Los cuidados informales a un enfermo de Alzheimer - Obra Social ...

Módulo 6. Consideraciones legales y sanitarias de la capacidad
tulo dedicado a los principios rectores de la política social y económica
que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad
Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad» (art. 41), «que se
reconoce el derecho a la salud» (art. 43), que «los poderes públicos realizarán
una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración
de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para
el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos»
(art. 49) y que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de
las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema
de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud,
vivienda, cultura y ocio» (art. 50).
Pero todos estos principios, que suponen un marco teórico y básico
que definen el modelo de estado del que nos hemos dotado, no se pueden
aplicar directamente por los tribunales o por las administraciones, sino
que requieren de un desarrollo legislativo posterior para su plena efectividad.
Sin embargo, este desarrollo legislativo requerirá, en el caso de la
estructura sustancial de los derechos fundamentales, de normas calificadas
como Leyes Orgánicas (que para ser aprobadas exigen un quórum especial
de las Cámaras) y en el resto de las normas mencionadas, de rango
constitucional pero no de carácter fundamental, de un desarrollo que sin la
exigencia de consensos especialmente cualificados, sí debe ser respetuoso
con el espíritu y valores esenciales de aquellas.
No cabe duda de que la redacción que nos ofrece la Constitución Española
permite una articulación flexible de sus principios y ello no debe servir
de plataforma para caer en una formulación normativa básica o rígida,
sino que, al contrario, debe ser utilizado para ir adaptando la legislación a
las necesidades que se planteen o se prevean, a generar nuevos compromisos
de los ciudadanos consigo mismos y a crear estructuras y conciencia
que nos catapulten a un crecimiento sólido y sostenible de nuestro estado
de bienestar.
Es destacable, en relación al desarrollo normativo de los derechos de
carácter social, la notable evolución que ha tenido la legislación sobre dis-
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