días la aplicación de diversas disposiciones
del Reglamento Nacional de Vehículos.
70. SUNAT – Auxiliares coactivos
(08.03.2004 – 264202).
Por Res. Nº 010-024-0000011 se deja sin efecto
la designación de auxiliares coactivos de la
Intendencia Regional Lima.
71. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
– Régimen General (09.03.2004-
264216) (2) .
Mediante Ley Nº 28187 se incorpora el artículo
244° a la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444.
72. DECLARACIONES TRIBUTARIAS –
DAOT (09.03.2004- 264236) (2) .
Por R. de S. Nº 060-2004/SUNAT se modifica
diversos artículos del Reglamento de la Declaración
Anual de Operaciones con Terceros–DAOT
y aprueba el cronograma de presentación del PDT
Operaciones con Terceros-Ejercicio 2003.
73. DECLARACIONES TRIBUTARIAS –Declaración
Anual del Impuesto a la Renta
(09.03.2004- 264237) (2) .
Mediante la R. de S. Nº 061-2004/SUNAT se aprueba
las disposiciones para la Declaración Anual del Impuesto
a la Renta 2003 de contribuyentes que cuenten con contratos
de exploración y/o explotación de hidrocarburos.
74. SUNAT – Auxiliares coactivos
(11.03.2004 – 264202).
Por Res. Nº 120-024-0000010/SUNAT se designa
un auxiliar coactivo de la Intendencia Regional Loreto.
75. ADUANAS – Procedimientos
(12.03.2004 – 264515).
Mediante Res. Nº 104-2004/SUNAT/A se autoriza
a las intendencias de Aduana a suspender
el cómputo de plazos y términos establecidos en
la Ley General de Aduanas entre el 24 de febrero
y el 1 de marzo de 2004, para diversos trámites.
–––––––––––––
NOTA
Las referencias a páginas se refieren a las de la sección
NORMAS LEGALES del Diario Oficial "El Peruano",
salvo indicación expresa.
–––––––––––––
ABREVIATURAS
D. S. : Decreto Supremo
Dec. Leg. : Decreto Legislativo
R. Adm. : Resolución Administrativa
R. D. : Resolución Directoral
R. G.G. : Resolución de Gerencia General
R. I. N. ADUANAS : Resolución de Intendencia Nacional
de Aduanas
R. J. : Resolución Jefatural
R. Leg. : Resolución Legislativa
R. M. : Resolución Ministerial
R. P. : Resolución Presidencial
R.P.C.E.N. : Resolución del Presidente del
R.P.D.I.
Consejo Ejecutivo Nacional
: Resolución de la Presidencia
del Directorio de INDECOPI
R. S. : Resolución Suprema
R. VM. : Resolución Viceministerial
R. de A. : Resolución de Alcaldía
R. de Cons. Direc. : Resolución de Consejo Directivo
R. de C. : Resolución de Contaduría
R. de CONASEV : Resolución de CONASEV
R. de I. : Resolución de Intendencia
R. de O.Z. : Resolución de Oficina Zonal
R. de Pres. Ejec. : Resolución de Presidencia Ejecutiva
R. de S. : Resolución de Superintendencia
R. de S. NAA : Resolución de Superintendencia
Nacional Adjunta de
Aduanas
R. de S. NATI : Resolución de Superintendencia
Nacional Adjunta de Tributos
Internos
R. de SBS : Resolución de Superintendencia
de Banca y Seguros
R. de SUNARP : Resolución del Superintendente
Nacional de los Registros
Públicos
––––––––
(2) Publicado en el presente número de Análisis Tributario.
MARZO 2004 59