En lo principal, deducen recurso de reclamación; en el primer otrosí ...

Desde el momento que cada uno de los médicos podía cobrar el precio que deseara, sin
acatamiento al Arancel Ampatagonia y, en consecuencia, sin quedar sujeto a ninguna
sanción por tal razón, se debe concluir que el Arancel Ampatagonia no constituye una
infracción al DL 211.
II.5. Quinto: Los usuarios del sistema privado de salud de Punta Arenas no enfrentaron
un alza en los precios de las prestaciones otorgadas por los médicos sancionados, como
consecuencia de una supuesta aplicación del Arancel Ampatagonia. Por lo tanto, no
hubo un supuesto beneficio económico ilegítimo para dichos médicos, como lo afirma
erradamente el H. Tribunal, siendo ello una prueba más de la falta de aptitud de los
hechos denunciados para generar efectos contrarios a la libre competencia.
En efecto, el H. Tribunal incurre en un error en su Sentencia al considerar como
“beneficio económico” derivado del supuesto incremento de tarifas cobradas a los
pacientes particulares por los médicos sancionados, algo que no es tal. Lo que el H.
Tribunal denominó “beneficio económico derivado de la aplicación del Arancel
Ampatagonia” corresponde al mayor copago que enfrenta un paciente bajo el
mecanismo de reembolso en comparación con el que enfrentaría bajo el mecanismo de
emisión de bonos, análisis comparativo efectuado por las Isapres para mostrar la
diferencia que enfrentarían algunos pacientes en su copago como consecuencia de que
gran parte de los médicos sancionados se desvincularon de las Isapres. Por lo tanto, el H.
Tribunal yerra en la causa del supuesto “beneficio económico” al asumir que sería la
aplicación del Arancel Ampatagonia (para cuyos efectos debiera haber conocido las
tarifas cobradas antes a los pacientes y las cobradas con posterioridad para saber si
realmente hubo o no un incremento en estas últimas y si hubo o no una aplicación del
Arancel Ampatagonia), en circunstancias que dicha causa corresponde a la
desvinculación de parte de los médicos sancionados de las distintas Isapres, hecho este
último que es plenamente legítimo y no sancionable desde la perspectiva de la libre
competencia. En efecto, como desarrollo de cualquiera actividad económica lícita, los
médicos tienen plena libertad para prestar sus servicios en los términos que estimen más
convenientes para sus intereses. La modalidad y las estipulaciones que el médico utilice
para prestar sus respectivos servicios se verán limitados únicamente por las condiciones
competitivas o de mercado que pudiesen existir en el desempeño de la actividad médica.
Así, los médicos residentes en la ciudad Punta Arenas y en el resto del país tienen plena
libertad y autonomía para celebrar convenios individuales con las diversas Isapres o
desvincularse de las mismas, sin encontrar reparos del punto de vista de nuestra
legislación.
Ello se desprende con claridad del tenor de los siguientes considerandos de la Sentencia
(énfasis agregado):
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