En lo principal, deducen recurso de reclamación; en el primer otrosí ...

efectuar un aporte de inauguración de un supermercado. Pues bien, en la sentencia
referida consta que se reconoció expresamente “que la redacción de la carta objeto del
requerimiento no es feliz, ya que se pretendía comunicar con ella un beneficio otorgado a los proveedores
en relación a lo convenido y no imponiendo unilateralmente y ex post una alteración de lo acordado”.
Pero como en derecho las cosas son lo que son y no lo que formalmente podría
atribuirse a una expresión a primera vista impropia (más aun si se ha actuado de buena
fe), el requerimiento de la FNE fue rechazado por este H. Tribunal debido a que “la
Fiscalía Nacional Económica no ha aportado suficientes antecedentes que permitan acreditar que la
carta remitida por la requerida a sus proveedores se refiera o dé cuenta de un cobro impuesto por ésta a
aquéllos en forma unilateral y con posterioridad a haber convenido las respectivas condiciones comerciales
y el precio de compra de los productos” 5 .
Por esta razón, llama profundamente la atención que el H. Tribunal hubiera desestimado
casos ejemplares entregados en autos para advertir que en los hechos los médicos
sancionados no siguieron en carácter obligatorio el Arancel Ampatagonia, dando más
credibilidad a un documento de fecha muy anterior a la masiva adhesión de los médicos
de Ampatagonia, documento que en los hechos ha sido letra muerta. Así lo demuestra el
considerando trigésimo tercero de su Sentencia (énfasis agregado):
“Que, la declaración de principios o reglamento de los médicos accionistas de
Ampatagonia obligaba a éstos a “Aceptar los valores de las prestaciones médicas del
documento Aranceles Médicos AMPATAGONIA S.A. dos mil cinco, acordados
previamente por grupos de especialidad”, y pretendía impedir cualquier
competencia por precios al prohibir, como se señaló anteriormente, “negociar
aranceles médicos por cuenta propia con entidades pagadoras o pacientes” (fojas
470). Por consiguiente, está suficientemente probado que el Arancel era vinculante
para los accionistas de Ampatagonia, o a lo menos pretendía serlo. Lo anterior, sin
perjuicio de que algunos médicos accionistas no hayan respetado el Arancel, y haya
existido alguna dispersión en los precios de algunas de las prestaciones valorizadas
en el mismo, según consta de las boletas y convenios individuales acompañados por
los requeridos a fojas 831, lo cual únicamente podría demostrar que algunos
médicos no habrían respetado tal acuerdo”. (énfasis agregado).
Pues bien, desde esta perspectiva, sólo será considerada como ilícita una conducta que
analizada concretamente, cause al menos un peligro para la libre competencia,
excluyéndose la posibilidad de sancionar como ilícito una conducta en abstracto
peligrosa, pero que en los hechos no causó ningún peligro concreto. Debido a esta
exigencia interpretativa, siempre en el análisis de los ilícitos anticompetitivos será
necesario que el juez reviva toda la secuencia de hechos, para que en un análisis ex post de
la conducta determine si la misma causó o no los efectos indeseados por el
ordenamiento.
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Sentencia N°31/2005 del H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
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